Hasta un 89% se elevó el precio de los medicamentos más vendidos de Chile en los últimos cuatro años. Según un ejercicio realizado por el diario El Mercurio, que comparó el valor de 15 de estos remedios en distintas cadenas farmacéuticas de la capital, 14 aumentaron en mayor proporción que el IPC acumulado entre 2014 y 2018 (16,8%).

Para el doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Leonel Rojo, esta situación seguirá repitiéndose inevitablemente a menos que se regule el precio de fármacos indispensables, que sirven para tratar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la artritis o artrosis, el alzhéimer y la esquizofrenia. A juicio del especialista, para estos males se requiere un stock de remedios a un precio asequible en el mercado.

“Debiera definirse un listado de medicamentos esenciales y que el Estado trabajara en la manufactura, a un costo ético, teniendo una producción de calidad que asegure precios al alcance de la población. Eso es algo que no existe hoy, porque todos los fármacos son manufacturados por privados”, critica. “Esto es factible. Es solo una cuestión de decisión política”, enfatiza.

De acuerdo al químico farmacéutico, es imposible conocer a ciencia cierta por qué suben los precios ya que, en la actualidad, no existe una norma que regule la administración, gestión y producción de estos. El especialista explica que los incrementos responden solo a la oferta y demanda, en un sistema de libremercado que se cruza con estos bienes que son de salud pública, no de mercado.

“Si uno le consulta a la cadena farmacéutica, esta asegurará que son los que menos marginan con los medicamentos y que el delta de la rentabilidad está dado por productos no farmacéuticos. Si se le pregunta a los laboratorios, ellos dirán que no tienen un gran margen de ganancia frente a los medicamentos, lo que es sospechoso porque siguen haciendo su negocio, en circunstancias de que cuando un negocio no es rentable, debiera dejar de existir”, cuestiona el académico de la carrera de Química y Farmacia del plantel estatal.

Finalmente, señala que el origen del aumento de los precios puede ser estar dado por dos factores: por una parte, el costo del laboratorio que lo provee, ya que si es un medicamento importado, su valor se relaciona con el costo de importación y de compra; o, por otra, el costo de la gestión, porque los medicamentos son vendidos por laboratorios a droguerías que lo distribuyen a las farmacias. En este último caso, apunta, la cadena de valor estaría dada por el precio original y todos los impuestos al valor agregado (IVA) que se le aplican, y que aumentan el precio en un 19% en cada una de estas transacciones.

“Actualmente, existe un petitorio mínimo de medicamentos que todas las farmacias deben disponer. Ninguna puede abrirse sin cumplir dicho petitorio, que consta de fármacos que, se cree, son necesarios para mantener el mínimo estándar de seguridad y salud en la población. Sin embargo, no tenemos una norma que regule la provisión de esos mínimos, y las farmacias terminan consiguiéndolos como estiman conveniente”, concluye.

Ciento noventa y ocho medicamentos se han dejado de vender en Chile en los últimos cuatro años, según la Fundación Politopedia. La mayor parte de los que han salido de circulación son productos genéricos, que suelen ser los más baratos. A juicio del estudio, esto es un efecto “indeseado” de la Ley de Fármacos que, desde 2014, exige que determinados remedios pasen por el proceso de bioequivalencia, es decir, que comprueben que su efecto terapéutico es el mismo que el original.

Sin embargo, el experto en toxicología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, rechaza calificar dicho efecto como “indeseado”, ya que considera que la normativa lo que en realidad asegura es que las copias de los remedios originales sean realmente eficaces.  “Cuando un medicamento prueba que es bioequivalente, está comprobando que clínicamente se porta de la misma manera que el innovador y que el paciente no tendrá problemas si se cambia de uno a otro”, enfatiza.

En ese sentido, considera un beneficio para la población que no tenga a disposición alternativas de dudosa calidad. “Habría que preguntarse si esos medicamentos que salieron de circulación eran realmente eficaces. Es alarmante decir que ya no están y que, por lo tanto, la población estaría en un problema, pero habría que preguntarse si realizaron los estudios de bioequivalencia y si comprobaron su eficacia terapéutica”, explica.

Por otra parte, considera que promover la bioequivalencia es una política “correcta”, porque sincera la calidad en la producción de la industria. Sin embargo, critica que no se transparente el desembolso en que incurren las empresas para realizar estos estudios y que el aumento del costo de un producto original, con estudios de bioequivalencia, termine traspasándosele al paciente. 

“Los estudios de bioequivalencia costaban sesenta millones de pesos por medicamento cuando comenzaron, porque se hacían en Chile. Hoy, la mayor parte de las industrias están comprando estos estudios en India u otros países, donde se baja el costo a $15 o $13 millones. Esa reducción, ¿se transfirió a los pacientes de manera transparente?”, duda el Dr. Rojo. A su juicio, si fuera conocida la rentabilidad, podría regularse a fin de que no existiera un margen que fuera más allá de un cierto porcentaje (por ejemplo, para medicamentos de consumo crónico).

Finalmente, reconoce que la Ley de Fármacos debiera contemplar correcciones. Sin embargo, insiste en que “si se sacan medicamentos que no son tan eficaces, es algo bueno. Si se volvieran a comercializar, debiera advertirse al paciente que dichos medicamentos no tienen estudios de bioequivalencia y que , por lo tanto, no tienen toda la eficacia clínica”, concluye.