Para la académica, la nueva norma que apunta a terminar con la selección, enfrenta el enorme desafío de encabezar un cambio cultural relevante. Por eso pone de relieve, que los resultados solo se apreciarán cuando termine el periodo de implementación del cuerpo legal.

“El hecho que un estudiante no vaya a ser discriminado arbitrariamente por razones religiosas, ideológicas o culturales, va a ayudarnos como sociedad a una mayor apertura”, sostiene.

La Dra. Córdoba comparte su aprehensión ante la nueva realidad que pone fin a la práctica discriminatoria de ciertos establecimientos de elegir a sus estudiantes,  pues constituye una tarea complicada desde la perspectiva que son procesos legitimados y valorados positivamente por algunas familias.

Por ejemplo “a las familias de sectores más pobres les interesa mucho que sus hijos vayan a una escuela donde hayan otros niños que sean más o menos ordenados porque lo que legitiman es una selección por conducta”, explica la investigadora.

Añade que los grupos familiares de sectores medios y medios altos valoran el ingreso por rendimiento académico “porque desde su perspectiva, el hecho que haya un curso que es similar en términos de rendimiento promueve que los contenidos se aborden más fácilmente, se pase la materia y se avance”.

Esta percepción enraizada en la sociedad chilena produce, finalmente, una homogenización de la comunidad educativa porque los apoderados encuentran en la selección “un elemento que facilita que en el colegio hayan grupos familiares que están en la misma sintonía y que van a apoyar de la misma manera al estudiante”.

Por eso la experta enfatiza que dadas estas condiciones, la ley apunta a un cambio cultural,  “a un proceso largo que no va a estar exento de problemáticas”.

Reglamentos internos versus ley de inclusión

Según la nueva norma, ningún estudiante podrá ser apartado del aula por su presentación personal, falta de útiles escolares o carencia de uniforme.

En este punto la Dra. Córdoba es crítica de la imagen que se ha forjado  la opinión pública, pues sostiene que se ha planteado una “suerte de albedrío para los estudiantes”, lo que a juicio de la académica dista de la realidad.

“La ley otorga importancia a las normativas de las escuelas; importantes elementos que van desde cómo se espera que el estudiante vaya vestido hasta cuales son las faltas graves. De manera que hay un abanico de situaciones que están sancionadas a través de las normativas y de los reglamentos de las escuelas.

El llamado de la autoridad- subraya la experta- “no ha sido pasar a llevar los reglamentos sino que estos cautelen a la vez, la disciplina y el resguardo a la educación de los estudiantes”.

Sociedad más tolerante

La investigadora cree que esta transformación no puede descansar en una ley, sino que requiere que todos los actores del proceso educativo tengan un rol activo.

Opina que los estudiantes, las escuelas y “los padres están llamados, de alguna manera, a esta apertura y eso conlleva un proceso largo y lento”.

Si el espíritu de la ley es terminar con la segregación dentro del aula, la Dra. Córdoba cuestiona que no esté orientada a los establecimientos privados no subvencionados, porque a su juicio conforman el espacio con alumnos más homogéneos.

“En ese sentido es una deuda porque esta ley lo que pretende es fomentar procesos que vayan en contra de la segregación escolar y hay investigaciones que demuestran que los estudiantes que son atendidos por el sector privado no subvencionado son aquellos que se encuentras más hipersegrados”, enfatiza la experta.

“Aquellos  estudiantes no conocen a nadie diferente a ellos durante trece años y la ley los ha dejado afuera”, complementa.

Por eso el desafío, a futuro, es encontrar una solución respecto a este sector que “también es parte del sistema escolar chileno”, concluye.