El Gobierno se declaró “conforme” tras dar a conocer que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 6,6% este 2016, en comparación al año anterior. Sin embargo, parlamentarios de la oposición y el oficialismo salieron a cuestionar este balance, señalando que se debe esperar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mide victimización. Esto, explican, ya que la cifra se basa solo en las denuncias y casos notificados a las policías, lo que escondería el dato de quienes, a pesar de ser víctimas de la delincuencia, no realizan este trámite por distintas razones.

El experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, concuerda en la crítica de que solo se toma en consideración los delitos denunciados y cuestiona que la información se dé a conocer cuando aún no ha terminado el mes de diciembre. “Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, sostiene.

De acuerdo al especialista, una entrega correcta de los resultados debe considerar la información que arroja la ENUSC, encuesta que debiera conocerse entre marzo y abril del próximo año. Esto, ya que este último estudio contempla el 45% de personas que no denunciaría ser víctima de delitos, por desconfianza hacia el sistema.
“Según el boletín estadístico del Ministerio Público de 2015, solo un 14,6% de los casos llegó a sentencia definitiva condenatoria. Tenemos una gran impunidad y vacío en esto”, apunta.

Por eso, Araya indica que es mejor esperar los resultados que entregue “la ENUSC, que nos habla de magnitudes reales, las cuales pueden ser muy superiores” y advierte que “la encuesta nos puede hablar de una población afectada equivalente al doble de lo que dicen las denuncias”.

“En la década de 1960 se crearon las encuestas de victimización como una forma más certera de dar con la dimensión real de la delincuencia en el país, porque la cifra de denuncias tiene un tremendo margen de error”, indica el académico.

“Hay que ser prudente con estos anuncios porque el tema no está zanjado”, continúa. “El Gobierno da a conocer esta información, pero es curioso porque el año aún no termina. Habría que esperar a que termine diciembre y que todas esas cifras estén contabilizadas”, afirma.
“No se entiende bien qué cierre en la contabilidad está haciendo el Gobierno al decir que hay un descenso del 6,6%”, insiste.

Aunque reconoce que hay una obligación legal de citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde fueron dadas a conocer estas cifras, señala que “todas las instituciones tienen un estándar, de esperar a que se cierre un semestre o un año para dar a conocer cifras. En este caso, estamos a días de que termine el año y las cifras no están todavía para hacer un balance anual. Sin embargo, el Gobierno aparece dando estos resultados”.

“Hay una premura por anotarse logros en una materia, cuando no es prudente hacerlo”, sostiene Araya. “Siempre los temas de política pública se prestan para una discusión política. En este caso, el Gobierno tiene una intención de anotarse un logro en esta materia, logro que no es tal”, critica.

“Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, agrega el especialista.

El académico alude a cifras del Gobierno, que darían cuenta de poco más de cien casos de este tipo de crimen. “Según cifras del Ministerio Público, de enero a septiembre de 2016 van 387 ingresos por homicidios solo en la Región Metropolitana”, contrasta.

“La cifra de homicidios es absolutamente irreal. Cualquier persona que trabaja en el tema sabe que los homicidios no se pueden medir por la cifra de denuncias, porque las víctimas no pueden realizar el trámite. Además, Carabineros no tiene autoridad jurídica para calificar estos hechos”, concluye.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) dio cuenta pública de 243 menores fallecidos en centros y residencias del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016. Esto, luego de entregar las cifras al Ministerio Público el viernes, en el marco de una investigación para determinar si existe responsabilidad de la institución en el fallecimiento de niños y adolescentes tras conocerse el deceso de Lisette, menor de once años que murió en abril en el Cread Galvarino.

El experto en seguridad pública de nuestra Universidad, Jorge Araya, valoró la entrega de estas cifras a la opinión pública y afirmó que esto debiera ser una práctica sistemática. “El servicio debe comprometerse anualmente a hacer públicas las cifras de todo lo que es su gestión en un año”, sostiene.

“En la web, hay un catastro de los programas y beneficiarios del Sename. Así como está disponible esa información, una vez al año tiene que hacerse público cuántos menores han muerto en centros del Sename, y esto debiera ser solo un antecedente de muchos”, complementa.

El especialista indica que dar cuenta de esta información permite generar las condiciones políticas para instalar la necesidad de entregar aportes monetarios mayores al servicio. “Es importante poner estos antecedentes para sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de destinar recursos al cuidado de menores en situación de vulnerabilidad”, explica.

