“Si el Ejecutivo no revierte el Presupuesto 2021 para Educación Superior será responsable de hipotecar la capacidad del país de generar conocimiento, innovación y emprendimiento, porque es en las universidades y en particular en las del Consejo de Rectores en donde se concentra el capital humano avanzado que puede cumplir con esta labor”.

 

Estas fueron las palabras del vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, frente a la disminución de montos propuesta por el Gobierno para las áreas de Educación Superior y también para Ciencia y Tecnología. 

 

Según cita un comunicado del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch),  la máxima autoridad de nuestro Plantel apuntó, además, a una falta de espacios de diálogo para “destrabar la partida”.

 

“El ministro Briones ha señalado que hay una mesa de trabajo entre la Dirección de Presupuesto, las universidades del Consejo de Rectores y la Subsecretaría de Educación para encontrar la fórmula para destrabar la partida que viene rechazada de la Cámara. Sin embargo, la invitación a conversar fue solo para el uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), pero en la práctica no ha habido intención de conversar ni menos destrabar las dificultades con el presupuesto de Educación Superior”, afirmó el Dr. Juan Manuel Zolezzi.

 

La mesa de trabajo surgió de una invitación de la Subsecretaría de Educación Superior “en la que el Cruch, a través de su Comité Ejecutivo, acordó participar con la mejor voluntad, si bien la subsecretaría la acotó exclusivamente respecto al uso de los Excedentes del FSCU”, acotó la autoridad de la Universidad de Santiago. 

 

A la fecha, la mesa ha sostenido tres reuniones. En la primera, la subsecretaría estableció los principios básicos de trabajo, a partir del cual el Cruch elaboró una propuesta que entregó con fecha 10 de noviembre. “En la tercera reunión, del 23 de noviembre, la Subsecretaría presentó una contrapropuesta acordada con Dipres, pero sin participación de los rectores y en una fecha en que ya no había posibilidades de introducir indicaciones al Presupuesto 2021”, indicó el vicepresidente ejecutivo del Cruch.

 

Con respecto al FSCU esta materia no involucra recursos del Estado de ningún tipo, ya que la propiedad de los recursos son en su totalidad de las instituciones que poseen legalmente dicho fondo, dice la declaración pública.

 

Añade que, por lo tanto, lo que se debe acordar se refiere exclusivamente a la autorización legal para un uso ampliado, de manera de atender necesidades urgentes referidas a cubrir el déficit generado por la aplicación del Artículo 108 de la Ley de Educación Superior, así como los gastos y/o menores ingresos derivados de la situación de pandemia. Considerando estos elementos, al final del día de ayer se envió una nueva propuesta a la Subsecretaría de Educación Superior.

 

 

Ante la disminución del Presupuesto 2021 para Educación Superior y también para Ciencia y Tecnología, los pisos mínimos para los rectores y rectora del Cruch son fundamentalmente tres.

 

En primer lugar, revertir la rebaja presupuestaria en los fondos basales y de proyectos, que financian directamente a las universidades estatales y públicas no estatales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, al menos en el nivel que estos presentaban en el presupuesto 2020. Esto significa recuperar los fondos basales institucionales que alcanzan los $42 mil millones.

 

En segundo lugar, aprobar el endeudamiento de largo plazo para las universidades estatales con garantía del Estado. Este endeudamiento permitiría el refinanciamiento de créditos anteriores, reestructuración de pasivos, financiar el capital de trabajo, y proyectos de inversión.

 

Y, en tercer lugar, suspender la aplicación de Aranceles Regulados, mientras se genera una nueva propuesta que efectivamente dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Educación Superior y a la esencia de establecer el financiamiento adecuado de los estudios superiores de los(as) jóvenes que el Estado ha determinado apoyar.