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Encuentro Diálogo por Pensiones Dignas en la región Metropolitana, organizado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue el sexto de las 16 reuniones regionales que se realizarán a lo largo de Chile.

El evento se desarrolló en el auditorio del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra Universidad. Allí se reunieron 81 personas distribuidas en siete mesas de trabajo.

El objetivo de estos encuentros es generar una síntesis y una propuesta que sirva como insumo para elaborar el proyecto de reforma al sistema de pensiones que se presentará ante el Congreso.

De acuerdo a la ministra Jeannette Jara Román, el próximo sistema de pensiones tiene que tener el objetivo de “incorporar al empleador en la cotización con gradualidad y responsabilidad. Tenemos además el desafío de avanzar en incorporar criterios solidarios, no solamente individuales, porque reproduce las desigualdades que el mercado laboral tiene”.

“Debemos arribar a un proyecto de ley que sume voluntades y que se presente al Congreso Nacional en el breve plazo, a fin de hacernos cargo de lo principal, que es mejorar pensiones actuales y futuras, generando un sistema de seguridad social en materia de pensiones que supere el individualismo que ha existido por 40 años en nuestro país”, puntualizó.

El encuentro tuvo un enfoque participativo y tripartito, ya que se contó con el Gobierno, además de representantes de los empleadores, a través de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y de los trabajadores, con la asistencia del presidente de la CUT.

Colaboradores

Desde la Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, contactaron al equipo del Departamento de Ingeniería Industrial para colaborar en el apoyo logístico y de infraestructura para el desarrollo de la actividad que se replicará en todo el país.

“Nuestra Casa de Estudios, por ser pública y estatal, no debe quedar fuera de espacios tan relevantes para la equidad social, como es el conversar sobre las pensiones que requieren ser dignas para todas y todos las/os chilenas/os”, afirmó la docente del Departamento de Ingeniería Industrial y jefa de proyectos del Centro de Integración Ingeniería y Sociedad (CIIS) de la Facultad de Ingeniería, Tamara Wong Valdés.

La ingeniera indicó que “es tremendamente significativo para nosotras/os que el diálogo social por pensiones dignas de la región se realizara en la Universidad de Santiago, porque colaboramos en ser facilitadores de un espacio de conversación, como bien señaló la ministra Jara en la ocasión, para ‘avanzar en la incorporación de criterios solidarios que nos permitan llegar a una propuesta común’”.

“En nuestra opinión, el encuentro fue todo un éxito, porque contó con espacios que propiciaron la comunicación fluida e igualitaria, sin distinciones. El trabajo de las mesas resultó tal como lo esperábamos, así lo consensuamos, en conjunto, con la Seremi y con nuestro equipo del Centro de Integración Ingeniería y Sociedad (CIIS-FING) al final de la jornada”, explicó Wong.

La profesional indicó que esta colaboración no habría sido posible sin el valioso apoyo del director del Departamento de Ingeniería Industrial, Dr. Luis Quezada y de sus trabajadores.  “Para nuestra Institución, apoyar iniciativas participativas que propendan a convertirse en políticas públicas, que propicien mejores condiciones de vida para las/os chilenas/os es fundamental”, detalló.

El Centre for Experimental Social Sciences (CESS) -Santiago, junto a la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, elaboraron un estudio en el que analizaron el comportamiento de las personas que deben escoger la modalidad de pensiones con las que pasarían a retiro.

Fueron 1.041 personas que participaron en los experimentos sociales del CESS-Santiago durante tres años. Los resultados fueron analizados por investigadores con el fin de entender por qué las personas sistemáticamente rechazaban la opción que les daba un monto mayor para el retiro.

Los cientistas sociales estudiaron en profundidad qué sucedía cuando los futuros pensionados recibían sus opciones en el Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de Pensión, conocido como Scomp.

El experimento

Se detectó que la forma en que se presentaba tradicionalmente la información en los certificados Scomp, donde se enlistaban las ofertas de pensiones que tanto AFP y compañías de seguros entregan a cada solicitante, llevaba a cometer errores de selección y que en promedio significaba un monto mensual 2% inferior al que podrían obtener.

El estudio parte de la estimación de que el 80% de las ofertas de pensiones realizadas entre 2004 y principios de 2017 experimentaron pérdidas "significativas", no relacionadas con el nivel de ingreso ni por sexo del pensionado, pero sí con las habilidades financieras.

Los analistas presentaron a los solicitantes de pensión un informe comparativo de las ofertas de pensión ordenadas descendentemente según monto ofrecido, presentando también la clasificación de riesgo del proveedor respectivo. “Con este experimento de campo quisimos explorar presentaciones alternativas del desempeño del proveedor”, explicó la Dra. Denise Laroze, subdirectora del CESS Santiago y académica del Departamento de Administración de la FAE.

En los experimentos realizados, se llevaron a cabo distintos “tratamientos” donde se modifica la presentación del informe comparativo respecto del vigente al momento del experimento. “Dos opciones de diseño claramente mejoraron el bienestar del consumidor en este experimento. Primero, la reducción de la cantidad de información mejoró la elección, específicamente dejando en un segundo plano la clasificación de riesgo de los proveedores, lo que llevó a mejores decisiones por parte de los sujetos experimentales”, señalaron los investigadores.

