Como parte de su segundo trámite legislativo, este miércoles se inició en el Senado la discusión en general del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, en una sesión que reunió a las comisiones de Educación y Hacienda, instancia en la que participaron rectores pertenecientes al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).

Entre ellos, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, quien durante su exposición ante los senadores destacó la importancia de contar con una ley de Universidades del Estado. “Los rectores de las universidades estatales tenemos la voluntad, de forma unánime, para que se promulgue este proyecto de ley. El rol del Estado, como proveedor de educación superior a través de sus instituciones, representa un cambio sustancial”.

Sin embargo, planteó su preocupación respecto de algunos aspectos que considera esencial modificar en el texto de la iniciativa. “Los instrumentos de financiamiento para las universidades estatales reconocidos en este proyecto son insuficientes para hacer frente a las necesidades de las instituciones de educación superior y poder solucionar sus problemáticas”, advirtió.

En ese sentido, afirmó que “mientras las universidades privadas pueden hacer uso de sus recursos libremente, para las instituciones de educación superior estatales el tema es bastante más complejo, pues habrá un exceso de regulación, como por ejemplo, con el Convenio Marco sin flexibilidad, lo que debería plantearse de una manera distinta a como está propuesto en el proyecto”.

En cuanto al Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, el Rector Zolezzi manifestó la necesidad de ampliar el plazo de diez a quince años, así como solicitar 500 mil millones de pesos como mínimo, considerando que se trata de 18 instituciones a nivel nacional. “Necesitamos un Convenio Marco que ofrezca una mayor flexibilidad, además de establecer un Fondo de Compensación asociado a mejoras de calidad en las universidades estatales, de tal forma que alcancen altos estándares de acreditación y puedan mantenerlo en el largo plazo”, detalló.

Respecto del tema de la gratuidad, aseguró que el arancel regulado ya es una desventaja para el sistema estatal, más aún si se reajusta sólo considerando el IPC. “El reajuste requerido para incrementar el arancel regulado en las universidades estatales debe aplicarse en función del índice de reajuste del Sector Público. Esto, a propósito de que para el año 2018 existe un excedente de 13.891 millones de pesos, como diferencia entre el IPC y el reajuste al Sector Público”, explicó el Rector Zolezzi.

Cabe destacar que el proyecto de ley reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las universidades del Estado, definiendo la naturaleza, el contenido de la autonomía universitaria y el régimen jurídico de estas instituciones dentro de la Administración del Estado, junto con reconocer el rol que debe asumir el Estado con sus universidades.