Chile tiene los fármacos más caros de América Latina, según un estudio que comparó los precios de venta al público de medicamentos en distintos países de la región, y que fue realizado por  IQVIA (multinacional que presta servicios a industrias de tecnologías de información de salud e investigación clínica). Para enfrentar esta situación, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y el Ministerio de Salud lanzarán el último trimestre de este año un Observatorio de Precios Internacionales, que publicará los valores de los remedios en otros países.

Sin embargo, para el especialista en farmacología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, la iniciativa no tendrá los efectos esperados en lo inmediato. “En el corto plazo, los consumidores no van a ver una baja sustancial de los precios”, sostiene. Esto, porque los laboratorios internacionales continuarán teniendo “la sartén bajo el mango” a la hora de fijar los precios y los aranceles de los medicamentos.

“La Cenabast no tiene poder de negociación con los laboratorios, porque su volumen de venta y  gestión no se lo permite”, afirma. “Los laboratorios internacionales gestionan con otros gobiernos y empresas. Por lo tanto, la capacidad de un solo Gobierno o institución como la Cenabast para negociar los precios es pequeña”, insiste.

De acuerdo al Dr. Rojo, en la situación actual, un observatorio “solo podría contribuir a la transparencia”, pero para medicamentos innovadores, que están protegidos con derechos de patente y para los cuales existe un único proveedor en el mundo,  difícilmente se logrará una variación en su precio, aun cuando sea conocido el costo al que se vende en otros países.

“Lo que sí es beneficioso es que los consumidores se organicen y un observatorio podría servir para que los compradores de medicamentos exijan precios justos. En ese sentido, no es suficiente, pero no es una mala herramienta”, considera.

Finalmente, advierte que todas las medidas para vender a precios más bajos los medicamentos deberán sortear el obstáculo del libre mercado. “Para los medicamentos no genéricos, de marca, no creo que pueda hacerse mucho, porque el dueño de la patente es una empresa que aún tiene el monopolio sobre ese bien”, concluye.

Definir polígonos de desarrollo en zonas entorno a las estaciones del Metro, potenciando estos sectores con servicios de salud, educación y áreas verdes. Ese es el objetivo que tendría un proyecto de ley sobre la materia, que estaría estudiando el Gobierno.

El experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, destaca la eventual iniciativa. No obstante, advierte que la implementación de esta iniciativa es una ocasión propicia para definir ganancias para el Estado por la construcción de estas estaciones.

“Esta una oportunidad para modificar instrumentos legales, donde se puede plantear que obras inmobiliarias de construcción puedan generar mitigaciones al espacio público en pro del bien común o permitiéndole al Metro construir, en los alrededores de la superficie de sus estaciones,  servicios inmobiliarios”, afirma.

De acuerdo al especialista, la inversión que realiza el fisco por proyectos asociados al Metro ronda los 100 millones de dólares, por lo que urge que el aumento del valor del suelo que genera la construcción de sus estaciones pueda usarse para reinvertir en una mayor calidad del servicio de transporte.

Actualmente, las ganancias que producen las construcciones de estaciones de Metro son absorbidas íntegramente por inmobiliarias privadas, que suben los precios de sus casas y departamentos a la venta, explica. Por eso, “lo que hay que cuidar es que el espacio público sea un bien público y no se transforme en un negocio para las inmobiliarias”, considera Martin.

“En Lo Valledor, tenemos un 100% de aumento de valor de uso del suelo por la estación del Metro que se construirá en el sector. Ese incremento estaba siendo entregado en su totalidad al mercado inmobiliario, que podía especular en torno a este valor”, grafica.

Finalmente, llama a considerar modelos internacionales, como España, donde se cobra un impuesto a las inmobiliarias por el aumento de valor que genera la inversión pública; o Brasil, donde el Estado evalúa la densificación que contempla un proyecto de infraestructura para vender bonos en la bolsa, que permiten a las inmobiliarias comprar y aumentar la capacidad de construcción en estos terrenos.

