En el mismo mes en que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia – y que se reconoce la exclusión de la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades por la OMS, el 17 de mayo de 1990 – se comete el brutal ataque lesbicida contra cuatro mujeres en el barrio de Barrancas, en Buenos Aires.

Este crimen nos golpea por su particular crueldad para recordarnos que, pese a los avances legales en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+, nuestra comunidad sigue viviendo discriminación, desigualdad, exclusión y violencia de manera desproporcionada.

Este ataque inhumano no es aislado. Es el resultado de una cultura de discriminación que se sustenta en un sistema social jerárquico, patriarcal y cisheteronormado que promueve, justifica y amplifica la violencia hacia colectivos históricamente estigmatizados y vulnerabilizados a través de la diseminación de discursos de odio que castigan, denostan y deshumanizan a las identidades, expresiones o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. 

Lamentablemente, estos discursos hostiles se multiplican de forma peligrosa, siendo incluso avalados y respaldados por grupos políticos antiderechos que se renuevan y propagan en distintas partes del orbe.

Según el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2024, pese alprogreso alcanzado en algunos países el año pasado, -especialmente respecto al matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo - la ofensiva contra los derechos de las personas LGBTIQA+ se ha intensificado. Así, una oleada de acciones o propuestas normativas se han levantado para restringir los derechos de las diversidades sexogenéricas. 

En muchas regiones del mundo se han registrado detenciones y la criminalización  de personas LGBTIQA+, imponiéndose además limitaciones a las organizaciones que defienden sus derechos. De esta forma, los delitos violentos como golpizas, agresiones sexuales, tortura y asesinato persisten y muchas veces quedan impunes en sistemas judiciales que carecen de perspectiva de género. 

El Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas en el Séptimo Informe Periódico de Chile advirtió su preocupación por el aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTIQA+. Parte de esta inquietud incluía las altas tasas de suicidio. Dicho comité puso en evidencia el elevado nivel de impunidad en torno a los  delitos de odio contra personas LGBTIQA+ por la falta de denuncias formales en el sistema judicial, ya que el aparato policial-judicial no sólo es revictimizante para las personas sobrevivientes de violencia física, sexual o psicológica, sino que añade violencia institucional y política, ya sea por acción o por omisión.

La insuficiencia de la protección jurídica, asentada en estereotipos discriminatorios y escasos conocimientos sobre los derechos de las diversidades sexogenéricas dentro del poder judicial y las policías, se ha traducido en un aumento del número de casos de discriminación que se multiplican con otras desigualdades económicas, lingüísticas, geográficas y de accesibilidad, que afrontan las personas de menores ingresos, migrantes, indígenas, rurales y en situación de discapacidad para acceder a la justicia.

Es imperioso que los estados establezcan procesos y medidas que eliminen las prácticas discriminatorias del sistema de justicia, actuando con la debida celeridad para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar cualquier tipo de violencia contra las personas LGBTIQA+, y condenando públicamente aquellos actos de violencia motivados por prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.

Es innegable que se está en un momento político convulso a nivel nacional e internacional. Por ello urge avanzar en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQA+ a través de una estrategia integral dirigida a poner fin a la cultura machista y a los estereotipos discriminatorios en torno a roles, funciones y responsabilidades culturalmente asignadas a las identidades femeninas o masculinas construidas en la sociedad. Esto requiere reconocer y problematizar los mandatos de género para poder expresar nuestras legítimas diferencias sin que estas devengan en jerarquías, desigualdades, discriminación, exclusión y violencias.