“Hacienda dijo que con el proyecto de 40 horas se perderían 250 mil empleos… Pero lo que nos llama la atención es que ahora (con la reducción a 41 horas promedio) el Ministerio del Trabajo señaló que esto va a generar 340 mil empleos”.  Con estas palabras, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, cuestionó los cálculos del Gobierno asociados tanto a la propuesta de la oposición como a la del oficialismo.

Más allá de las cifras y de la última medida del Gobierno de bajarle el ritmo a su proyecto de flexibilidad laboral, para el economista experto en redes de producción y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Francisco Castañeda, el impacto en el empleo será evidente. “Temo que esto genere menos inversión a mediano plazo y una tendencia a un mayor desempleo en una economía tan desigual como la chilena”, afirma.

El Ingeniero Comercial, Máster en banca y finanzas y Doctor en geografía económica, advirtió que reducir la jornada laboral provocará que cada hora de trabajo se vuelva más cara para el empleador. A su juicio, este último terminará optando por una de dos alternativas para mantener su productividad actual: desacelerando el ritmo de su inversión o contratando menos gente y automatizando más procesos. “Hay una tendencia a la automatización y digitalización que es real, pero esto lo acelerará”, afirmó.

El profesor Castañeda reconoció que la tendencia en países desarrollados es a reducir las horas de trabajo, pero indicó que ello ocurre cuando esas naciones alcanzan tasas de productividad acordes a dicha modificación. Según explicó, Chile no ostenta cifras altas en este sentido, sino que, al contrario, exhibe un estancamiento. Por eso, advirtió que reducir las horas no solo podría impactar en la contratación de personas, sino en el sistema completo.

“Si se baja el número de horas, se afectará en el mediano plazo el Producto Interno Bruto. Las empresas grandes pueden asumir este mayor costo laboral, pero una pequeña o mediana empresa con problemas de capital de trabajo o liquidez va a terminar contratando menos trabajadores”, consideró. “Hacer el tejido laboral más débil y precario en una economía que este año crecerá menos del 3%, o más cerca del 2,5%, hará que los efectos del desempleo que ya son fuertes, se noten un poco más”, enfatizó.

Un primer factor común a todas las proyecciones es que, para Chile se esperan menores crecimientos del PIB. Sin querer aburrir, debo repasar las estimaciones recientes: el Banco Central en su informe de política monetaria, IPoM, de junio, (entregado a principios de julio) ajustó su estimación para el PIB de 2019 a un rango de 2,75% a 3,5%, haciendo caer el piso desde 3%, según su estimación anterior (marzo 2019). Los expertos consultados por el mismo Banco Central, en la Encuesta de Expectativas ajustan a la baja su proyección desde 3% a 2,8% (julio 2019). Concensus Forecast estima, en julio, una tasa de 2,8% para el PIB de 2019 y el FMI proyecta, 24 julio 2019, un ajuste desde 3,4% a 3,2% cifra coincidente con las últimas estimaciones de Hacienda que también ajusta su estimación a la baja, desde 3,5%; la CEPAL (31 julio) también reduce su estimación de 3,3% a 2,8%.

No todas las proyecciones son consistentes y es probable que tengan sesgos, sin embargo, todas ellas están indicando que la economía chilena tiene perspectivas de un bajo crecimiento para este año y el próximo.

En qué poner la atención en esta materia. Es sabido, que los resultados de la economía están determinados por la evolución de la Demanda Agregada, al menos en el corto plazo y, desde luego, de los factores que la determinan tanto al interior del país como a nivel internacional.

La economía mundial según las proyecciones está en declinación este año y, probablemente, también el próximo. Las economías que determinan principalmente si aumenta o no nuestra demanda externa son Estados Unidos y China. Se estima que el PIB de estos países se ajustará a la baja en 2019 (de 2,9% a 2,6% el primero y de 6,2% a 6,0% el segundo). Luego, es claro que tendremos una reducción de la demanda desde el exterior, lo que afectará nuestro crecimiento este año.

