Académica, Jade Ortiz Barrera

Ley que aumenta sanciones por maltrato permitirá visibilizar este tipo de delitos

Para la profesora de la Escuela de Psicología y directora del Centro de Atención Psicológica del Plantel, esta normativa representa una clara mejora. “Sin duda hay un avance, porque de a poco se está comenzando a visualizar, en términos penales, el maltrato como tal, a niños y otras personas vulnerables. En tanto, la trabajadora social del área de acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia, PAIEP, Karen Roberts Jorquera, advierte que el país tiene un largo camino por delante en esta materia. “Estamos frente a una sociedad que carece en formación y educación en torno al problema del maltrato”.
“Hay personas que pueden generar maltrato infantil desde el desconocimiento, por haber sido criados de una manera determinada, o por una falta de manejo del impulso, que se puede enmendar, pero si queda en un registro de este tipo, en vez de ayudar, podríamos generar una situación más compleja”

El pasado lunes (29) la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria promulgó la ley que establece nuevas penas, delitos y reglas respecto a conductas que involucren maltrato psíquico o físico, en contra de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

 

Las antiguas normas sancionaban las agresiones únicamente cuando provocaban lesiones, pero con la nueva ley todas aquellas agresiones y abusos no constitutivos de lesiones, que se cometían en residencias de adultos mayores, en colegios o en instituciones encargadas de entregar tratamiento a personas en situación de discapacidad, también recibirán sanción.

 

Asimismo, se estableció en la iniciativa penas accesorias como la inhabilidad absoluta, temporal o perpetua, para ejercer cargos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con personas vulnerables.

 

Por otro lado, se creó un registro especial de condenados por maltrato que podrá ser consultado por los establecimientos de educación o las residencias de adultos mayores, con lo cual se pretende evitar la reincidencia de los maltratadores.

 

Para la profesora de la Escuela de Psicología y directora del Centro de Atención Psicológica (CAP) del Plantel, Jade Ortiz Barrera, la nueva ley representa un claro progreso.

 

“Sin duda hay un avance, porque de a poco se está comenzando a visualizar, en términos penales, el maltrato como tal, contra niños y otras personas vulnerables. Además, se amplía el concepto y la cantidad de personas que pudieran ser incluidas como maltratadores”, afirma.

 

No obstante, sostiene que crear un registro para maltratadores podría aumentar la problemática y no el reparo.

 

“Hay personas que pueden generar maltrato infantil desde el desconocimiento, por haber sido criados de una manera determinada, o por una falta de manejo del impulso, que se puede enmendar, pero si queda en un registro de este tipo, en vez de ayudar, podríamos generar una situación más compleja”, subraya.

 

En ese contexto, la psicóloga explica que es necesario cuestionarse este último punto. “Ahí hay algo que es interesante cuestionarse, pues se evidencia un vacío que es importante considerar y que es el efecto de los tratamientos en aquellos que generan violencia”, recalca.

 

Agrega que “el maltrato no solamente debe abordarse en términos de la penalización sino que además debería incluirse un tratamiento efectivo para el manejo de los impulsos en las personas. Creo que esta discusión no está terminada”.

 

Respecto a la inhabilidad para ejercer cargos establecido en la iniciativa, Jade Ortiz precisa que “la sanción queda muy clara, y además se ensucian los papeles, quedando claro en qué no debe trabajar el maltratador, por lo tanto representa un avance”.

 

Acota que “eso también nos obliga a cuestionarnos sobre cómo estamos recibiendo a las personas cuando ingresan a estudiar, si estamos evaluando su nivel de control de impulsos y su capacidad de adecuación con los niños o con el otro”.

 

Sin embargo, puntualiza que la nueva legislación debería incluir normas complementarias para prevenir la violencia.

 

“La ley se queda corta si no miramos los elementos que generan que las personas maltraten. Por lo mismo debería complementarse con leyes donde se pudiera trabajar la prevención de la violencia contra menores y otras personas vulnerables, y la promoción del buen trato”, enfatiza.

 

Y añade que en definitiva la iniciativa “es favorable, porque llama a la discusión, pero creo que hay que sentarse a conversarla, y ver las implicancias que tiene”.

 

Visibilización del maltrato

 

Por su parte, la trabajadora social del área de acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia, PAIEP, Karen Roberts Jorquera, coincide con Jade Ortiz, afirmando que la nueva ley es “un aporte y un avance en cuanto a, al menos, ir visibilizando el maltrato”.

 

En esa misma línea, aclara que los maltratos infantiles “por lo general, ocurren muy puertas adentro, en lo privado de la sociedad, ya sea en una institución que es muy hermética y que ahora ha estado en la mira, como es el Sename, o hasta en algunos jardines infantiles, en casos que se han visto en los últimos años”.

 

La legislación también agrega un agravante a la pena en el caso de que la persona que cometa el delito esté encargada del cuidado o la educación de la víctima.

 

En ese sentido, Karen Roberts indica que “estamos frente a una sociedad que es muy carente en la formación y educación en torno al problema del maltrato y sobre todo respecto a conocer quiénes son los cuidadores”.

 

Es por ello, que acota que “hay un trabajo que falta dedicarle a esta estrategia, porque hay que definir qué funciones tiene que cumplir un cuidador no solo profesional, sino que también aquel que está en la casa, como es en el caso de las personas con discapacidad, en la cual la mayoría son mujeres o son las mismas madres o abuelas que están al cuidado del individuo, y donde además no se les remunera. Entonces, también hay un desgaste que se produce, aunque lógicamente esto no justifica el maltrato”.

 

En cuanto a que la sociedad tome más conciencia respecto al maltrato a personas vulnerables, la trabajadora explica que “esa toma de conciencia para que se genere requiere de un cambio de cultura, por tanto, no se va a dar en el corto plazo. Eso sí estas medidas influyen en al menos cuestionarse, y generan debate, pero no pueden ir solas”, puntualiza. Es importante considerar el contexto de cada situación.

 

“El maltrato siempre va a ser criticable, pero hay que saber qué pasa en el entorno. No basta con sancionar y alejar a los cuidadores profesionales, también hay que preocuparse de generar un tratamiento adecuado porque lo más seguro es que tenga una implicancia psicológica”, recalca.

 

Y agrega que “esa persona seguramente va a acceder a otros tipos de trabajo y va seguir con las mismas prácticas si no se trabaja en educación o sanar de dónde se desencadena este maltrato”.