Con 130 votos a favor, de 155 parlamentarios que componen la Cámara de Diputados, se despachó hacia el Senado el proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. La contundente votación para aprobar este proyecto, contrario a la definición del Gobierno sobre esta materia, fue incluso mayor que la que aprobó el primer retiro del 10% en julio de 2020 y que alcanzó 95 votos a favor. De hecho, esto supera con creces el quórum de 3/5 que había sido definido para la votación, e incluso los 2/3 que habían sido señalados por el gobierno como necesarios, y descarta la estrategia del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional.

Esta votación tiene una relevancia política que no sólo reside en el golpe que se da a uno de los proyectos emblemáticos de la derecha conservadora en Chile, el actual sistema de pensiones, si no que viene a ratificar la incapacidad del gobierno de alcanzar mayorías en el Congreso, lo que pone una vez más de manifiesto las dificultades del régimen político chileno en cuanto a la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La defensa del modelo de seguridad social en Chile, las AFP, ha sido uno de los baluartes de la derecha conservadora porque es un ejemplo concreto del modelo de desarrollo basado en el individualismo y donde el Estado tiene un rol subsidiario. Esa defensa muestra la sobre-ideologización de los sectores de gobierno, ante un sistema que a vista de todos es insuficiente para garantizar seguridad social a quienes se jubilan.

Esa visión sobre el desarrollo del país se ha hecho más patente en un contexto de pandemia, con la consiguiente crisis económica y social. Ante la inseguridad y vulnerabilidad de empleos precarios, y de un gobierno que no está disponible a proveer desde el Estado beneficios directos para solventar la crisis económica que viven miles de familias, la posibilidad de recurrir a los fondos de pensiones, que además son de capitalización individual, se instala como una solución deficiente, pero la única posible en el contexto actual. Eso desde la perspectiva del proyecto en sí.

Otro elemento a considerar para explicar cómo un proyecto que no tiene apoyo del Ejecutivo logra 130 votos en la Cámara de Diputados, y su probable aprobación en el Senado, tiene que ver con un sistema político que tiene tal tensión en la relación Ejecutivo-Legislativo, que tiende a trabar y bloquear (1) una relación que debe ser fluida. Para lograr este quórum se hizo necesario no sólo la unidad de toda la oposición, si no contar con los votos de parlamentarios y parlamentarias de la coalición de gobierno, lo que incluso fue anunciado explícitamente antes de la votación tanto desde la UDI como de RN.

El distanciamiento de los parlamentarios de Chile Vamos de las posiciones del Ejecutivo se da por varias razones. La primera, es la incapacidad del gobierno de dar respuesta a una demanda real y concreta, que es la necesidad de un número importante de familias de tener ingresos para hacer frente a la actual situación económica y social. La Fundación Sol en su estudio, “Los verdaderos sueldos de Chile”, ha señalado que más de un 50% de los trabajadores en Chile gana menos de $400.000 y que están altamente endeudados. Esos trabajadores son los electores de los parlamentarios y parlamentarias, quienes buscan dar respuestas a esas preocupaciones ciudadanas, incluso más allá de las definiciones del gobierno. No están disponibles a arriesgar su re-elección por un gobierno a la deriva.

Una segunda razón es la incapacidad del Gobierno de formar mayorías parlamentarias. Esa incapacidad parece también falta de voluntad de construir esas mayorías. El gobierno del presidente Sebastián Piñera se inaugura en marzo de 2018 con minoría en ambas cámaras, con un Congreso además que tiende a la fragmentación (17 partidos con representación parlamentaria) y con partidos políticos debilitados, lo que dificulta aún más la conformación de alianzas políticas sólidas. A pesar de ese escenario, el Ejecutivo asume una política que busca avanzar en sus propuestas, ignorando las reticencias en el Congreso y la expectativa de los parlamentarios de avanzar en una legislación que busque resolver demandas de la ciudadanía.

Un tercer factor es más coyuntural, el resultado del plebiscito nacional por la nueva Constitución donde un 78% del electorado optó por el Apruebo y la Convención Constitucional, sin duda genera más presión sobre una élite política cuestionada, que además enfrentará en 2021 y 2022 un ciclo electoral que pondrá a prueba la capacidad del sistema político de mostrar sensibilidad frente a los problemas de la ciudadanía.

(1) En el libro en coautoría con Nicolás Eyzaguirre y Tomás Jordán “Crisis del híper-presidencialismo chileno y nueva constitución: ¿cambio al régimen político?” Santiago: FLACSO Chile, definimos nuestro régimen político como trabado y bloqueado.