Así lo sostiene el experto en políticas públicas, Mauricio Olavarría, quien lanzará próximamente el libro “La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile". Una obra que el BID le pidió escribir y que promete transformarse en un referente para la Región, a la hora de concoer el proceso de instalación de un organismo estatal a cargo de velar por la transparecnia de la acciíon pública.
A pocos minutos de bajar del avión que lo trasladó desde Santiago a Puerto Montt, arriba de un taxi y rumbo a dictar una conferencia, contestó el llamado que dio origen a su nuevo libro. Al otro lado de la línea lo estaban invitando desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a escribir sobre políticas públicas. Así fue como Mauricio Olavarría Gambi, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, inició la gestión de su séptimo libro sobre esta materia, con fecha de lanzamiento para el 15 marzo (a las 8.30 horas, en el Hotel Plaza San Francisco) y que tendrá su versión en inglés para ser distribuido más allá de Latinoamérica.
El autor detalla: “El interés del BID era analizar el proceso de formulación e implementación de las políticas de transparencia en Chile. Aunque estaba el caso de un órgano similar en México, del cual nuestro Consejo para la Transparencia tomó varias lecciones en el sentido de cómo instalar esta política en el país, el BID tenía interés en poder tomar el caso chileno y expandirlo en el resto de Latinoamérica”.
Afanado en los últimos detalles de la obra, titulada "La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile", Olavarría -Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland at Collage Park, Estados Unidos-, evalúa los alcances de este tema en nuestro país.
Explica que “hay países que están bastante interesados en acceder a la información pública, y Chile sirve de guía porque tiene estabilidad institucional y bajos grados de corrupción. Al BID también le importa entender cómo esta inquietud por la formulación de una política pública se tradujo en Chile en la creación de un organismo estatal, cómo se superó este desafío y de qué forma fue recibida la nueva institucionalidad por la ciudadanía”.
El académico de nuestra casa universitaria estatal advierte que respecto al Consejo y su labor, “se dio una contienda por el espacio institucional bastante fuerte, típica del surgimiento de un organismo público. Hubo instituciones que no estaban dispuestas a entregar información, les complicaba por su prestigio institucional o que pudiese ser afectada su influencia. La creación del Consejo para la Transparencia se cruzó con tradiciones organizacionales, por eso resultó compleja”, puntualiza.
“La discusión no fue trivial”
El académico se detiene en el origen de la ley que crea el organismo, y que tiene sus antecedentes en mociones de los senadores Larraín de la UDI y Gazmuri del Partido Socialista, para impulsar reformas legales que permitieran mejorar el acceso a la información. “Eso fue lo que tomó la Presidenta Bachelet para crear la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Y es en su tramitación donde se observó una contienda por el espacio institucional. El Banco Central estimaba que no debía aplicársele esta normativa; lo mismo se pensaba en el Congreso Nacional. Allí se decía que estaba bien la iniciativa, pero no podía ser aplicable porque no era una norma de rango constitucional. La Contraloría, por su parte, consideraba que lo dispuesto en la propuesta se relacionaba con sus atribuciones, pero lo que ocurría es que los ciudadanos no accedían a través de ella a la información. La discusión no fue trivial -enfatiza Olavarría-, pero en la medida que siguió adelante el proceso, cada uno de estos órganos fue colaborando”, subraya.
Opinión pública
El surgimiento de la Ley de Transparencia -narra Mauricio Olavarría- estuvo atravesada por casos de corrupción hacia finales del gobierno de Lagos e inicios del de Bachelet. Eso causó el hastío de la entonces Presidenta. También estaba el tema del mal uso de los programas de empleo de la Quinta Región, vinculado con campañas políticas de senadores y de algún diputados. Ello había generado cansancio también en la ciudadanía, por eso se creó una comisión que apoyaba la Creación del Consejo por la Transparencia, señalada en un informe del gobierno de Frei. Bachelet tomó esta propuesta íntegramente y el Consejo se instaló en abril de 2009.
Consultado por el proceso de implementación del Consejo para la Transparencia, el investigador puntualiza que “su instalación fue bastante rápida, incluso los consejeros no tenían oficinas. En general, fue un tema complejo porque no había expertisse en el tema, entonces el Consejo debió ir llenando los vacíos legales, esperar que el Reglamento de la Ley se dictara. Otro punto importante que ha debido superar es la destinación presupuestaria. Se presentaronconflictos entre el Consejo y el gobierno anterior y el actual respecto de la asignación presupuestaria para habilitar, por ejemplo, un software que permita llevar un registro de las demandas ciudadanas. Conflictos fuertes que determinaron que, recientemente, no se le renovara el nombramiento a Raúl Urrutia (abogado, ex diputado, RN)".
Rechazo al secretismo
Consultado por la actitud ciudadana frente a materias relacionadas transparencia y acceso a la información pública, Olavarría asegura que “el Consejo ha ido enfrentando el desafío de ser conocido por los ciudadanos y generar confianza en ellos, para lograr convertirse en una fuente de acceso a la información para la gente común, con el fin de que se enteren, por ejemplo, de cómo postular a un subsidio habitacional, cómo se resuelven estas postulaciones; cómo se toman las decisiones en el Estado. Ha sido un instrumento de profundización muy importante para la democracia en el país, que está menos opaco. Es decir, ha aportado porque permite conocer los procesos del Estado, evitando el secretismo que nos caracterizó por siglos”.