En segundo lugar, la adopción de un marco de pérdidas también dio como resultado que los sujetos experimentales seleccionaran proveedores que generaban mayores retornos. De esta forma, las ganancias al modificar la presentación de la información fueron considerablemente mayores para aquellos individuos con niveles de alfabetización financiera más baja.

“Este proyecto nos permitió colaborar con la Superintendencia de Pensiones en la realización de una evaluación de impacto experimental que permitió mejorar las condiciones para los y las pensionadas. Los cambios introducidos al SCOMP incluyen un Nudge de Aversión a la Perdida, que resalta cuánto dinero se deja sobre la mesa cuando uno elige un proveedor de pensión versus otro. De esta forma, se visibilizan las pérdidas para que los y las ciudadanos/as tengan esa información a mano a la hora de tomar una decisión”, concluyó la Dra. Laroze.

Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es terminar con la idea misma de seguridad social, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019.

En suma, un fracaso irremediable. El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual. Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras serían, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV.

Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional.

El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudaciones de impuestos, no de la cotización obligatoria. Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto.

Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico. Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución.

En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente.

En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema. Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935.

Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nacionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario.

Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.

A través de cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de una reforma previsional que eleva la cotización obligatoria de un 10 a un 16%, crea un fondo de ahorro colectivo y establece que las AFP devuelvan comisiones  ante rentabilidad negativa.

“El grueso de las utilidades de las AFP, que es el fondo de lo que está siendo cuestionado, se mantiene”, consideró el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Gonzalo Martner. 

“Hay una crítica a la ilegitimidad de obtener utilidades mediante el uso de la administración de los recursos cotizados por los trabajadores”, sostuvo. “Ese aspecto se retoca mínimamente cuando hay rentabilidad negativa, pero es un cambio limitado”, estimó Martner. 

El doctor en ciencias económicas hizo hincapié en que la reforma no toca el 10% de cotización oblgatoria que se encuentra administrado por las AFP y aunque reconoce que repone en el debate la necesidad de un sistema de reparto, “es solo un 3% de la cotización adicional. Configura un sistema mixto de pequeña escala”, precisó.

Finalmente, Martner se refirió a los dichos del gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien criticó la reforma del Gobierno, señalando que “para subir las pensiones de los futuros jubilados, debería ir todo para las cuentas individuales”.

El académico de la Universidad de Santiago comentó que “la posición de las AFP es una frescura. No solo quieren mantener un negocio que les reporte millones de dólares en utilidades, sino que, además, querían ampliarlo”, concluyó.

A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunció que a partir de esta semana, comenzará a hacerse efectivo el aumento en las pensiones del Pilar Solidario, aprobado por el Congreso.

"Esto quiere decir que 330 mil pensionados, mayores de 80 años, verán aumentadas sus pensiones en $55.101; otros 270 mil con edades entre 75 y 79 años, en $33.060 y los menores de 75 años, incluyendo a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, con un alza de $27.550", publicó la ministra.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, la medida constituye un avance: “más vale 160 mil que 110 mil pesos”, admitió. “Pero la pregunta –agrega– es si esto responde a las necesidades que tienen las personas de mayor edad que reciben menos ingresos y, a su vez, si da cuenta de las posibilidades que la economía del país tiene para ir en ayuda solidaria de esas personas”.

A juicio del experto, si bien la economía en Chile no está pasando, coyunturalmente, por un buen momento, “está en perfectas condiciones de hacer un esfuerzo extra para aumentar esa pensión básica solidaria”.

“Yo creo que el Gobierno debe plantearse una meta a la cual llegar lo antes posible, del orden de los 220 mil pesos por lo menos para la pensión básica solidaria que, a su vez, poco a poco vaya avanzando hacia el 80 por ciento de los pensionados y, en su momento, hacia la universalidad. Si no nos planteamos esas metas, entonces siempre el sistema irá quedando relegado, salvo cuando hay grandes crisis”, sostuvo Martner.

El necesario cambio estructural

En opinión del académico de la FAE, en el actual sistema previsional, “nos encontramos con pensiones contributivas de un nivel, francamente, muy cercano a la indigencia”. Esto, justificaría la necesidad de cambios estructurales “en el segundo piso del sistema de pensiones; del sistema contributivo”.

Martner añadió que este cambio debiera combinar un conjunto de mecanismos donde lo que coticemos de manera obligatoria financie a las personas que trabajaron antes. Esto sería un sistema de reparto – dijo-  que debiera permitir que, por ejemplo, el aumento del cinco por ciento que está previsto para las cotizaciones obligatorias, se dirija a aumentar las pensiones contributivas más bajas y, en general, del conjunto de pensiones. De esta manera tendríamos un sistema mixto”, precisó.

“Yo, personalmente, soy de la idea de que las AFP, es decir compañías administradoras privadas, nada tienen que hacer aquí y deberían salir del sistema, no recibir más cotizaciones obligatorias y ser entidades que tengan que competir con otros, ofreciéndonos condiciones que hoy no nos ofrecen. Esta sería una reforma estructural”, subrayó el académico de la Universidad de Santiago.