El pasado 5 de enero se aprobó en Ecuador la Ley Orgánica de Movilidad Urbana, normativa que, entre otros aspectos, regula el ingreso de extranjeros, garantiza derechos y obligaciones para los ecuatorianos que viven en el exterior, y establece que ningún ciudadano es considerado ilegal por su condición migratoria.

El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de ese país, Francisco Hagó, expresó en el programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, su intención de reunirse con autoridades chilenas para contar los primeros días de funcionamiento de la ley.

“En Chile hemos estado en contacto con nuestra comunidad ecuatoriana, pero también queremos compartir con el gobierno chileno la experiencia de Ecuador de nuestra nueva ley de movilidad humana”, sostuvo.

El Secretario de Estado ecuatoriano justificó la nueva legislación, argumentando que “nosotros anteponemos al ser humano antes que el capital, y es por ende que hemos recibido fuertes movimientos migratorios en nuestro país, los que han hecho que beneficien y refresquen nuestra cultura”.

Agregó que “son ellos los que gestionan y generan empleos para nuestros compatriotas. Muchos migrantes traen iniciativas productivas a nuestro territorio y terminan contratando a ecuatorianos y todo lo que ellos ganan lo reinvierten en la sociedad ecuatoriana”.

Hagó puntualizó que los conceptos importantes dentro de la legislación “son la ciudadanía universal, el concepto de la libre movilidad, y la protección de las personas ecuatorianas en el exterior”.

Relación con EE.UU.

No obstante, reconoció esta nueva normativa se opone diametralmente a la nueva política anti inmigratoria de Estados Unidos impuesta por el presidente Donald Trump.

“Ya implementamos un plan de contingencia en Estados Unidos con agresivas acciones para informar a nuestra ciudadanía sobre sus derechos”, enfatizó.

Acotó que, “por ejemplo, en el momento en que nuestros compatriotas llegasen a ser detenidos en ese territorio, explicarles qué derechos tienen, entre ellos a guardar silencio, o que tengan a sus disposición un abogado en su idioma. En ese sentido, a no firmar nada que esté escrito en idioma inglés”.