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Expertos comparten experiencias ante desafío de la probidad, transparencia y contra la corrupción durante seminario del CEF

Expertos comparten experiencias ante desafío de la probidad, transparencia y contra la corrupción durante seminario del CEF

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y debate en torno a las experiencias constitucionales en materia de transparencia, probidad y corrupción, en el marco del debate constitucional en Chile, ayer miércoles 24 se realizó un seminario en línea, organizado por el Centro de Estudios del Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago, en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
La actividad desarrollada bajo el título “Transparencia, probidad y corrupción: Municipios y Nueva Constitución” presentó un panel integrado por el profesor asociado de nuestra Universidad, doctor en Gobierno y Administración Pública y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de Chile, Bernardo Navarrete. 
 
Además, fueron parte del espacio, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Ciencia Política y de la Administración, Manuel Villoria Mendieta, y el abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Francisco Zúñiga Urbina.
 
A cargo de las palabras iniciales, estuvo el rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, quien, en primer lugar, valoró la “alianza virtuosa” entre el Plantel y la Asociación de Municipalidades, destacando la importancia de abordar estos temas en el actual escenario de cambio constitucional. 
 
“Ciertamente que, como país, hemos avanzado en descentralización, transparencia y probidad en el Estado, pero ello no ha sido suficiente para detener los hechos de corrupción y el mal uso del poder y de los recursos públicos. En parte, estos problemas han propiciado la actual situación institucional, social y política, y hoy estamos en un momento en que tenemos la oportunidad de impulsar cambios desde una nueva carta magna”, señaló el rector.
 
A juicio del Dr. Zolezzi, temas como la probidad, la transparencia y la corrupción son el desafío de la democracia y por lo tanto, “debemos aprovechar este momento al máximo para impulsar una democracia más fortalecida para el desarrollo de una sociedad en sintonía con los retos del siglo XXI”.
 
A su vez, el alcalde de Puerto Natales y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes Mansilla, agradeció a la Usach por organizar el evento “y trabajar en conjunto estos últimos años en pos de mejores gobiernos locales para Chile”.
 
“En nuestro esfuerzo permanente de representar y mejorar las condiciones de todas las municipalidades del país, creemos que tenemos que aportar a la discusión que ocurrirá en la convención constituyente en variados temas que nos afectarán como gobiernos locales. Es por eso que, como Asociación, estamos trabajando con prestigiosas universidades como la Universidad de Santiago, para generar un documento que contenga todas las principales preocupaciones y propuestas constitucionales desde el municipalismo para la nueva constitución”, señaló el alcalde. 
 
Luego del evento, el director de CEF Usach, Víctor Caro Castro, realizó un positivo balance del encuentro en línea.
 
“Se cumplieron completamente nuestras expectativas. Tuvimos más de 100 asistentes y, además de la calidad de los panelistas, creo que la discusión que se genera en torno a estos temas contribuye directamente al debate democrático para construir una nueva Constitución que era el objetivo detrás de este trabajo”, manifestó Caro, añadiendo que este seminario es un hito entre muchos otros que se espera desarrollar más adelante. 
 
Experiencia nacional e internacional
 
Durante la actividad moderada por Joselyn Sánchez y transmitida por el canal de YouTube de la Universidad y de CEF Usach, el panelista Manuel Villoria formuló un repaso histórico sobre la experiencia española para enfrentar el problema de la corrupción en el país europeo.
 
El experto relató que en 1994 la corrupción en España estaba considerada entre los principales problemas a nivel nacional. Entonces se dio un “primer paso”, aunque, a su juicio, “insuficiente”, con la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
 
Luego, en 2009, estallaron grandes escándalos de corrupción (Casos Gürtel y Palma Arena). “Solo ese año 252 políticos fueron arrestados”, señaló el catedrático.
 
Posteriormente, como resultado del movimiento social 15M, entre 2014 y 2016 “hubo un acuerdo entre los partidos y se desarrollan una serie de leyes y políticas para la regeneración democrática y luchar contra la corrupción”. 
 
“Se aprobó la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información; se modifica el sistema de financiación de los partidos con una nueva ley orgánica, se reforma el Tribunal de Cuentas, la Ley de Contratos, la Ley de Función Pública, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial”, relató Villoria. 
 
Y como consecuencia de estas medidas, mientras en 2015 fueron acusadas por corrupción 728 personas, esta cifra bajó a 442 en 2016, 400 en 2017, 280 en 2019 y apenas 200 en 2020, según los datos compartidos por el académico. 
 
Desde la óptica chilena, el abogado Francisco Zúñiga también se refirió a los antecedentes históricos de acciones en pro de la transparencia y probidad, desde el Plan de Hacienda de 1817 hasta la Comisión Engel de 2015.
 
“Si hiciéramos un balance, tenemos una frondosa legislación que se hace cargo de transparencia, probidad, corrupción y, por tanto, cuando discutimos sobre contenidos en la nueva Constitución, tendremos que, necesariamente, hacer el balance crítico para medir qué normas de principios, qué reglas, qué institucionalidad se diseña para abordar las cuestiones relativas a transparencia, probidad y corrupción”, señaló el jurista. 
 
