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Goku y los números del idioma japonés

Goku y los números del idioma japonés

El 9 de mayo, para sorpresa de su creador, Akira Toriyama, fue celebrado por los fans de la serie Dragon Ball de todo el mundo el de día de Goku, protagonista de esta serie de anime y manga japonés.

La conmemoración de este día es oficial desde el año 2015, coincidiendo con el estreno de la película, Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer y el anuncio de la nueva serie anime llamada, Dragon Ball Super. Todo ello después de que la productora de la serie, Toei Animation,  ante el éxito alcanzado, realizase una solicitud a la Asociación de Aniversarios de Japón para que se reconociera este día como el día Goku, la cual fue aceptada.

Ahora bien, ¿por qué el día 5 de mayo? ¿Tendrá relación con algún acontecimiento de la historia de la serie? En principio parece que no, aunque ese día en la serie se celebra el Día de Piccolo, el Rey Demonio Piccolo, que ese día se declara gobernante de la Tierra y después es derrotado por Goku. En cualquier caso, la razón de esta fecha se debe a que en japonés el número 5 se dice: “Go” y el número 9 se dice: “ ku”, que al unirse precisamente forman la palabra, “Goku”.  Es más, actualmente la franquicia japonesa extiende la celebración a los días 8 de mayo, “gohan”, 5 (go) y 8 (han), y el 10 de mayo, "goten", 5 (go) y 10 (ten del inglés), correspondientes en la serie al nombre del primer y segundo hijo de Goku.

Este juego de palabras que se da entre la pronunciación del nombre de Goku y la pronunciación de los números 5 y 8 en japonés, es una práctica recurrente de la lengua japonesa, donde existen un gran número de palabras homófonas, es decir, que suena igual pero se escriben de manera diferente, y por tanto, remiten a significados distintos. En parte esto se debe a la presencia de más de una grafía para escribir en japonés, donde como saben se utiliza la grafía del kanji, y de los silabarios kana: hiragana y katakana. Así, si buscamos la escritura del nombre de nuestro protagonista, Goku, en kanji sería, 悟空 : 悟 (go) y 空 (ku) diferente a como se escriben los números 5 y 9 en kanji: 五(go) y 九 ku).

Por otra parte, la gente que ya ha estudiado un poco de japonés podría decir que el número 9 se dice, “kyuu”, entonces por qué aquí es "ku". Y es que los kanji, las letras de origen chino adaptadas por los japoneses para escribir su lengua, pueden leerse de varias formas. El origen del uso del kanji se remonta a los siglos V y VI, cuando Japón aún no contaba con un sistema de escritura. El contacto con los sabios chinos que llegaron y escribían con los kanjis llevó a los japoneses a adoptar esta grafía para transcribir su lengua. De esto modo, tomaron la pronunciación de un kanji en chino, por ejemplo, 山 (san) para transcribir este sonido en su lengua. Asimismo, tomaron el significado del mismo kanji, montaña, para escribir la palabra japonesa que significa montaña, (yama), dando como resultado dos formas de pronunciar el mismo kanji.

En consecuencia, los kanji tienen dos lecturas o maneras de pronunciarse. Una llamada onyomi, que proviene de la pronunciación del kanji en chino y, otra llamada kunyomi, que es la lectura para referirse a palabras japonesas. E incluso, a veces, los kanjis pueden tener más de una lectura onyomi y kunyomi. 

Esto mismo se aplica a los números que también se escribieron en kanji, aunque después conviviesen con los números arábigos. Se pueden leer con su lectura china: 1 (一), 2 (二), 3 (三)... (ichi, ni, san) o con su lectura japonesa: (hi, fu, mi). Es más, dependiendo del elemento que queramos contar pueden adoptar una u otra lectura.  Así el número nueve se puede decir: “ku”, “ kyuu” o “ko”.

Del mismo modo, los números 4 (shi) y 9 (ku), son considerados en la cultura japonesa números de mala suerte, pues el primero, el 4 se lee igual que la palabra muerte (死 shi) y el 9, igual que la palabra sufrimiento (苦 ku). Por eso, hay hospitales que no tienen habitación 4, 14 o cualquier número que contenga el 4 o se evita tener estos números en la patente de los autos.

En tiempos en los que aún no existían ni los teléfonos móviles ni los emoticones el beeper era una máquina en la que se escribía solo con números muy popular en Japón. Por ejemplo, se podía escribir el número 4649, que se lee:  YO (4) RO (6) SHI (4) KU (9), lo que forma la palabra Yoroshiku, que es un saludo en japonés. 

Igualmente, la novela 1Q84 del conocido escritor japonés Haruki Murakami, presenta un juego de palabras en su título, emulando la de George Orwell, 1984, donde el sonido en inglés de la letra Q (kyu) coincide con la pronunciación del número 9 en japonés.

