En el actual contexto de crisis sanitaria mundial miles y millones de seres humanos se encuentran -mientras escribimos estas líneas- desplazándose a otros continentes, regiones o países. Ni el miedo a la pandemia, ni las dificultades en los trayectos, cierre de fronteras o falta de oportunidades en los destinos de acogida han logrado evitar que un sector de la población mundial continúe saliendo de sus hogares, territorios y comunidades. Múltiples son las razones humanitarias por las cuáles en caravanas o de forma particular, familias, niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres de distintas edades prefieren el desarraigo que provoca abandonar sus vidas a quedarse en el terruño, aunque ese haya sido el suelo que los vio nacer y que debió brindarles cobijo y protección.

En el último mes las noticias nos han mostrado la cruda realidad de los inmigrantes que están ingresando en la zona norte del país. Colchane e Iquique se han repetido a diario en los portales informativos y hemos observado la incomodidad inicial y la posterior severidad de la autoridad al expulsar a un grupo de estos seres humanos por haber ingresado de forma irregular, evidenciando la dificultad que presenta para Chile la inmigración.

Luego de casi dos décadas de continuo incremento en la llegada de inmigrantes, en especial latinoamericanos, las autoridades de turno no han logrado actuar humanitariamente y despejar las complejidades de la inmigración, convirtiéndola preferentemente en un problema administrativo vinculado a la seguridad pública. Del mismo modo, y a pesar de los impedimentos que se esgrimen para muchos inmigrantes en las fronteras del país, sectores de la ciudadanía ven con regocijo estas determinaciones basados en el principio de la legalidad y ordenamiento jurídico que obliga al migrante a ingresar con papeles oficiales como un correcto y buen ciudadano extranjero.

Como pocas veces en nuestra historia, esta crisis migratoria nos ha tocado con fuerza y nos recuerda que no basta con que nos declaremos una sociedad humanitaria o con autodefinirse pro migrante, intercultural o un buen y compasivo ciudadano, cuando en la práctica nos desagrada el inmigrante pobre, nos molesta la diferencia cultural de los que llegan, o bien, nos incomodan aquellas/os que ingresan sin pedir permiso, aunque sea por razones humanitarias.

Cuando sostenemos que queremos un tipo de migrante modelo, al que no se asocie una condición de vulnerabilidad, que ojalá traiga dinero, sea laborioso, y que ingrese de forma regular para ser bienvenido a nuestro territorio, evidenciamos una dimensión de una especie de barbarie civilizatoria moderna; aquella que permite y obliga que un inmigrante indocumentado quede imposibilitado de ingresar al territorio cualquiera sea su condición de riesgo, peligro y desesperación, que admite -con cínico desconsuelo- la imagen de un niño muerto e indocumentado en las aguas del mediterráneo, que asume como rutinario que una mujer agonice en la ribera del Río Grande de México y que tolera, y hasta se vanagloria de la eficiencia por la expulsión de un ser humano de cualquier edad y sexo que ha cruzado las frías noches del altiplano chileno boliviano en busca de un nuevo futuro, aunque su vulnerabilidad sea indiscutible. 

En esta crisis humanitaria, resulta paradójica la situación de los inmigrantes que buscan ingresar a Chile, un país donde se sostiene públicamente lo acogedores que somos y donde la política pública sustenta discursivamente los principios humanitarios del Estado y del Gobierno.

En esta ruta, programas de estudio de las distintas etapas educativas, espacios intelectuales, proyectos concursables financiados por el Estado y la misma ciudadanía, han incorporado en las últimas décadas una serie de conceptos relativos a la urgencia de una sociedad más integradora, solidaria e igualitaria.  En esta “nueva” humanidad, la interculturalidad, integración, inclusión y antidiscriminación se han convertido en paradigmas requeridos para el discurso público, en particular cuando se refieren a los pueblos originarios, opciones de género y por supuesto, a los inmigrantes.

Era frecuente escuchar a distintos actores de la sociedad civil y política o a la opinión pública en general, posicionándose desde esta vereda alineados, por cierto, en el camino de lo correcto y lo ético, más aún cuando se trataba de los inmigrantes virtuales e incorpóreos que poblaban los noticieros, los convenientes jornaleros y los simpáticos niños con sus coloridos bailes y comidas típicas.

