- El Centro de Políticas para el Desarrollo de la Facultad de Administración y Economía, FAE, de la Universidad de Santiago, reunió a destacados expositores nacionales y extranjeros para abordar temas como la Constitución, derechos fundamentales, gobernabilidad y el futuro del estado de bienestar.
- El historiador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fernando Manuel Suárez, enfatizó que existe una tensión entre leyes y Constitución, lo que deriva en conflictos sociales por considerar al Estado como eje de toda política, lo que obliga a “repensar lo público para la política y la ciudadanía con desafíos académicos y políticos”.
- En tanto, el académico de la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, dijo que la buena relación entre Derechos Humanos y Nación, es parte de “la decencia” de toda sociedad, mientras que su par del Instituto Ortega y Gasset, Antonio Fernández Poyato, destacó que la política debe comenzar a liderar el mundo digital, puesto que ello permite que los ciudadanos “dialoguen con el gobierno y participen con las políticas públicas”.
El Centro de Políticas para el Desarrollo de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, reunió en Chile a destacados expositores nacionales y extranjeros para abordar temas como la constitución, derechos fundamentales, gobernabilidad, la crisis y el futuro del estado de bienestar.
Los Derechos Humanos son un motor esencial para el desarrollo de una nación. “Esta relación es importante en la decencia de una sociedad”, comentó el director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, quién abrió la ronda de expositores sobre la Constitución, derechos fundamentales y gobernabilidad.
Con esta categórica afirmación que dejó a la audiencia reflexiva, se dio inicio el viernes 4 de septiembre al Primer Seminario Internacional sobre Instituciones y Desarrollo, Derechos Fundamentales y Estado de Bienestar. El evento fue organizado por Gonzalo Martner, director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago.
Constitución, derechos fundamentales y gobernabilidad
En el primer panel denominado “Constitución, derechos fundamentales y gobernabilidad” participaron representantes de España y Chile. Abrió la mesa de conversación Francisco Javier Ansuátegui, quién en su rol de director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, se refirió a la relación histórica entre derechos humanos y constitución.
“Todos los procesos de un país adquieren sentido en la constitución democrática, la que genera espacios de libertad, límites al poder y espacios de autonomía”, argumentó Ansuátegui.
El académico concluyó que era muchísimo mejor crear una nueva constitución que reformar la ya existente, ya que estas se generan en un marco de procesos políticos e ideológicos y los sistemas jurídicos no son neutrales.
“Cuando se bosquejan las constituciones se especifica cómo se protege y a quién se protege. Una vez que se decide esto, se debe especificar cómo se salvaguarda y se garantiza el cumplimiento de los derechos”, finalizó el español.
El segundo exponente en este panel fue el doctor en derecho de la Universidad de Edimburgo y profesor de derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, quién explicó que en la actualidad los derechos se entienden como límites, pero en el constitucionalismo los derechos han sido una afirmación de ciudadanía, una identidad de lo que somos.
“No hay Constitución si no hay estructuración democrática del poder, por lo tanto ésta sólo debe ser dada por el pueblo”, expresó Atria. Agregó que en la actualidad existe mucha inestabilidad debido a que no hay confianza en las instituciones.
“Parte de la razón que justifica el escepticismo es que vivimos bajo una constitución que no es democrática y la representación está al centro de todas las discusiones”, añadió el abogado.
Para Atria, el poder político es artificial, puede existir o no y puede haber más o menos, pero al haber más poder político existen más espacios para combatir al poder fáctico. “El debilitamiento del poder político hace la vida más fáctica”, finalizó el abogado.
El tercer exponente del panel inicial fue el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Alfonso de Urresti. Expresó que el debate constitucional es producto de un devenir histórico y de una constitución que escribió un grupo de triunfadores (1973) y de una ideología económica.
El senador se refirió a los elementos que se deben incluir en el debate sobre una nueva Constitución, como actualizar y reformular aquellos derechos que ya se encuentran consagrados y lograr una real protección, por ejemplo, respecto del derecho a la salud o a la educación. “Se deben incorporar nuevos derechos atingentes al momento en que vivimos, como los derechos digitales”, expresó de Urresti.
El representante de la Escuela Goberna América Latina del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Antonio Fernández Poyato, señaló por su parte que para tener un proceso constituyente se debe recuperar la política y reconectarla con la democracia.
