El Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Facultad de Humanidades, llevó a cabo el conversatorio "Muros Invisibles: proyecto de ley migratoria Chile 2020", con el objetivo de analizar desde distintas disciplinas el actual proyecto que se encuentra en tramitación en el Congreso.

 

La actividad virtual estuvo moderada por la coordinadora académica del CEM-Usach, Dra. Adriana Palomera, quien junto con agradecer la participación de personas de distintos puntos del país y Latinoamérica, destacó que instancias como éstas son fundamentales "para generar opinión pública en favor de estos procesos".

 

"Está claro que no hay ningún muro que evite que pase el migrante cuando quiere entrar, por eso la necesidad de una ley que esté actualizada. Todo el mundo reconoce la importancia de tener una legislación actual y moderna con enfoque en los derechos humanos", puntualizó la académica.

 

 

Inició la ronda de presentaciones Fernanda Torres, abogada y doctoranda en Derecho por la Universidad de Barcelona, quien se ha desempeñado como coordinadora de Litigación y jefa de Nacionalidad del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. También fue jefa regional del INDH en Antofagasta y directora de protección en la Defensoría de la Niñez. Ha representado al país ante la OEA y ACNUR en casos de trata de personas y apátridas. 

 

En su exposición denominada "Necesidad de perspectiva de Derechos Humanos en el Proyecto de Ley de Migraciones", la experta indicó que el actual documento que se discute en el Congreso carece de esta perspectiva porque su principio rector no respeta la primacía de los derechos humanos de los migrantes; responde a una ley de extranjería y no de migraciones; existe arbitrariedad administrativa; el paradigma se mantiene en la seguridad interior del Estado, y hay una falta del debido proceso.

 

"Si yo voy a hablar de un proyecto de ley que va a regular a un grupo de personas, la perspectiva tiene que ser la de los derechos humanos", puntualizó la académica. Asimismo, criticó la falta de una coherencia legislativa con el ordenamiento jurídico nacional. 

 

 

Enseguida fue el turno de Jorge Martínez, geógrafo y demógrafo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). El investigador integra la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 

En su presentación "Segura, ordenada y regular", el experto sostuvo que esta tríada está en juego, pero sin definiciones explícitas, y quedó plasmada en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. 

 

Para Martínez, los países avanzan con dificultad en la implementación del Pacto, de acuerdo a los intereses de cada Gobierno y con sendas contradicciones que adelantan resultados previsibles. "En Chile, además, hay omisiones sustantivas en muchas apreciaciones que hacen los legisladores y autoridades, y algunas son aberrantes. En muchos casos se escapan de los objetivos civilizatorios", sentenció.

 

En ese sentido agregó que hay una carencia de enfoque científico en las discusiones sobre migración en Chile, junto a una retórica de derechos. Por lo mismo, señaló que existe una necesidad de propuestas sobre migración y sociedad con una mirada del siglo XXI.

 

 

Concluyó la jornada la presentación "Irregularidad y condicionalidad como nudos críticos del proyecto de ley de migraciones" de Eduardo Thayer, doctor en sociología y académico de la U. Católica Silva Henríquez.    

 

Entre estos nudos críticos, según el experto, está la rigidez de acceso, los derechos sociales y el mecanismo de regularización ordinaria. Asimismo, agregó que no se reconocen criterios del acuerdo de residencia de Mercosur, y que la política coyuntural está definida por el Ejecutivo.

 

De acuerdo a Thayer, las medidas tomadas en política migratoria desde 2018, forman parte de una política migratoria consistente. Sin embargo, precisó que la política migratoria no es una dimensión aislada de la acción del Estado, sino que forma parte de una política mayor, alineada con un programa.