Araya sostiene que un proyecto para reemplazar el Sename en dos servicios, -iniciativa anunciada por el Gobierno, pero aún no presentada en el Congreso- requiere, al menos, el doble de los recursos que actualmente se destinan para el organismo.

“El presupuesto del Sename para la creación de estos nuevos servicios tendría que incrementar al menos el doble. Puede significar un aumento en que cada año se le entregue un 30% más de recursos a estos nuevos servicios, para llegar en tres años a implementar todo esto”, señala.

De acuerdo al especialista, proveer escalonadamente estos recursos es necesario debido al  panorama económico del país. “Es lamentable que este tema tenga que seguir esperando a que mejore la situación económica”, sostiene.

“No basta con enviar el proyecto, sino que hay que tener el respaldo presupuestario para impulsarlo. Sin embargo, estamos en un periodo de restricciones. En el Presupuesto para 2017, se anuncia un crecimiento de no más de 2,7%”, explica.

Por eso, la importancia de dar a conocer el informe. “La decisión de políticas públicas son una mezcla de un componente técnico con uno político. Cuando hay ciertos temas que generan movilización social, presionan a la clase política a responder por estas demandas. Sin embargo, este tema no produce movilización social, por lo que se ve postergado”, señala.

Pese a ello, critica que se considere “solo la sensibilidad comunicacional de un tema o el número de beneficiarios. Tienen que relevarse valores, la urgencia y gravedad de lo que se está tratando”.

“En vez de destinar más recursos a Carabineros, podríamos aguantarnos con lo que tenemos, y destinar esos recursos a estos dos nuevos servicios que reemplazaran al Sename”, sostiene. “Se debe informar a la gente sin sesgos, y explicar que los recursos se invierten en estos menores para evitar que inicien una carrera delictual”, concluye. 

Este miércoles se conoció que el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, propondrá en diciembre al Ministerio de Justicia un plan para cerrar la ex Penitenciaría de Santiago –actual Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur-, debido al hacinamiento que padece el recinto, originalmente construido para 500 personas y que, actualmente, alberga más de cuatro mil novecientos reos.

Para el experto en seguridad pública de nuestra Universidad, Jorge Araya, el tema no es una prioridad en el corto plazo. “No se puede hablar de prioridad, porque también está el Sename. Al invertir en la población que atiende este servicio, estamos invirtiendo en prevenir que niños o jóvenes se vinculen al delito y después terminen en la cárcel”, afirma.

“La primera prioridad debe ser fortalecer y ampliar las capacidades que tiene hoy el Sename, de atender a niños y adolescentes tanto en medidas de protección como de cumplimiento de penas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pondría el tema de Gendarmería en un segundo lugar”, afirma.

Para el especialista, realizar un proyecto de este tipo presionará por una cantidad importante de recursos en el área de Seguridad y Justicia del Presupuesto. “Hoy se está trabajando en un proyecto para construir una cárcel en la Laguna del Maule, y esa que está proyectada para alrededor de mil ochocientas personas ya va en los 75 mil millones de pesos. Una cárcel grande como para reemplazar a la ex Penitenciaría, con capacidad para cinco mil reos, puede llegar a costar alrededor de $200 mil millones”, sostiene.

“Esto no es algo que pueda proveerse de un momento a otro. Tendría que recurrirse a un crédito internacional o hacerse un esfuerzo para reestructurar los gastos de inversiones del Estado en el Presupuesto de la Nación”, afirma. El académico sostiene que debe considerarse que todas las instituciones a las que se les asignan recursos –Carabineros, PDI, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Subsecretaría de Prevención del Delito, Senda, Gendarmería, Sename, etcétera- “son instituciones también necesitadas de recursos”.

Por eso, y aunque reconoce que la idea se encuentra bien inspirada ya que la ex Penitenciaría no resistiría más mejoras para seguir aumentando su población penal, “la voz de alerta que tenemos que poner es que este anuncio del director de Gendarmería no va a estar en un plazo menor a los cinco años” desde la presentación del plan, lo que se haría efectivo a fines de este año.

“Siendo realistas, lo que Gendarmería hará será proponer de aquí a diciembre un plan al Ministerio de Justicia, pero esto tendrá que ser evaluado, analizar si hay recursos públicos para hacer eso, conseguir los terrenos y hacer los estudios respectivos”, explica.

El compromiso debiera ser “de mediano a largo plazo”

A pesar de rechazar que el tema sea prioritario en el corto plazo, el académico de la Facultad de Humanidades se abre a la posibilidad de que una nueva cárcel para la capital se transforme en un compromiso “de mediano y largo plazo. En Santiago es donde más déficit hay de plazas penitenciarias”, sostiene.