En tanto, el académico de la Universidad de Santiago, Dr. Bernardo Navarrete, también se refirió  a la situación chilena, especialmente a la percepción de probidad y transparencia desde los gobiernos locales, y expuso los resultados de una encuesta de transparencia realizada en 129 municipios en el contexto del proceso constituyente.
 
Algunos de los resultados arrojaron que solo el 53,1% de las y los encuestados en las municipalidades de Chile declararon haber recibido capacitación en la Ley de Transparencia de la Función Pública, mientras en el 70% de los municipios consultados no existiría algún código o reglamento sobre ética o probidad exigibles para todos los funcionarios.
 

Seminario del Centro de Estudios del Futuro promueve discusión sobre transparencia en el marco de una nueva Carta Fundamental

Seminario del Centro de Estudios del Futuro promueve discusión sobre transparencia en el marco de una nueva Carta Fundamental

El Centro de Estudios del Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades organizó el seminario ‘Transparencia, probidad y corrupción. Municipios y Nueva Constitución’, que busca reflexionar y debatir sobre estos temas, en el marco de la discusión constitucional en Chile.
 
El Director del CEF de la Usach, Víctor Caro, sostuvo que la importancia del tema radica en que “vivimos en una sociedad que demanda cada vez mayor transparencia e información, y donde la corrupción es un riesgo permanente que atenta contra las democracias. Siendo un riesgo, hay que tomar las precauciones necesarias”, precisó.
 
“La discusión es parte importante, respecto a cómo se tiene que materializar esto en un principio fundamental dentro de la Constitución. En Chile, se ha avanzado en la materia y tenemos una ley moderna, pero creemos que debe hacerse palpable para los gobiernos locales, que son los que están más cerca de la gente”, añadió.
 
Expositores
 
La jornada contempla exposiciones de expertos nacionales e internacionales, como Bernardo Navarrete, profesor asociado de nuestra Universidad, doctor en Gobierno y Administración Pública y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de Chile.
 
También, participará el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria. El doctor en Ciencia Política y de la Administración es experto en administración pública y ética administrativa.
 
Finalmente, la jornada, que será transmitida vía Zoom, el canal de YouTube del CEF Usach y por Facebook, contará con la exposición del abogado, profesor catedrático de Derecho Constitucional y primer vicepresidente de la Asociación de Derecho Constitucional, Francisco Zúñiga.
 
Para inscribirse en el seminario, que se realizará este miércoles 24 de marzo desde las 10.00 horas,  los interesados deben ingresar al siguiente link:  https://forms.gle/cYNuygtzcwLSrzqGA
 

Opinión del académico Bernardo Navarrete: Transparencia y Probidad para el 2021. ¿Qué aportará la Universidad?

Opinión del académico Bernardo Navarrete: Transparencia y Probidad para el 2021. ¿Qué aportará la Universidad?

La transparencia es al Estado como la probidad es a la moral pública. Ambos conceptos se sostienen sobre inquietudes especulativas que suponen que la transparencia es "algo bueno", lo que sería cierto porque la transparencia genera una mayor responsabilidad y legitimidad en la formulación de políticas, enfrentando las persistentes asimetrías de información entre las autoridades públicas y los ciudadanos, incluidas las empresas privadas. A su vez, la probidad es propia de toda la comunidad nacional, no sólo de las instituciones del Estado. Y no es una virtud cívica que esté garantizada por estándares en la vida pública, ya que probidad no es ausencia de corrupción.

Es difícil no compartir con la profesora de Derecho y Ciencia Política, Susan Rose-Ackerman, que la transparencia se ha convertido en una palabra dirigida al ámbito de la lucha contra la corrupción en el gobierno y que no posee mucho valor por sí sola. La transparencia, siguiendo a Carolyn Ball, es un valor público adoptado por la sociedad para contrarrestar la corrupción. Pero son los mecanismos que permiten mayor acceso a la información los relevantes, ya que el control de la información es poder y lo es más en una economía de la información como la actual.

Ese control apunta a la burocracia en general, destacándose el “riesgo moral” que ocurre cuando un funcionario es consciente de que no tendrá que enfrentarse a los efectos de sus decisiones, generando impunidad ante los mismos y consecuencias negativas para los ciudadanos.

La “neurociencia” nos ayuda a entender lo anterior. Siguiendo a Antonio Damasio, no hay lugar al “pienso, luego existo” que defendía Descartes, sino al “siento, luego existo”, ya que “sin emociones no hay toma de decisiones”. Y en este plano, los sesgos cognitivos en la toma de decisiones son relevantes, ya que en palabras del psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman, nuestra conducta es mayormente automática, intuitiva y emocional. Sí, detrás de cualquier comportamiento hay una emoción y un hábito que nos impide controlar o modificar una conducta, cuyo precio es demasiado alto –en palabras del sociólogo Zygmunt Bauman-, ya que se “paga con la misma moneda en que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento humano”.

El problema con lo anterior es el “sesgo de confirmación”, el cual plantea que nos inclinamos sólo a buscar información que ratifique nuestra creencia previa e ignoramos toda aquella que la contradiga. Para Ball, un esfuerzo en este sentido será convencer que, a medida que aumenta la exigencia de transparencia disminuye la tolerancia ante la corrupción. Y que la transparencia se entrelaza sutilmente con la responsabilidad, la eficiencia y la eficacia, aunque con la necesaria preocupación por el secreto y la privacidad.

