Ciento noventa y ocho medicamentos se han dejado de vender en Chile en los últimos cuatro años, según la Fundación Politopedia. La mayor parte de los que han salido de circulación son productos genéricos, que suelen ser los más baratos. A juicio del estudio, esto es un efecto “indeseado” de la Ley de Fármacos que, desde 2014, exige que determinados remedios pasen por el proceso de bioequivalencia, es decir, que comprueben que su efecto terapéutico es el mismo que el original.

Sin embargo, el experto en toxicología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, rechaza calificar dicho efecto como “indeseado”, ya que considera que la normativa lo que en realidad asegura es que las copias de los remedios originales sean realmente eficaces.  “Cuando un medicamento prueba que es bioequivalente, está comprobando que clínicamente se porta de la misma manera que el innovador y que el paciente no tendrá problemas si se cambia de uno a otro”, enfatiza.

En ese sentido, considera un beneficio para la población que no tenga a disposición alternativas de dudosa calidad. “Habría que preguntarse si esos medicamentos que salieron de circulación eran realmente eficaces. Es alarmante decir que ya no están y que, por lo tanto, la población estaría en un problema, pero habría que preguntarse si realizaron los estudios de bioequivalencia y si comprobaron su eficacia terapéutica”, explica.

Por otra parte, considera que promover la bioequivalencia es una política “correcta”, porque sincera la calidad en la producción de la industria. Sin embargo, critica que no se transparente el desembolso en que incurren las empresas para realizar estos estudios y que el aumento del costo de un producto original, con estudios de bioequivalencia, termine traspasándosele al paciente. 

“Los estudios de bioequivalencia costaban sesenta millones de pesos por medicamento cuando comenzaron, porque se hacían en Chile. Hoy, la mayor parte de las industrias están comprando estos estudios en India u otros países, donde se baja el costo a $15 o $13 millones. Esa reducción, ¿se transfirió a los pacientes de manera transparente?”, duda el Dr. Rojo. A su juicio, si fuera conocida la rentabilidad, podría regularse a fin de que no existiera un margen que fuera más allá de un cierto porcentaje (por ejemplo, para medicamentos de consumo crónico).

Finalmente, reconoce que la Ley de Fármacos debiera contemplar correcciones. Sin embargo, insiste en que “si se sacan medicamentos que no son tan eficaces, es algo bueno. Si se volvieran a comercializar, debiera advertirse al paciente que dichos medicamentos no tienen estudios de bioequivalencia y que , por lo tanto, no tienen toda la eficacia clínica”, concluye.