Por otra parte, el experto sostiene que un plan de este tipo es la oportunidad de modificar el enfoque con que se actúa en materia carcelaria en nuestro país. “Hoy, los programas de reinserción social y laboral que realiza Gendarmería cubren a un porcentaje muy mínimo de la población penal y eso sucede en buena medida porque no hay recursos para más profesionales y actividades, pero también porque en las cárceles no hay espacio para hacer eso”, afirma.

“Esos programas tienen que realizarse en las mismas cárceles y estas apenas tienen lugar para las celdas de los reos, que están hacinados y no tienen espacio para talleres, salas de clases y lo demás que requieren este tipo de programas. Esta sí sería una oportunidad para replantear todo en este sentido”, subraya.

Finalmente, ante un eventual cierre de la ex Penitenciaría, cree que el recinto, “ya que tiene tanta historia desde el siglo antepasado, ojalá se conserve como un lugar público y que no se use para la especulación inmobiliaria, sino que sea un lugar donde efectivamente pueda instalarse un centro cultural o un museo”.

El Gobierno confirmó que entre septiembre y octubre enviará al Congreso dos proyectos que buscan reemplazar el Servicio Nacional de Menores (Sename)  por dos instituciones: una, el Servicio de Protección Especializada,  que busca tratar a niños que padezcan de la vulneración de sus derechos u otros problemas intrafamiliares; y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que tratará a menores que hayan cometido delitos.

Para el experto en seguridad pública de la Universidad, Jorge Araya, “el cambio de estructura no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionarlos será llegar a contar con los recursos suficientes para tener centros con una infraestructura cada vez más adecuada,  funcionarios que puedan fiscalizar todos aquellos centros que trabajan para el Sename como corporaciones privadas, más profesionales, etcétera”.

“La separación es absolutamente lógica y necesaria, pero la solución del problema no depende sólo de separar los servicios, sino que los servicios cuenten con los recursos necesarios para solucionar los problemas que existen hoy en el Sename”,  insiste.

De acuerdo al especialista, este aumento debe traducirse en “duplicar los recursos que el Estado actualmente está destinando a prevención”. Según el académico, sólo un 13% del presupuesto nacional en seguridad y justicia está destinado para este ítem, que no sólo contempla el funcionamiento del Sename, sino que también para la Subsecretaría de Prevención del Delito o para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.

“Claramente, hay que hacer un aumento muy significativo de los recursos para este nuevo servicio y esto llama a una voz de alerta respecto a todas las demandas que tiene el Estado respecto a distintas materias”, afirma. “Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, agrega.

Renovar las plantas de profesionales

Respecto del motivo por el cual se requiere este aumento sustantivo de recursos que plantea, el especialista explica que esto se debe a que “hay que renovar las plantas de profesionales, recogiendo la experiencia de los funcionarios actuales, pero también incorporando nuevos profesionales especializados; y replantear las mallas y metodologías o terapias que estén desarrollando estos centros para lograr rehabilitaciones y el desarrollo humano de estos niños y jóvenes de manera eficiente”.

“Desde el Sename están hablando de capacitación. Obviamente, hay que capacitar a los funcionarios, pero los desafíos del servicio son más ambiciosos y exigentes. Se debe incorporar a profesionales de alto nivel que puedan reforzar todo el desarrollo profesional que deben tener, incorporando estrategias y metodologías con evidencia de su impacto en distintas partes del mundo”, complementa.

Esfuerzo multisectorial

El experto valora que los servicios se separen para abordar los derechos que se desean resguardar. No obstante, plantea que “puede haber situaciones de mayor complejidad para detectar, y que deben ser abordadas multisectorialmente por otros mecanismos”.

“Estos servicios responderán a necesidades muy sentidas para el estado de situación del sistema, pero llegar al fondo del problema también requiere de la acción de otros servicios que tienen que actuar también”, insiste.

Por eso, indica que las iniciativas del Gobierno “no eliminan la obligatoriedad del Estado de desarrollar multisectorialmente otros programas que van en la línea preventiva también. En las escuelas hay que ir desarrollando planes para eliminar la violencia escolar, que detecten problemas de violencia intrafamiliar, y poder intervenir ahí, desde la primera niñez”.

La enseñanza de la Reforma Procesal Penal

“Estos proyectos para reemplazar el Sename se vienen discutiendo desde hace varios años. La demora en impulsar los proyectos puede deberse a las estimaciones presupuestarias necesarias que debían hacerse. Lo que se dice es que la implementación será gradual, que se hará primero en regiones, como fue con la Reforma Procesal Penal. Detrás de esa decisión debe estar la prioridad por contar con los recursos económicos para eso”, indica Araya.