El politólogo norteamericano Samuel P. Huntington sostenía que todas las instituciones políticas tienen dimensiones morales. Un buen ejemplo de ello -y tal vez el más importante- fue el informe Nolan de 1994, que buscó responder a la “creciente inquietud que se estaba produciendo en la sociedad británica ante determinados comportamientos en la Función Pública”. Se planteó “aportar claridad y orientación allá donde se presente la incertidumbre moral” en la forma de siete principios, uno de los cuales fue la transparencia. Ella debía presidir la actuación de toda la Función Pública, ya que la equidad social no podría mejorar mucho si sólo se benefician del proceso de apertura a la información pública los grupos ya privilegiados.

Entonces, ¿a más transparencia más calidad institucional y de derechos? Si bien tenemos la secreta esperanza de un lenguaje moral común, nos enfrentamos a un dilema: todos queremos transparencia desde el Estado, pero no necesariamente estamos dispuestos a usar el “radar ético del cerebro” -tal como lo sugiere Daniel Coleman- que nos lleve a una conducta proba. Un buen ejemplo de esto se observa cuando las personas se unen a un equipo de gobierno nacional, regional o local: pueden terminar atrapadas en una matriz moral que condiciona el principio de probidad del funcionario al de la organización, aun cuando ésta sea permisiva respecto de dicho principio.

La probidad es el espejo de la transparencia. El informe Nolan lo relaciona con “Integridad” “Honestidad” y “Ejemplaridad”. La probidad es un principio que obliga a las autoridades y funcionarios de la Administración Pública a observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Ello termina en la intimidad de los candidatos, el reducto último de la personalidad, allí "donde soy lo que soy", poniendo un límite a la siempre usada afirmación de Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.

¿Cuánta transparencia y probidad estamos dispuestos a aceptar? Esta es una pregunta que debemos responder desde la universidad. Si aceptamos –siguiendo al filósofo vasco Daniel Innerarity-, que la “política es una pequeña rebelión contra el prejuicio de que todo está decidido y resulta inalterable”, entonces, a lo menos tenemos dos preguntas. La primera es la del politólogo Francis Fukuyama: ¿Por qué las reglas de transparencia han aumentado la polarización y el lobby haciéndolos más efectivos? Y aunque investigaciones recientes han demostrado que la petición de información y su procesamiento responden de manera desproporcionada a los intereses de académicos, tesistas y ciudadanos que expresan disconformidad con postulaciones a cargos públicos, se sabe poco sobre las demandas de información de las consultoras y empresas que procesan y venden conocimiento.

Esta línea de investigación se abre a un contrapunto que surge de los trabajos de Byung-Chul Han y la “sociedad de la transparencia”, que es a la vez una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, sosteniendo la tendencia hacia el control. Para este filósofo, la exigencia de transparencia sólo expresa que la “moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación”. Otro contrapunto es asumir que la transparencia es una forma de hacer frente a la “Tesis de la Perversidad” de Albert Hirschman, que sostiene que toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden político, social o económico, únicamente sirve para agudizar la situación que se desea remediar.

La segunda pregunta que podríamos abordar: ¿Es la probidad un “problema perverso”, entendiendo que para su solución se requiere que un gran número de personas cambien sus códigos de conducta? Ello nos lleva nuevamente a la relevancia de la integridad, rectitud y honestidad, ya que sabemos poco sobre la forma en que se entiende la probidad en Chile y el peso relativo de la cultura y de los contextos legales, sociales, económicos y políticos.

En este sentido, cabe preguntarse porqué se eligen políticos cuya reputación de probidad no es relevante, a pesar de que sí lo sea para sus electores. En este sentido, el vínculo causal entre la probidad y la confianza política es algo provisional, del mismo modo que los juicios que se emiten sobre el carácter moral de las autoridades políticas. En este sentido, la trasparencia como acceso a la información sobre la probidad de las élites políticas es un desafío en el cómo se presenta la información y los estándares con los cuales se miden.

La probidad política aumenta la confianza en el Gobierno. Si ello es así, entonces la última pregunta es si, en 2021, es válida la afirmación sostenida hace veinte años por el politólogo estadounidense Peter Siavelis: Chile presenta un modelo de cómo la probidad política y la eficiencia administrativa relativa (en términos latinoamericanos) contribuyeron a la legitimidad de la democracia.

U. de Santiago alcanza un 100% de cumplimiento en Acceso a la Información

U. de Santiago alcanza un 100% de cumplimiento en Acceso a la Información

En cumplimiento con el Plan de Fiscalización 2018, el Consejo para la Transparencia realizó una inspección al desempeño de las universidades estatales, considerando el tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a la información, basándose en la modalidad electrónica y calidad de la respuesta de los planteles.

La fiscalización tuvo como objetivo comprobar el acatamiento de las normas sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, establecidas por la Ley N°20.285. Para ello, se elaboró un análisis y seguimiento de una solicitud de acceso a la información pública creada para estos fines, utilizando la metodología de “usuario incógnito”.

Si bien en un principio el Consejo otorgó a nuestra Universidad un 87,61% de cumplimiento, más tarde rectificó la cifra a un 100% tras reconsiderar el criterio de evaluación aplicado.

