Considerando la baja disponibilidad y el déficit hídrico creciente que afecta a algunas zonas de nuestro país -superando el 35% del territorio- y que están provocando un impacto en las actividades económicas, arriesgando incluso el consumo humano en cuanto a cantidad y calidad, el investigador del Laboratorio de Procesos de Separación por Membranas de nuestra universidad, Dr. Aldo Saavedra Fenogolio, busca impulsar un proyecto de desalinización para riego agrícola a bajo costo a partir de energía solar.

La idea inédita en Chile continental surge a partir de la experticia del académico, quien ha liderado una serie de proyectos relacionados con desalinización, así como la tesis de la egresada Carolina Cuevas, actualmente jefa de Proyecto de Sustentabilidad de Fundación Chile, quien lideró la instalación de la primera planta desalinizadora que funciona con energía solar en Isla de Pascua.

Para impulsar el proyecto, el investigador se encuentra desarrollando una propuesta de validación técnico-económica y experimental de un equipo escala piloto de membranas para desalar agua de mar y su empleo en riego agrícola, que espera consolidar en conjunto al INIA del Ministerio de Agricultura en el sector costero norte de la Región de Valparaíso, en la provincia de Petorca.

Sobre la iniciativa el experto en membranas explica que, “básicamente propende instalar una unidad en una zona que tiene graves problemas de agua como es Petorca. El proyecto pretende enseñar, mostrar la tecnología y bondades que tiene la osmosis inversa para resolver problemas de agua”, puntualiza.

Situación global

A nivel mundial, la desalinización de agua de mar utilizada para consumo humano, fines comerciales, apoyo a los ciclos que utilizan vapor para las plantas termoeléctricas y también para agricultura, ha alcanzado altos niveles.

Se estima que en la actualidad ya son más de 100 millones de toneladas las que se están desalinizando diariamente, a partir de agua de mar, de eso más de la mitad se destina a consumo humano.

Esto considerando el impacto del cambio climático global, la sobreexplotación de recursos hídricos, el deterioro (salinidad, contaminación) de la calidad de aguas aptas para consumo humano y agricultura, que están impactando fuertemente a las economías globales.

Solo en octubre de 2018, la economía de Sudáfrica fue declarada en recesión, debido a un descenso en las actividades agrícolas, de transporte, comercio e industrias debido a la escasez de lluvias.

Chile no es ajeno a dichos impactos. Actualmente, el déficit hídrico  supera el 35% en el territorio nacional, donde las cuencas de la región de Coquimbo presentan el mayor déficit de agua, la brecha supera el 500%.

Sin embargo, si bien nuestro país ha experimentado un enorme crecimiento en el uso de la osmosis inversa (en el tratamiento de agua los sólidos disueltos al generar esta presión quedan retenidos en la membrana y sólo pasa el agua), aún no se ha incursionado en aplicaciones de agua desalada para riego agrícola.

En ese contexto, la propuesta del académico busca estudiar a escala piloto la factibilidad de utilizar agua purificada mediante este sistema.

El investigador ha participado en los últimos cinco años en diversas instancias tales como comisiones de recursos hídricos del Senado y de la Cámara de Diputados, para analizar la desalación de agua de mar como una política para resolver problemas de escasez hídrica en Chile.

En tanto, su departamento firmó el año 2017 un convenio con la Municipalidad de la Ligua, que hoy cuenta con dos plantas. Luego otorgaron apoyo técnico a nivel de capacitación para sus profesionales.

Cabe destacar que la universidad se encuentra participando además en la elaboración de un convenio marco de cooperación en la materia en conjunto al Instituto de Investigaciones Agropecuarias para impulsar colaboración, intercambio y cooperación científica y técnica entre ambas instituciones.

Proyecciones osmosis inversa

Según destaca el investigador, dentro del sistema de osmosis inversa, cada vez están saliendo al mercado internacional mejores bombas, sistemas que recuperan energía, mejores membranas, sistemas de control, todo lo que está reduciendo drásticamente el costo de agua desalada medida por m3 de producto.

Actualmente el valor depende de la escala de producción. “Si hace 20 años se gastaba 5 dólares por m3 de agua desalada, en estos momentos las grandes plantas pueden proveer des 0,7-0,8 dólares el m3, que son del orden de 400-500 pesos chilenos, un valor muy atractivo y rentable para la industria, termoeléctricas, consumo humano y también para cuando se utiliza de manera eficiente para la agricultura”, concluye el investigador.