No obstante, advierte que “la gran falla que tuvo la Reforma Procesal Penal es que cuando se implementó, se contemplaron recursos muy significativos para ponerla en marcha, habilitando edificios nuevos para el funcionamiento de las fiscalías locales, por ejemplo. Fue una gran inversión del país. En cambio, cuando se implementó la Ley Penal Adolescente, prácticamente se hicieron pequeñas adecuaciones, pero dejando los mismos centros e infraestructura que existían antes”.

Múltiples medidas para prevenir e, incluso, enfrentar el delito han recaído en manos de los propios ciudadanos en el último tiempo: estrategias locales coordinadas por vecinos y las llamadas “detenciones ciudadanas” son algunas de las iniciativas que han proliferado para defenderse de la delincuencia. No obstante, ¿por qué surgen estas acciones? ¿Carabineros no es suficiente para realizar la labor de prevención?

El experto en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, reconoce que “existe el desafío de mejorar la acción preventiva policial. El Plan Cuadrante tiene que transformarse y mejorarse para que las comunidades puedan contar con carabineros concentrados en cuadrantes más reducidos”.

“En el diseño actual, los cuadrantes son demasiado amplios y Carabineros no da abasto para llegar a esos cuadrantes tan extensos”, explica el especialista.

Junto con ello, agrega que se requiere “más presencia policial en la calle. Eso se puede mejorar, en términos de hacerla más preventiva. Carabineros no solo debe circular, sino que detenerse y formar parte de los barrios, en ‘infantería’, como le llaman ellos, porque es una modalidad que ejerce mucho más control y más prevención a que simplemente pase un carro policial a una cierta velocidad por la calle, sin lograr una medida efectiva de prevención”.

No obstante, para lograr esto, el especialista recalca que se requiere una mayor dotación. “Se han estado haciendo esfuerzos en este sentido. El Gobierno comprometió seis mil nuevos funcionarios y están ingresando al año alrededor de mil 500, porque también existe una capacidad limitada de Carabineros para formarlos”, afirma.

Sin embargo, puntualiza el académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal, “Carabineros puede hacer más en términos de mejorar los tiempos de presencia en las calles y barrios”.

“Hay que ver cómo descomprimir a Carabineros de labores administrativas y otras funciones que pueden asumir otras instituciones. Sobre esto último, un avance fue otorgar a los guardias municipales mayores atribuciones para efectuar labores de fiscalización al comercio ambulante. Creo que hay que avanzar en este tipo de cosas, para ir liberando a Carabineros de algunas funciones, concentrando más su acción en la prevención del delito”, enfatiza.

Un desafío país

El especialista explica que urge mejorar la prevención ya que, aunque Chile mantiene bajas cifras de homicidios en comparación a otros países de Latinoamérica, “sí hay mucho robo y delitos contra la propiedad, y eso nos sitúa más arriba. En esto, debemos mejorar nuestros índices, porque se han mantenido altos. Hay un desafío país, de destinar más recursos en esto”.

“De todo el Presupuesto que el país destina a materias de seguridad y justicia”, indica Araya, “una parte se va al Ministerio Público, otro tanto se va a Gendarmería, etcétera, pero si uno ve esa distribución, un porcentaje muy menor se va a prevención”.

En este sentido, señala que se requiere aumentar la inversión en iniciativas como el programa ‘24 Horas’, del Servicio Nacional de Menores (Sename), que atiende a niños y adolescentes que ingresan a Comisarías, a fin de ayudarlos a superar sus vínculos con la delincuencia. “Necesitamos una cobertura mucho mayor para esos programas que sí son adecuados y pertinentes. La cobertura que tienen actualmente es absolutamente insuficiente”, sostiene.

“Esos programas debieran tener una cobertura diez veces mayor”, señala el académico. “En una comuna, en vez de atender a 40 jóvenes que ya han sido detenidos por Carabineros a muy baja edad, debieran atender a 400 jóvenes que, en una comuna populosa, pudieran tener un compromiso delictual”, subraya.

Finalmente, apunta a la rehabilitación como otro de los temas pendientes para enfrentar la delincuencia. “Cuando se apresa a un delincuente, sus hijos quedarán en situación de semiabandono y obligados a delinquir. Si no se cierra ese círculo y no hay capacidad de apoyar o monitorear a esas familias, el circuito se va a repetir. Contrarrestar esto también requiere recursos”, concluye.

