Una encuesta implementada por la Usach y otras dos universidades chilenas a 2.784 residentes de Santiago, Chillán y Concepción, revela que más de un 45 por ciento de las familias de dichas zonas no se han alimentado con normalidad durante las últimas semanas. Lo anterior, producto del avance del COVID-19 en el país.
El sondeo, desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach (FACIMED), la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Biobío, consultó a docentes, estudiantes y funcionarios y funcionarias de dichas Casas de Estudios. En representación de la U. de Santiago, participaron como parte del equipo técnico los académicos Dr. Tito Pizarro y la nutricionista Daniela González.
Los resultados
Entre las conclusiones que la encuesta entrega, destaca que el 60 por ciento de las y los encuestados expresó preocupación por no tener suficientes víveres durante la emergencia sanitaria, mientras que cuatro de cada diez familias debieron cambiar su alimentación en el último tiempo. Según el Dr. Tito Pizarro, vicedecano de Docencia de FACIMED, factores como la falta de recursos, la pobreza y la poca disponibilidad de productos gatillan lo anterior.
Además el 80 por ciento de las familias señaló que los alimentos saludables como legumbres, frutas, verduras, agua y lácteos no deberían faltar en su dieta. El 70 por ciento afirmó que presta atención a los sellos de advertencia presentes en los productos al momento de las compras, lo que grafica la preocupación por adquirir comida sana durante la pandemia.
Justamente, son los alimentos saludables a los que la población no está accediendo, detalló Pizarro, quien agregó que este problema surge desde antes de la llegada del COVID-19. “La encuesta CASEN de 2017 mostraba que el 20 por ciento de la población chilena no tenía acceso a alimentos saludables porque no tenía recursos”, detalla.
En un país donde más de la mitad de la población sufre sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la falta de alimentos saludables y el avance del Coronavirus podrían agravar la situación sanitaria. “Un porcentaje alto de la gente que muere por COVID-19 son hipertensos, diabéticos u obesos. Esas tres enfermedades están vinculadas a la mala alimentación”, recalcó Pizarro.
Mayor intervención estatal
Para combatir la inseguridad alimentaria durante la pandemia, el estudio apunta a que la alimentación saludable sea una prioridad en cuanto a políticas públicas. Entregar canastas de alimentos con productos libres de sellos de advertencia, implementar impuestos saludables y rearticular la red de emergencia para la entrega de comida son algunas de las recomendaciones emanadas de la investigación.
También se sugiere potenciar aquellos puntos de abastecimiento en donde es posible comprar comida saludable, como las ferias libres, verdulerías y almacenes locales. Según la encuesta, más del 75% de las familias realiza sus compras en dichos lugares, en donde se pueden adquirir los productos que las personas consideran indispensables.
Respecto a las cajas de alimentos que el Gobierno está distribuyendo, el Dr. Pizarro planteó que la medida, si bien es positiva, es insuficiente. “Hay que avanzar en que esto es un problema estructural en el país”, lo que debería traducirse en una política pública a largo plazo que asegure el “derecho a la alimentación saludable”, aseveró el académico.
