El año 2021 supondrá una vorágine de elecciones y de definiciones que tendrán amplias consecuencias sobre el destino del país y sobre la orientación de su modelo de desarrollo. A la vez, como un sustrato más o menos visible que condicionará esos procesos, permanecerá un grave problema de desempleo.

De acuerdo a las cifras más recientes del INE, se habían recuperado a noviembre de 2020 unos 844 mil de los 1,9 millón de empleos perdidos entre marzo y julio .La etapa más álgida de la crisis sanitaria fue seguida tanto de la relajación progresiva de las restricciones como de la reactivación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año, fruto de un impulso monetario y fiscal y del retiro de fondos desde las AFP y del uso de los recursos del Seguro de Cesantía para sostener la suspensión de contratos o la pérdida de empleo.

El empleo recuperado representa  el 45% del empleo perdido. La brecha pendiente de colmatar para volver al nivel de empleo del primer trimestre de 2020 es aún de poco más de un millón de puestos de trabajo. Las personas desocupadas que buscan empleo sumaron 954 mil, pero existe otro 1,3 millón de personas dispuestas a trabajar, aunque han desistido de buscar un puesto de trabajo.

La tasa de desempleo total calculada por el INE con estos dos componentes alcanzó un 22,8 %. Los que buscan trabajo sin encontrarlo o bien están disponibles para trabajar suman 2,3 millones de personas. En abril y mayo, los empleos asalariados formales, que realizan más del 70% de la actividad productiva, disminuyeron en 463 mil, de los cuales se han recuperado solo 49 mil (el 10,6 %).

El empleo informal y por cuenta propia ha sido el más afectado por la crisis, con dos tercios de las pérdidas, y a la vez constituye el grueso de los empleos recuperados. Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales.

Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría cinco años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitaría 10 años para recorrer ese camino. La recuperación del empleo dependerá de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la magnitud de la contribución del subsidio a la creación de nuevos empleos.

A lo anterior hay que agregar todas las incógnitas sobre el control de la pandemia, con la esperanza de que se logre que 15 millones de personas estén vacunadas a junio contra el COVID-19. Pero a nadie escapará que el rebrote principal a esperar es el de la rebelión social, cuya magnitud entre octubre y diciembre de 2019 sería un error subestimar o considerar como un episodio puntual. El desempleo pesará, junto a otros temas sociales como el acceso a la salud y las pensiones, en las decisiones de 2021 y en el clima general del país. Se ha creado un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar 1,3 millones de subsidios al empleo.

La información del Ministerio del Trabajo indica que entre el 29 de septiembre y el 9 de diciembre unas 40 mil empresas postularon a 265 mil trabajadores a  este subsidio, un 64% de los cuales se dirige a nuevas contrataciones y un 36% a reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por las cuentas individuales del seguro de cesantía. El bajo número de interesados no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de pensar en emplear a nadie, con o sin subsidio. Lo que pone en el tapete la necesidad de un mayor estímulo fiscal con impacto macroeconómico que permita una recuperación más consistente. Pero el efecto microeconómico de este subsidio puede ser solo el de disminuir el costo laboral para las empresas por empleos que se reanudarían o crearían independientemente de su aplicación.

Si el objetivo gubernamental es acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y sustituir definitivamente el Ingreso Familiar de Emergencia por la vuelta al empleo (programa que dejó de funcionar en octubre pasado), el mecanismo adecuado parece ser el de ampliar con más contundencia los programas de creación directa de empleo en infraestructura, que ya ha visto aumentar los recursos para vivienda. Pero será también necesario poner en marcha nuevos programas de servicios a las personas y de cuidado al medioambiente, de modo de cubrir necesidades sociales insatisfechas y al mismo tiempo crear puestos de trabajo que permitan mantener en actividad a las personas que no encontrarán un empleo formal -cuyo volumen apenas crece- por un período prolongado o se mantendrán en trabajos precarios e inestables por cuenta propia y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

Frigolett  sostuvo que “el seguro de cesantía debió ser más agresivo con una cobertura del 70% perfectamente financiable”  y más flexible para, por ejemplo, trabajadores de hoteles, del comercio y  de restaurantes.

Dijo, además, que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha funcionado muy mal pues no han llegado los recursos. Y sobre las políticas públicas del actual Gobierno  remarcó que “hay una gestión deficiente”.

El economista y académico de la Usach recordó que otros Estados, como los europeos, han dado una renta universal para poder solventar la crisis por las restricciones sanitarias, ya que “todos los hogares resienten la reducción de ingresos” y agregó que si fuera real el 12,2% del desempleo informado por el INE no tendríamos la crisis que se evidencia de manera transversal y la cantidad de ollas comunes que hoy existen.

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Una caída de 3,3% anotó el Índice Mensual de Actividad Económica en el mes de noviembre. La cifra informada por el Banco Central es mejor de lo que se esperaba, ya que el mercado anticipaba una baja de 3,5%.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, la situación “demuestra el estado de desarrollo económico como país. Los comportamientos se mantienen estables. No crecemos demasiado, ni tampoco caemos tan drásticamente”, sostuvo.

El también economista y académico de la FAE de la Usach, Gonzalo Martner, concordó en que el efecto del estallido social no será tan “catastrófico” como el que se prevé. “Esta economía demuestra capacidad de adaptación”, enfatizó.

Hacienda mantiene proyecciones

Tras conocerse el Imacec, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mantuvo la proyección de crecimiento de 1% para 2019 y enfatizó en que “estamos en un momento económico complicado, eso no ha cambiado".

Para Salas, “el ministro prevé que diciembre se comportará mal y que volverá a ser negativo. Lo que está previendo es que no lo acusen de optimista. Es una señal de cautela”, afirmó.

Para Martner, la caída en el ritmo de crecimiento ya venía produciéndose desde antes de octubre. “La economía no venía bien, por lo que no es justo que se atribuya a los hechos sociales de octubre y noviembre un deterioro que venía de antes”, sostuvo.

Desempleo

Por su parte, la tasa de desocupación nacional durante el trimestre móvil septiembre-noviembre llegó a 6,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra muestra un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior.

Al respecto, Salas consideró que la tasa es aceptable y no tan “desesperante” como la que se había previsto en un principio. El mercado esperaba que la cifra estuviera en 7,6%.

Para Martner, “parecía que el Gobierno preveía una hecatombe para el mes de noviembre, y las cifras de octubre y noviembre en materia de empleo, indican un cierto deterioro, pero bastante limitado”, concluyó.