En el orden interno, las tendencias del consumo privado tienden a mantenerse con un lento ajuste a la baja por las expectativas. Lo mismo ocurre con la inversión privada, mientras que el gasto del gobierno no crecerá en términos efectivos, pese a los anuncios de un plan de inversión en infraestructura, que no se concretará en este año, sino a fines del próximo en el mejor de los casos. Todo hace prever un lento crecimiento en 2019. El índice de producción industrial cae en junio pasado en 2,9% porque la Industria Manufacturera disminuyó 5,4% en términos interanuales (son las industrias que están cerrando o produciendo lentamente), mientras que el sector minero no muestra crecimiento y tiene una tendencia a permanecer en ese nivel. A esta situación estática o negativa se agrega el sector de Electricidad, Gas y Agua que en junio cae 4,2% respecto del año anterior.

Es posible asumir que los descensos esperados en las tasas de crecimiento de Estados Unidos y China tendrán mayor impacto negativo que los efectos positivos que puedan lograr las medidas de expansión de la demanda interna que está adoptando el Gobierno. No compensan, luego lo más probable es que el PIB este año esté por debajo de 3%, más bien, cerca del 2,5%.

Si agregamos al análisis el impacto que puedan tener los aumentos recientes de aranceles de Estados Unidos a los productos que importa desde China, debemos reconocer primero que esa decisión afectará sus propias economías y también a la nuestra.  En estudio reciente  ese impacto se estimó en alrededor de un punto porcentual del PIB chileno. En este caso, los efectos serán más catastróficos para la economía nacional.

El Ministerio de Hacienda convocó al Comité Consultivo de Expertos 2019 para establecer el Precio de Referencia del Cobre, que forma parte del “Presupuesto Erario 2020” y define el gasto público y Balance Cíclicamente Ajustado o Estructural (BE).

Dentro de este Comité, el Dr. Juan Pablo Vargas, Director del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile (DIMIN-USACH), definirá junto al Consejo, el precio del cobre y los parámetros estructurales con los que se elabora el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2020.

“Esta es una instancia clave para el mejoramiento de políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Se trata de una experiencia que fortalece a nuestro Departamento y al Plantel a nivel global, una vez transferido el conocimiento”, aseguró el Dr. Juan Pablo Vargas, tras la convocatoria del Comité de Expertos Consultivos.

Según el Ministerio de Hacienda, los expertos fueron elegidos a partir de una lista de recomendación elaborada por el Consejo Fiscal Autónomo. Esta nómina seguirá formando parte de los respectivos registros en los siguientes comités que fijará la cartera.

El proceso de convocatoria 2019 considera tres innovaciones:  Creación de un Registro Público de Expertos; la constitución y puesta en marcha del Consejo Fiscal Autónomo; y el Decreto N°145 que aprueba la metodología, procedimiento y publicación del cálculo del Balance Estructural, informó la cartera.

La Reforma Tributaria planteada por el Gobierno sigue generando tensiones entre el oficialismo y la Oposición. Tras el rechazo de la Comisión de Hacienda  a la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo, el miércoles fue aprobada la idea de legislar en el Congreso gracias al apoyo de la bancada DC.

Para la especialista en economía política y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, el aporte que plantea la reforma, del 1% a las regiones (provenientes de proyectos de inversión importantes que se realicen en ellas), contrasta con el que hacen países desarrollados como Canadá, donde dicho porcentaje “va desde el ocho al 15%”. Por lo mismo, advierte que “no es una medida significativa en términos de ingresos”, explicando que la magnitud de esos dineros es demasiado baja. “Por lo tanto, no es una política que beneficie a las regiones”, enfatiza, teniendo esta un carácter más bien simbólico.

Por otra parte, respecto a la reintegración del sistema tributario con la que se esperan recaudar US$ 471 millones, la especialista de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago explica que la propuesta de Hacienda no logrará una recaudación que logre compensar los 800 millones de dólares que costará pasar a un sistema tributario integrado. En ese sentido, advierte que “no hay certeza” de que el 1% de aporte a regiones o la eliminación de exención de contribución de predios forestales, logren recaudar lo que se propone, ya que “son estimaciones”.