“Aparece una oportunidad muy interesante, donde se puede plantear la existencia de un mecanismo intermedio que permita que el Estado asuma un rol más activo en la gestión de la ciudad, donde se puede reestructurar la plusvalía para reinvertir en infraestructura de bien social”, concluye.

Un 37,9% subieron los episodios críticos de contaminación en la Región Metropolitana este año, en comparación a 2017. De acuerdo al balance del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2018, que finalizó este viernes, se registraron 40 jornadas con aire de mala calidad, 11 más que las vividas en 2017.

Para el experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Patricio Pérez, la situación podría haber sido peor si la selección nacional de fútbol hubiese clasificado al mundial de Rusia, que se jugó este año entre el 14 de junio y el 15 de julio. Es decir, en medio del lapso que comprende la GEC.

“En las últimas emergencias del año antepasado, la mayoría era atribuible a los días en que Chile había jugado en la Copa América (Centenario), por los asados. Este año Chile no fue al mundial y esa es una de las razones de que no hayamos vivido situaciones tan críticas”, afirma.

En 2016, el intendente de la RM de aquel entonces, Claudio Orrego, criticó a quienes realizaron asados durante el partido de Chile contra México por cuartos de final, ya que los índices habrían aumentado considerablemente producto de esta incidencia.

“Para que haya emergencias, tiene que conjugarse una situación de mala ventilación con un gran volumen de emisiones”, explica el doctor en física. Este año, pese a la mayor cantidad de episodios críticos, no se alcanzaron niveles de emergencia, al igual que en 2017.

“La principal causa del aumento son meteorológicas, ya que las condiciones estuvieron más desfavorables este año. Los días que hubo mala ventilación fueron significativamente más”, señala. “Si se cuentan las horas en que estuvimos en preemergencia este 2018, en comparación al año pasado, hubo un 900% de aumento, pasando de 5 horas a más de 60”, grafica.

Finalmente, el especialista no descarta que la forma en que se ejecutó el Plan de Descontaminación puede haber influido en esta subida, pero señala que no puede cuantificarse de manera categórica.

“Aunque se esperaba que las emisiones de leña por calefacción sufrieran una baja, no disminuyó lo esperado, dado que los días de mayor contaminación fueron los más fríos”, indica. “Los esfuerzos nunca son suficientes. Aunque es indudable que se ha hecho mucho, siempre se puede hacer más, sobre todo en cuanto a fiscalización”, concluye.

Su primera contracción mensual en más de un año tuvo el Índice de Producción Industrial (IPI) en julio de 2018. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cayó un 1,6% en doce meses, por el descenso de la minería y la industria manufacturera. La última baja ocurrió en junio de 2017 (1,2%).

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, esta disminución, aunque leve, no debe ser tomada a la ligera. El ingeniero comercial considera la contracción como un signo de que la producción industrial aún no se recupera con solidez, lo que podría afectar las expectativas de crecimiento para la economía nacional.

“La idea de que la economía estaba creciendo sin contrapesos ya no existe y eso va a afectar la compra y producción de bienes”, señala. “Es bueno recordar que en la última crisis mundial, la economía cayó en un 4% y el sector industrial manufacturero disminuyó un 14%. Este es un sector sensible a la demanda y en el caso chileno, pasa lo mismo”, advierte.

El economista descarta que la disminución se relacione con el anuncio de cierre de una serie de empresas en el último tiempo, como Iansa en Linares o Pastas Suazo. A su juicio, el mayor impacto que tienen estas quiebras se produce en el ámbito comunicacional.

Sin embargo, “hay empresas que han estado cerrando y cuyo rubro es la fabricación de remolques. Eso sí ha provocado un ajuste mayor, aunque no ha sido notoriamente abordado. Ahí tenemos un impacto de reducción de la tendencia positiva que venía trayendo la industria manufacturera”, afirma.

Con todo, el académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal proyecta una tendencia a la recuperación, debido al incremento de la inversión, que se traduce en más equipos y máquinas para aumentar la producción industrial.

