Un nuevo episodio de declaraciones cruzadas, entre los gobiernos de Chile y Bolivia, generó el paro del Servicio Nacional de Aduanas, que se prolongó por nueve días, en mayo último. Reclamos del país altiplánico por las pérdidas económicas que generó el cese de funciones, constituyen otro choque entre ambas naciones, en el marco de las desavenencias surgidas producto de la demanda que ese país interpuso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Para el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Corporación, Dr. César Ross, la protesta boliviana se justifica, en base a los deberes que Chile tiene con ese país en el marco del Tratado de 1904.
El experto estima que, en ese contexto, el reclamo puede incluso seguir los canales legales estipulados a nivel nacional.
Trabajadores pertenecientes a la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), paralizaron sus actividades con el fin de solicitar la implementación de mejoras en el servicio que desempeñan.
En ese sentido, tras la propuesta que hizo el Gobierno, se estipuló que dentro de un plazo de tres años se aumentará la dotación de personal, que llegaría, en el 2018, a 2600 personas.
Además, la autoridad se comprometió a enviar en junio y septiembre, dos proyectos de ley, con el fin de modificar la estructura orgánica del sistema aduanero chileno.
Protesta
Sin embargo, la paralización tuvo repercusiones, que traspasaron las fronteras de nuestro país. Desde Bolivia surgieron reclamos por las pérdidas económicas asociadas.
Como “un nuevo atropello contra el comercio exterior y el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia”, calificaron la situación en ese país, a través de un comunicado.
El documento consignó que la huelga generó pérdidas millonarias que el Gobierno altiplánico debió asumir ‘”injustamente”. “Lo que corresponde es que el Gobierno de Chile debe responsabilizarse por estos impactos económicos y resarcir el daño causado a Bolivia”, dice el texto.
Reforzando lo anterior, cuando aún no se encontraba una solución al conflicto, el canciller boliviano, David Choquehuanca, conminó a las autoridades chilenas a la “inmediata suspensión de las medidas que impiden circular a la carga de ultramar de Bolivia, además del cumplimiento al Tratado de 1904 que dice que la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”.
Desde la cancillería chilena calificaron como “destempladas” las declaraciones emitidas en Bolivia.
Mirada experta
Para el Dr. César Ross, la protesta se justifica debido a las pérdidas económicas asociadas a la paralización.
“El Estado chileno tendría que reconocer que hubo un problema en el puerto, que los camiones bolivianos no lograron llegar a destino, y debería hacerse responsable por las pérdidas”, dice Ross pues hay una posibilidad cierta, a su juicio, de que La Paz “demande a Chile por incumplimiento del acceso al mar, consagrado en el Tratado de 1904.
Si bien para el Dr. César Ross es un hecho innegable que la paralización trajo perjuicios económicos para Bolivia, también es cierto que el asunto ha sido utilizado políticamente, ante la eventualidad de que la Corte Internacional de justicia (CIJ) de la Haya se declare incompetente frente a la demanda boliviana.
Explica el académico que esta discrepancia se presenta en una coyuntura en que Bolivia podría argumentar que, el episodio, es una prueba más de que no tiene garantizado el acceso al mar.
Sin embargo, para el Dr. Ross, las paralizaciones internas de la misma índole que se viven en ese país, muestran una sensibilidad distinta de La Paz, entendiendo que el contexto de disputa con Chile es una oportunidad, en la causa mayor que involucra la demanda en la CIJ.
Por eso “hay un conflicto nítido que el Gobierno boliviano ocupa para su propia causa”, y por ello “de irle mal en la Corte Internacional de la Haya, desde luego van a incubar una demanda en tribunales internacionales”, finaliza.