“El recambio de medidores será voluntario para las personas”. Así lo anunció la ministra de Energía, Susana Jiménez. De esta manera, el Gobierno pretende zanjar la polémica originada por el cambio de los actuales medidores a los llamados inteligentes.

Para el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, la decisión gubernamental es negativa, ya que haría “imposible” alcanzar los objetivos que se plantearon en la norma técnica de 2017, año en que se registró el mayor promedio de horas sin luz para clientes de distribuidoras desde la creación del índice de Duración Promedio de Interrupciones de Sistema (Saidi), en 2012.

“El hecho de que el cambio de medidores pase a ser voluntario mata el proyecto de la medición inteligente, que apuntaba originalmente a mejorar los estándares de seguridad y calidad del suministro”, afirma el Dr. Verdejo. “La posibilidad de modernizar la red de distribución, para incrementar los estándares de calidad y seguridad del suministro, desaparece”, enfatiza.

De acuerdo al Saidi, en 2017 se registró un nivel de 18,77 horas en que los clientes del sector no contaron con el suministro eléctrico en sus hogares. Ese año, se registraron cortes durante el invierno debido a la nevazón que afectó a la Región Metropolitana, afectando a más de 500 mil clientes.

“No estamos en condiciones de soportar otro 2017, de mantener la vulnerabilidad que tiene la red y de que la gente quede sin agua en los edificios cuando no hay electricidad. Hay que hacer una modificación en el corto plazo”, emplaza el académico. “Se debe actualizar la red de distribución desde el punto de vista tecnológico, lo que hace necesario un cambio de la infraestructura a nivel residencial. De lo contrario, la red seguirá operando como lo hace actualmente. Es decir, a través de una red ciega”, agrega.

De acuerdo al Dr. Verdejo, los beneficios de los medidores inteligentes pueden resumirse en cuatro: reducción en los tiempos de reposición del suministro ante cortes de éste; posibilidad de que la gente conozca y aprenda a usar la energía; tener tarifas flexibles; y autogenerar energía a nivel residencial.

“Ya estamos pagando los medidores inteligentes”

Por otra parte, el Dr. Verdejo concuerda con lo expresado por la gerente general de Energética, María Isabel González, para quien la decisión del Gobierno de hacer el cambio voluntario carece de sentido, ya que los usuarios “ya lo estamos pagando en nuestras cuentas”.

“Con el decreto tarifario de septiembre de 2018, se incorporó que para 2019 el 15% de los medidores a nivel nacional debían ser inteligentes, por lo que se introdujo un cargo adicional a la tarifa, para ir prorrateando el costo total de aquí a 2025”, explica. “Nosotros ya estamos pagando los medidores inteligentes, independiente de que los tengamos instalados en la casa”, sintetiza.

Finalmente, subraya la necesidad de modernizar la red. “Actualmente, la electricidad es parte de la canasta básica. Si falla, no tenemos agua, calefacción ni tampoco llevar una vida normal, porque hay personas que dependen de la electricidad. La infraestructura de la red de distribución es muy antigua y ante eventos de gran envergadura no responde bien. Las empresas no son capaces de responder con los estándares que la ciudadanía solicita”, concluye.

Un total de 48 placas de roble provenientes del Palacio Pereira, que fue construido en 1874 por el fránces Lucien Hénault y que actualmente se encuentra en restauración para convertirse en la sede de la nueva institucionalidad cultural del Estado, se transforman en altoparlantes que emiten grabaciones del lugar, revelando el campo acústico del espacio arquitectónico.

El dispositivo de geometría articulada creado por los académicos de la Escuela de Arquitectura de la U. de Santiago, Constanza Ipinza Olatte y Rodrigo Aguilar Pérez, abarca un registro de frecuencias altas y bajas, abordadas como paisaje sonoro y tectónica de muros, que representan huellas audibles e inaudibles del espacio en transformación.

Se trata de “Modular”, prototipo que invita a todo tipo de público de manera gratuita a despertar los sentidos en el Museo de Arte Contemporáneo a través de una experiencia basada en una investigación académica inspirada en los principios de la arquitectura líquida, que busca indagar en las relaciones dinámicas entre sonido, espacio, tiempo y acontecimiento.