“Lo que se puede esperar es que los puestos de trabajo que se vayan creando no lo hagan en minería y manufacturas, sino que en agricultura, construcción y comercio”, concluye.

Un 127% aumentó el consumo de cervezas sin alcohol en Chile en cinco años. Según un informe de Euromonitor International, grupo de investigación de mercados, el consumo de este producto creció a una tasa anual de 17,8% desde 2012 hasta 2017.

El especialista en salud pública y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Dr. Tito Pizarro, celebra esta estadística y la atribuye a la implementación de la Ley de Tolerancia Cero, que bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para manejar e incrementó las sanciones relativas a la suspensión de la licencia de conducir.  

Sin embargo, advierte que pese a estos resultados, el consumo de alcohol continúa siendo el mismo. “La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, muestra representativa que se compara con las que se han hecho anteriormente, en 2003 o 2010, por ejemplo, arroja que el consumo de alcohol entre nuestros compatriotas continúa siendo el mismo”, sostiene.

Aunque señala que la cifra de bebidas analcohólicas es el indicio de un cambio de hábitos entre los chilenos, principalmente los más jóvenes, insiste en que el problema más grave, desde el punto de salud pública, persiste.

“Una persona de cada diez consume alcohol en niveles riesgosos”, afirma. “Además, solo en hombres, dos de cada diez mayores de 15 años tiene un consumo riesgoso de alcohol, por lo que estamos en un problema muy serio de salud pública por esto”, enfatiza.

Finalmente, considera primordial insistir en el diseño de otras políticas públicas que impacten en este consumo. “Si uno mirara todas las enfermedades que tenemos en el país y cuál es el factor que provoca más pérdidas de años de vida saludable, el alcohol es la principal causa”, concluye.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, reconoció que es “de gran interés” el proyecto de tren rápido Santiago-Valparaíso y ofició a los responsables de la iniciativa privada, que impulsan conjuntamente el conglomerado China Railway Group Limited, el grupo chileno Sigdo Koppers y la consultora Latinoamericana Infraestructura, para que aporte más antecedentes a fin de concesionar sin subsidio, a través de la Ley General de Ferrocarriles.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, el servicio es estratégico, ya que acortaría a la mitad el tiempo que demora viajar desde Valparaíso o Viña del Mar hasta Santiago, o viceversa. Por lo mismo, considera que el proyecto no solo debiera quedar en manos de privados, sino que también debiese considerar la gestión del Estado.

“El peligro de entregarle toda la responsabilidad a un privado es que se concesione por periodos muy largos, producto del alto costo de la infraestructura, lo que termina amarrando al Estado a un cierto contrato que puede impedir, por ejemplo, que los precios por el servicio de transporte sean razonables para el usuario”, sostiene. 

Por otra parte, Martin señala que si el proyecto es rentable para la empresa privada, también debiera serlo para el Estado, por lo que insiste que debiera asumir un rol más activo, a fin de que dicha rentabilidad también se reinvierta en mejorar la calidad del servicio.

“El proyecto va a generar cambios en el valor de uso de suelo y ese tipo de externalidades el Estado podría utilizarlas para financiar proyectos”, señala. Esto, a través de un mecanismo de captura de plusvalía, donde el aparato público perciba un porcentaje de la inversión inmobiliaria que se genere en dichos espacios, señala.

Finalmente, considera que es imposible que el proyecto se construya en el corto plazo, por la magnitud de la infraestructura que debe construirse para que el servicio opere, como túneles o pasos bajo nivel, entre otros. 

“El Estado debiera desarrollar ciertas áreas de visión más integral de estos proyectos, no solo desde la evaluación del Ministerio de Transportes, sino también del análisis que puedan hacer las carteras de Vivienda, del Trabajo. Asimismo, es importante evaluar mecanismos de gestión para que el Estado tenga un rol más activo y menos observador, participando a través de una concesión mixta”, concluye.