Llegados a este punto, tal vez piensen que aprender kanji es una locura y no seremos quienes les contradigan. Solo podemos decirles que, para muchos de nosotros que nos encanta la cultura japonesa, cuando somos capaces de entender las reglas del juego del kanji este nos atrapa y ya no podemos escapar.

Discursos de odio y violencia: un llamado urgente a la justicia para la comunidad LGBTIQA+

Discursos de odio y violencia: un llamado urgente a la justicia para la comunidad LGBTIQA+

En el mismo mes en que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia – y que se reconoce la exclusión de la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades por la OMS, el 17 de mayo de 1990 – se comete el brutal ataque lesbicida contra cuatro mujeres en el barrio de Barrancas, en Buenos Aires.

Este crimen nos golpea por su particular crueldad para recordarnos que, pese a los avances legales en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+, nuestra comunidad sigue viviendo discriminación, desigualdad, exclusión y violencia de manera desproporcionada.

Este ataque inhumano no es aislado. Es el resultado de una cultura de discriminación que se sustenta en un sistema social jerárquico, patriarcal y cisheteronormado que promueve, justifica y amplifica la violencia hacia colectivos históricamente estigmatizados y vulnerabilizados a través de la diseminación de discursos de odio que castigan, denostan y deshumanizan a las identidades, expresiones o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. 

Lamentablemente, estos discursos hostiles se multiplican de forma peligrosa, siendo incluso avalados y respaldados por grupos políticos antiderechos que se renuevan y propagan en distintas partes del orbe.

Según el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2024, pese alprogreso alcanzado en algunos países el año pasado, -especialmente respecto al matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo - la ofensiva contra los derechos de las personas LGBTIQA+ se ha intensificado. Así, una oleada de acciones o propuestas normativas se han levantado para restringir los derechos de las diversidades sexogenéricas. 

En muchas regiones del mundo se han registrado detenciones y la criminalización  de personas LGBTIQA+, imponiéndose además limitaciones a las organizaciones que defienden sus derechos. De esta forma, los delitos violentos como golpizas, agresiones sexuales, tortura y asesinato persisten y muchas veces quedan impunes en sistemas judiciales que carecen de perspectiva de género. 

El Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas en el Séptimo Informe Periódico de Chile advirtió su preocupación por el aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTIQA+. Parte de esta inquietud incluía las altas tasas de suicidio. Dicho comité puso en evidencia el elevado nivel de impunidad en torno a los  delitos de odio contra personas LGBTIQA+ por la falta de denuncias formales en el sistema judicial, ya que el aparato policial-judicial no sólo es revictimizante para las personas sobrevivientes de violencia física, sexual o psicológica, sino que añade violencia institucional y política, ya sea por acción o por omisión.

La insuficiencia de la protección jurídica, asentada en estereotipos discriminatorios y escasos conocimientos sobre los derechos de las diversidades sexogenéricas dentro del poder judicial y las policías, se ha traducido en un aumento del número de casos de discriminación que se multiplican con otras desigualdades económicas, lingüísticas, geográficas y de accesibilidad, que afrontan las personas de menores ingresos, migrantes, indígenas, rurales y en situación de discapacidad para acceder a la justicia.

Es imperioso que los estados establezcan procesos y medidas que eliminen las prácticas discriminatorias del sistema de justicia, actuando con la debida celeridad para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar cualquier tipo de violencia contra las personas LGBTIQA+, y condenando públicamente aquellos actos de violencia motivados por prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.

Es innegable que se está en un momento político convulso a nivel nacional e internacional. Por ello urge avanzar en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQA+ a través de una estrategia integral dirigida a poner fin a la cultura machista y a los estereotipos discriminatorios en torno a roles, funciones y responsabilidades culturalmente asignadas a las identidades femeninas o masculinas construidas en la sociedad. Esto requiere reconocer y problematizar los mandatos de género para poder expresar nuestras legítimas diferencias sin que estas devengan en jerarquías, desigualdades, discriminación, exclusión y violencias.

Litio: ¿cuánto ha avanzado Chile en el último tiempo?

Litio: ¿cuánto ha avanzado Chile en el último tiempo?

Es sabido que el país tiene vastos recursos de litio, este mineral estratégico está posicionándose como un referente en la industria global de la energía limpia. Los productores actuales en Chile, siguen siendo los mismos y se destacan a nivel global: SQM y Albemarle que están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías para una extracción más eficiente y sostenible. Además, Chile está estableciendo una Estrategia Nacional del Litio con objetivos claros que son: 

-Aumentar las riquezas para el país

-Desarrollar una industria sostenible tanto a nivel nacional como mundial

-Fomentar la tecnología y los encadenamientos productivos

-Fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

-Contribuir a la diversificación productiva y al potencial de crecimiento regional

Esta estrategia debe incorporar la colaboración público-privada y la participación activa del Estado en todo el ciclo industrial del litio, desde la exploración hasta la agregación de valor. Se han creado instituciones como la Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Litio y Salares para liderar este proceso. Además, se promueve la creación de capacidades mediante un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. 