“Se necesita un debate renovado de la buena política y al final del día lo más importante es la legitimidad de ésta”. Destacó con ímpetu la revolución silenciosa del mundo digital. “La política debe liderar el mundo digital. Existe una nueva gobernanza y en ella tendrá mucha importancia el rol de los medios digitales. Lo digital permite que los ciudadanos puedan “dialoguen con el gobierno y participen con las políticas públicas”, finalizó el académico español.
Clausuró el análisis del primer panel el historiador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fernando Manuel Suárez, quién abordó los temas de la democracia y la igualdad.
“Estamos en una tensión entre las leyes y la Constitución que deriva en una conflictividad social y consideración del estado como eje de toda política. Se debe repensar lo público para la política y la ciudadanía con desafíos académicos y políticos”, agregó Suárez.
Crisis y futuro del Estado de Bienestar
El segundo panel en el que se discutió la crisis y el futuro del estado de bienestar: experiencias latinoamericanas y europeas, estuvo compuesto por José Gabriel Palma, académico de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Santiago quién en un didáctico informe, planteó la interrogante de cómo se pueden generar acuerdos hegemónicos en democracia sin que aumente la desigualdad.
“Para Keynes, el primer tipo de acuerdo político-económico no era sólo más equitativo, sino también más eficiente. Por ejemplo, reducir las inseguridades de todo tipo, era el principal rol de la política económica”, explicó Palma.
Sin embargo, para Kalecki, agregó el académico, este tipo de acuerdo político, es capaz de generar economías con fuertes estados de bienestar y pleno empleo y termina desafiando al capital. Así lo demostró a través de gráficos que demuestran cómo se crea artificialmente un entorno donde florece quién tiene el capital financiero.
Para Palma, el neoliberalismo es una tecnología de poder, “la más sofística de la historia, pero una extremadamente ineficiente desde una perspectiva económica”, explicó.
Según los análisis del economista, en Chile, y en democracia, mientras el 1% más rico se lleva más del 30% del ingreso, en una economía de 15 mil dólares por habitante, el 70% gane menos de 700 dólares líquidos mensuales. De esta cifra, el 54%gana menos de 500 dólares y el 84% de las mujeres ganan menos de 900 dólares. Los trabajadores subcontratados ganan en promedio menos de la mitad de los contratados.
“El salario mínimo chileno es apenas la mitad del que tenían en promedio los países OECD cuando poseían nuestro nivel PIB per cápita”, finalizó Palma.
Continuó con su exposición el académico de la Universidad Autónoma de Madrid, José Manuel García de la Cruz, quién analizó el modelo de acumulación de salario y su rol central en el aumento de la productividad.
“Hoy funciona todo al revés. En vez de tener salarios como modelo de transformación social, hay un llamado a la competitividad”, indicó García de la Cruz. Según su análisis, no existe una predisposición a la inversión, por lo tanto, los estados compiten por conseguir inversiones extranjeras y las grandes corporaciones pueden litigar contra los estados.
Uno de los comentaristas de este panel fue Ricardo García Vegas de la Escuela Goberna Instituto Ortega y Gasset. Para él, la crisis económica del 2008, como coyuntura crítica, puso de relieve elementos estructurales, políticos, sociales y económicos que debilitaron el poder regulador de las instituciones.
A su juicio, las personas pierden la confianza en las instituciones a partir de esta crisis. En el entorno hay riesgos globales imposibles de resolver desde un único lado, por lo que concluyó que “existe una necesidad de hacer arreglos institucionales sobre el real papel de las instituciones y las relaciones de éstas con los ciudadanos”.
El comentario del académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata y diputado Provincial de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Alfredo Remo Lazzaretti, tuvo directa relación al mayor flujo de inversiones al tener los países una mejor condición.
“Los países latinoamericanos generaron sólo una contención social, pero no hicieron cambios estructurales más profundos con su período de bonanza económica. No ha habido un Shock de inversión pública para la población y eso ha sido resultado de un estado obeso e ineficiente”, expresó Remo.
Cerró este primer seminario internacional sobre Instituciones y Desarrollo, Derechos Fundamentales y Estado de Bienestar, el sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, Javier Ozollo.
El académico destacó el rol que han tenido los medios de comunicación como empresas monopólicas que ejercen influencia en la vinculación ideológica.
“Los medios de comunicación tienen un papel central en la construcción del estado de bienestar. El economista que proyecta estados de la economía por televisión, va generando un sentimiento de inestabilidad en las personas que lo ven”, agregó.
A su juicio una fase que falta en la redefinición de estructuras legislativas constitutivas es ponerse de pie en la discusión de los medios de comunicación de manera estructural y económica.