En Chile el lobby se entiende como las gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y el funcionariado público en general.

Estas acciones se encuentran reguladas por la Ley 20.730, la cual tiene por objeto fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.

En ella se establece que entre las personas que pueden ser contactadas para recibir lobby están los diputados, los senadores, entre otras y otros autoridades que cumplen funciones en el Congreso Nacional, quienes deben mantener un registro público de sus agendas públicas, audiencias y reuniones.

Basados en los registros de dichas actividades desarrolladas entre 2014 y principios de 2020 en la Cámara de Diputados, el académico de la Universidad de Houston, Dr. Eduardo Alemán, y el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dr. Andrés Dockendorff, realizaron un estudio que buscó relacionar la ideología de las y los honorables pertenecientes al organismo del Poder Legislativo con las gestiones y actividades de lobby en el Congreso Nacional.

Los resultados fueron presentados en el seminario de investigación “Lobby de grupos de interés en el Congreso Chileno", coordinado por el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago.

En su intervención, el Dr. Dockendorff señaló que una de las preguntas que se intentó responder es “por qué las y los lobistas buscan acceder a ciertos legisladores  en desmedro de otros”.

En esa dirección, explicó que una de las motivaciones para realizar el estudio se relacionó con la percepción que “el lobby en América Latina se dirige aleatoriamente hacia todos los partidos políticos. O sea, que no está condicionado por ideologías”. Sin embargo, el trabajo ha demostrado que no es así. “Los grupos de interés (empresas, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad; entre otros) se dirigen fundamentalmente a las y los honorables con los cuales tienen mayor proximidad”, precisó.

Por su parte, el Dr. Alemán dio cuenta de algunos datos que se obtuvieron de una base de datos con 5.028 contactos de lobby realizados por distintos grupos de interés entre 2014 y principios de 2020. Las acciones fueron agrupadas, para efecto del estudio, en seis grupos: big business, otras compañías, sindicatos, colegios profesionales, grupos de causas y grupos cívicos.

De los datos observados pudo inferir que “a medida que nos movemos de izquierda a derecha en términos de la ideología del legislador, se incrementa de manera considerable la posibilidad de contacto con las big business y otras compañías. En el caso de los sindicatos y profesionales, el efecto es el opuesto (…) Lo mismo en el caso de los grupos profesionales hay una baja. Esto refleja la consistencia con la idea de que los grupos de interés tienden a contactarse mayormente con quienes comparten una posición relevante”, sostuvo el doctor en Ciencias Políticas.

Igualmente, indicó que la entrada del Frente Amplio al sistema de partidos, significó que los grupos relacionados con el área de negocios tendieron a contactarse más con ese  grupo, respecto a otros partidos de este sector político. “Esto resulta interesante, porque, a no ser que tengan una bola mágica, de alguna manera predijeron que este grupo iba a tomar el control del Poder Ejecutivo en un par de años más”, comentó el académico de la Universidad de Houston.

De esta manera, tanto las big business como las otras compañías, se contactaron con legisladores de la coalición de gobierno actual, pero “básicamente se concentraron en Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y honorables de la Coalición Verde Regionalista”, concluyó el Dr. Alemán.