Con el objetivo de analizar y debatir sobre el financiamiento fiscal para la Educación Superior y contribuir a la discusión nacional respecto del proceso de reforma en curso, este jueves (22) se reunieron en la Universidad de Santiago de Chile diversos protagonistas en el contexto del "Segundo seminario tópicos de la Educación Superior: Propuestas y alternativas de financiamiento", organizado por el Observatorio de Educación Superior (Obesup) de las Universidades del Estado de Chile junto a esta Casa de Estudios estatal y pública.
Con el Salón de Honor como escenario, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, encabezaron el encuentro que contó con exposiciones de académicos e investigadores expertos en la materia.
Fortalecer a las universidades estatales
“Se ha consolidado un financiamiento a la demanda que en ningún caso pone el foco en el fortalecimiento de las instituciones públicas de educación superior”, cuestionó el Rector Juan Manuel Zolezzi dentro de su presentación, asegurando que el Estado ha desatendido la responsabilidad que le compete con sus universidades.
“La evidencia histórica da cuenta de las diferencias que hemos debido afrontar como universidades estatales, al competir hoy con reglas distintas, por lo que exigimos que exista un justo trato”, planteó la autoridad, añadiendo que “las universidades estatales empobrecidas no le sirven a los chilenos. Necesitamos instituciones estatales fortalecidas, pues es la única manera de dar el salto al desarrollo”.
Incluso recordó que el monto del Convenio Marco de 2015 fue de 34 mil 80 millones de pesos, mientras que el de 2016 fue de 33 mil 647 millones de pesos, sin considerar la creación de dos nuevas universidades estatales. “De esta manera vemos que existe un estancamiento en los recursos otorgados para las instituciones de carácter estatal, lo que resulta un despropósito”, cuestionó.
Por ello, no dudó en aseverar que “el proyecto de ley reafirma los temores de muchos, en el sentido de que la reforma a la Educación Superior no hace otra cosa que legitimar y profundizar un modelo prominentemente privado y donde el Estado está al servicio de los intereses particulares, desconociendo su responsabilidad con la educación pública”.
Igualar las condiciones y el control de los recursos
A propósito de la presentación del “Informe de ejecución presupuestaria en Educación Superior. Análisis de la Contraloría General de la República en el período 2011 – 2015”, el Contralor Jorge Bermúdez, junto con resaltar el necesario cuidado y buen uso que debe darse a los recursos públicos, recordó que el financiamiento fiscal a la educación superior en 2015 fue de dos mil 300 millones de dólares, mientras que este año aumentó a dos mil 500 millones de dólares, “de los cuales un porcentaje minoritario se destina a las universidades estatales, pues la mayor parte va a las instituciones privadas”.
En ese sentido, apuntó a las injusticias que se producen en el sector de la educación superior. “Si el rector de la Universidad Católica de Valparaíso decide construir un campus, además de la aprobación de su consejo superior necesita financiamiento. Pero si decide construirlo con una empresa que es de su hermano, no hay ningún problema y nadie le dirá que no. Si el rector de la Universidad de Santiago decide hacer eso, estaría cometiendo un delito”, ejemplificó el Contralor.
En consecuencia, manifestó que se trata de una clara diferencia de trato que existe entre las universidades, en un contexto de competencia por la matrícula. “Si van a competir, debe darse en igualdad de condiciones”, exigió, instalando su preocupación sobre el destino y uso de los recursos públicos. “El 2016, producto de la implementación de la gratuidad, la universidad que más recursos públicos recibió fue una privada, la Universidad Nacional Andrés Bello, con más de 53 mil millones de pesos”, precisó Jorge Bermúdez.
“La pregunta que uno se hace, solo por sentido común, es si es posible que esos recursos no tengan ningún control, que se entregue como una especie de cheque en blanco. La respuesta debe ser negativa”, afirmó categórico. “Desde la mirada en la que me encuentro hoy, también me merece una cierta crítica el proyecto de reforma de la Educación Superior, porque lejos de establecer controles sobre los recursos públicos, lo que hace es quitarlos, lo que evidentemente nos preocupa”, finalizó.
Incierto futuro legislativo
Como director ejecutivo del Obesup, el Dr. Tito Flores Cáceres, destacó la gran interrogante que existe respecto del futuro del proyecto de ley que se tramita en el Congreso. “Algunos plantean que debe retirarse para hacerle una cirugía. Otros dicen que lo mejor es fragmentarlo y mejorarlo por partes. Pero tenemos una tercera alternativa, que podría ser la más interesante desde el punto de vista del Observatorio, que se relaciona con la posibilidad de una indicación sustitutiva”, detalló.
Cabe destacar que durante el seminario también expusieron el Dr. Enrique Fernández, académico de la Universidad de Tarapacá e Investigador asociado del Obesup, sobre “Política pública de Educación Superior: Áreas de desarrollo y fuentes de financiamiento”; la Dra. Carolina Guzmán, académica de la Universidad de Valparaíso y también investigadora asociada del Obesup, sobre “Propuesta de financiamiento del sistema de universidades estatales”; y el jefe del área de Empresas Públicas y Universidades de la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la República, Nicolás Espinoza.