“Llegamos al Palacio Pereira, que nos donó las maderas para construir el dispositivo. Ahí hicimos ciertas grabaciones. La instalación resultante es un diálogo entre este dispositivo que va modificando las condiciones acústicas de un espacio y un sonido de los materiales y del espacio donde surgen los materiales”, comenta la arquitecta Ipinza.

Para lograr la recuperación del sonido, los investigadores grabaron las vibraciones producidas en muros, vigas y otras superficies, que captaron con micrófonos de contacto, lo que volvieron audibles aquellas frecuencias que nos resultan imperceptibles.

Por su parte, el arquitecto Aguilar comenta que “en el museo hay una puesta a prueba del dispositivo. Por lo tanto, ese registro nos permitiría demostrar que las condiciones cambiantes del sonido se pueden escuchar mejor en la medida que este dispositivo va modificando su posición, dependiendo si se requiere absorber o reflectar el sonido”.

En ese sentido, enfatiza que “la percepción tradicional del público es que el espacio arquitectónico es algo estático que solamente se ve, se aprecia desde la mirada. Entonces la invitación sería a abrir todos los sentidos, especialmente el oído, para poder entender que el espacio arquitectónico es dinámico y que va cambiando”.

Así también, la académica Constanza Ipinza invita a la comunidad a participar. “El llamado es a la escucha, a poner atención a algo que habitualmente se tiene muy normalizado. Ir, sentarse, estar un tiempo en la sala permitirá ver cómo la arquitectura modifica los sonidos”, puntualiza.

Cabe destacar que la obra fue realizada en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile y Fondart Nacional 2018.

Luego de la detención de Julian Assange tras estar siete años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, han surgido diversos debates sobre la legitimidad de las filtraciones de datos hechas por WikiLeaks. Mientras que el Gobierno estadounidense busca extraditar al ex líder de la plataforma bajo cargos de conspiración para realizar piratería informática, activistas de todo el mundo reclaman por el derecho a la información y transparencia de datos.

En ese sentido, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, Dr. René Jara Reyes, explica que, si bien los datos que fueron publicados por WikiLeaks exponen a ciertas figuras políticas –como Hilary Clinton, ex candidata presidencial estadounidense-, mucha de la información puede ser de interés público. “Cuando hay un interés mayor, es válido escrutar los archivos del poder”, afirma. Según el académico, esto es lo que el periodismo busca defender.

Proyecciones a futuro

El Dr. Jara proyecta que el caso Assange y lo relacionado con WikiLeaks no acabará en el corto plazo. Por un lado, postula que la condena del hacker sea mucho más baja de lo que arriesgaba en un principio, ya que, por ahora, está siendo juzgado en Inglaterra por violar su libertad condicional. Aun así, de ser extraditado a Estados Unidos, “podría presentarse un escenario mucho más largo, donde se va a tener que probar la gravedad de las filtraciones que encabezó Assange”.

Además, destaca que el principal conflicto detrás del caso es la filtración de datos e información confidencial. Si bien el académico expresa que Assange ha perdido poder de movilización en estos años, lo que  podría reflejar “un mal escenario para él y para la libertad de expresión”, agrega que existen diversos activistas y organizaciones internacionales que buscarán repetir la fórmula de WikiLeaks, como también realizar actos “para lograr su liberación”.

Maniobras políticas

Por otra parte, el Doctor en Ciencias Políticas se refiere a las implicancias a nivel político de la decisión del Gobierno ecuatoriano, de entregar a Assange. Al respecto, sostiene que es difícil entender la posición del Presidente de dicho país, Lenin Moreno. “Es tan impredecible como AMLO en México”, considera. Para el experto, dicha postura refleja también “un enfrentamiento entre el ex Presidente Rafael Correa con Moreno”, lo que sería una “pasada de cuenta” por parte del actual Mandatario ecuatoriano.