Esta semana se conoció un informe que revelaba que en los últimos diez años han muerto 185 niños en distintas instituciones dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename). La información provocó reacciones de parte del mundo político y social: mientras la oposición anunció una interpelación a la Ministra de Justicia por esta situación, el Presidente de Fundación América Solidaria, Benito Baranda, calificó como “vergonzoso” que el Gobierno no intervenga en el problema.

El experto en políticas de prevención del delito de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que “el servicio hoy no tiene las capacidades suficientes para interrumpir carreras criminales. Puede haber logros con algunos menores en términos de rehabilitación, pero se requieren otros mucho más significativos”, afirma.

“El Sename está haciendo el trabajo con mucha debilidad, de manera muy insuficiente para lo que requiere el país. Por lo mismo, requiere una pronta transformación y, mientras se produce, recursos que puedan ser fiscalizados, monitoreados y bien justificados, pero con urgencia”, insiste el académico de la facultad de Humanidades.

Para el Máster en Gestión Pública, aunque urge reformular el servicio, “falta voluntad política, porque el sistema sabe que es evaluado en el corto plazo. Las elecciones presidenciales y parlamentarias son cada cuatro años, por lo que se necesita mostrar logros en un tiempo acotado de dos años, y una reforma al Sename puede no mostrar resultados antes de cinco”.

El especialista explica que “el sistema político se ve presionado por otros grupos más movilizados de la sociedad y destina los recursos hacia esos grupos, porque eso le permitirá mostrar logros en el corto plazo en vez de hacerlo con instituciones que requieren una cirugía mayor. Ese es un problema real que hoy existe”.

De acuerdo al académico, la cantidad de muertes conocidas tras el informe refleja una situación “grave, delicada y dramática. Basta con  una sola persona que muera y no haya recibido las atenciones debidas para alarmarse”.

En cualquier caso, indica que las falencias del servicio “no involucran a un solo Gobierno en específico, sino a varios. No es válido buscar responsabilidades puntuales de una autoridad de turno, sino que es el conjunto de la sociedad chilena la que tiene que decidir cómo destinar, de una vez por todas, los recursos necesarios para que el Sename tenga otro estándar de calidad en todas sus prestaciones”.

Respecto al proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos  de la Niñez anunciado por el Gobierno, que pretende reformar al Sename, pero del que no han habido mayores novedades, señala que “lo que hay que hacer es apurar ese cambio. Eso significa invertir muchos más recursos y ahí tiene que haber conciencia de todos, de que invertir más aquí significa que otras reformas y otros gastos se deben postergar o ponderar, para poder responder a las necesidades del servicio con mayor urgencia”.

Araya explica que la iniciativa lo reformula completamente,  creando una institución a cargo de las medidas de protección y otra, de los infractores de la Ley Penal Adolescente. No obstante, los proyectos para esto aún no han sido enviados al Parlamento. De hecho, en relación al Sename, solo se tramita la iniciativa que establece la obligatoriedad de exámenes sicológicos a profesionales y personal de la red de colaboradores del servicio que realicen sus funciones directamente con menores.

Urgen mejoras

Para el especialista, es urgente tener más personal para prestar una mejor atención social y psicológica a los menores; fortalecer una red con profesionales propios del Sename y subir el estándar que se le exige a todas las instituciones colaboradoras de la institución.

“Buena parte de los menores del Sename son atendidos por instituciones privadas. Hay que subir el estándar que se le exige a estas instituciones, para que cuenten con más personal, más recursos y una infraestructura más digna que les permita garantizar un mejor cuidado de los menores”, acota el especialista.

Además, recalca que también se requiere “sofisticar” los programas con que trabajan actualmente y darles mayor cobertura.

Ejemplifica, señalando que “el Sename junto con la Subsecretaria de Prevención del Delito vienen desarrollando junto con diversos municipios un programa de terapia multisistémica. Este programa es exitoso, pero se está aplicando con una cobertura absolutamente insuficiente. En comunas donde los afectados pueden ser 800 o mil niños, se logra una cobertura de 20 o 30 niños y jóvenes. Por lo tanto, el diseño de programas necesarios está, pero se requiere contar con más recursos para multiplicar la cobertura de esos programas que han demostrado que tienen buenos resultados”.

Un ataque incendiario en la comuna de Padre Las Casas, que casi termina con la vida del agricultor Álvaro Bernedo, es el último hecho de violencia conocido en la región de La Araucanía, lo que vuelve a la memoria otros atentados de similares características en el sector.