A la hora de la verdad, lo acontecido estas semanas en la frontera norte del país, nos enrostra nuevamente que, frente a la urgencia humanitaria de la inmigración y el refugio, las autoridades chilenas y una parte de la sociedad no se encuentran preparadas o no están disponibles para evidenciar los principios humanitarios que tanto se defienden discursivamente. Constantemente, se cae el velo de la integración y aparece el miedo al vulnerable, obviando, que los Estados deben ser capaces de dar cuenta de procesos históricos de crisis como el actual, periodos que conducen indiscriminadamente al aumento de la movilidad humana.

Pareciera ser que para Chile tanto en el pasado decimonónico, en el convulsionado siglo XX como en el presente, la construcción civilizatoria de país se nutre de una barbarie que olvida su propio origen, identidad y diversidad cultural, rasgos que reconozco como parte de la barbarie civilizatoria moderna, que niega el derecho de migrar, la solidaridad entre los pueblos y la urgencia de tender la mano a los más vulnerables como son en este caso, las y los migrantes, y en particular, las y los refugiados del mundo.

Actualmente, en nuestro país, vivimos un nuevo cambio en los flujos migratorios, con el estancamiento de la población peruana y un incremento sostenido -desde el año 2000- de la población dominicana, colombiana y haitiana (Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 2015). A su vez, la población venezolana en el último lustro ha ido en gran aumento, de hecho, según los actuales datos oficiales, la diáspora venezolana se ha transformado en sólo dos años en la comunidad de inmigrantes más grande de Chile, dejando por primera vez en una segunda posición a la comunidad peruana. Le siguen haitianos (179.338 personas) y colombianos (146.582 personas), ubicándose como la tercera y cuarta comunidad más numerosa del país (Instituto Nacional de Estadísticas y DEM, 2018).

En este escenario, la legislación vigente, (Decreto Ley N°1094) , corresponde a una legislación insuficiente, la que no se condice con las transformaciones migratorias en el país, al no dar respuesta adecuada a las necesidades que plantea el contexto nacional y regional.

En consecuencia, se han generado variadas problemáticas respecto a la incorporación social, económica y cultural que enfrentan los grupos de inmigrantes que están en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. En respuesta a ello, desde la vuelta a la democracia los gobiernos modernizaron la gestión administrativa y suscribieron acuerdos internacionales de protección de derechos humanos.

Para garantizar los derechos que estipulan los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, se han instaurado una serie de instrumentos, como circulares, oficios o decretos en materia de salud, trabajo, vivienda y educación, destacando solo la promulgación de la Ley Nº 20.430, sobre protección de refugiados y la Ley Nº 20.507 sobre tráfico y trata.

En este proceso de producción normativa, se destaca el Instructivo Presidencial N°9/2008, aprobado durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Dicho documento tenía por objeto sentar las bases de la futura política migratoria, definiendo a Chile como un país de acogida y visualizando las migraciones desde una perspectiva de integración.

Expuesto el reciente trabajo legislativo, en el ámbito de la generación de decretos para normar el fenómeno migrante, llegamos al año 2013, cuando Sebastián Piñera presenta en su primer Gobierno, un nuevo proyecto de ley de Extranjería y Migración después de 40 años.

La iniciativa ha sido duramente criticado por las organizaciones académicas y de la sociedad civil por carecer de un enfoque de derechos humanos y por limitar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la seguridad social. La controversia sobre dicho proyecto, queda reflejada en el informe de ese año (2013), sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, donde se manifiesta que esta ley “ignora la capacitad estatal para autorizar la residencia de extranjeros en el país, desconoce los instrumentos internacionales suscritos por Chile en materia de integración regional y omite varias obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (Olea: 127).

Finalmente, sufrió un estancamiento en su tramitación parlamentaria y se dejó abierta la posibilidad de ingresar un nuevo proyecto de ley que tomara en cuenta la discusión que había hecho la sociedad civil al respecto.

Es así como durante los últimos siete años, desde que se presentó por primera vez el proyecto de ley (2013), se han generado más de 465 indicaciones y planteado otras iniciativas legales para avanzar en una ley migratoria. Dentro de estas iniciativas destaca, en el segundo Gobierno de Bachelet (2014), el proceso de encuentros consultivos para la nueva Ley Migratoria, convocada y organizada por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) y la División de Organizaciones Sociales (DOS).