Una estrategia que se ha propuesto como una alternativa válida es la implementación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). Estos contratos fueron concebidos por el Poder Ejecutivo para abordar un problema fundamental relacionado con la dificultad para explotar el litio presente en varios salares de Chile. Aunque no es una idea reciente, ya que, en 2007, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se licitaron los llamados Contratos Especiales de Operación de Petróleo (CEOP), que estaban vinculados a los recursos de hidrocarburos. En efecto, los CEOL representan un esfuerzo significativo para encontrar soluciones sostenibles que permitan aprovechar el potencial del litio en Chile. 

Estos contratos consideran tanto su valor económico como su impacto ambiental y social. No obstante, surgen interrogantes adicionales a raíz de esta iniciativa. ¿Incorporará el Estado un royalty al CEOL, similar a lo realizado con Codelco en el salar de Maricunga? La respuesta a esta pregunta es relevante para garantizar una distribución equitativa de los beneficios generados por la explotación del litio. 

En cuanto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es un acto administrativo definitivo en el proceso de evaluación ambiental. A través de la RCA, se otorga una calificación ambiental al proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, la RCA establece las condiciones y requisitos ambientales que deben cumplirse durante la ejecución del proyecto o actividad. La pregunta sobre si los tiempos de evaluación y aceptación de las RCA mejorarán, es crucial. 

No obstante, la licitación de los CEOL no constituye la solución definitiva. En realidad, la solución definitiva debería abordar el problema de raíz, que es fundamentalmente legal. Esto se debe a que el Decreto Ley 2.886 de 1980 y el Código de Minería de 1983 establecen el carácter estratégico del litio y otorgan al Estado la exclusividad en su explotación (excepto en aquellas concesiones regidas por el Código de Minería de 1932). Sin embargo, desde una perspectiva técnico-económica, no hay razón para mantener esta exclusividad en manos del Estado en la actualidad. La verdadera solución debería ser abordada por el Poder Legislativo (es decir, el Congreso), ya que es el único órgano capaz de encontrar una solución a largo plazo para la explotación del litio. A pesar de que los CEOL pueden resolver el problema a corto plazo, es crucial que se genere el interés necesario entre los miembros del Congreso para resolver definitivamente esta situación incómoda para la industria y, sobre todo, ineficiente para el Estado de Chile.

 

La Convención Constitucional y su reglamento

La Convención Constitucional y su reglamento

A casi tres meses de la instalación de la Convención Constitucional el pasado 4 de julio, el órgano está ad portas de aprobar su reglamento de funcionamiento, hito de la mayor relevancia dado que es la norma que dibujará el procedimiento y tiempos del debate de contenidos de la nueva Constitución, y cómo estas serán aprobadas. Esta primera etapa ha tenido avances importantes, ha mostrado cómo un nuevo órgano institucional con representación inclusiva construye acuerdos, y ha develado conflictos antiguos y nuevos en el proceso político chileno.

De entre los avances de la Convención Constitucional es importante destacar que a pesar de las dificultades iniciales de instalación, por las diferencias entre convencionales frente a temas como derechos humanos y violencia policial, y el bajo apoyo del gobierno a la instalación, se estableció una mesa ampliada inclusiva que dio sustento a las decisiones previas a la aprobación del reglamento.

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención no solo ha tenido un significado histórico, sino que en su compromiso de incluir a todos los sectores políticos representados en el órgano a la mesa, previó la posibilidad de resolver los conflictos que se darían en esta primera etapa. Y así ha sido, y esta semana se votan las indicaciones finales para arribar al reglamento.

En cuanto a la inclusión, hemos podido observar que un órgano de representación paritario, con escaños reservados para pueblos indígenas y representación tanto de independientes como de partidos políticos, ha expresado mejor que otras instancias la diversidad de la sociedad chilena.

Esta diversidad que para muchos significaba una preocupación en cuanto a la posibilidad de arribar a acuerdos, ha mostrado que a través del diálogo, la exposición de posturas distintas y la definición de procedimientos acordados, genera de manera democrática la toma de decisiones, y que más allá de las posturas distintas aquellos que buscan los acuerdos han ido avanzando a paso firme.

Junto con esto, como en todo espacio político institucional de representación, han surgido conflictos muy complejos - como es el caso del Convencional Rodrigo Rojas Vade que los ha tensionado fuertemente y que luego de una declaración inicial de la mesa ampliada, ha derivado en una serie de acciones políticas y judiciales, así como en la propia discusión del reglamento donde se aborda la posibilidad de renuncia de los Convencionales y la forma de reemplazo.

También ha dado un amplio sentido de realidad a la Convención y una alerta de humildad ante la ciudadanía, pues la democracia es siempre un proceso en construcción que requiere el compromiso de todos los actores involucrados.