Boleta electrónica

Otro de los problemas que menciona la académica dice relación con la recaudación por boleta electrónica, medida con la que se esperaba reunir más de US$ 1.100 millones, y así compensar el costo de implementación de la Reforma Tributaria. “La Reforma está sustentada sobre una cifra que es poco probable que se vaya a cumplir, ya que hay muchos negocios pequeños que no van a tener posibilidades de hacer la transición por problemas de conectividad o de desarrollo tecnológico”, asegura Vera.

Finalmente, la experta estima que no hay certeza respecto de si las medidas compensatorias planteadas dentro de la Reforma tendrán un carácter progresivo o regresivo, “ya que no se conoce la distribución de ingresos que ocurre en esos mercados”.

“La incertidumbre en torno a una Reforma Tributaria por supuesto que incide de alguna manera en las decisiones de los agentes económicos”. Fueron las palabras con que el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a la discusión del proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso hace meses y que actualmente lo tiene enfrentado con la oposición, sector que se encuentra a la espera de una nueva propuesta.

Para la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, la iniciativa planteada por el Ejecutivo busca eximir del pago de impuestos a los dueños de las empresas. “Si este proyecto pasa, no será por su sentido de país ni cuidar los recursos públicos o beneficiar a la gente, sino que, necesariamente, por destrabar conflictos de interés”, afirma.

De acuerdo a la especialista, actualmente existen dos sistemas de tributación: uno orientado a las empresas y otro, a las personas. Sin embargo, a su juicio, “lo que quiere hacer esta reforma es generar un sistema integrado único”. Es decir, un sistema donde “se genera un descuento a las personas en base a lo que ya pagaron las empresas”.

La académica considera que una modificación de este tipo, además de ser regresiva, sería “completamente desaconsejable”, ya que generaría  acumulación de capital y una inversión que puede terminar realizándose fuera de Chile. “Plantear una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos y reciban más beneficios fiscales profundiza aún más la desigualdad en el país”, concluye.

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, tiene por objetivo estimular y promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, y es el principal de este tipo en el país.

Fue creado en 1981 y ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general.

Entre los fondos entregados este 2018 para los proyectos de iniciación se encuentra el trabajo de la investigadora del Centre for Experimental Social Sciences de la Universidad de Oxford y la Facultad de Administración de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Denise Laroze.

“Facilitadores y distractores en la selección de pensiones” utiliza dos experimentos en línea para identificar elementos de estructura, formatos y métricas de información proporcionada a los jubilados con el fin de ayudar a reducir el impacto negativo del analfabetismo financiero y facilitar la toma de decisiones de las personas.

El estudio comprenderá las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío-Bío, de La Araucanía, de Los Lagos,  Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y la Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago, de Los Ríos, de Arica y Parinacota y de Ñuble.

“Si uno escribe ‘me quiero pensionar chile en Google, se encuentra  en los primeros lugares del buscador con un sitio llamado ‘¿cuál es el proceso para jubilarse?  La información dentro del link sugiere que son datos oficiales del gobierno. Eso parecería ser un buen lugar para empezar este estudio”, indica la investigadora.

Sin embargo, agrega Laroze, si el usuario ingresa al sitio oficial, éste envía a una página de colores blanco y naranja con una gran cantidad de otros links con nombres y acrónimos inentendibles, escritos en letra pequeña lo que podría asimilarse a un call center con muchísimas alternativas.

“Es fácil de imaginar el nivel de ansiedad  que genera esta cantidad de información en una persona que quiere comenzar su proceso de retiro al enfrentarse con este nivel de información”, explica, agregando que los riesgos de una mala información son bastante altos, pues las malas decisiones en este proceso pueden llevar a que estas personas sufras de pésimas condiciones económicas por el resto de sus vidas.