Concluye que la obra, próxima a su lanzamiento en el mes de marzo, “pone a disposición de los lectores información muy importante, sobre cómo se formuló la política de transparencia en Chile, los obstáculos que debió enfrentar y cómo se dio el proceso de instalación y gestión estratégica de un órgano fundamental para la profundización de la democracia. Lo segundo, es que muestra, también, estas lecciones al resto de Latinoamérica, las restricciones que se enfrentan cuando se instala un organismo de esta naturaleza y cómo poder superarlas. Entrega a quienes deban tomar decisiones en otros países, las claves de cómo se da este proceso y la experiencia de instalar un órgano que aporte a los ciudadanos”.
El autor detalla: “El interés del BID era analizar el proceso de formulación e implementación de las políticas de transparencia en Chile. Aunque estaba el caso de un órgano similar en México, del cual nuestro Consejo para la Transparencia tomó varias lecciones en el sentido de cómo instalar esta política en el país, el BID tenía interés en poder tomar el caso chileno y expandirlo en el resto de Latinoamérica”.
Afanado en los últimos detalles de la obra, titulada "La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile", Olavarría -Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland at Collage Park, Estados Unidos-, evalúa los alcances de este tema en nuestro país.
Explica que “hay países que están bastante interesados en acceder a la información pública, y Chile sirve de guía porque tiene estabilidad institucional y bajos grados de corrupción. Al BID también le importa entender cómo esta inquietud por la formulación de una política pública se tradujo en Chile en la creación de un organismo estatal, cómo se superó este desafío y de qué forma fue recibida la nueva institucionalidad por la ciudadanía”.
El académico de nuestra casa universitaria estatal advierte que respecto al Consejo y su labor, “se dio una contienda por el espacio institucional bastante fuerte, típica del surgimiento de un organismo público. Hubo instituciones que no estaban dispuestas a entregar información, les complicaba por su prestigio institucional o que pudiese ser afectada su influencia. La creación del Consejo para la Transparencia se cruzó con tradiciones organizacionales, por eso resultó compleja”, puntualiza.
“La discusión no fue trivial”
El académico se detiene en el origen de la ley que crea el organismo, y que tiene sus antecedentes en mociones de los senadores Larraín de la UDI y Gazmuri del Partido Socialista, para impulsar reformas legales que permitieran mejorar el acceso a la información. “Eso fue lo que tomó la Presidenta Bachelet para crear la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Y es en su tramitación donde se observó una contienda por el espacio institucional. El Banco Central estimaba que no debía aplicársele esta normativa; lo mismo se pensaba en el Congreso Nacional. Allí se decía que estaba bien la iniciativa, pero no podía ser aplicable porque no era una norma de rango constitucional. La Contraloría, por su parte, consideraba que lo dispuesto en la propuesta se relacionaba con sus atribuciones, pero lo que ocurría es que los ciudadanos no accedían a través de ella a la información. La discusión no fue trivial -enfatiza Olavarría-, pero en la medida que siguió adelante el proceso, cada uno de estos órganos fue colaborando”, subraya.
Opinión pública
El surgimiento de la Ley de Transparencia -narra Mauricio Olavarría- estuvo atravesada por casos de corrupción hacia finales del gobierno de Lagos e inicios del de Bachelet. Eso causó el hastío de la entonces Presidenta. También estaba el tema del mal uso de los programas de empleo de la Quinta Región, vinculado con campañas políticas de senadores y de algún diputados. Ello había generado cansancio también en la ciudadanía, por eso se creó una comisión que apoyaba la Creación del Consejo por la Transparencia, señalada en un informe del gobierno de Frei. Bachelet tomó esta propuesta íntegramente y el Consejo se instaló en abril de 2009.
Consultado por el proceso de implementación del Consejo para la Transparencia, el investigador puntualiza que “su instalación fue bastante rápida, incluso los consejeros no tenían oficinas. En general, fue un tema complejo porque no había expertisse en el tema, entonces el Consejo debió ir llenando los vacíos legales, esperar que el Reglamento de la Ley se dictara. Otro punto importante que ha debido superar es la destinación presupuestaria. Se presentaronconflictos entre el Consejo y el gobierno anterior y el actual respecto de la asignación presupuestaria para habilitar, por ejemplo, un software que permita llevar un registro de las demandas ciudadanas. Conflictos fuertes que determinaron que, recientemente, no se le renovara el nombramiento a Raúl Urrutia (abogado, ex diputado, RN)".
Rechazo al secretismo
Consultado por la actitud ciudadana frente a materias relacionadas transparencia y acceso a la información pública, Olavarría asegura que “el Consejo ha ido enfrentando el desafío de ser conocido por los ciudadanos y generar confianza en ellos, para lograr convertirse en una fuente de acceso a la información para la gente común, con el fin de que se enteren, por ejemplo, de cómo postular a un subsidio habitacional, cómo se resuelven estas postulaciones; cómo se toman las decisiones en el Estado. Ha sido un instrumento de profundización muy importante para la democracia en el país, que está menos opaco. Es decir, ha aportado porque permite conocer los procesos del Estado, evitando el secretismo que nos caracterizó por siglos”.
Concluye que la obra, próxima a su lanzamiento en el mes de marzo, “pone a disposición de los lectores información muy importante, sobre cómo se formuló la política de transparencia en Chile, los obstáculos que debió enfrentar y cómo se dio el proceso de instalación y gestión estratégica de un órgano fundamental para la profundización de la democracia. Lo segundo, es que muestra, también, estas lecciones al resto de Latinoamérica, las restricciones que se enfrentan cuando se instala un organismo de esta naturaleza y cómo poder superarlas. Entrega a quienes deban tomar decisiones en otros países, las claves de cómo se da este proceso y la experiencia de instalar un órgano que aporte a los ciudadanos”.
