Una agresión tras una actividad de campaña contra el precandidato de Evópoli, Felipe Kast, motivó a Carabineros y al Gobierno a contactarse con el presidenciable para ofrecerle protección y escolta policial. Hasta ahora, los únicos que contaban con seguridad eran Piñera, Guillier, Goic y Ossandón, por distintas razones. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, se estaría analizando la posibilidad de que esta medida se extienda para todos los aspirantes a La Moneda.

Para el experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, “es razonable pensar que un candidato a la Presidencia de la República tiene una exposición pública delicada y que puede estar expuesto como cualquier autoridad del país para la cual se considera escolta”.

Aunque enfatiza que esto “no es algo obligatorio”, señala que “puede imponerse como norma o criterio general si es que vuelve a ocurrir otro hecho de características delicadas, donde otro candidato presidencial fuera víctima de una agresión”, en alusión a la situación vivida por Kast. “Es una luz de alerta”, reconoce.

“En principio no ha resultado necesario, ni históricamente ni en las últimas décadas. No necesariamente tiene que ser un criterio permanente y definitivo, depende de las condiciones en que está un país”, explica.

Para Araya, actualmente se advierte “un clima crispado de discusión política y social, pero no veo un clima violento que sea definitivo para tomar una decisión así”. No obstante, insiste en que “si los casos se vuelven a repetir, hay que adoptar  medidas. Los candidatos presidenciales son parte de esa institucionalidad democrática que el país debe defender”.

Con todo, sostiene que dicha decisión en modo alguno constituiría el estado de situación ideal ya que “son recursos policiales que se gastan y que son muy necesarios para los temas de seguridad ciudadana. Hay múltiples funcionarios policiales protegiendo a ministros, subsecretarios, embajadores, etcétera. Hay que ser prudentes y ojalá no recargar a la institución con más personal destinado a estas cosas”.

Además, estima que la decisión debe ser adoptada a nivel de Gobierno. “Carabineros levanta informes para entregar y asesorar a la autoridad civil, pero la decisión final respecto de este tipo de medidas preventivas y de defensa de la institucionalidad le corresponde a la autoridad”, señala.