El anuncio del Gobierno en materia de Educación Superior ofreciendo como beneficio la ampliación del Crédito con Aval del Estado (CAE) -postulación que finalizó este lunes 3-, no nos puede hacer olvidar las consecuencias negativas que ha provocado el CAE, como el sobreendeudamiento estudiantil, cuya tasa de morosidad alcanza el 44,5% según datos presentes en el debate público.

 

La propuesta que iba en ayuda a la clase media, presenta restricciones que obligan al estudiante a endeudarse. A saber: solo podían postular quienes no hayan participado de procesos regulares de postulación a beneficios estudiantiles para el año 2020; financia el 2° semestre y cubre solo el arancel de referencia, cuyo copago es asumido por el estudiante al igual que el arancel del 1° semestre; postulación mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que considera ingresos de los últimos 18 meses, no reflejando la realidad actual.

 

Resulta lamentable que la única solución ofrecida por el Ejecutivo sea por vía del endeudamiento personal, imponiendo condiciones altamente restrictivas. Según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el total de la matrícula de pregrado este 2020 fue de 1.151.727 estudiantes, de los cuales 761.300 obtuvieron algún beneficio como gratuidad, becas o créditos estudiantiles. Si alguno de ellos se vio afectado por la pandemia, no pudo postular al beneficio anunciado. Los 260 mil estudiantes restantes, no tienen otra opción de financiar sus estudios en caso que sus padres o ellos mismos quedaron cesantes. Luego del anuncio, el Ministerio de Educación señaló que este CAE beneficiaría a 130 mil estudiantes, y a finales de julio solo habían postulado 12 mil, cifra que pudo cambiar, pero que evidencia lo limitado de la medida que empuja a un número importante de estudiantes a desertar antes que endeudarse.

 

Las universidades del Cruch hemos expuesto la situación de crisis económica producto de la implementación de la gratuidad, el 18/O y la pandemia; y entregado diversas propuestas como el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). No obstante, el gobierno da como solución un crédito Fogape, destacando que el 70% de los planteles pueden acceder a dicho crédito, pero pocos saben que el 30% de las instituciones de educación superior que quedan fuera, concentran el 80% del total de matrículas.

 

En suma, lo anunciado hasta el momento no resuelve el problema de los jóvenes que enfrentan el dilema de desertar o endeudarse. Por esto, las universidades del Cruch hemos otorgado facilidades a los estudiantes, sin embargo, esto no es suficiente para mitigar la crisis y urge que el Ejecutivo se abra a otras alternativas que permitan a los estudiantes continuar con su educación terciaria, contribuyendo a entregar certezas a la clase media.