Para el experto en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, pese a que existe una preocupación de parte del gobierno de mantener un fuerte despliegue policial en la zona, “el esfuerzo no ha sido suficiente. Los fiscales requieren un apoyo especial para contar con medios tecnológicos y un equipo de investigación que les permita dar con los responsables de estos atentados”.

De acuerdo al académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal, también “se requiere efectividad en la investigación, para que esto no quede impune. A la Fiscalía hay que darle un equipo especializado para investigaciones que les permita llegar a resultados”.

El especialista sostiene que a pesar de que muchos hechos son puramente delitos, ello no impide que se deban desarrollar una serie de acciones de carácter político para resolver este tema. Por eso, resaltó la importancia de que una nueva constitución recoja la necesidad de facilitar mecanismos de representación popular a miembros de la comunidad indígena.

“No existe una ligazón absoluta entre lo político y lo delictual, pero sí hay pobladores de comunidades mapuche que no han encontrado canales para expresar su disconformidad a través de representantes de su mismo pueblo. Podrían sentirse más identificados y, en ese sentido, promover  una canalización institucional de estas demandas. Esto puede ayudar a detener el conflicto”, sostiene.

Más inteligencia

Por su parte, la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, coincide en que a pesar del amplio despliegue policial, “esto no es suficiente. Se requiere avanzar en inteligencia para abordar los hechos delictuales y agilizar la búsqueda de solución a los problemas de los pueblos originarios”.

Aunque la académica afirma que existen dos fenómenos entremezclados, como es el fenómeno político de reivindicación de tierras, y por otro lado, acciones puramente criminales, “evidentemente, lo que uno debiera esperar es que el Gobierno tenga dos estrategias claras para separar hechos delictivos con hechos sociales. El problema es que la mayoría de los hechos son confundidos con estas dos situaciones”.

“En estas circunstancias, es difícil resolver esto con una sola acción. Tiene que haber una serie de hechos concatenados, entre ellos, la búsqueda permanente de procesos de investigación judicial que lleve a niveles de solución”, complementa.

Finalmente, el especialista en crimen, pobreza y desigualdad, Mauricio Olavarría, recalca que lo que hace falta es “un mayor entrenamiento policial con técnicas más actuales y mayor tecnología, lo que podría proporcionar resultados mayores”.

Además, señala que se requiere “mejorar los mecanismos de investigación policial, para que las pruebas pasen estándares probatorios más exigentes”.

La Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia se celebró hace unos días en Mérida, México, con el objetivo de fomentar el diálogo entre los actores involucrados en la producción y uso de la información estadística sobre la delincuencia y la justicia penal. La idea era, así, incrementar la disponibilidad, la calidad, la pertinencia y el uso de dichos datos para mejorar el análisis y la formulación de políticas públicas.

A esta tercera Conferencia, organizada para intercambiar conocimientos y buenas prácticas, así como debatir sobre metodologías y el fortalecimiento de capacidades en el área de estadísticas de gobierno, seguridad y justicia, viajó invitada la especialista en seguridad pública de la Universidad, Lucía Dammert.  Su ponencia se centró en la importancia de analizar el temor y la percepción de inseguridad como un fenómeno autónomo de la victimización.

“El caso chileno sirve para alumbrar una problemática que a veces no es considerada en otros países de la región debido al mantenimiento de los niveles de victimización, pero a los altos y crecientes niveles de temor”, explica la experta. Desde esta perspectiva, su propuesta va no solo por el lado de avanzar con encuestas sino también con metodologías cualitativas que permitan identificar y caracterizar bien los elementos de un fenómeno que impacta sobre la calidad de vida de los ciudadanos

Luego de la ponencia de Lucía Dammert, presentó Luis Vial en nombre del Gobierno para mostrar los sistemas de información. En este momento, según explica la socióloga, los puntos más relevantes que se mostraron son:

-Algunos estudios señalan que las tasas de homicidios no son suficientes para describir los fenómenos de violencia, se requieren mecanismos más sofisticados.

-En la actualidad, la mayoría de los países no saben explicar ni por qué sube ni por qué baja la delincuencia, lo que requiere de más investigación aplicada.

-Los mecanismos de seguridad en los hogares no tienen el mismo impacto sobre la prevención.

-Los sistemas de información más sofisticados requieren de capacitación policial para implementar iniciativas de política que sean más efectivas. 