Finalmente, en cuanto a la postura de Sudamérica frente a Estados Unidos, argumenta que este hecho podría verse como un síntoma del “giro a la derecha” que están experimentando los Gobiernos de la región en general. No obstante, advierte que la entrega de Assange a las autoridades “no ha sido una acción tan contundente como para construir un escenario de cooperación entre  Estados Unidos y América Latina, específicamente con Ecuador”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos bajo tres causales, dando el primer paso para que este se discuta en el Congreso. Dicha iniciativa permitiría que personas con enfermedades terminales o crónicas que sufran dolores intratables, como también pacientes postrados que padezcan “dolores psíquicos”, puedan optar a una muerte asistida.

En ese sentido, la  académica de la Universidad de Santiago y experta en bioética, Dra. Diana Aurenque, señala que, a pesar que la medida es un avance positivo “como política de salud pública y para la libertad de las personas”, el proyecto de ley tiene puntos pendientes que deben zanjarse “para que sea apropiada, liberal y acorde a los tiempos”.

Edad

“Por ejemplo, está la pregunta sobre desde qué edad  las personas pueden determinar esto”, plantea la Dra. Aurenque. La experta explica que, si bien en la mayoría de las legislaciones que permiten la eutanasia los mayores de edad tienen la facultad de decidir morir, “también hay otras que contemplan a menores, siempre y cuando haya consentimiento por parte de los padres”. Lo anterior recuerda el caso de Valentina Maureira, joven de 14 años que en 2015 solicitó a la ex presidenta Michelle Bachelet “dormirla para siempre”, tras padecer fibrosis quística.

“Dolores psíquicos”

En cuanto a los “dolores psíquicos”, la académica sostiene que dicho aspecto hace referencia a personas que están postradas, las cuales consideran que esa no es una manera digna de vivir. Por lo mismo, la profesional apunta a que los pacientes deben contar con el pleno uso de razón para que sea posible aplicarles la eutanasia. Por lo mismo, argumenta que es responsabilidad de especialistas de la salud mental “determinar si el paciente es competente al momento en que decide morir”.

Objeción de conciencia

Otro aspecto que menciona la académica es el de la objeción de conciencia por parte de médicos e instituciones de salud, siendo este el más complejo, tal como se ha visto en la aplicación de la Ley de Aborto bajo tres causales aprobada en 2017. Si bien expone que, con esto, los médicos buscan resguardarse de cometer actos que atenten contra sus bases éticas -como el “no dañar” a un paciente-, la Dra. Aurenque enfatiza en que “sobrecargan a otros médicos a hacer las otras tareas” más difíciles de realizar. Por otra parte, afirma que “si hay financiamiento público, las instituciones deberían realizar todas las prácticas legalmente legítimas”.

La Doctora en Filosofía agrega que la medicina, hoy en día, va más allá de curar enfermedades: también, se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de las personas, lo que a veces implica priorizar un bien mayor. Un ejemplo de esto, menciona Aurenque, serían las cirugías estéticas, en donde se interviene la integridad física con el objetivo de alcanzar “un bienestar psicológico o que la persona esté más conforme con su cuerpo”.

Finalmente, la académica añade que lo más importante dentro de la discusión es que “lo que una persona considera una vida y una muerte digna no puede decidirse desde afuera”, apelando a que no haya presiones tanto de la familia como del Estado en la decisión que un paciente tome respecto a su vida. Además, concluye que es una labor ética de los médicos el “ayudar las personas a que estén mejor”.

La Universidad de Dalhousie (Canadá) firmó el año pasado un convenio con nuestra universidad y la Facultad de Ingeniería con el objetivo de ofrecer capacitación en el desarrollo y la entrega de cursos en inglés para profesores de Ingeniería. El acuerdo busca apoyar a la Facultad en el fortalecimiento de su educación en ingeniería a través del inglés y la calidad del aprendizaje.

Desde noviembre de 2018, los académicos Iván Derpich, Diego Vasco, René Garrido, Cristina Villamar, José Luis Salazar, Felipe Castro, Miguel Maldonado y la coordinadora de inglés del Módulo Básico, Soraya Abarca, realizaron los módulos online del “Programa de capacitación docente para enseñanza en inglés”, el cual finalizó en enero con jornadas presenciales dictadas por la Dra. en Educación Shazia Nawaz, de la Universidad de Dalhousie.

Hace unos días, Jennifer McDonald, representante en Chile del consorcio de universidades canadienses CALDO e integrante de la Universidad de Dalhousie, junto a la vicedecana de Docencia de la Facultad de Ingeniería, Dra. Rosa Muñoz, entregaron las certificaciones que dan cierre a este proceso formativo.