La valiosa información recogida a partir de este conjunto de acciones nos pone frente al imperativo ético de dar forma a una Ley de la República que recoja estas indicaciones, pero que además tenga como contenido sustancial, el derecho a la migración, entendido como un derecho humano superior consignado en nuestra Constitución. En otras palabras, como afirma Bauman (2016), no podemos seguir siendo condicionados por una ideología de Estado, que finalmente nos produce pánico frente a la migración, impidiendo que un imperativo categórico se paralice por el miedo irrefrenable hacia el otro/extranjero que representa un peligro, una amenaza permanente.

Efectivamente, La máquina legisladora en Chile, respecto a la migración, en la segunda parte del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, ha mantenido de forma dominante un sustrato ideológico en el que subsiste el concepto/idea del extranjero como amenaza que altera la seguridad del país, poniendo en tensión permanente los dispositivos de control legal y social.

La legislación migratoria del presente y particularmente del futuro, debe hacerse cargo en Chile y en el mundo de las personas sin Estado, que han sido desnaturalizadas y privadas de la protección de una comunidad jurídica, que debe reconocerlos como miembros de dicha comunidad.

La expresión de Arendt: el derecho a tener derechos, tiene que ver precisamente con lo esencial de la problemática de aquellos que se han quedado a la intemperie de la humanidad, es decir, desamparados de ciudadanía y huérfanos de pertenencia a una comunidad jurídica en la que se les reconozca una participación y un ámbito de interacción significativos. Al respecto, la misma filósofa nos señala que la verdadera realización humana exige una participación en la esfera de la reciprocidad en la que convive la pluralidad de los individuos dentro de una organización colectiva que instaura la igualdad. Dicha igualdad, antes que una realidad sensu estricto, se despliega a través de la creación de una comunidad política que otorga protección jurídica a sus miembros.

Finalmente, el reto ético al que nos referimos en el título de esta columna, se orienta a la validación de los migrantes, como sujetos de derecho que, en el espacio de la existencia jurídica, establecen un compromiso vinculante con la sociedad en la que viven (derechos y deberes).

Se trata de una exigencia ética, precisamente porque interpela a los legisladores y a la sociedad en su conjunto para otorgar el estatus de subjectum iuris al migrante.

Dicha validación social, discursiva y legal, implica el reconocimiento de ese estar en el espacio jurídico, por tanto, la posibilidad de beneficiarse de una protección legal. De este modo, el migrante puede ser considerado sujeto de derecho, en su situación insoslayable de ser humano, siendo reconocido como tal por la ley.

En esta instancia y a partir de esa condición jurídica, pensamos que se hace muy necesario en estos tiempos de horizontes distópicos, volver sobre el sujeto como otro-humano con el cual sostenemos la experiencia ética de la responsabilidad para con ese otro, superando la alienación que significa la clausura en el sí mismo y el olvido del otro. Vivimos en una cultura en la que el Yo se absolutiza y por tanto se proyecta enajenado/distorsionado, incapaz de vincularse a la realidad comunitaria.

No podemos quedar atrapados en la máquina de producción de una trama normativa que difícilmente alcanza lo humano, como vulnerabilidad permanente que va perdiendo su dignidad en los infinitos trayectos y desplazamientos sobre territorios ajenos. El cuerpo legal de esta ley es urgente y debe contener los incontables cuerpos/vidas de quienes, a veces, se desplazan sólo para sobrevivir.

En 2019 la Universidad de Santiago de Chile impulsó, a través de la Administración Delegada de Liceos de Educación Técnico Profesional, el Programa de Regularización de Estudios Migrantes, el que además cuenta con el acompañamiento y asesoría del Centro de Estudios Migratorios (CEM) del Plantel.

El Prorrector, Dr. Jorge Torres Ortega, creador de la iniciativa pionera en el área educativa intercultural, destacó que en su plan de estudios no solo contempla las materias que exige el Ministerio de Educación (lenguaje y comunicación, matemáticas, historia, ciencias naturales e inglés), sino que además cuenta con talleres de español, formación para el ejercicio de la ciudadanía y habilidades digitales, que le permiten a los estudiantes obtener herramientas para insertarse en la sociedad chilena tanto en lo cultural como en lo laboral.