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid: Déficit de profesores, un problema latente

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid: Déficit de profesores, un problema latente

El trascendental rol del profesor/a ha sido clave en nuestro desarrollo como nación. Las y los docentes de hoy destacan por su vocación para impactar en el aprendizaje y vida de los estudiantes. Ejemplo de ello es la profesora de Ciencias, Nadia Valenzuela, cuyos estudiantes de Angol analizan semillas para el desarrollo de futuras granjas espaciales, con un instrumento donado por la NASA, único en Chile y gestionado directamente por ella.
 
No obstante, y según cifras de Elige Educar, en el año 2030, Chile presentará un déficit de docentes cercano a los 33 mil, afectando desde la enseñanza preescolar a la secundaria.  Frente a un problema de interés nacional, el Estado debe involucrar a los distintos actores, para revisar los factores asociados. Si bien son variadas las iniciativas impulsadas para dignificar la profesión docente y apoyar su ejercicio -como las condiciones laborales y remuneraciones que asegura el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD)-, hay otras que parecieran tener el efecto contrario. 
 
Uno de los factores que podrían explicar este déficit, refiere a los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogías que establece la Ley 20.903. Según un estudio del Observatorio Docente del CIAE (2019), mostró que la matrícula de 1° año de las pedagogías en 2017 -año en que comenzaron las nuevas exigencias para la matrícula-, disminuyó un 27,2% en relación al 2011 . El Ministerio de Educación (Mineduc), por su parte, indica que en 2021, las postulaciones bajaron de 14.980 a 9.904, respecto al 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior, se valora que el Mineduc haya considerado el informe de la Mesa de Atracción para las Pedagogías, ingresando un proyecto de ley que busca modificar los requisitos de acceso, pero no podemos obviar que este problema es multifactorial y su abordaje debe considerar otros aspectos tales como: el fomento de la vocación docente temprana, la importancia de la trayectoria docente y la retención docente, para evitar la alta deserción producto de la gran carga laboral y emocional. 
 
Necesitamos abordar esta temática con la complejidad y urgencia que amerita, al tratarse de un problema agravado por la pandemia y que nos exige como país, conversar sobre la real importancia del docente en la construcción de la sociedad. La inacción solo hará que este déficit impacte particularmente a las/os niñas/os y jóvenes más vulnerables, aumentando las brechas en materia educativa.  
 
Podemos construir un Chile desarrollado, siempre que seamos capaces de tener docentes preparados para asumir los desafíos venideros. Las futuras generaciones esperan nuestra definición hoy. 

Opinión de la Dra. Diana Aurenque: Por una pandemia feminista

Opinión de la Dra. Diana Aurenque: Por una pandemia feminista

En el mes del día internacional de la mujer, 8 de marzo (8M), y que coincide con el inicio de la pandemia, resulta urgente hacer balances; aun cuando estos no sean alegres.
 
Pese a las últimas reformas y generación de políticas públicas contra la violencia de género, o de haber logrado asegurar la paridad en el proceso constituyente –un resultado que, no obstante, surgió desde las calles y no de los gobernantes–, las cuentas son desalentadoras. Tal como fue atestiguado en diversos medios de comunicación, por informes de la ONU Mujeres o el propio Ministerio de la Mujer, durante el 2020 se registró un aumento de casos de violencia contra las mujeres. Con espanto, se registraron 43 femicidios consumados y 151 frustrados a lo largo del país, siendo esta última la cifra más alta de los últimos 8 años.
 
La evidencia es clara: La pandemia incrementó las brechas de género en general. Pues las mujeres no sólo han sido objeto de violencias espantosas, sino también de agravios e indolencias mucho más sigilosas y estructurales.
 
En cuanto las mujeres históricamente han sido vinculadas a labores del cuidado (del hogar, hijos, terceros y/o familiares), la crisis sanitaria amplificó sus responsabilidades. Su empleabilidad disminuyó, al igual que sus salarios, y su salud mental está más deteriorada; es decir, más desfavorables que los hombres.
 
Ser mujer, madre-cuidadora y trabajadora es en tiempos pandémicos una tarea prácticamente insostenible. Y si bien esto es transversal, afecta de manera más profunda a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad: la realidad de muchas mujeres envejecidas, pobres, rurales, indígenas o migrantes es desoladora.
 
El 8M conmemora las luchas del feminismo; tanto las pasadas como las pendientes. En ello se levanta la exigencia por reconocimiento, protección y tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres; sea reproductiva, laboral, política o familiar. Uno de sus pilares es prevenir y protegerlas de la violencia física o sexual, algo que según datos de la Organización Panamericana de la Salud le ocurre a 1 de cada 3 mujeres. Pero ¿cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia.
 
Para la protección de las mujeres debe asegurarse no sólo disponer de servicios de atención integral a las víctimas, sino también contar una política real de tolerancia cero a la violencia contra ellas. Y aquí no sólo es clave el diálogo de la política con organizaciones feministas para identificar necesidades y jerarquizar acciones, sino también garantizar servicios policiales y judiciales que prioricen su atención al cuidado y reparación de las víctimas. 
 