La vicedecana Muñoz destacó el interés y compromiso de los académicos por avanzar en la instalación de nuevas metodologías de entrega del conocimiento a los estudiantes, algo que empezará a ser común en varias asignaturas de Ingeniería.

Por su parte, Jennifer McDonald, de Dalhousie, indicó que “el rol del idioma inglés en la educación superior y en la internacionalización de la labor académica es demasiado relevante, ya que se ha diagnosticado que hay 1200 millones de angloparlantes en el mundo, por lo cual aprender a transferir conocimiento en inglés, utilizando el idioma como una herramienta para lograr ese objetivo específico, es un logro que los académicos Usach sacaron adelante con esta capacitación”.

Los académicos certificados junto al equipo de Armonización Curricular e Internacionalización de la Facultad de Ingeniería, hicieron una última rueda de conclusiones junto a la vicedecana y la representante de la Universidad de Dalhousie, donde establecieron preguntas sobre  la gestión, evaluación e implementación de las prácticas, agradeciendo, además, a la Dra. Nawaz por la claridad en la exposición de la metodología.

El grupo recibió su certificación para  adaptar  lenguaje,  metodologías de enseñanza y  prácticas de evaluación al idioma inglés.

Dalhousie es una de las principales universidades de Canadá y está  clasificada como una de las principales universidades de investigación.

La Reforma Tributaria planteada por el Gobierno sigue generando tensiones entre el oficialismo y la Oposición. Tras el rechazo de la Comisión de Hacienda  a la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo, el miércoles fue aprobada la idea de legislar en el Congreso gracias al apoyo de la bancada DC.

Para la especialista en economía política y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, el aporte que plantea la reforma, del 1% a las regiones (provenientes de proyectos de inversión importantes que se realicen en ellas), contrasta con el que hacen países desarrollados como Canadá, donde dicho porcentaje “va desde el ocho al 15%”. Por lo mismo, advierte que “no es una medida significativa en términos de ingresos”, explicando que la magnitud de esos dineros es demasiado baja. “Por lo tanto, no es una política que beneficie a las regiones”, enfatiza, teniendo esta un carácter más bien simbólico.

Por otra parte, respecto a la reintegración del sistema tributario con la que se esperan recaudar US$ 471 millones, la especialista de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago explica que la propuesta de Hacienda no logrará una recaudación que logre compensar los 800 millones de dólares que costará pasar a un sistema tributario integrado. En ese sentido, advierte que “no hay certeza” de que el 1% de aporte a regiones o la eliminación de exención de contribución de predios forestales, logren recaudar lo que se propone, ya que “son estimaciones”.

Boleta electrónica

Otro de los problemas que menciona la académica dice relación con la recaudación por boleta electrónica, medida con la que se esperaba reunir más de US$ 1.100 millones, y así compensar el costo de implementación de la Reforma Tributaria. “La Reforma está sustentada sobre una cifra que es poco probable que se vaya a cumplir, ya que hay muchos negocios pequeños que no van a tener posibilidades de hacer la transición por problemas de conectividad o de desarrollo tecnológico”, asegura Vera.

Finalmente, la experta estima que no hay certeza respecto de si las medidas compensatorias planteadas dentro de la Reforma tendrán un carácter progresivo o regresivo, “ya que no se conoce la distribución de ingresos que ocurre en esos mercados”.

Este mes de abril se dio inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos de contaminación atmosférica, lo que implica una serie de medidas para combatir los episodios de alta polución del aire en las ciudades de la zona centro-sur de Chile.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que existen problemas en la aprobación de planes anti esmog  y en el reemplazo de la calefacción a leña para dichas regiones.

Si estos planes están siendo puestos en marcha, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, advierte que la mayoría de éstos no han tenido buenos resultados en disminuir las concentraciones de material particulado  (MP) en ciudades como Temuco o Coyhaique. Por lo mismo, señala que es “frustrante” esperar tanto tiempo por la aprobación de medidas que no van a tener efectos significativos en la reducción de contaminantes.

