• El director del Departamento de Educación, Daniel Ríos; el jefe de la Carrera de  Administración Pública, Braulio Carimán, y el jefe de la Carrera de Educación General Básica, Jaime Retamal, destacan la aprobación en general de esta iniciativa, y coinciden en que la eliminación del lucro, la selección y el copago, constituyen aspectos de un sistema más inclusivo y democrático.

El reciente martes 21 de octubre, el Parlamento aprobó en general la Reforma Educacional que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Por 72 votos a favor y 43 en contra, la Cámara de Diputados determinó que el copago, la selección y el lucro no son aceptables para la educación del país.

Para el director del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, Daniel Ríos, lo acontecido en el hemiciclo constituye un hecho importantísimo para el país. “Me parece que es la primera gran conquista que se tiene, desde el punto de vista de mejorar la calidad de la educación pública”, afirma el también Doctor en Educación por la Universidad Católica de Chile.

Cree además el Dr. Ríos, que  la medida es una buena noticia para el país pues, proporciona las herramientas para  “asegurar mejores aprendizajes escolares en los sectores de mayor vulnerabilidad, en el marco de lo que normalmente se conoce como calidad en la educación”.

Algo similar señala el Jefe de la Carrera de  Administración Pública de nuestro plantel y consejero del Consorcio de Universidades Estatales, Braulio Carimán, quien entiende que modificar el sistema es positivo. “Cualquier reforma que se encamine a regular y a disminuir la capacidad que tiene el mercado actualmente, desde la reforma del 80, es bueno y significa un avance”. Asimismo- añade- más allá de los reclamos de uno u otro sector político, “la mayoría de los parlamentarios deberían haber estado muy contentos con la aprobación”.

Por su parte el Jefe de la Carrera de Educación General Básica de nuestra universidad, Jaime Retamal, piensa que pese a que el proyecto pudo ser más radical, “está bien inspirado y en algo va a ayudar para otorgar mayor racionalidad democrática al sistema en su conjunto, pues hoy tal cual está, sólo enfatiza aún más las desigualdades sociales de base”. Añade el además Doctor en Educación, que el sistema actual  es permisivo, ya que “es un estupendo nicho de mercado para que algunos -los más despiadados- hagan negocio con la educación”.

Proyecto inclusivo

Señala el Dr. Ríos que detrás de la iniciativa, se busca garantizar el mejoramiento de la educación en los sectores más vulnerabilidad del país. “Creo que el tema de asegurar la inclusión y  la diversidad en el aula, es un gran paso en pro de una mayor democracia, que garantice los distintos tipos de  aprendizajes vinculados al conocimiento, las habilidades, y las actitudes de los estudiantes en el marco de los proyectos educativos institucionales”.

Para Braulio Cariman, el espíritu de la nueva norma es claramente inclusivo. A juicio del Administrador Público, lo fundamental consiste en que se limitan los mecanismos de selección arbitrarios que puedan utilizar los establecimientos en la actualidad. Por eso, entre el fin del lucro, el copago y la selección- reflexiona- el último tema era el más relevante. En este aspecto, “los mecanismos de hoy en día, tienen que ver muchas veces con formas que incorporan teóricamente en una variable académica,  otras como la económica o la segmentación”, explica Cariman.

Sin embargo, Jaime Retamal tiene una postura más crítica. A su juicio la reforma educacional  se enmarca en las negociaciones entre grupos de interés que están en conflicto. Según el académico, “la educación es un problema esencialmente político, de carácter democratizador, por lo tanto, no puede estar sometida al imperio de los intereses que en nada se parecen al interés general que exige una concepción más democrática y republicana”.

El copago

“Para mí la eliminación del copago - afirma el Dr. Ríos- abre de alguna manera el camino hacia la gratuidad de la educación, es decir, a ejercer este derecho que está consagrado en la constitución”. Según el experto, el sufragio que comúnmente recae en los apoderados de establecimientos subvencionados,  no es indispensable para realizar una labor pedagógica de calidad.  “Hay colegios que hacen un gran aporte, desde el punto de vista de la calidad de la educación, y solo con lo que reciben de financiamiento por cada alumno, sin cobrar nada a las familias”, sentencia.

Miembros de la oposición han manifestado su preocupación por el fin del copago. Diputados como Maria José Hoffmann, Jaime Bellolio y José Antonio Kast, afirman que suprimir dicha modalidad implicará el cierre de establecimientos subvencionados. Para Braulio Cariman, las declaraciones “responden, simplemente,  a una campaña del terror, para difundir miedo sobre algo que no tiene ningún asidero”.

Cree Braulio Cariman, que se ha desarrollado una campaña comunicacional en torno al tema, creando un clima artificial, “donde se les ha transmitido a los profesores que trabajan en esos establecimientos y a los apoderados, que se cerrarán los colegios”.

Con la nueva ley, Braulio Cariman piensa que la educación subvencionada puede seguir existiendo perfectamente, mientras el sostenedor tenga interés por el servicio público, pues bajo la nueva norma, el Estado asumirá el copago  paulatinamente. “Si los sostenedores de los colegios son antes que empresarios, personas que están en la educación precisamente por vocación, y donde se les garantiza que van a tener financiamiento, no debiera pasar nada de esto”, explica.

Más taxativo aún es Jaime Retamal. Según el académico, el copago es la fórmula perfecta que los sostenedores han encontrado para aumentar sus ganancias Afirma que este método “hace al sistema educacional aún más monstruoso por su injusticia”, por eso- sentencia- “eliminarlo es sin duda un avance”.

Finalmente, cabe señalar que el proyecto ya inició su segundo trámite legislativo y es analizado arduamente  en el Senado.