• La propuesta deslizada por el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de eliminar el fuero de los parlamentarios, es una iniciativa “muy plausible”, asegura el psicólogo social Sergio González, ya que muestra la preocupación que existe en la institucionalidad por la pérdida de confianza de la ciudadanía. 

Con una dura polémica entre los poderes judicial y legislativo partió marzo, luego que en la inauguración del Año Judicial (lunes 2) el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, propusiera el fin del fuero parlamentario, instancia que impide que los honorables sean detenidos o imputados, sin antes ser desaforados.

Muñoz aseguró que “esta realidad  normativa (el fuero parlamentario) resulta a lo menos objetable en la evaluación global del sistema representativo, puesto que una determinación negativa, en una fase preliminar y con un mínimo de antecedentes, cierra paso a la investigación definitivamente, lo que equivale a la absolución”.

El presidente de la Corte Suprema, agregó categórico, que “por lo anterior, debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”.

Para el sicólogo social de la Universidad de Santiago de Chile, Sergio González, estas declaraciones demuestran “una preocupación de fondo por entregar señales que permitan que la ciudadanía sienta que puede actuar de manera directa ante situaciones de delito o ilícitos, en las cuales se asegure igualdad ante la ley y no exista esta protección o coraza que tendría parte de la elite, en la lógica del fuero”.

Según el académico de la U. de Santiago, muestra una preocupación real por la acelerada pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Agrega Sergio González, que la propuesta del presidente de la Corte Suprema, es una medida protransparencia y tendiente a asegurar la probidad de las autoridades. “Claramente el fuero parlamentario mal utilizado y mal concebido no ayuda a asegurar la igualdad de todas las personas a la institucionalidad jurídica y penal”.

Esta nueva posibilidad “implica ponerle nuevas normas a la elite  que tendrá que ocupar las mismas normas con las que tiene que funcionar la ciudadanía, por lo tanto, se acorta la distancia entre ciudadanía y elite”, asegura Sergio González.

Camino al empoderamiento ciudadano

El doctor en sicología de la U. de Santiago, cree que el hecho de que un poder del Estado le esté dando valoración a la opinión ciudadana es un paso importante para lograr un empoderamiento real de las personas, aunque advierte que pese a ser una iniciativa “plausible”, lo que se busca es “cuidar la institucionalidad para no perderla y, justamente, conservarla”.

Sergio González explica que el empoderamiento implica conducta y acción directa “y ahí claramente, tenemos camino que avanzar. Estamos a grandes distancias si lo comparamos con países donde la ciudadanía está altamente empoderada como Argentina o Uruguay, sin embargo, hoy tenemos una ciudadanía que se informa muy rápidamente y tiene formada una opinión. Y eso, ayuda tremendamente para avanzar en empoderamiento”.