Con esto, el organismo eliminó lo referente a “la lista de estudiantes que ingresaron vía admisión especial durante el año 2018”, puesto que no existe jurisprudencia institucional asentada sobre dicho aspecto.

“Esto nos llena de satisfacción y hace necesario felicitar a las unidades colaboradoras de la Secretaría General por dar respuesta oportuna y completa a las peticiones que formaliza nuestro entorno”, destaca el Secretario General del Plantel, abogado Gustavo Robles Labarca.

Transparencia

Cabe destacar que las instituciones del Estado están sujetas a las disposiciones de la Ley 20.285 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Esta normativa nació hace 10 años y se basa en el principio constitucional de transparencia, lo cual significa que la Universidad, como organismo público, debe mantener al día dos aspectos de la Ley.

El primero es el de la transparencia activa, es decir, el Plantel tiene que instalar en su página institucional datos relevantes sobre su quehacer y devenir, actualizando cada vez que sea necesario.

“Corresponde a cada unidad proporcionar este dato a la Secretaría General, de quien depende la Unidad de Transparencia. En esto trabajan todas las Unidades de la Universidad, especialmente Finanzas, Recursos Humanos, Adquisiciones, Construcciones, etc”, explica el Secretario General, abogado Gustavo Robles Labarca.

La otra parte de la norma se refiere al Derecho al libre Acceso a la Información Pública, llamada comúnmente como transparencia pasiva. Esto quiere decir que cada vez que una persona se dirija a la Universidad solicitando información sobre ella, la institución está obligada a responder dentro de un plazo fijado por la Ley.

De acuerdo al abogado Robles, anteriormente nuestro Plantel ha obtenido buenas evaluaciones. “Ha sido un trabajo arduo, porque cuando esta Ley entró en vigencia hace 10 años, no había unidad a cargo, tampoco consciencia ni cultura en cuanto al sentido que tiene la normativa”, agrega Robles.

“Esto ha ido revirtiéndose y cada año vamos mejorando. El proceso ha sido largo por la cantidad de información que debemos reunir, pero nuestra obligación es entregar la información, independiente de quién o para qué la solicite”,  puntualiza.

Fiscalización del Consejo para la Transparencia: Plantel obtiene primer lugar en Ranking de Acceso a la Información

Fiscalización del Consejo para la Transparencia: Plantel obtiene primer lugar en Ranking de Acceso a la Información

  • La U. de Santiago encabeza el listado de 16 instituciones de educación superior estatales y públicas, que fueron evaluadas de acuerdo a la manera cómo responden a las solicitudes de información durante las etapas de ingreso, gestión y respuesta, medición en la que nuestra Casa de Estudios obtuvo un 96,2% de cumplimiento.

 





Durante 2016 el Consejo para la Transparencia realizó un trabajo de fiscalización a 16 universidades estatales y públicas, con el objetivo de determinar el nivel de respuesta y constatar los tipos de obstáculos que surgen ante solicitudes de información por parte de la ciudadanía.

Como parte de la evaluación del organismo, se determinó analizar el desempeño de las casas de estudios superiores, específicamente en las etapas de ingreso, gestión y respuesta respecto de las peticiones de los solicitantes para determinar el Ranking de Acceso a la Información. En ese sentido, la Universidad de Santiago de Chile obtuvo la máxima valoración entre los planteles evaluados, alcanzando un 96,2% de cumplimiento.

“Todas las Unidades de nuestra Universidad son sujetos pasivos de requerimiento de información. Por ello, realizo un reconocimiento público a todos quienes, gracias a su trabajo, han permitido que lideremos este ranking de transparencia”, plantea con gran orgullo el secretario general del Plantel, Gustavo Robles Labarca. Asimismo, recuerda que como parte de su Plan Estratégico Institucional, la Universidad de Santiago ha incorporado precisamente el concepto de la transparencia.

Unidad de Transparencia institucional

La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública fue promulgada en 2008, con el objetivo de dar cumplimiento a ciertos principios constitucionales establecidos, con ese rango, en la Carta Fundamental de Chile a partir de 2005. “De hecho, siempre se habla de probidad, transparencia y publicidad, como factores de trascendencia para una convivencia democrática”, advierte Gustavo Robles. “La transparencia, que es un valor y un principio constitucional, se puede lograr cuando existe libre acceso a la información pública de los órganos del Estado”, agrega la autoridad.

En el caso de la Universidad de Santiago, se trata de un proceso continuo que ha implicado distintas etapas institucionales, como informar, instruir, capacitar y organizarse. “La Secretaría General cuenta con la Unidad de Transparencia, donde aprovecho de destacar el trabajo de sus integrantes, Francisco Vial y Evelyn Sanzana, quienes se encargan tanto de la transparencia activa como de la pasiva”, explica, sumando la colaboración de la Dirección Jurídica y de la comunidad universitaria en su conjunto.

“Desde que se promulgó la Ley y se creó el Consejo para la Transparencia, ha sido un desafío para nuestra Universidad implementar un sistema lo más expedito posible para poder cumplir con los mandatos”, resalta Gustavo Robles. Esto, a propósito de los dos pilares que la sustentan. Por una parte, la transparencia activa, que implica una obligación institucional de mantener actualizada su información en una página electrónica. Y, por otra, la transparencia pasiva, que es la que se evalúa periódicamente y que corresponde al derecho a la información pública.