El experto en modelos de pronósticos de contaminación atmosférica apunta a que la principal causa de este problema es que “no se ha abordado con la suficiente urgencia el reemplazar la leña de una manera más rápida”, algo que debe aplicarse, según Pérez, “en la mayoría de las ciudades del sur del país”. Asimismo, agrega que “mientras no reemplacemos la leña de una manera más urgente, no hay posibilidades de que la situación mejore significativamente”.

El académico contrasta la situación de Coyhaique –la ciudad más contaminada de Chile y Sudamérica- con lo que ocurre en Punta Arenas, una de las más limpias del continente. “A pesar de las diferencias climáticas y geográficas, la más grande es en cuanto a la matriz energética y de calefacción, donde en Punta Arenas se centra en sistemas de calefacción a base de gas”, explica Pérez.

El Doctor en Física añade que el uso de leña seca para calefacción tampoco supone una medida eficaz, ya que “que se disminuye un poco (la contaminación), pero no se ataca el problema de fondo”. Finalmente, enfatiza en que otros focos de contaminación, como las termoeléctricas, son emisores tanto de material particulado como de dióxido de carbono (CO2), gases perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Por lo mismo, concluye que “hay que erradicarlas lo antes posible”.

Los alcaldes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea solicitaron el pasado miércoles 3 de abril al gobierno la extensión de la futura Línea 7 de Metro hacia  esta última comuna. De esta forma, el tramo llegaría hasta la intersección de Avenida Las Condes con La Dehesa, dos mil 600 metros más al oriente del trazado original.

Para el arquitecto Rodrigo Martin, académico de la Universidad de Santiago y experto en transporte urbano, este proyecto no supondría un problema de inversión pública siempre y cuando las comunas beneficiadas paguen los costos.  No obstante, hace hincapié en lo ocurrido con la extensión de la Línea 1 hasta Los Dominicos, “en donde hubo un compromiso por parte del municipio de Las Condes para financiar las obras con aportes comunales, pero eso todavía no se concreta”.

Por lo mismo, el arquitecto afirma que “el desarrollo de la Línea 7 hasta el límite de Vitacura es una inversión sumamente grande,  en donde se podrían priorizar otros proyectos de mayor impacto social ubicados en otras zonas de la ciudad”.  Martin enfatiza en que los fondos utilizados para ampliar la red de Metro son de carácter público, y que no es justo “que las comunas que tengan más recursos tomen las decisiones y que las más pobres sean postergadas permanentemente”.

En cuanto a los cuestionamientos a las futuras Líneas 8 y 9 por su supuesta baja rentabilidad social, el académico señala que la extensión de la red hacia comunas como La Pintana o La Florida “tendrían un gran impacto en términos de equidad social”. Asimismo, critica que ese criterio utilizado para evaluar proyectos “no es un problema cuando las comunas tiene los recursos”.

Martin apunta a que el principal problema recae en que “toda la inversión en infraestructura se está localizando en algunos sectores de la ciudad y muy poco en otras”. Para eso, propone que “la autoridad central sea capaz de redistribuir estas capacidades económicas entre diferentes comunas por un bien común” y que así todo Santiago experimente mejoras.

“La incertidumbre en torno a una Reforma Tributaria por supuesto que incide de alguna manera en las decisiones de los agentes económicos”. Fueron las palabras con que el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a la discusión del proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso hace meses y que actualmente lo tiene enfrentado con la oposición, sector que se encuentra a la espera de una nueva propuesta.

Para la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, la iniciativa planteada por el Ejecutivo busca eximir del pago de impuestos a los dueños de las empresas. “Si este proyecto pasa, no será por su sentido de país ni cuidar los recursos públicos o beneficiar a la gente, sino que, necesariamente, por destrabar conflictos de interés”, afirma.

De acuerdo a la especialista, actualmente existen dos sistemas de tributación: uno orientado a las empresas y otro, a las personas. Sin embargo, a su juicio, “lo que quiere hacer esta reforma es generar un sistema integrado único”. Es decir, un sistema donde “se genera un descuento a las personas en base a lo que ya pagaron las empresas”.

La académica considera que una modificación de este tipo, además de ser regresiva, sería “completamente desaconsejable”, ya que generaría  acumulación de capital y una inversión que puede terminar realizándose fuera de Chile. “Plantear una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos y reciban más beneficios fiscales profundiza aún más la desigualdad en el país”, concluye.