Con gran éxito de convocatoria se realizó el viernes (19) el coloquio ‘Reforma de Educación, ley de desarrollo profesional docente: desafíos hacia la formación de profesores’, en el Salón de Honor de nuestra Universidad. El evento fue encabezado por el rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid; el decano de la Facultad de Humanidades, Marcelo Mella Polanco, y el director del Departamento de Educación, Dr. Saúl Contreras Palma, quien organizó el coloquio.

Además, contó con la participación de la diputada Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; el académico Oscar Nail, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y presidente del Consejo de Decanos de Facultades de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH); la socióloga Mirenxtu Anaya, directora ejecutiva de Educación 2020; y la historiadora Leonora Reyes, subdirectora del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad de Chile.

Todos ellos expusieron sus ideas ante un público formado por estudiantes, docentes y otros actores ligados al mundo de la educación.

Responsabilidad social

El rector Zolezzi destacó en su discurso que, en medio del actual debate por la educación, la Universidad de Santiago como ente estatal se destaca por hacer hincapié en la inclusión y la equidad, dada su responsabilidad social.

También resaltó el rol en la formación pedagógica del Departamento de Educación y sus esfuerzos por mejorar “la formación inicial docente”, gracias a sus programas y modelos con el fin de lograr “un alto dominio de la disciplina, pero también un alto dominio pedagógico”.

Mella, por su lado, recordó que la Facultad que dirige tiene siete décadas de experiencia en formación pedagógica, como heredera del Instituto Técnico Pedagógico, nacido en 1944, y que fue creado para formar profesores de la enseñanza técnico profesional. “Hoy formamos docentes de todas las disciplinas de la enseñanza básica y media”, resaltó.

También destacó que “en las temáticas relativas a la formación pedagógica y práctica, el Departamento de Educación ha logrado liderar e instalar un discurso nuevo, coherente con las nuevas exigencias del país, promoviendo espacios formativos y de reflexión”, como el foro actual.

“Además, nuestro Departamento de Educación ejecuta diversos proyectos de investigación, relacionados con la formación de profesores, elaborando propuestas innovadoras e interesantes en la formación continua”, complementó.

Falta de regulación

Vallejo, por su parte, centró su discurso en el proyecto de ley de Carrera Docente, actualmente en trámite legislativo.

Señaló que la formación docente se ve afectada, entre otros, porque actualmente hay unos 800 programas distintos de formación en pedagogía, incluso en entidades no acreditadas, en un “mercado sin regulación alguna”, donde egresan muchos profesores en algunas áreas y faltan docentes en otras, como física y matemática.

“¿Qué profesores queremos formar? ¿Cómo miramos el currículum?”, se preguntó la legisladora, quien reconoció que el proyecto, si bien aumenta la selectividad, tiene un déficit en el área de la formación inicial.

“Creo que la carrera docente, para que sea una carrera, debe tener instrumentos nacionales que den certeza de que, estando en una escuela o en otra, va a reconocerse el esfuerzo del profesor”, advirtió. “Porque si dejamos que sea la comunidad escolar la que determine su posición y remuneración, puede ser que siendo un buen profesor en un colegio gane más porque su cultura evaluativa reconozca su esfuerzo, y en otro, donde no exista esa cultura, no. No puede haber ese nivel de arbitrariedad”.

Rediseño

El doctor Saúl Contreras también se centró en el proyecto de ley y declaró que requiere un “rediseño”, en vista del cuestionamiento “transversal” que sufre, entre otros en sus definiciones, como lo que se entiende por calidad.

Entre los cinco temas claves a discutir, Contreras planteó el del acceso de los estudiantes a las carreras, debiendo “haber recursos para que lleguen los mejores por distintas vías y además para que permanezcan”, y el de la formación inicial docente, donde debe aclararse el componente pedagógico y la disciplinariedad, para poder formar profesores “preparados para resolver problemas en la sala de clases y trabajar con estudiantes de distintos contextos”.

También, apuntó al tema del egreso y la inducción, “que debe ser un derecho y ser universal”, en relación a la formación continua de los docentes, y al desarrollo profesional, donde lamentó la poca claridad del proyecto actual, que impide ver cómo se cumplen las distintas etapas de formación (tramo intermedio, avanzado, etcétera) y sus requisitos.

