La reciente publicación del informe anual de Amnistía Internacional 2016-2017, estudio que resume la situación de los Derechos Humanos en 159 países del orbe, 23 de ellos de la región, destacó que en Chile el aborto continúa tipificado como delito aunque se despenalizaría en algunos casos, que aún se mantiene el uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, la violencia en la Araucanía, y la exclusión de la población civil de la jurisdicción militar, entre otros casos.

Al respecto, el presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales Farías, en declaraciones al programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, criticó que en el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, aún en el Parlamento, se eliminara la disposición que prohíbe a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres que se realizaron un aborto.

“Lo que nos parece impresentable e indigno es que parlamentarios y parlamentarias todavía estén usando sus concepciones personales para construir políticas públicas. La ciudadanía debería decirle a sus parlamentarios que la despenalización del aborto es una necesidad de las mujeres y niñas de Chile; la construcción de políticas públicas son para todos los chilenos y chilenas, y no para un grupo de interés religioso político de otro tipo”, recalcó.

Asimismo, el directivo enfatizó que cada día que pasa sin que se promulgue el proyecto de ley, continúan realizándose abortos clandestinos.

“Cada día que los legisladores siguen discutiendo este tema, cada día hay mujeres y niñas que están generando abortos clandestinos con altos niveles de inseguridad y con posible impacto en su vida y desenlaces fatales. También nos preocupa que con el afán de que el proyecto salga rápido, por parte del gobierno, quede tan desdibujado que al final no tenga ningún impacto”, subrayó.

Excesivo uso de la fuerza policial

Por otro lado, Roberto Morales precisó que en el país se han logrado avances en materia de Derechos Humanos, entre ellos, la tipificación de la tortura y la exclusión de civiles de la jurisdicción militar.

“Sin embargo, sigue siendo preocupante el uso de la fuerza por parte de Carabineros, particularmente en manifestaciones sociales y sobre el pueblo mapuche. En 2016, incluso menores de edad fueron agredidos, también periodistas y funcionarios del Instituto de Derechos Humanos cuando estaban como observadores”, recordó.

Agregó que “estos no son hechos aislados, son más bien sistemáticos y, por tanto, los protocolos que se establecieron y que son conocidos, no se cumplen. Nos parece que las autoridades de la misma policía o del gobierno debieran tomar cartas en el asunto, pero vemos que no lo hacen”.

En cuanto a la situación de la Araucanía, Morales aseguró que es “muy preocupante el uso excesivo de la fuerza de la policía. Uno de los casos más dramáticos y emblemáticos de 2016 fue el del joven Brandon Hernández Huentecol de 17 años quien recibió más de 17 perdigones en la espalda por parte de un funcionario de Carabineros”.

El directivo también recordó los casos del fotógrafo Felipe Durán, quien estuvo más de 300 días con prisión preventiva, resultando finalmente fue absuelto, y de la machi Francisca Linconao, quien estuvo casi un año con la misma medida cautelar.

“Solo en estos dos casos hay un uso excesivo de la medida precautoria, es decir de la prisión preventiva, cuando además no existen las pruebas necesarias, sino se hubiesen juzgado. A nuestro juicio esto genera desconfianza desde el punto de vista de la ciudadanía”, sentenció.

Del mismo modo, afirmó que “hoy en día se está estableciendo una criminalización de la opinión pública sobre las personas del pueblo mapuche, similar a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera cuando se intentó criminalizar la protesta social a través de la ley Hinzpeter”.

A su vez, advirtió que los Derechos Humanos “deben ser velados, respetados y protegidos, y cuyo principal responsable de esto es el Estado, por tanto, lo que uno debiera esperar es que las instituciones y los agentes del Estado sean lo primeros en generar los mecanismos, elementos, protocolos y formas de actuar que respeten los Derechos Humanos”.

Finalmente, Morales aclaró que Amnistía Internacional ha señalado “que necesitamos sociedades civiles y ciudadanos más activos que empujen, presionen, y estén sistemáticamente indicándoles a sus líderes políticos y sociales que esto tiene que cambiar. Este llamado también deberíamos hacerlo en Chile”.