“¿Cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia”.
 
Pero en Chile, la protección policial para las mujeres no está garantizada. Los abusos por parte de agentes del Estado no han sido reconocidos y condenados con la dureza requerida; por ejemplo los ocurridos tras el 18 de octubre. Esta es la prueba más clara de que eso de que se condena la violencia “venga de donde venga” es falso. 
 
Tampoco su protección judicial; de los femicidios judicializados en los 3 últimos años, apenas un 14% fueron resueltos y un 51% siguen pendientes… ¡3 años! Asimismo, y en materia de derechos reproductivos, la demanda por despenalizar el aborto más allá de las tres causales actuales, así como de impulsar una educación sexual no sexista integral e inclusiva, sigue como temas pendientes.
 
En ese sentido, el balance debe ser uno: la pandemia debe incluir un enfoque feminista. Las medidas en torno al manejo de la crisis sanitaria tendrán que ser armonizada con una agenda que proteja a las mujeres. Las medidas de control sanitario este 2021 no sólo deberán regirse por criterios epidemiológicos y socio-económicos, sino también por un enfoque feminista. El alza de los contagios en el último tiempo obliga a medidas diferenciadas, no centralistas y que focalicen, por ejemplo, el toque de queda y el confinamiento en los lugares más afectados. O ¿de qué nos sirve evitar la muerte de mujeres por COVID-19, pero dejarlas al desamparo de una violencia machista y virulenta contra la que aún no hay vacuna?

Opinión de Gonzalo Martner, economista y académico FAE: Nueva etapa en el debate de pensiones

Opinión de Gonzalo Martner, economista y académico FAE: Nueva etapa en el debate de pensiones

Avanza en la sociedad chilena la idea que una pensión básica decente debe ser provista por la colectividad y financiada mediante impuestos progresivos. De la pensión asistencial misérrima antes para menos del 10% de los mayores, se pasó a aumentos sucesivos. Un salto fue la pensión básica solidaria en 2008 para los que, perteneciendo al 60% de la población de menos ingresos (inicialmente el 45%), no tienen cotizaciones.
 
Se agregó un aporte previsional fiscal para las pensiones bajas, pues muchos cotizantes presentan discontinuidades de aportes. En ambos casos esto afecta especialmente a las mujeres. Las tasas de reemplazo del salario previo son deficientes y llevan a pensiones irrisorias que requieren de un complemento y el sistema abarca a 1,7 millones de personas de más de 65 años.
 
Sebastián Piñera ahora anunció que el umbral de acceso pasará de 60% de las personas de menos ingresos (unas 490 mil adicionales) y que las pensiones no serán inferiores a la línea de pobreza, junto a crear un mayor subsidio y un seguro para la dependencia severa. Todo esto es una buena noticia.
 
El problema es que el financiamiento de estos beneficios es poco claro a mediano plazo, ya que se insiste en mantener el 10% de la cotización obligatoria en las AFP -lo que no tiene otra justificación que seguir haciendo prosperar sus utilidades sobrenormales y que la mitad de la cotización adicional pactada iría a cuentas individuales de capitalización incierta. Si algo no funciona, hay que cambiarlo; en este caso, el sistema de AFP por uno en el que la cotización de los activos financie directamente los derechos previsionales adquiridos por cada cual en la vida laboral, complementados por una pensión universal de cargo fiscal y por los ingresos de un fondo colectivo de capitalización constituido por cotizaciones adicionales (6%) para sostener las pensiones de las mujeres y el cambio demográfico, como hemos propuesto con Fernando Carmona.
 
Esto aumentaría de inmediato las pensiones y terminaría con el monopolio lucrativo de las AFP con las cotizaciones, empresas que deberían ser un mecanismo voluntario de ahorro, del cual se pueda disponer en situaciones de crisis como la actual.
 
Más retiros sin una reforma bajarán las futuras pensiones y las actuales si se incluyen la renta vitalicia o la programada. Las propuestas de nuevo retiro con bono de reconocimiento son injustas, dado que los tres millones ya sin fondos no recibirían reintegro y los de bajo ahorro muy poco. Ese dinero fiscal más vale gastarlo hoy en el Ingreso Familiar de Emergencia en la línea de pobreza, financiado con reservas y deuda, y sin regalos a los de más ingresos.
 
Y se debe desechar la propuesta de usar los recursos apozados en el seguro de cesantía para otros fines que los de apoyar a los trabajadores cesantes, los que debieran recibir no el 45% sino el 70% del salario previo.
 

