Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es terminar con la idea misma de seguridad social, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019.

En suma, un fracaso irremediable. El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual. Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras serían, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV.

Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional.

El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudaciones de impuestos, no de la cotización obligatoria. Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto.

Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico. Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución.

En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente.

En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema. Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935.

Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nacionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario.

Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.