El despacho del proyecto que establece un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo, o ley Ricarte Soto, al Senado para su votación, es a juicio del director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Dr. Mauricio Osorio, un avance sustancial para los pacientes -y sus familias- que sufren enfermedades catastróficas cuyo alto tratamiento les impide acceder a él.

Además, estima el académico, la posibilidad de que los ciudadanos puedan proponer enfermedades para ser cubiertas en el programa, responde a la idea -establecida desde el plan AUGE- de entender la salud como un derecho, y  al dinamismo propio de la medicina, que genera la posibilidad de que “aparezcan nuevos diagnósticos cada día”.

Tras ocho horas de debate, la comisión de Salud del Senado, despachó el proyecto de ley que instituye un sistema de cobertura económica para enfermedades de alta complejidad que requieren costosos tratamientos.

Entre los puntos aprobados por los legisladores, se encuentran la incorporación de los costes del diagnóstico médico, la inyección progresiva de recursos, que van desde los 30 mil millones -para su primer año de vigencia- hasta 100 mil para el 2017, y la participación de representantes de organizaciones de pacientes en las comisiones de diagnóstico y tratamiento, y en de vigilancia y control.

Además, se estableció como umbral para acceder al financiamiento, que el costo de la patología implique un 40 % o más del ingreso familiar anual. 

Para el director de la Escuela de Medicina, Dr. Mauricio Osorio, la norma que se discute en el Congreso es un avance en la materia, pese a las enmiendas que puedan surgir en el camino. “Cuando no se tiene nada, o lo que hay es muy restringido, la ley  que se está haciendo, es el punto de partida, y en esa lógica, es un tremendo avance la ley Ricarte Soto”.

Según el Dr. Osorio, en la actualidad, hay un grupo de pacientes -y sus familias- que están directamente sufriendo las consecuencias de no tener la capacidad económica para sufragar costosos tratamientos médicos. “Además del drama de la enfermedad, está el económico, por lo tanto la ley es un gran aporte”.

Salud como un derecho

La cobertura de los exámenes de diagnóstico y la posibilidad de que los ciudadanos postulen enfermedades para que sean cubiertas, fueron los puntos que generaron más ruido en el debate legislativo. Sin embargo, para el Dr. Osorio, aquella concepción participativa viene desde la entrada en vigencia de la ley 19.966 de garantías en salud -o Plan AUGE- que configura el asunto como un derecho ciudadano.

Al entenderse la salud como un derecho de las personas, éstas tienen la posibilidad cierta de “participar en la discusión y proposición de nuevas alternativas o enfermedades que puedan ser incorporadas”, dice el académico.

Por otro lado, que los exámenes sean incluidos dentro de la ley, mejora las perspectivas de vida de los pacientes que sufren enfermedades raras, cuya evaluación es más difícil, y abarca procedimientos restringidos, escasos y raros.

“Si se agrega esta situación dentro de la ley, se mejora el diagnóstico y por ende, vas a aumentar la cantidad de pacientes, y de patologías que finalmente vas a poder  detectar”, explica el Dr. Osorio.

Además -afirma el experto- el prevenir a tiempo, mejora y aumenta la calidad de vida del paciente. “Cuando no se tiene el diagnóstico a tiempo, no solo disminuye la cantidad sino de la calidad, porque no se sabe que es lo que viene, y la persona vive enferma”, resume.

Finalmente, para el Dr. Osorio, lo sustancial es que la ley Ricarte Soto es el primer paso, una solución para “todas aquellas personas que viven en carne propia una enfermedad de alto costo”.

“Se debe mirar con optimismo porque finalmente nuestro país se dio cuenta que había que partir”, concluye.