Opinión del académico Bernardo Navarrete: El plebiscito constitucional

Opinión del académico Bernardo Navarrete: El plebiscito constitucional

El plebiscito constitucional que se desarrollará este domingo tiene tres características únicas. La primera es que sólo fue posible por el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 y se explica porque la democracia necesita conflicto de ideas así como de opiniones, demostrando una vez más la tesis de Ralf Dahrendorf: los conflictos siguen siendo el “motor” del cambio social. Por tanto, sin las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 no tendríamos la oportunidad de concurrir a una elección que, por sí misma, constituye la segunda condición de excepcionalidad: nunca en nuestra historia -siguiendo a los historiadores Sofía Correa y Gabriel Salazar-, tuvimos más libertad para decidir, ya que las Constituciones de 1833, 1925 y de 1980 estuvieron condicionadas por las Fuerzas Armadas.
 
Lo notable es que el “motor” del cambio social que nos llevará a las urnas vino de manos de los menores de treinta años. En palabras del historiador británico Tony Judt, a la “juventud de hoy le preocupa el mundo que le hemos legado y los medios tan inadecuados que les hemos proporcionado para mejorarlo”. Si asumimos que cada sociedad tiene sus propias maneras de producir el cambio, en Chile se nos abrió una ventana de oportunidades para que los jóvenes y todos los electores habilitados participen. 
 
En ese entendido, los autores Micklewait y Wooldridge sostienen en su libro "Una Nación Conservadora. El poder de la derecha en Estados Unidos" que: “Si los conservadores han tenido éxito, es porque en un país donde sólo la mitad del electorado se molesta en ir a votar, están mejor organizados que otro tipo de estadounidenses”. Participar es enfrentar la retórica del miedo que nos quieren traspasar algunos políticos, empresarios y economistas,con una retórica de la esperanza que exprese nuestra opinión sobre una política exitosamente fracasada.
 
Lo anterior da pie a la tercera característica única de este plebiscito: todos entienden como ganadora la opción Apruebo, lo que no será atribuible al esfuerzo del sistema político, sino porque es difícil argumentar contra algo tan sencillo como el derecho a decidir sobre la necesidad de nuevas reglas del juego.
 
Pero, ¿para qué concurrir a votar en un mar de preocupaciones sanitarias, incluso con un discurso de esperanza? Básicamente, porque hay un elefante en medio de la habitación y sacarlo es una actividad con sentido y a la vez justa, por su utilidad para la discusión que deberán tener aquellos que adscriben a las preocupaciones de Michael Oakeshottde enfrentarnos a un vocabulario político ambiguo, la “política de la fe”donde están aquellos buscan transformar su mundo, y la “política del escepticismo”, que no cree en perfecciones y que defiende el “imperio de la ley”. Los primeros necesitan dialogar con los segundos y habrá un espacio institucional para ese proceso, la Asamblea Constituyente.
 
Los 155  “convencionales”que se elegirán en abril de 2021 y que redactarán la Nueva Constitución durante once meses de trabajo, representarán el necesario encuentro entre la “política de la fe”y la “política del escepticismo”. Y a pesar del diagnóstico pesimista del tiempo presente, de ellos esperamos el optimismo del debate centrado en los compromisos que asumieron en sus candidaturas.
 
Adoptar una nueva Constitución es una estrategia de compromiso donde caben las meta-preferencias o preferencias de segundo orden, como son las normas de protección medio ambientales tan relevantes en la actualidad, que para el abogado Cass Sunstein es mejor obtener mediante el derecho. En otras palabras, para hacer posible la construcción de una Constitución y que funcione, los constituyentes deberán tratar de resolver los problemas a través de acuerdos carentes de una teoría completa que incorpora abstracciones aceptadas como tales, en medio de desacuerdos severos sobre casos particulares. 
 
Y un buen ejemplo de lo anterior es el “caso de la plena particularidad”, donde los ciudadanos se ponen de acuerdo sobre una decisión sin ponerse de acuerdo en algún tipo de explicación que la sustente y ello porque cualquier razón es por definición más abstracta que el resultado que sostiene: no ofrece razones porque no conoce qué son esas razones, “no se puede poner de acuerdo sobre razones, o… teme que las razones que tiene pueden resultar inadecuadas si se reflexiona al respecto, lo que puede conducir a su mal uso en el futuro”.
 
Entonces, el proceso constituyente se vuelve sustantivo porque en él se abordará-más allá de la extensa literatura disponible-, lo que sostenía Tilly como uno de los ocho postulados malignos de la ciencia social del siglo XX:que la “diferenciación conduce al progreso”. Siguiendo al politólogo británico Bernard Crick, quienes viven en condiciones desiguales requieren un orden legal que regule, defina, proteja y limite los “iguales derechos” de sus conciudadanos, considerando la “incompetencia colectiva de los estados democráticos para actuar conjuntamente, por medio de acuerdos políticos, de cara a problemas vitales comunes”. En palabras de Sunstein, es preferible una “solución justa, rechazada por muchos, que una decisión injusta en la que están de acuerdo todos o la mayoría. Una Constitución justa es más importante que un acuerdo sobre la Constitución”.
 
