Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y debate en torno a las experiencias constitucionales en materia de transparencia, probidad y corrupción, en el marco del debate constitucional en Chile, ayer miércoles 24 se realizó un seminario en línea, organizado por el Centro de Estudios del Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago, en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades. 

 

La actividad desarrollada bajo el título “Transparencia, probidad y corrupción: Municipios y Nueva Constitución” presentó un panel integrado por el profesor asociado de nuestra Universidad, doctor en Gobierno y Administración Pública y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de Chile, Bernardo Navarrete. 

 

Además, fueron parte del espacio, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Ciencia Política y de la Administración, Manuel Villoria Mendieta, y el abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Francisco Zúñiga Urbina.

 

A cargo de las palabras iniciales, estuvo el rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, quien, en primer lugar, valoró la “alianza virtuosa” entre el Plantel y la Asociación de Municipalidades, destacando la importancia de abordar estos temas en el actual escenario de cambio constitucional. 

 

“Ciertamente que, como país, hemos avanzado en descentralización, transparencia y probidad en el Estado, pero ello no ha sido suficiente para detener los hechos de corrupción y el mal uso del poder y de los recursos públicos. En parte, estos problemas han propiciado la actual situación institucional, social y política, y hoy estamos en un momento en que tenemos la oportunidad de impulsar cambios desde una nueva carta magna”, señaló el rector.

 

A juicio del Dr. Zolezzi, temas como la probidad, la transparencia y la corrupción son el desafío de la democracia y por lo tanto, “debemos aprovechar este momento al máximo para impulsar una democracia más fortalecida para el desarrollo de una sociedad en sintonía con los retos del siglo XXI”.

 

A su vez, el alcalde de Puerto Natales y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes Mansilla, agradeció a la Usach por organizar el evento “y trabajar en conjunto estos últimos años en pos de mejores gobiernos locales para Chile”.

 

“En nuestro esfuerzo permanente de representar y mejorar las condiciones de todas las municipalidades del país, creemos que tenemos que aportar a la discusión que ocurrirá en la convención constituyente en variados temas que nos afectarán como gobiernos locales. Es por eso que, como Asociación, estamos trabajando con prestigiosas universidades como la Universidad de Santiago, para generar un documento que contenga todas las principales preocupaciones y propuestas constitucionales desde el municipalismo para la nueva constitución”, señaló el alcalde. 

 

Luego del evento, el director de CEF Usach, Víctor Caro Castro, realizó un positivo balance del encuentro en línea.

 

“Se cumplieron completamente nuestras expectativas. Tuvimos más de 100 asistentes y, además de la calidad de los panelistas, creo que la discusión que se genera en torno a estos temas contribuye directamente al debate democrático para construir una nueva Constitución que era el objetivo detrás de este trabajo”, manifestó Caro, añadiendo que este seminario es un hito entre muchos otros que se espera desarrollar más adelante. 

 

 

Durante la actividad moderada por Joselyn Sánchez y transmitida por el canal de YouTube de la Universidad y de CEF Usach, el panelista Manuel Villoria formuló un repaso histórico sobre la experiencia española para enfrentar el problema de la corrupción en el país europeo.

 

El experto relató que en 1994 la corrupción en España estaba considerada entre los principales problemas a nivel nacional. Entonces se dio un “primer paso”, aunque, a su juicio, “insuficiente”, con la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

 

Luego, en 2009, estallaron grandes escándalos de corrupción (Casos Gürtel y Palma Arena). “Solo ese año 252 políticos fueron arrestados”, señaló el catedrático.

 

Posteriormente, como resultado del movimiento social 15M, entre 2014 y 2016 “hubo un acuerdo entre los partidos y se desarrollan una serie de leyes y políticas para la regeneración democrática y luchar contra la corrupción”. 

 

“Se aprobó la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información; se modifica el sistema de financiación de los partidos con una nueva ley orgánica, se reforma el Tribunal de Cuentas, la Ley de Contratos, la Ley de Función Pública, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial”, relató Villoria. 

 

Y como consecuencia de estas medidas, mientras en 2015 fueron acusadas por corrupción 728 personas, esta cifra bajó a 442 en 2016, 400 en 2017, 280 en 2019 y apenas 200 en 2020, según los datos compartidos por el académico. 

 

Desde la óptica chilena, el abogado Francisco Zúñiga también se refirió a los antecedentes históricos de acciones en pro de la transparencia y probidad, desde el Plan de Hacienda de 1817 hasta la Comisión Engel de 2015.

 

“Si hiciéramos un balance, tenemos una frondosa legislación que se hace cargo de transparencia, probidad, corrupción y, por tanto, cuando discutimos sobre contenidos en la nueva Constitución, tendremos que, necesariamente, hacer el balance crítico para medir qué normas de principios, qué reglas, qué institucionalidad se diseña para abordar las cuestiones relativas a transparencia, probidad y corrupción”, señaló el jurista. 

 

En tanto, el académico de la Universidad de Santiago, Dr. Bernardo Navarrete, también se refirió  a la situación chilena, especialmente a la percepción de probidad y transparencia desde los gobiernos locales, y expuso los resultados de una encuesta de transparencia realizada en 129 municipios en el contexto del proceso constituyente.

 

Algunos de los resultados arrojaron que solo el 53,1% de las y los encuestados en las municipalidades de Chile declararon haber recibido capacitación en la Ley de Transparencia de la Función Pública, mientras en el 70% de los municipios consultados no existiría algún código o reglamento sobre ética o probidad exigibles para todos los funcionarios.