Faro intelectual para la sociedad

Desde simple información académica hasta datos de dotación de personal, proyecciones de contratación, edificaciones, proyectos y adquisiciones, son parte de las solicitudes que se reciben en el Plantel, tal como lo detalla Gustavo Robles. “Incluso para fines relacionados con la investigación y análisis respecto de trabajos del ámbito de la educación superior”, destaca, añadiendo que la mayoría de los solicitantes corresponden a personas anónimas.

En cuanto a las implicancias que representa encabezar este ranking de transparencia, resalta que un logro como éste “enaltece el sello estatal y público de la Universidad de Santiago, que es la universidad estatal por excelencia en muchos aspectos, y donde se imparten carreras donde precisamente está involucrado el concepto de transparencia. Tenemos ramos de derecho, de ciencias sociales, de economía, de gobierno y gestión pública. Además, políticas públicas que se estudian en nuestra Universidad”.

Y agrega: “Promover leyes como éstas, en su condición de política pública, es también una manera de reforzar nuestro sello institucional, democrático, pluralista e inclusivo”.

Asimismo, advierte que la única limitante que existe es que la información que se solicita exista en un formato electrónico o de papel. “Además, las únicas materias que el Estado puede no entregar son aquellas relacionadas con la seguridad nacional. Pero en principio, todo es público”, aclara.

En consecuencia, para el secretario general del Plantel la importancia fundamental de que la Universidad de Santiago presente este alto nivel de transparencia en sus actos, radica en su mandato y en su conciencia social. “Tenemos el desafío de ser un faro intelectual que ilumine a la sociedad, por lo que la Universidad debe asumir su rol de la mejor manera”, asevera.

Aumenta cumplimiento promedio

El proceso desarrollado por el Consejo para la Transparencia se basó en el mecanismo de “usuario simulado”, mediante el cual sus fiscalizadores enviaron diversas solicitudes anónimas de acceso a la información a las 16 universidades estatales, sin considerar a las recientemente creadas universidades de O’Higgins y de Aysén. Esto, con el objetivo de conocer y analizar los obstáculos tanto para ingresar las solicitudes como en cuanto al plazo legal para emitir las respuestas, que corresponde a veinte días hábiles.

Entre las conclusiones del organismo destaca que el puntaje promedio de cumplimiento de las universidades estatales fue de 75,16%, lo que representa un 17% más en comparación con el proceso fiscalizador realizado en 2015. Bajo la Universidad de Santiago se ubica en la segunda posición del ranking la Universidad de Chile, con un 95,92% de cumplimiento, mientras que en el tercer puesto aparece la Universidad de Talca, con un 95%.

Accountability y transparencia pública: Divulgan Memoria de Empresas y Fundaciones de la Universidad

Accountability y transparencia pública: Divulgan Memoria de Empresas y Fundaciones de la Universidad

  • El Director Ejecutivo de la SDT, Fude y Capacitación Usach, Juan Pablo Aguirre, pone de relieve el hecho de dar a conocer la gestión de las entidades a su cargo, a partir de  esta publicación inédita  y que recoge lo realizado entre los años 2011 y 2013, para “transparentar ante la  comunidad interna y externa, lo que hacemos en esta Universidad estatal y pública, por tanto esta memoria es un avance sustancial”.
  • El rector destacó de manera fundamental el aporte  que hacen la SDT, Capacitación Usach y FUDE al colaborar en el autofinanciamiento de proyectos desarrollados  por las diferentes unidades académicas y que permiten que la U. de Santiago reinvierta sus excedentes, por ejemplo, en investigación, en el desarrollo de la ciencia, transferencia tecnológica,  capacitación e inclusión social.
  • Durante el período informado, se logró la instalación de un sistema de gestión administrativa transparente e informada a la Contraloría General de la República y, también, al Servicio de Impuestos Internos (SII), que recientemente auditara a las empresas y fundaciones del Plantel.


 


Con la idea de hacer palpable los mandatos institucionales, de velar por la transparencia y la responsabilidad social, la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT); Capacitación Usach y la Fundación Universidad Empresa, todas instancias de nuestra Universidad, lideradas por  Juan Pablo Aguirre, comenzaron a divulgar lo que constituye la primera memoria de gestión, que abarca el período 2011 – 2013.

Para el Director Ejecutivo de Empresas U. de Santiago este hito es un “avance sustancial en la idea que nos ha planteado el rector Juan Manuel Zolezzi y bajo mi propia forma de gestión, de que haya transparencia total con lo que hacemos y con lo que ocurre con nuestras empresas”.

En ese marco, el Director Aguirre, destaca  que este modus operandis  constituye “un precedente para los futuros directores ejecutivos que vengan después, porque nuestras empresas no pueden estar trabajando a pérdida. Todos los dineros  que llegan a la Universidad se reinvierten en infraestructura y equipamiento, como remesa de distribución de utilidades”

En esta misma línea precisa que “los excedentes se entregan a la Universidad y a la Fundación Planetario y como las empresas del Plantel son todas constituidas como fundaciones sin fines de lucro, se remesan a la misma Universidad”.