A nivel regional y en cuento a delitos, victimización y justicia en políticas públicas, la experta rescata la importancia de esta conferencia en cuanto a la urgencia de potenciar los estudios en la materia. “Hoy se desarrollan las iniciativas basadas en mucha intuición, en registros policiales que no son seguros y, en algunos países, poco rigurosos”, acotó. Por eso la conclusión del encuentro, según contó, es que la mejor forma de enfrentar el incremento de la violencia y la delincuencia “es con sistemas de información serios y permanentes en el tiempo, pero además con investigaciones”.

“Las políticas hoy no están basadas en evidencia sino en sentidos comunes muchas veces influencias por los medios o por información no certera”, estima la experta.

La socióloga relata que se hizo énfasis en la necesidad de avanzar en mecanismos de relevamiento de información de los grupos más vulnerables de la sociedad que sufren violencia de forma cotidiana y que muchas veces son los que menos reportan estas circunstancias.

“También se fortalecerán la encuestas de victimización desarrolladas por Naciones Unidas, se potenciarán las políticas basadas en evidencia y se incluirán nuevos indicadores para medir la corrupción y el tráfico ilícito de dinero”, cierra la experta.

La figura de un Cristo destruido por encapuchados fue una de las imágenes que mayor impacto provocó tras la movilización organizada por la Confech el pasado jueves. Pese a que la situación fue repudiada por distintos actores y de manera transversal, el hecho se suma a otras acciones violentas efectuadas en el contexto de marchas, como la muerte de un guardia durante las manifestaciones del 21 de mayo.

Para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, “habrá que repensar los requisitos para autorizar estas movilizaciones”.

El académico explica que “por los hechos que hemos observado, el espacio de movilización es demasiado amplio”. En tal sentido, el experto propone que la autoridad autorice “un lugar donde esté contenida la manifestación, para garantizar mayores niveles de seguridad”.

De acuerdo a su análisis, plazas u otros sectores claramente delimitados aportarían a que tanto Carabineros como los organizadores de las manifestaciones controlen con mayor eficacia las acciones violentas.

“Aunque no es su responsabilidad, los organizadores deben actuar para aislar a estos grupos. También, creo que es importante que sean los mismos manifestantes los que rechacen estos hechos, tal como en 2011”, enfatiza Araya.

Además, afirma que “es importante que Carabineros tenga también la certeza de que si va a ir detrás de dos o tres encapuchados, ellos no tendrán el apoyo del movimiento estudiantil y no serán protegidos por la masa”.

Por otra parte, el especialista señala que “a veces, lo que sucede es que Carabineros está en la disyuntiva entre seguir a la gran masa o focalizarse en estos sujetos. Debe haber un trabajo estratégico y de inteligencia para impedir estos hechos. Hay que repensar la estrategia policial”.

Resultados de investigaciones disuaden a violentistas

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, la salida al problema de la violencia va por este último camino.  “La solución a esto no es la mano dura, sino la mano inteligente. Los problemas no se solucionan con nuevas leyes o figuras, sino con tener más resultados”, sostiene.

“Lo que todos estamos esperando es una resolución fuerte para que los hechos no ocurran y para que las personas puedan ser juzgadas efectivamente. Si nadie paga la culpa de esto, entonces, posiblemente, se vuelva a repetir y para allá tiene que ir la acción policial, con presencia, pero sobre todo con resolución de casos”, complementa la especialista.

La académica descarta que el problema sea la falta de contingente policial o de facultades para enfrentar estos hechos, ya que en todos estos el delito es evidente. “El presupuesto de Carabineros ha aumentado sosteniblemente en los últimos 15 años, también la dotación policial. Uno no puede tener una cantidad infinita de carabineros para estos hechos. Debieran revisarse sus líneas operativas”.

Resurgimiento de grupos políticos que legitiman la violencia en Chile

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Vicente Espinoza, “hay que hacerse la idea de que tenemos en Chile grupos políticos que legitiman la violencia. Ese es el problema de fondo. Como ha quedado demostrado, no todo el mundo repudia estos hechos, porque hay gente que cree que el uso de la violencia es legítimo y lo ejerce”.

El académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel estatal plantea que “esto no es un problema psicológico. La rabia y la ira son fenómenos psicológicos individuales que no tienen una traducción colectiva. Estos grupos están actuando fuera de los marcos de la institucionalidad porque consideran legítimo uso de la violencia”.

“La legitimidad de la violencia es un problema que tenemos que encarar e introducirlo en la discusión política en esos términos. Si tomamos una posición exclusivamente moral, de condena a la violencia, van a estar quienes la condenan y los que creen que es legítimo ejercerla, por lo que no se va a detener”, enfatiza.

