Tal como ocurre en la Universidad de Santiago de Chile, también en otras instituciones existe preocupación por el proyecto de ley que busca reformar el sistema de educación superior del país, lo que ha llevado a académicos, estudiantes y funcionarios de nuestra comunidad a participar activamente en los “Diálogos Universitarios”, instancia que ha permitido discutir y reflexionar respecto de la iniciativa que se encuentra en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En ese contexto, el Rector Juan Manuel Zolezzi Cid, invitado por la Pontificia Universidad Católica, participó en el encuentro “UC Dialoga. Debate Público”, oportunidad en la que la autoridad intercambió ideas con el rector de esa Casa de Estudios, Ignacio Sánchez Díaz, coincidiendo ambos en las graves falencias que presenta el documento enviado por el Ejecutivo.
Mantener el proyecto en el Congreso
Junto con exigir una mayor participación de los distintos actores a nivel nacional, el Rector Zolezzi criticó que se haya intentado dejar conforme a todos, además de la inmediatez del proceso, lo que ha significado cometer diversos errores. “El mensaje del proyecto establece ideas que luego no aparecen en los artículos, como un fondo especial para el desarrollo de las universidades del Estado o la propuesta de un fondo basal, pero que finalmente seguirá siendo el mismo que existe hoy”, detalló.
Además, planteó que “es una aberración que se hable de las universidades estatales y que se diga tan poco de ellas”, agregando que “no todas las instituciones están en condiciones de llamarse universidades, pues la calidad está dada por su cuerpo académico y las instalaciones y equipamiento para investigación y desarrollo”.
Asimismo, cuestionó la inexistencia de un reconocimiento explícito a lo que ha sido el aporte del Consejo de Rectores. “En el proyecto está minimizado, lo que me molesta mucho, y más aún que no esté el Consorcio de Universidades del Estado. En el proyecto no existe ningún fortalecimiento de la educación pública”. En ese contexto, el Rector Zolezzi advirtió no estar de acuerdo con quienes plantean la posibilidad de que el proyecto de ley se retire del Congreso. “La única manera de mejorarlo es a través de una indicación sustitutiva. Es importante que el proyecto esté en el Parlamento, porque el Ejecutivo ya no hará nada mejor de lo que ha hecho hasta ahora”, manifestó.
Y tal como planteó que en la iniciativa de ley debería separarse la parte financiera de la estructural, también aseguró que se requiere una mayor precisión en los temas de institucionalidad, como en el caso de la Superintendencia, que requiere tener algunas limitaciones. “Necesitamos definir algunos puntos que nos permitan sentar una base sobre la cual proyectarnos. Espero que por el bien del país logremos avanzar en algunos cambios fundamentales mínimos y luego ver el resto, pues de lo contrario no resolveremos el problema de fondo”, anticipó.
Escuchar más al Consejo de Rectores
Por su parte, el Rector Sánchez criticó que el proyecto no defina un rumbo claro, abordando los problemas más inmediatos, pero sin una mirada de largo plazo. “Tiene un menor vuelo de lo que uno hubiera esperado. Falta una definición de lo público y hay un excesivo control de las instituciones que se plantean, en cuanto a los programas que se imparten, los costos, el aseguramiento de la calidad, el sistema de admisión y las labores excesivas de la Superintendencia”, explicó.
En ese sentido, reconoció coincidir con el Rector Zolezzi en la mala calidad que presenta el proyecto, pues “está hecho por personas que no conocen lo que es el desarrollo de la vida universitaria. Su calidad sería otra si se hubiera escuchado más al Consejo de Rectores”.
Además, cuestionó la ausencia de referencias a las universidades regionales así como alguna valoración a la educación técnico profesional. “En vez de fortalecer el fondo basal y hacerlo evaluable, lo que se hace es poner todo en un fondo concursable anual, evitando que las instituciones tengan seguridad respecto de sus presupuestos”, lamentó la autoridad.
Por ello, no dudó en establecer que lo más razonable es aceptar el error que ha existido respecto del texto presentado. “Se debe retirar y generar otro que sea apropiado a las necesidades del país. Queremos un texto que nos proyecte para los próximos cuarenta años y no uno que sirva de parche para los próximos tres o cuatro años”, exigió.