Por lo mismo, plantea que dar a conocer los números oficiales de la gestión “es sumamente importante. Primero, para que la comunidad los  conozca y, segundo, para que se sepa que los estados financieros están al alcance de todas y todos”.

Así, entre los datos relevantes de la Memoria, se registra el hecho que  estas  empresas están legitimadas bajo la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, para brindar un trabajo de calidad con normas internacionales; y el aumento sostenido en la cantidad de proyectos administrados, pasando de 837 en el 2010 a mil 110 al primer semestre del 2014.

Relación con Contraloría y SII

Otro dato relevante es que durante el período informado, se logró la instalación de un sistema de gestión administrativa transparente e informada a la Contraloría General de la República y también al Servicio de Impuestos Internos (SII), que recientemente auditara a las empresas y fundaciones de la U. de Santiago.

El SII estableció que los ingresos percibidos  por las Empresas U. de Santiago por concepto de “Derecho Universitario”, no se encuentran afectos a IVA. Este pronunciamiento zanjó una observación emitida por la Contraloría al respecto y esta aclaración fue fundamental, toda vez que producto de la difusión pública de este caso, se había puesto en cuestión la transparencia y el quehacer de estas instancias universitarias.

Ética y Responsabilidad Social

Según el rector de la Universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi, este material se pone a disposición de la comunidad universitaria, organismos del Estado y actores involucrados con el quehacer de la U. de Santiago, “movidos por valores trascendentales que caracterizan a nuestro Plantel, como son la ética y la responsabilidad social”.

La máxima autoridad aseguró que “desde esta Universidad hemos combatido el lucro, tema altamente sensible cuando se habla de allegar recursos a las arcas institucionales. En este ámbito, como Universidad estatal y pública, todos nuestros procesos son auditados de manera constante y esta Memoria, da cuenta de ello”.

El rector destacó de manera fundamental el aporte  que hacen la SDT, Capacitación Usach y FUDE al colaborar en el autofinanciamiento de proyectos desarrollados  por las diferentes unidades académicas y que permiten que la U. de Santiago reinvierta sus excedentes, por ejemplo, en investigación, en el desarrollo de la ciencia, la transferencia tecnológica, la capacitación y la inclusión social.

Ley de Transparencia: Contraloría universitaria llama a autoridades a presentar informes de gestión 2013

Ley de Transparencia: Contraloría universitaria llama a autoridades a presentar informes de gestión 2013

  • La Contralora Universitaria, Gladys Soto, informa que hasta el 20 de agosto se extiende el plazo para que los directivos de la Institución cumplan con esta obligación, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Rendición de Cuenta Anual de la Gestión y que se funda en la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública.


La Contralora Universitaria, Gladys Soto, formuló un llamado a los funcionarios directivos de la Institución- y que tienen la obligación de hacerlo- a presentar sus respectivos informes de gestión, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Rendición de Cuenta Anual de la Gestión.

La citada rendición tiene su fundamento en la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, cuyo Artículo 4º establece la necesidad de que los funcionarios de la Administración del Estado, den cumplimiento al principio de transparencia de la función pública consistente en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que establezca la ley.

Según lo dispuesto en dicha ley, la Universidad de Santiago de Chile, mediante la Resolución N° 4.471 de 2014, dictó el Reglamento de Rendición de Cuenta Anual de la Gestión, que deben realizar los funcionarios allí señalados, estableciéndose la obligatoriedad de rendir cuenta de su gestión anualmente, la que se extiende a los directivos de las fundaciones y sociedades en que esta Universidad tenga participación.

La misma norma establece que la obligación de rendir cuenta de la gestión, se cumplirá mediante la entrega de informes escritos, preferentemente en formato digital, ante el superior jerárquico y  con copia a la Contraloría Universitaria.

Según indica la Contralora Universitaria, Gladys Soto, entre mayo y julio diversos funcionarios de la Corporación remitieron sus informes a la Contraloría Universitaria, cumpliendo con la norma mencionada. No obstante, dicha recepción alcanzó sólo al 74 por ciento del total de funcionarios afectos a esa obligación. En tanto, los directores de Centros e Institutos presentan el menor porcentaje de rendición, alcanzando al 53 por ciento.

Frente a esta situación, la Contralora insta a los funcionarios de la Corporación que aún no han remitido a Contraloría Universitaria la Rendición de Cuenta de su gestión correspondiente al año 2013, a que lo hagan a la brevedad, pues el plazo estipulado en la norma se encuentra ampliamente excedido y, la oportunidad y contenidos de dichas rendiciones, son materia de control de dicha Unidad.

La fecha tope para la entrega del formulario de rendición es el próximo miércoles (20) de agosto. En caso de incumplimiento del plazo fijado, se tendrá como no presentado y se aplicará lo dispuesto en  el Artículo 8° del  Reglamento de Rendición de Cuenta Anual de la Gestión: “El no cumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que establece el Estatuto Administrativo.”
 

Universidad entre las instituciones más transparentes y oportunas en entrega informativa

Universidad entre las instituciones más transparentes y oportunas en entrega informativa

  • Barómetro de Acceso a la Información 2013, que mide la relación de los periodistas de medios con instituciones, organismos y otros, ubicó a nuestro Plantel en el cuarto lugar, con un 67 por ciento de percepciones positivas. Rector Juan Manuel Zolezzi, junto con relevar la alta valoración que los profesionales de la prensa tienen de la Institución, señaló que este reconocimiento es el resultado de una política de Comunicaciones abierta y transparente, propia de una Universidad que cumple una función pública.