La Escuela Migrante funciona en el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez (Incoed), cuya administración delegada está a cargo de la Usach. Este año, a pesar de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, ha seguido funcionando de manera remota a través de la plataforma Google Classrroom, la cual permite subir contenidos pedagógicos por parte de los profesores y luego ser descargada por los/as alumnos/as.

Para el director del Incoed, Manuel Villegas, la adaptación a las clases virtuales no fue tan compleja, puesto que los profesores venían trabajando con Classroom y en el caso de los directivos del establecimiento fueron capacitados a principios de este año.

Sin embargo, consideró que el mayor problema ha estado en el nivel socioeconómico de los estudiantes, ya que “un tercio de ellos no tienen acceso a internet y en ese caso les hemos entregado material de manera impresa o en pendrive, de tal manera que puedan acceder a las clases”. Además, se realizó una campaña solidaria que tenía como finalidad entregar canastas de alimentos para paliar los efectos negativos de la pandemia, que en muchos casos dejó sin trabajo al alumnado.      

Pese a estas dificultades Villegas ha observado un compromiso importante de parte de los y las estudiantes. Para él la motivación que tengan las personas es primordial independiente del instrumento que se utilice para entregar los conocimientos. “Algunos piensan que  las herramientas que se utilizan es lo principal, y más que estas es la autonomía del estudiante. Nosotros vemos mayor capacidad de autonomía y responsabilidad en el desarrollo de las tareas y eso te habla que hay una motivación importante”, aseguró.  

La coordinadora del Programa de Regularización de Estudios Migrantes, Yorka Orellana, comentó que se están monitoreando constantemente a los/as alumnos/as inscritos en la escuela, y hasta el momento “no hay estudiantes contagiados con COVID-19. Algunos están con problemas económicos, pero estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible”, aseguró.

Sobre la implementación del Programa y el apoyo que ha brindado la Corporación y el Centro de Estudios Migratorios, el director de Incoed sostuvo que sin este sustento difícilmente hubiese sido viable el desarrollo de esta iniciativa, porque “la Universidad y el CEM, de la Facultad de Humanidades, nos han dado un soporte intelectual importante. La amplia experiencia en  investigación y trabajo con migrantes nos hizo entender mejor el fenómeno desde distintos ámbitos. Eso ha permitido enriquecer a nuestros docentes que han tenido la experiencia de hacer clases a estas personas. Tenemos una formación de primer nivel y eso se logra de la mano de la Usach”.  

A juicio de la Dra. Carmen Norambuena, fundadora, integrante y ex directora del CEM, la ayuda que ha prestado nuestra Institución ha sido importante, puesto que “la Universidad no aparece encapsulada, sino que en su rol de comunitario. Me parece interesante que la academia baje, que pueda llegar a distintos medios sociales con las diversas herramientas que tiene y en el caso de los inmigrantes, es fundamental”, dijo.

Educación migrante

Expertos en migraciones del Centro de Estudios Migratorios han trabajado en conjunto con los profesores del Instituto Comercial Eliodoro Domínguez en la ejecución del programa de regularización de estudios dirigido a la población migrante.

Entre los/as especialistas que han apoyado el desarrollo de la Escuela Migrante se encuentra la Dra. Carmen Norambuena, quien sostiene que “la formación del migrante en la sociedad de acogida, es fundamental, porque es la manera que éstos/as se incorporan al lugar de destino (…) Escuelas, liceos o universidades deben estar preparados para recibir personas que vienen con una distinta manera hablar, incluso el castellano”.

Agregó que “cuando se trata de recibir a personas con una lengua distinta, se complica más, puesto que es necesario un periodo de transición entre que el inmigrante acepta o aprende la lengua de destino, y el país asimila la lengua del extranjero”, comentó.

Siguiendo esa línea, Manuel Villegas, director de Incoed, expresó que “para los que trabajamos en educación y los que sabemos lo importante que es para un país un sistema educativo integral e inclusivo, entendemos que la instrucción es básica para el desarrollo humano. Para nosotros darle educación a migrantes es entregarles oportunidades, es decirles puedes más, puedes llegar a tener un mejor futuro, desarrollarte de mejor manera e integrarte culturalmente”.

