• La máxima autoridad de nuestro Plantel dijo “no me gusta la idea” de gravar con impuestos dirigidos a los futuros profesionales, aunque planteó su confianza en que no sea más que una filtración de alguno de los estudios que el Mineduc esté considerando para generar el proyecto de gratuidad. “No quisiera juzgar intenciones, porque no es el ánimo que yo he visto en el Ministerio”, aseguró el rector Zolezzi.

“La educación es un derecho constitucional que el Estado debe proveer. Así está establecido en la mayoría de los países”.  Este  es el juicio del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, ante la idea del Mineduc -filtrada a través de un diario de circulación nacional- de gravar con un impuesto a los estudiantes que se titulen tras ser beneficiados  con la gratuidad de su educación superior.

“A mí, no me gusta la idea” remarca categórico el rector de la U. de Santiago, planteando que cuando se piensa en este tipo de impuestos dirigidos, lo que hay que leer entre líneas, es que la educación superior “es una actividad comercial determinada, pero claramente  no lo es”.

“Lo que hay es un derecho básico que es  responsabilidad del Estado; por tanto,  debe colaborar en la formación de sus profesionales, quienes  pagarán sus impuestos dependiendo de las rentas que obtengan posteriormente. No me parece que tenga que ser una mecánica de financiamiento de la educación superior”, remarca la autoridad universitaria.

Ante  esta información que  ha  causado  inquietud, Zolezzi vuelve a cuestionar el “hermetismo del Ministerio en ciertos temas”, pues permite que se produzcan estas situaciones donde trascienden ideas y planteamientos no oficiales. “Sin embargo,  cuando son filtraciones, uno no sabe realmente si hay varios estudios paralelos y este es uno más que se está ocupando a nivel de consulta”, plantea el rector, “y de ser así, no tendría mayor importancia. Espero que el mecanismo venga por otro lado”.

Plantea, igualmente, su preocupación por lo que podría ser una evidencia de que los recursos proyectados para esta Reforma, simplemente no son suficientes, “porque el volumen del problema es mucho más grande de lo que se dimensionó. Si es así, lo que corresponde es plantear de cara al país que se necesitan tantos miles de millones de dólares más. Esto hay que conseguirlo mediante un aporte del Estado y tendremos que pagarlo entre todos los chilenos y chilenas. No queda otra”.

Finalmente el rector Zolezzi asegura que no quiere “juzgar intenciones” de manera negativa, pues se trata de una filtración; “en todo caso, no es el ánimo que yo he visto en el ministerio… hasta el momento”.

Feusach: “Tenemos un problema de confianza básica”

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, se mostró sorprendida por la información, ya que asegura que en la reunión que como Confech tuvieron la semana pasada con el ministro Eyzaguirre, “él no lo mencionó”.

“Ahí nos hace pensar si esta reforma se está construyendo día a día o si -efectivamente- él entiende que este es un punto conflictivo y que entra en contradicción con el entendimiento de un derecho social. Nos genera muchas dudas”, advierte la dirigenta estudiantil.

Marta Matamala plantea que “esto es una especie de crédito con “aval 2.0”. Es endeudar estudiantes a largo plazo, intentando que en un fututo ellos cubran una deuda que debería venir de una retribución social. Si esto es un derecho básico, como educarnos, lo tiene que asegurar el Estado y la sociedad”.

La líder estudiantil  de la U. de Santiago, indica que esta medida va ligada a una mala reforma tributaria. “Que el propio ministerio nos venga a decir que no sabe cuánto dinero le costará la reforma, nos parece inaceptable. Entonces es una reforma mal hecha y que suena más bien a una promesa electoral”.

Finalmente, la  futura profesora  de historia, se lamenta porque  “hoy tenemos problemas de confianza básica; creo que tenemos muchos elementos para desconfiar de un ministerio que nos cambia la agenda, que no quiere reunirse con todos los actores sociales al mismo tiempo y que plantea créditos encubiertos a largo plazo”.