• “La derrota de Evo Morales en las urnas (51,3 contra 48,7 por ciento) tiene que ver con las recientes acusaciones por supuesto tráfico de influencias en que estaría envuelto”, expresa el analista de nuestro Plantel, docente Rodrigo Álvarez. Añade que eso no sorprende, porque en todas partes la ciudadanía “está buscando probidad y transparencia en sus autoridades”.  Expresa que la demanda contra Chile en La Haya no le favoreció porque todavía no han obtenido nada. Morales buscaba la aprobación para postular por cuarta vez consecutiva a elecciones.

“Hemos perdido una batalla pero no la guerra”, afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras reconocer su derrota en el referendo que le permitiría postularse nuevamente como candidato a la máxima magistratura de su país y con ello extender su gobierno hasta el año 2025. 

El resultado adverso se materializó en razón de los comicios que se realizaron el 21 de febrero pasado en el país altiplánico, donde el 51,3 por ciento de quienes votaron se manifestaron en contra de tal posibilidad en contraposición al 48,7 que estuvo a favor.

Para el analista internacional y docente de la Facultad de Humanidades, Rodrigo Álvarez, no fueron suficientes las alentadoras cifras macroeconómicas de la administración Morales, como el Producto Interno Bruto, PIB, y el sueldo mínimo en 2015 tres veces más alto que en el año 2006 cuando asumió la presidencia.

Uno de los factores que influyó fue el llamado “Zapatazo” -que se destapó días antes que se llevara a cabo el referendo-, donde se conoció que la ex pareja del mandatario, Gabriela Zapata, habría conseguido millonarios contratos con el gobierno boliviano desde su cargo de representante de la empresa china CAMC.

Considerando que Morales lleva en el poder más de una década y pretendía extenderse en tal función por casi el mismo período, el profesor Álvarez sostiene que los procesos políticos que se perpetúan tienden a incrementar las posibilidades de corrupción, una de cuyas expresiones es el tráfico de influencias.

“Tenemos un escenario en que la ciudadanía se percató que la continuidad en el poder o un poder sin límite en lo que implica gobernar, va permeabilizando las instituciones porque se van enquistando los actores y estas pueden caer en grados de corrupción”, explica el analista.

Argumenta que los votantes de los países de la región, “entienden que el sistema democrático también debería concebir  como un asunto importante la alternancia en el poder”. A la vez, en todas partes la ciudadanía “está buscando probidad y transparencia en sus autoridades”. 

La demanda en La Haya

El 24 de septiembre pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para conocer la causa de fondo de la demanda boliviana, lo que desató reacciones eufóricas en el país altiplánico donde incluso se tildó como un “día histórico”. Sin embargo, pese a tamaño logro, eso no se refrendó en las urnas a favor de Evo Morales. 

En esa perspectiva, el profesor Álvarez enfatiza que para entender tal fenómeno, hay que considerar que la resolución de La Haya, pese a lo positivo que puede significar para Bolivia no concreta -en definitiva- el anhelo del acceso soberano al océano Pacífico.

“Se logró que el tema se transformara en una controversia a nivel internacional, pero todavía La Haya no ha emitido una resolución que obligue a las partes a negociar y que haga ver con exactitud que Chile deba dar salida al mar a Bolivia”, explica el analista internacional

Añade que “es un tema histórico que trasciende a los gobiernos. El asunto ya está posicionado a nivel transversal por lo tanto quien reemplace a Evo Morales mantendrá como un elemento sustantivo la histórica demanda por salir al mar”.

El futuro

Respecto a lo que viene, considerando que Morales gobernará hasta el año 2020, Rodrigo Álvarez sostiene que el oficialismo se abocará a encontrar un sucesor; tarea que no será fácil considerando que en la actualidad no existe una figura política en el Movimiento al Socialismo (MAS) que aglutine las características del mandatario.

Expresa que, en ese sentido, se utilizará con la misma intensidad que de costumbre la demanda en La Haya para entregarle notoriedad al sustituto y “endosárselo como valioso capital político”, concluye.