Una convocatoria estratégica de historiadores encabezó la Cancillería chilena en octubre del 2015, cuando a un mes de haberse realizado la audiencia de objeción preliminar, -donde nuestro país declaraba que la Corte de Justicia Internacional (CIJ) no era competente para evaluar la demanda marítima de Bolivia- se objetó lo enunciado declarándose competente, y dando inicio a un juicio que estaría en la palestra internacional durante dos años.

Fue entonces cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la contramemoria que presentaría Chile incluiría aclaraciones respecto de ciertos datos históricos que mencionó el fallo, respondiendo al peso que los ocho argumentos históricos habían tenido en los alegatos bolivianos, y donde nuestro país había defendido solo con argumentos jurídicos, como es tradicional según la Constitución.

Como parte de la estrategia nacional para contrarrestar la réplica altiplánica, el canciller de ese entonces, Heraldo Muñoz, eligió a doce destacados historiadores, entre ellos, los doctores Cristián Garay Vera y César Ross Orellana, académicos del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, quienes se reunieron periódicamente con el equipo, asumiendo el desafío de mantener en completa reserva el trabajo que realizaban y la información que manejaban, trabajando exclusivamente con material impreso, nada por correo ni teléfonos.

Sobre el proceso, el Dr. César Ross comenta que “la Comisión se organizó temáticamente y fuimos elaborando contenidos para contraargumentar cada punto de la posición de Bolivia, que sostenía que la obligación de negociar de Chile se fundaba en una serie de contactos históricos donde se acreditaba dicha tesis. Nuestra tarea fue aportar evidencia sólida que permitiera demostrar que dicha obligación, en efecto, no existía”.

Por su parte, el Dr. Cristian Garay indica que “como es de esperar, hubo diferencias de opinión, pero no sobre la materia de fondo, sino que respecto de qué fuentes usar o respecto de cómo demostrar tal o cual argumento. Entonces, los abogados interactuaban para acotar y elegir aquello que pudiese tener más efectividad en el lenguaje jurídico y en la dinámica que habría luego en la Corte”.

La Comisión de historiadores estuvo coordinada por Joaquín Fermandois, académico de la U. Católica e integrada por Ricardo Couyoumdjiam (PUC), María José Henríquez, María Elisa Fernández y Carlos Sanhueza (U. Chile), Sebastián Hurtado (U. Austral), Mauricio Rubilar (U. Católica de la Santísima Concepción), Gonzalo Serrano (U. Adolfo Ibáñez), José Antonio González (U. Católica del Norte), Sergio González (U. de Tarapacá), y nuestros historiadores.

Trabajo de la comisión

Con un ambiente de camaradería se realizó el trabajo conjunto. Según relatan nuestros historiadores, casi todos los integrantes  -tanto de la comisión, como los abogados y diplomáticos involucrados-, se conocían desde hace años debido a su pertenencia al mismo gremio.

“Hubo un ánimo muy cooperativo y amistoso, especialmente en la dirección del grupo de historiadores que presidió Joaquín Fermandois, y también respecto de los agentes, especialmente Claudio Grossman, siempre muy considerado”, comenta el Dr. Cristian Garay.

El trabajo del equipo fue considerado como munición para las armas del argumento jurídico que cinco abogados más la intervención del propio agente Claudio Grossman presentarían ante los jueces en los alegatos finales realizados el 1 de octubre de 2018.

En su demanda, Bolivia argumentaba que Chile tenía la obligación de negociar una salida al mar soberana para su país, porque se había obligado a sí mismo en todas las veces que había existido instancia de negociación.

“El equipo boliviano creó de tal manera un derecho expectativo, generando esperanza a Bolivia. Buscamos demostrar lo contrario, llevando a que el juicio no se concentrara en doctrinas jurídicas respecto de la frontera, sino en documentos y pruebas contra pruebas de carácter históricas”, comenta el Dr. César Ross.

Por su parte, el Dr. Cristián Garay añade que “las argumentaciones de los bolivianos iban desde el ámbito de la comunicación con notas de prensa, pero no se podía dar carácter de tratado internacional o acuerdo entre partes, donde la relevación de fuentes fue lo esencial. Por eso el gobierno chileno no habla de que se hayan establecido negociaciones -salvo la de 1978-, sino que eran más bien conversaciones, y que cada acto se agotó en sí mismo”.