Finalmente, respecto a la evaluación y certificación, dijo que “la evaluación con un propósito formativo siempre será bien considerada, no aquella con objetivos punitivos”, mientras estimó innecesaria una certificación si ya se exige una acreditación previa a la entidad formadora.

Aparte de estos puntos, pidió que el proyecto deje en claro asuntos claves como las horas no lectivas -cuanto se dedica a clases y cuanto a preparar las mismas, entre otros- y también las remuneraciones.

La voz de los alumnos

La socióloga Mirenxtu Anaya dijo que echaba de menos en el debate la voz de “los niños y jóvenes”, así como su visión de cómo mejorar la escuela.

Comenzó alertando sobre los bajísimos niveles de comprensión en lenguaje (“un 88 por ciento no entiende lo que lee”) y matemática, en los niveles socioeconómicos  más bajos de octavo básico, que terminan llevando a una posterior deserción. Asimismo, alertó sobre la poca disposición para asistir al colegio que en este segmento supera la mitad de los alumnos.

“¿Por qué los niños no van contentos al colegio?”, se preguntó. En la experiencia de Educación 2020, para los alumnos hay dos temas claves: “la infraestructura y la inseguridad que sienten en los colegios”, por un lado, “y la visión que tienen de los docentes”.

Los estudiantes expresan “la necesidad de clases más motivadoras, ser más prácticos, usar más metodología fuera del aula y profesores más cercanos”, así como una mayor contextualización en el aprendizaje.

En este último mencionó un llamativo ejemplo del Simce de matemáticas. Hay una pregunta sobre cuántas ovejas quedan en un corral si hay diez y sale una. Esta cuestión es respondida de manera diferente en la Región Metropolitana que en zonas rurales en la Araucanía, por ejemplo: mientras en la capital la respuesta es “nueve”, en el sur de Chile podría ser “ninguna”, porque todos los niños del campo saben que si se abre el corral, salen todas las ovejas.

En relación al proyecto de ley, Anaya se preguntó: “¿Qué hacemos para que los docentes y el sistema escolar logren que nuestros niños tengan mínimos aprendizajes hoy día? No podemos tener niños presos de su cuna. Tenemos que darles oportunidades a estos niños”.

A su juicio, al proyecto le falta definir “qué queremos lo que aprendan nuestros niños y cómo queremos que lo aprendan”.

Desafíos sistémicos

El académico Oscar Nail presentó en su exposición la postura del CRUCH respecto al proyecto en curso, y que en su momento se exhibió en el Congreso.

“Es un proyecto que presenta desafíos importantes estructuralmente”, en medio de “una coyuntura histórica con desafíos sistémicos”, sin olvidar que procesos de naturaleza similar han generado “grandes tensiones” en los países que los han vivido, dijo.

Nail señaló que se trataba de una oportunidad en cuanto a mejorar el reclutamiento de los estudiantes de pedagogía, en un contexto donde la Beca Profesor ha demostrado ser insuficiente.

Asimismo, explicitó la necesidad de reestructurar la formación inicial docente en las universidades, dado que hay “un colectivo de instituciones que no cumple con los estándares para formar profesores”, por lo cual es necesario “tomar una decisión ya”. “Hay alumnos que son inscritos por teléfono para estudiar pedagogía”, una situación a su juicio inaceptable.

También sugirió la creación de indicadores universales, “duros y blandos”, para poder medir efectivamente la “calidad” en la educación.

El peso del pasado

Finalmente, la historiadora Leonora Reyes puso énfasis en que la actual ausencia de una Carrera Docente se debe a que la dictadura militar virtualmente la eliminó con la municipalización de la educación en 1981, con lo cual se acabó la regulación del contrato, la carga horaria y demás normas referidas a su profesión. “La situación del profesorado actual en Chile es fruto de un proceso histórico”, señaló.

La académica coincidió con otros participantes en que el proyecto de ley necesita replantearse en sus fundamentos “políticos, epistemológicos y pedagógicos”, y que no basta con algunos “retoques”, para cumplir con sus objetivos, como una educación inclusiva, democrática, etcétera.

En su opinión, la propuesta legislativa debe construirse con la opinión de los profesores, los centros de formación inicial docente y los estudiantes de pedagogía.

“Además, debe pensarse desde la práctica docente, y la realidad sociohistórica, no sólo de los profesores, sino también los estudiantes”, y considerar las numerosas corrientes pedagógicas actuales. “Debe haber un nuevo trato entre el Estado y sus profesores”, sentenció.