Retraso en la licitación del Transantiago postergará el proceso hasta 2018

El especialista en transporte urbano y académico de nuestra Universidad, Rodrigo Martin, asegura que la decisión del Gobierno de retirar las bases de Contraloría, no dejará espacio para que el concurso sea adjudicado en la actual administración. “El conflicto mayor y que origina este retraso, son las elecciones y no un problema técnico de las bases”, remarca.
Según el especialista, en esta licitación se propone un método de pago por kilómetro, y no por persona, lo que puede generar problemas con la administración de turno en relación a cómo focalizar este incentivo.

El martes pasado (8) el Ministerio de Transportes retiró de la Contraloría General de la República las nuevas bases de licitación del Transantiago. Al respecto, la ministra del ramo, Paola Tapia, descartó que la acción vaya  a retrasar el proceso y aseguró que se encuentran avanzando según los plazos establecidos.

En este contexto, el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, señaló que la decisión hace difícil pensar que el concurso sea adjudicado en el actual Gobierno y que, conforme se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, el problema adquiera un tinte más político que técnico.

De hecho, el experto cuestiona la idea que el retraso se deba a una cuestión meramente técnica. “El conflicto mayor y que origina este retraso son las elecciones”, insiste, por tanto, estima  que cualquier decisión que  se  tome  ahora,  será leída por la ciudadanía como un acuerdo tácito para que el próximo Gobierno la implemente de conformidad a los  actuales  criterios.

Problemas

Martin señala que aún no se han explicado las razones que motivaron al Gobierno a retirar estas bases. Sin embargo, prevé dos causas que podrían haber originado este contratiempo.

En primer lugar, la forma de pago. Según el especialista, en esta licitación se propone un método de pago por kilómetro, y no por persona, lo que puede generar problemas con la administración de turno en relación a cómo focalizar este incentivo.

En segundo término, plantea que proponer la expropiación de terminales para permitir la participación de más empresas y convertir estos lugares en recintos de servicio a la comunidad, va a implicar una gran cantidad de recursos, lo que podría complicar su adjudicación dependiendo de las prioridades que estipulen las próximas autoridades. De allí que “la licitación probablemente quedará para 2018”.

Autor: 
Cristóbal Miranda Ríos