Con la idea de conocer la percepción de los periodistas nacionales sobre el nivel de acceso a la información en distintas entidades públicas y ciertos hechos noticiosos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en conjunto con la Fundación de la Prensa, entregaron el Décimo Barómetro de Acceso a la Información 2013.

En el estudio, que evalúa los parámetros de disposición a transparentar la información, confiablidad-precisión en los datos proporcionados y entrega oportuna de antecedentes, la Universidad de Santiago de Chile, ocupó el cuarto lugar entre 48 instituciones.

Según la encuesta aplicada por Adimark, entre agosto y septiembre de 2013, a 491 periodistas de medios escritos de todo el país, la U. de Santiago, se ubica  en el cuarto lugar, superando  a organismos como la Onemi, todos los ministerios y las policías civil y uniformada.

La máxima autoridad del Plantel, Dr. Juan Manuel Zolezzi, mostró su complacencia ante  este  lugar de privilegio que  exhibe  la Corporación, destacando a  su vez que “eso muestra que la Universidad es muy activa en entregar la información que se le pide y en colaborar con la difusión de sus logros. Muestra también, que la Universidad trabaja abierta a la comunidad y con toda su información disponible”. La autoridad remarcó, además, que esta política es propia de una Universidad que cumple una función pública.

Para la jefa del Departamento de Comunicaciones, Gabriela Martínez, este resultado “no es una sorpresa, ya que desde  hace  dos  años aplicamos nuestra propia encuesta para  medir  la percepción que  tienen periodistas, editores y directores de los  más variados medios, respecto de nuestro trabajo. Los resultados de  ambos   instrumentos nos han adelantado, en cierta  medida, esta evaluación. Si bien nos ubican en una  buena posición, tenemos el reto de seguir avanzando”.

 Gabriela Martínez, explica que la Universidad dispone de una serie de instancias  y  mecanismos para transparentar la información y la entrega de datos; “una de ellas es el Departamento de Comunicaciones, que viene trabajando desde hace varios años, a través de su área de Asuntos Públicos en una entrega informativa oportuna, veraz y confiable del quehacer institucional”.

Según la jefa del Departamento de Comunicaciones, hace algunos años “nos veían de manera negativa, hoy en cambio, la Prensa  destaca  el aporte institucional al  desarrollo país, a partir de investigaciones en todas las áreas. De otra parte, está el liderazgo de nuestra  máxima  autoridad, que  también aporta a  posicionar  la imagen”.

En la misma  línea, la  directora  Martínez, remarca que  las  voces  expertas de la Universidad están cada  vez más  dispuestas para la Prensa y en ese  sentido, “nos facilitan la gestión con los  medios. La premura  con que debemos  responder, es  la clave”, puntualiza.

Por último, la cabeza del equipo de Comunicaciones de la Universidad remarca que “todas nuestras plataformas están pensadas en facilitar el acceso a la información y, además, tenemos tradición en la entrega de la información oportuna, a través de nuestro diario universitario pionero en Chile y América  Latina, lo que demuestra que éste es un trabajo sistemático y de  larga data. No podemos olvidar esta tradición en cuanto a  democratizar la información; el recorrido histórico, lo avala”.

El Barómetro de Acceso a la Información, es encabezado por la U. de Concepción, el Banco Central y la Universidad Católica.
 

Universidad de Santiago está entre las instituciones más transparentes del país

Universidad de Santiago está entre las instituciones más transparentes del país

  • El sondeo aplicado por el Barómetro de Acceso a la Información 2012 a más de 400 periodistas de todo el país, dejó a la U. de Santiago en la segunda posición de la categoría “Otras Instituciones”, superando a las universidades Católica y de Chile y a organismos como Carabineros, el Ejército, la Onemi y la Iglesia Católica.

Con la idea de conocer las percepciones entre periodistas nacionales sobre el nivel de acceso a la información en distintas instituciones de relevancia pública y en ciertos hechos, es que las distintas corporaciones del país fueron evaluadas por el IX Barómetro de Acceso a Información, preparado por la Fundación de la Prensa, la U. Adolfo Ibáñez, Adimark y la Asociación Nacional de la Prensa.

En el estudio, se presentaron 4 categorías: Instituciones públicas y de gobierno; Empresas públicas y organismos de servicios públicos; Organismos fiscalizadores; y Otras Instituciones. En este último ítem, la U. de Santiago destacó en el segundo lugar, sólo siendo superada por la U. de Concepción.

Más atrás están las universidades Católica y de Chile, la Onemi, la PDI, Carabineros, el Ejército, el Poder Judicial y la Armada, cerrando los 10 primeros lugares.

La encuesta se aplicó a 418 periodistas de prensa, televisión y radios de todo el país, donde se evaluó la disposición, confiabilidad-precisión y entrega oportuna.

En el estudio, además, la U. de Santiago es destacada con el segundo lugar en los ítems específicos de “Confiabilidad y Precisión de la Información” y “Entrega oportuna de Información”.