Un desafío en el proceso constituyente es huir de la actitud conservadora que tan bien describiera Oakeshott: “La política es un espectáculo desagradable en todo momento. La oscuridad, la turbiedad, el exceso, las componendas, la apariencia indeleble de deshonestidad, la falsa piedad, el moralismo y la inmoralidad, la corrupción, la intriga, la negligencia, la intromisión, la vanidad, el autoengaño y por último la esterilidad”. Como electores en el plebiscito y en la elección de abril para “convencionales” deberemos estar atentos al debate, el cual presume tener toda la información para conocer todas las alternativas, para tener claras todas las consecuencias.
 
Nos jugamos una nueva Constitución y la tendremos a partir de pares abstractos: Apruebo o Rechazo. El relato que se construirá a partir del primero está en los deseos de corregir el futuro y en respondernos una pregunta formulada por el filósofo Karl Popper: “¿De qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”. 
 
Las Constituciones no se diseñan para reprimir o erradicar el conflicto, sino que deben institucionalizar la solución a los conflictos. Tampoco para que los controles y frenos constitucionales restrinjan al límite el poder de las mayorías frente al poder de las minorías o veto de las minorías. La Constitución Política sólo tiene valor en el sentido de la ética que le puede ser transferida o como ética que gobierna nuestras acciones dentro de ella, como sostenía el Maestro Alemán Sternberger.
 
En definitiva, el debate de ideas importa. Esto queda claro cuando se cuenta que en el siglo XIX Thomas Carlyle, en una cena recibió un reproche de un hombre de negocios: “¡Ideas, Sr. Carlyle, nada sino ideas!”, a lo cual Carlyle le replicó: “Hubo una vez un hombre llamado Rousseau que escribió un libro que no contenía nada sino ideas. La segunda edición fue encuadernada con la piel de los que se rieron de la primera”.
 
En el debate constituyente tendremos probablemente dos bloques de opiniones:por una parte aquellos que entienden las "constituciones en que se plasman aspiraciones" o "constituciones con objetivos" y por la otra, aquellos que levantarán una muralla "programática" de preceptos, órdenes y prohibiciones centrada en darle gobernabilidad al “futuro” país, con la tentación de seguir el “sabio pragmatismo” representado por los acuerdos constitucionales ingleses.
 
Es claro que las Constituciones no pueden hacer milagros.Como nos recuerda el politólogo Robert Dahl, una convención constitucional tiene que elaborar una Constitución, no puede elaborar una sociedad, pero parafraseando a Sartori, el sistema chileno funciona -o ha funcionado-, a pesar de su Constitución, y difícilmente gracias a su Constitución. 

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch: ¿Es el CAE la solución real para la clase media?

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch: ¿Es el CAE la solución real para la clase media?

El anuncio del Gobierno en materia de Educación Superior ofreciendo como beneficio la ampliación del Crédito con Aval del Estado (CAE) -postulación que finalizó este lunes 3-, no nos puede hacer olvidar las consecuencias negativas que ha provocado el CAE, como el sobreendeudamiento estudiantil, cuya tasa de morosidad alcanza el 44,5% según datos presentes en el debate público.
 
La propuesta que iba en ayuda a la clase media, presenta restricciones que obligan al estudiante a endeudarse. A saber: solo podían postular quienes no hayan participado de procesos regulares de postulación a beneficios estudiantiles para el año 2020; financia el 2° semestre y cubre solo el arancel de referencia, cuyo copago es asumido por el estudiante al igual que el arancel del 1° semestre; postulación mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que considera ingresos de los últimos 18 meses, no reflejando la realidad actual.
 
Resulta lamentable que la única solución ofrecida por el Ejecutivo sea por vía del endeudamiento personal, imponiendo condiciones altamente restrictivas. Según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el total de la matrícula de pregrado este 2020 fue de 1.151.727 estudiantes, de los cuales 761.300 obtuvieron algún beneficio como gratuidad, becas o créditos estudiantiles. Si alguno de ellos se vio afectado por la pandemia, no pudo postular al beneficio anunciado. Los 260 mil estudiantes restantes, no tienen otra opción de financiar sus estudios en caso que sus padres o ellos mismos quedaron cesantes. Luego del anuncio, el Ministerio de Educación señaló que este CAE beneficiaría a 130 mil estudiantes, y a finales de julio solo habían postulado 12 mil, cifra que pudo cambiar, pero que evidencia lo limitado de la medida que empuja a un número importante de estudiantes a desertar antes que endeudarse.
 
Las universidades del Cruch hemos expuesto la situación de crisis económica producto de la implementación de la gratuidad, el 18/O y la pandemia; y entregado diversas propuestas como el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). No obstante, el gobierno da como solución un crédito Fogape, destacando que el 70% de los planteles pueden acceder a dicho crédito, pero pocos saben que el 30% de las instituciones de educación superior que quedan fuera, concentran el 80% del total de matrículas.
 