Con la revisión de antecedentes, la Comisión pudo demostrar que en las instancias que Bolivia planteaba que había existido una propuesta chilena de negociar, el intento había concluido porque el país altiplánico no había ratificado.

“En tanto, las veces que Chile lo intentó con mayores posibilidades -durante el gobierno de Gabriel González Videla y Augusto Pinochet- había una tercera parte, existente desde siempre, que es Perú, y que tras el tratado de 1929 por la Guerra del Pacífico, establece que Chile no podrá darle salida al mar por territorio chileno sin su consentimiento al igual que Perú. Las dos veces que estuvimos más cerca, Perú se negó a esa fórmula”, revela el historiador César Ross.

Otro de los puntos aportados por la Comisión consideró datos arqueológicos y ancestrales de la zona en disputa. "¿Acaso la Corte pediría a los chilenos que viven en el norte abandonar dicha zona en beneficio de otro país?", fue el argumento esgrimido por la defensa chilena ante la CIJ, y que puso broche de oro a los alegatos. 

“Nosotros decimos que en con relaciones internacionales del siglo XXI, no puede ser que dos estados nacionales -en una conversación o diálogo entre sus elites centradas en sus capitales- resuelvan la vida de comunidad que tiene más derecho a ese territorio. Esto no era una negociación acerca de territorio como si fuese un objeto inanimado. Ahí viven personas y en la cosmovisión andina pertenecen al lugar, no el lugar a ellos. Entonces era mucho más complejo que repartir terreno”, agrega el Dr. Ross.

En ese sentido, el Dr. Garay afirma que “el trabajo del comité no fue accesorio si no propició munición a las armas del argumento jurídico, dando valoración del estatus de la documentación”.

Comenta que fue una experiencia “larga, extenuante y gratificante al mismo tiempo, porque la U. de Santiago no solo es compleja con distintas áreas, sino por su aporte significativo con dos miembros en una instancia en donde no se debatía un tema técnico, también hermenéutico, cobrando especial relevancia porque la historiografía y el conocimiento de este tipo no es de fechas ni datos, por el contrario, se trata de un concepto que incluye la interpretación”, agrega el historiador.

Resultados y proyección con Bolivia

"La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia", sentenció el presidente del tribunal Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ.

La declaración jurada internacional abrió un nuevo escenario en las relaciones internacionales entre ambos países, cerrando -probablemente- el diálogo a corto y mediano plazo sobre el acceso al mar para Bolivia, pero ampliando el abanico de relaciones en otros aspectos.

Así lo explica el Dr. Garay, quien indica que ahora Bolivia deberá cambiar su enfoque. “Bolivia y Chile están condenados a ser vecinos, el fallo nos permite decir hay paz y seguridad jurídica (Tratado de 1904). Ahora falta la amistad, que es parte de un proceso de acercamiento. Lo que queda descartado es el inicio de un nuevo proceso en que se discuta algo parecido a soberanía”, indica.

El historiador agrega que esto es producto de la embestida comunicacional y política del Presidente boliviano. “Queda como un interlocutor dañado para Chile, y que está manifestando que el juicio fue un elemento solo funcional a la demanda, por tanto, se agota esa vía y pensará en abrir otra”, adelanta.

Sin embargo, el historiador asegura que la instancia abre otras posibilidades. “Eso no obsta para acercarse a la población boliviana mediante iniciativas culturales, económicas, sociales, que permitan socializar la idea que Bolivia puede tener otro tipo de relaciones con Chile, donde sea beneficiada”, puntualiza.

El Dr. Ross por su parte asegura que el panorama es complejo. “Las confianzas están muy dañadas. El Presidente Morales, que ha sido tan clave en dar estabilidad y cierto bienestar a su país, usó el conflicto con Chile para sus propios afanes electorales de manera contumaz. Ahora debemos recomenzar desde un punto muy bajo. Es posible, además, que esta derrota en La Haya, termine hipotecando su deseo de permanecer en el poder”, sostiene.

El historiador indica que a futuro “se debe contemplar un cambio de fondo, restableciendo relaciones diplomáticas, creando un ambiente de confianzas y teniendo en cuenta que tardaremos una o dos décadas en alcanzar un alto nivel de relaciones bilaterales”.