Para la Jefa del Departamento de Comunicaciones de la U. de Santiago, Gabriela Martínez, este es un reconocimiento a un trabajo que la Institución ha venido realizando hace ya varios años.

“Es muy estimulante que estudios externos corroboren que somos de las universidades que más oportunamente y con más confiabilidad y precisión entregamos la información a los medios de comunicación. Y siempre será importante ser reconocidos como la Universidad que en Santiago tiene el mayor alcance”, asegura la  directora Martínez.

Sin embargo, plantea de inmediato el desafío: “Nos encantaría ser los primeros a nivel nacional. Desde hace  dos  años  aplicamos  nuestra propia encuesta  de percepción a directores, editores, periodistas y productores de medios de comunicación masiva y los resultados han sido igualmente  favorables. Hay que  añadir  a  ello, que  las  distintas instancias de la Universidad contribuyen en la tarea de hacer más  expedita la entrega informativa a los  medios externos. Este logro institucional es  de  todos y todas”.

Universidades estatales mejoraron su nivel de transparencia

Universidades estatales mejoraron su nivel de transparencia

  • Nuestra Universidad, en conjunto con el Consejo para la Transparencia, realizó un seminario internacional en torno a la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile que convocó a  destacados especialistas.
  • Eolo Díaz, director de Estudios del Consejo para la Transparencia, explicó que “en transparencia activa las universidades públicas pueden dar una batalla para que todas las universidades privadas se sumen a transparencia activa, que yo creo que van a ganar pero con una base de cumplimiento”.


Durante tres días se realizó en nuestra Universidad, el seminario Internacional “Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile: Logros y Desafíos”,  organizado por la estatal y el Consejo para la Transparencia, a través del Programa de Estudios de Gobierno del plantel universitario.

La iniciativa,  que contó con la participación de conferencistas del Consejo para la Transparencia en la sala de la Universidad de Santiago, también hubo participación activa desde las salas de video conferencia en universidades regionales y en el extranjero, además de la transmisión vía streaming, coordinada por el académico de la U. de Santiago, Mauricio Olavarría. Ello permitió dar cuenta de los hitos más relevantes asociados al proceso de instalación de la política pública de transparencia y acceso a la información pública, identificando –además- logros y aquellas áreas que necesitan reforzamiento.

En tal contexto, los consejeros y directivos del Consejo para la Transparencia,  aseguraron que no fue una tarea fácil  lograr que los estamentos públicos entendieran que la información debía ser entregada a quienes la solicitaran, pero tras las fiscalizaciones, se fueron mejorando los procesos de trabajo.

Buenos resultados
En este marco, la directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, María Alejandra Sepúlveda, puso de relieve que las inspecciones realizadas en las universidades han dado buenos resultados. “La primera fiscalización se realizó en agosto del año 2011 y las universidades obtuvieron un 20,4 por ciento de cumplimiento. La segunda se hizo en diciembre del mismo año y el porcentaje de cumplimiento subió a 76,54, remontando su nivel en pocos meses”.

En tanto Enrique Rajevic, director jurídico del Consejo, admitió que no fue fácil instalar el concepto de transparencia activa en las universidades estatales, aunque reconoció que la mayoría de estas instituciones aplicó la nueva normativa, “salvo la U. de Chile, que cuestionó la aplicación de la ley después de este primer periodo”. Según Rajevic, “los niveles de cumplimiento de transparencia activa han sido satisfactorios y en derecho de acceso, se están comportando como un servicio público más”.

Eolo Díaz, director de Estudios del Consejo para la Transparencia, explicó que “en transparencia activa las universidades públicas pueden dar una batalla para que todas las universidades privadas se sumen a transparencia activa, que yo creo que van a ganar pero con una base de cumplimiento”. Ello, bajo la idea que “nosotros somos transparentes, por lo tanto, exigimos transparencia al resto del sistema para que este mercado de la educación beneficie a sus usuarios finales que son los estudiantes”.

Según Díaz, los jóvenes  deben tener libertad de elección cuando estudian, y “tienen que saber cuál es la calidad de la universidad a la que están optando y eso pasa por la transparencia”, concluyó el director de Estudios del Consejo para la Transparencia.  

Red académica de transparencia
Finalmente, el Dr. Mauricio Olavarría, académico del Programa de Estudios de Gobierno de nuestra Universidad, puntualizó que este seminario surge tras la investigación que realizó para el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la política de transparencia en Chile. “En este seminario contamos con directivos públicos de primera línea, quienes vinieron a comentar sus experiencias para darlas a conocer a varios países latinoamericanos, y  con ello esperamos que se pueda dar origen a  la Red Académica de Transparencia, la que podrá formar parte de la red que lidera el Consejo para la Transparencia”.

El especialista de la estatal expresó su satisfacciónm, debido a que este seminario muestra que la U. de Santiago está involucrada con la realidad nacional “y contribuyendo muy fuertemente al quehacer del país en temas tan trascendentes”.

“Con eventos como éste, acercamos al Estado con la ciudadanía y, al mismo tiempo, colaboramos para que las autoridades y lo políticos comprendan que los ciudadanos tienen la capacidad de involucrarse”, finalizó el investigador de la  U. de  Santiago, autor  del libro “La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile".

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