En suma, lo anunciado hasta el momento no resuelve el problema de los jóvenes que enfrentan el dilema de desertar o endeudarse. Por esto, las universidades del Cruch hemos otorgado facilidades a los estudiantes, sin embargo, esto no es suficiente para mitigar la crisis y urge que el Ejecutivo se abra a otras alternativas que permitan a los estudiantes continuar con su educación terciaria, contribuyendo a entregar certezas a la clase media.

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país.
 
El pasado 17 de julio, Enrique Navarro sostuvo en el medio La Tercera que el proyecto de reforma constitucional que posibilita el retiro excepcional de fondos previsionales se constituía “peligrosamente” en una “elusión constitucional”, debido a que el Congreso se estaba arrogando atribuciones propias del Presidente de la República y regulaba mediante un artículo transitorio en la Constitución una materia  reservada a jerarquía de ley. Señaló, además, que este proyecto generaría una mutación constitucional hacia un “pseudoparlamentarismo de facto”, situación similar a la percibida después de la muerte del expresidente Balmaceda.
 
Opiniones como la del profesor Navarro, exministro del TC, advierten dos fenómenos altamente complejos y delicados para el razonamiento constitucional. El primero de ellos es que el profesor pareciera construir una opinión sobre la base de un constitucionalismo abducido y desafectado de las circunstancias sociales, económicas, sanitarias y jurídicas. La misión del constitucionalismo es contener y orientar a la política, mas no negar su existencia y los problemas que la determinan.
 
Contra este razonamiento, juristas como Bruce Ackerman han propuesto el concepto de “momentos constitucionales”. Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país. 
 
Estas normas transitorias lejos de eludir a la Constitución han intentado darle conducción institucional a las circunstancias excepcionales que atraviesan y determinan la actividad política. En efecto, si revisamos las reformas constitucionales del último tiempo veremos que han intentado incorporarse por la vía de artículos transitorios reglas fundamentales relativas al proceso constituyente venidero. Entre ellas, aquellas reglas especiales para la elección de representantes a la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, incorporando la posibilidad de las listas de independientes, las reglas que introducen equilibrio de género en el proceso, aquellas que permiten el funcionamiento telemático del Congreso y las que prorrogan el mandato de las autoridades municipales, atendiendo las consecuencias de la emergencia sanitaria en los tiempos de la agenda electoral.
 
En todos estos casos, podría haberse alegado que varias de estas reformas se incorporaran en los capítulos específicos donde se regulan dichas materias; sin embargo, el razonamiento fue otro. El razonamiento fue que las ideas matrices de esas reformas tenían un sentido acotado y un carácter excepcional.
 
Precisamente, estas son las mismas características que deben desprenderse del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos previsionales. Su espíritu es atender una urgencia y su contenido no afecta en nada la regulación permanente del derecho a la seguridad social. En segundo lugar, considero que la introducción de conceptos como el de “elusión constitucional” suponen que, más allá de las normas concretas que determinan y orientan la potestad constituyente del Congreso, existe en abstracto un ejercicio correcto de esta potestad y uno que es incorrecto, a pesar de cumplir satisfactoriamente los requisitos constitucionales y legales para la tramitación de estas reformas. Esto porque, la categoría de “elusión” supondría que el constituyente no está siendo “honesto” con la Constitución, a pesar de estar cumpliendo, insisto, satisfactoriamente sus exigencias.
 
Por tanto, según este argumento, existiría un orden supra jurídico y pseudo ético que sería superior a las reglas constitucionales y legales positivas construidas por la comunidad política, y que regiría sobre las técnicas de producción de normas constitucionales. En mi opinión, este razonamiento introduce una categoría muy delicada, que instala un impedimento dogmático   supraconstitucional, heredero de una tradición iusnaturalista, que restringe más allá de los propios alcances constitucionales la potestad constituyente derivada.
 
Finalmente, en lo relativo a la “pseudoparlamentarización de facto”, sostengo que vale la pena recordar que la invocación de un estado de excepción constitucional como el de catástrofe no implica la suspensión de la actividad parlamentaria. Me parece que, por el contrario, debe destacarse del caso chileno, primero, el respeto que el Ejecutivo ha mostrado por la función legislativa. En segundo término, la disposición que ambos poderes del Estado han manifestado para tomar cartas en el asunto, y contener y superar esta crisis. Más aún, porque esta situación de armonía entre ambos poderes no ha sido la regla general ni en Europa ni en América Latina. En tercer lugar, pienso que el Congreso se ha visto compelido a emplear todos los esfuerzos pertinentes para lograr acuerdos como el retiro de fondos previsionales producto de la insuficiencia que la ciudadanía ha diagnosticado respecto de las medidas definidas por el Ejecutivo.
 
Por último, que el Congreso sea el lugar donde se estén dando las discusiones más sensibles para la ciudadanía me parece que es una correcta señal republicana, pues es precisamente el espacio que contiene la mayor cantidad de opiniones y perspectivas que aseguran elaborar más diversa y transversalmente las urgentes medidas que necesita la ciudadanía para resguardar su vida y sus derechos en estos momentos difíciles y excepcionales.

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