Opinión del Dr. Luis Garrido-Vergara y de la Dra. Karina Arias Yurisch, Académicos Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Usach:

¿Por qué seguimos protestando?

El presidente Piñera anunció un conjunto de medidas específicas para poder reducir -en parte- una crisis sin precedentes vivida en el país luego del retorno a la democracia. Las medidas anunciadas abarcan una serie de aspectos sin duda relevantes para Chile: aumento de un 20% en la pensión básica solidaria y de 20% en el aporte previsional solidario, la creación de un ingreso mínimo garantizado de $ 350 mil, anular el alza de 9,2% en las tarifas eléctricas, subir el impuesto a las personas que ganan sobre $ 8 millones y reducir las dietas parlamentarias.
Bajo un contexto no democrático como el estado de emergencia, era impensable avanzar en la discusión de la agenda de políticas redistributivas como en la estabilización del malestar social. Se hace aun difícil predecir que la ciudadanía no seguirá protestando, en las calles y con cacerolazos, cuando la desigualdad no es abordada desde una solución efectiva de redistribución.

La respuesta del gobierno a las últimas y masivas manifestaciones realizadas en todo el país ha sido instalar una agenda social en términos distributivos más que redistributivos, siendo este último el real problema que enfrenta nuestro país. Es la desigualdad socioeconómica y política, lo que se expresa en las calles de las distintas regiones, la cual solo puede ser abordada por políticas redistributivas. Entonces, ¿qué podría explicar esta decisión por parte del Presidente?

Las políticas distributivas proveen beneficios a grupos específicos en una base no competitiva donde se distribuyen los costos en la población, por lo cual no es sorprendente encontrar poco conflicto legislativo, dado que la aprobación da ventajas políticas a quienes den apoyo a esas leyes. En otras palabras, el juego político posibilita estrategias de no interferencia lo que favorece el actuar del gobierno. En cambio, las políticas redistributivas envuelven amplias categorías de ciudadanos (usualmente asociadas a clases sociales) que buscan beneficiar a muchos a costa de la pérdida de unos pocos.  En este caso se da el conflicto ideológico entre los que dejan de sus privilegios y los que reciben beneficios (Lowi, 1964). En este contexto, el Gobierno evita promover reformas que resulten costosas políticamente.

¿Cómo esperar estabilizar el estallido social si no se pone el foco en el problema de fondo?. La única manera de abordar el malestar social es a través de reformas redistributivas que sean legitimadas por la ciudadanía a través de acuerdos entre todos los actores involucrados en el proceso político de las políticas públicas. Es por esto que hoy más que nunca, se requiere de un esfuerzo de la clase política y del ejecutivo para estar a la altura de las circunstancias actuales, más allá de las diferencias entre los partidos políticos y los poderes del Estado.

Bajo un contexto no democrático como el estado de emergencia, era impensable avanzar en la discusión de la agenda de políticas redistributivas como en la estabilización del malestar social. Se hace aun difícil predecir que la ciudadanía no seguirá protestando, en las calles y con cacerolazos, cuando la desigualdad no es abordada desde una solución efectiva de redistribución.