En relación al ataque puntual a la iglesia de la Gratitud Nacional, el especialista explica que “cuando atacan un determinado objetivo lo hacen siguiendo una cierta lógica o racionalidad política. Atacan bancos y farmacias porque representan el capital, y a las iglesias porque representan un poder simbólico contra el cual estos grupos se oponen”.

El académico atribuye esto a “el desprestigio de la iglesia católica. En los años 90’, era la institución en la que más confiaban los chilenos. Hoy, se ha convertido en una institución que no genera el consenso moral que generaba”.

Con el objetivo de establecer una relevante instancia de debate y traspaso de experiencias a nivel continental, se desarrolló la videoconferencia internacional “La inteligencia criminal, las tecnologías de la información en la seguridad pública y sus usos”.

La actividad, que se realizó el 17 de mayo último en la sala de videoconferencias del Citecamp, reunió a diversos expertos latinoamericanos, que expusieron sus visiones en torno a la utilización de tecnologías, en especial sobre el uso de las cámaras de video como mecanismo para prevenir delitos.

En la oportunidad participaron desde la Universidad Autónoma de Guadalajara (México) los investigadores  Nelson Carmona y David Osuma, y de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría y Jorge Araya. Asimismo siguieron atentamente el intercambio de perspectivas, especialistas de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (Venezuela), del Instituto de Administración Pública (INAP) de República Dominicana, de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), de la Universidad de Brasilia (Brasil), y de la  Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica UNED, entre otras.

De las observaciones realizadas por los analistas internacionales, destacó el planteamiento que sostiene que el uso de herramientas tecnológicas -como cámaras de video u otras- ha creado la falsa sensación de que éstas pueden solucionar los problemas de seguridad que enfrentan los países.

También que el empleo de dichos mecanismos solo se circunscriben  al seguimiento de los actos ejecutados, pero son estériles a la hora de intentar  prevenir un delito.

Por otro lado hay, una falsa expectativa de los cuerpos de seguridad, respecto a que una serie de dispositivos tecnológicos, herramientas de telecomunicaciones, por sí mismos, puedan llegar a solucionar problemas que son realmente muy importantes.

Finalmente, que el uso de implementos tecnológicos no tienen efectividad por sí solos. Es necesaria la voluntad de las personas para que cumplan sus objetivos iniciales.

Reacciones

El académico de la FAHU y coordinador del Programa de Estudios de Gobierno perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación Desarrollo e Innovación,  Dr. Mauricio Olavarría, destacó que la videoconferencia permitió entablar, sin la necesidad de viajar largas distancias, un diálogo entre diversos países, para acercar posturas en el tema de la seguridad pública.

“Tuvimos un foro universitario que nos permitió intercambiar experiencias y opiniones, y eso, claramente, enriquece mucho el trabajo académico”, afirmó el académico.

Agregó el investigador, que el ejercicio reveló que la situación, en términos de seguridad ciudadana, tiende a ser bastante similar en todos los países que participaron. “Nos demuestra que hay ciertas percepciones comunes en términos del uso de las tecnologías de la información, y particularmente de las cámaras, porque buena parte del debate se centró en este punto”, complementó.

Postura crítica

Por su parte, el docente de la FAHU, Jorge Araya, definió la actividad como interesante. “Esas instancias permiten desarrollar una discusión, hacer una reflexión, pensar mejor las cosas para seguir adelante usando las tecnologías, con todo su aporte, pero de una manera más inteligente”, indicó.

Asimismo, valoró la postura crítica que hubo en cuanto al empleo de cámaras, dado que a su juicio esta tecnología, si bien contribuye a la seguridad, “era importante poner una voz de alerta, que enfatizara que es una herramienta complementaria y que lo fundamental va por otra línea”, dijo.

En ese contexto, sostuvo que el siguiente paso en la materia, debiera vislumbrar pasar de un uso básico de la tecnología, hacia uno que efectivamente cambie la organización. “Con la disposición de internet, de la multicanalidad que tienen las tecnologías actuales, se pueden cambiar los procedimientos de cómo actúas, de qué tan rápido haces las cosas, de qué servicios ofreces, etcétera”, ejemplificó.

En ese sentido, subrayó que el desafío está en aprender a utilizar inteligentemente la tecnología, lo que requiere un ejercicio reflexivo profundo.

“Hagamos la reflexión para qué la vamos a usar, qué usos le vamos a dar, cómo vamos a procesar esa información. ¿Están nuestros cuerpos policiales para procesar eso? ¿Tienen la capacidad de reaccionar?”, opinó Araya.

“Si no se liga la tecnología con una capacidad institucional, no tiene mucho sentido”, concluyó.