Byron Duhalde, integrante del Centro de Estudios Migratorios y profesor de nuestro Plantel, fue invitado a impartir el taller Formación para el ejercicio de la ciudadanía, en donde enseña conocimientos básicos del Estado chileno, valores cívicos y formación ciudadana. Como integrante del CEM ha participado de instancias académicas en estas temáticas, pero esta es la primera vez que realiza clases a estudiantes migrantes.

El analista en Políticas y Asuntos Internacionales consideró que la recepción por parte de los estudiantes “ha sido muy buena” y que la experiencia “es enriquecedora, porque en el diseño formal está enfocado a necesidades que tienen los y las estudiantes muy puntuales. Que conozcan el aparato estatal, político, etc., pero en el camino fui conociendo sus problemas, lo que me permitió identificar elementos que van más allá de los que están el programa de estudio. Por ejemplo, licencias médicas, liquidaciones de sueldo, descuentos por salud, AFP, etc.”.

El año pasado se graduó la primera generación de la Escuela Migrante Usach. Cincuenta y cinco miembros de la comunidad haitiana residente en el país recibieron sus licencias de 3° y 4° medio. En ese grupo solo participaron personas del país centroamericano, sin embargo este año ingresaron chilenos, colombianos, ecuatorianos y venelozanos enriqueciendo culturalmente la Escuela Migrante Usach.

En una emotiva ceremonia desarrollada en el Aula Magna de nuestro Plantel, cincuenta y cinco miembros de la comunidad haitiana residente en Chile, recibieron el diploma que certifica su egreso de la Escuela Migrante de la Universidad de Santiago.

La iniciativa, que partió en marzo de este año, buscó asegurar su inclusión educativa a través de la nivelación de estudios en educación media.

Las clases fueron impartidas por profesores del Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez -administrado por nuestro Plantel-, más un facilitador del idioma creole y un coordinador pedagógico.
También hubo talleres de español, formación para el ejercicio de la ciudadanía y habilidades digitales, cuyos objetivos fueron permitir a los estudiantes contar con herramientas para insertarse en la sociedad chilena.

La ceremonia fue presidida por el Vicerrector de Apoyo al Estudiante, Dr. Bernardo Morales Muñoz, en representación del Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid. Estuvo acompañado de la coordinadora académica del Centro de Estudios Migratorios de nuestra Universidad, Dra. Adriana Palomera Valenzuela.

De las autoridades del Instituto, estuvieron presentes el director Manuel Villegas Gómez; Carlos Mora, Inspector General; Eva Duarte, coordinadora de formación técnica; Camila Contreras, coordinadora del plan general; Alonso Benavides, orientador y coordinador pedagógico del programa; David Charles, facilitador del programa; además de profesores y profesoras de la comunidad escolar.
Compromiso social

"Este primer Año Escolar de la Escuela Migrante constituye un hito que refuerza el compromiso social que caracteriza a la Usach, reflejando la mirada global y multicultural que esta Institución desarrolla en su quehacer”, sostuvo el Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

Al mismo tiempo agregó que "estamos satisfechos con lo alcanzado, ya que hemos aportado concretamente a otorgar mejores oportunidades a estos hermanos y hermanas, y así propender a una sociedad más justa y equitativa , apartando toda forma de discriminación".

En ese sentido, el Rector Zolezzi puntualizó que "hoy vemos los primeros resultados de un proyecto pionero en el área educativa intercultural, puesto que se promovió el respeto e intercambio entre culturas, se fortaleció la tolerancia entre los grupos minoritarios y mayoritarios, y se desarrolló la percepción de la diferencia como un valor y no como una falencia".

Transformar problemática en solución

El director del Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez, Manuel Villegas Gómez, reveló que "el desafío era grande, pues ni siquiera nuestro país se encuentra preparado para dar cabida a la problemática migrante".

"En este sentido, nuestro programa transformó esa problemática en solución, afrontando toda forma de discriminación y racismo, dando cabida plena a la dignidad humana y a los derechos humanos", manifestó Villegas.

Además de entregar los diplomas a los 55 estudiantes del Programa de Regularización de Estudios Migrantes, dos estudiantes recibieron la distinción a la excelencia académica: Junior Thelisfort Jean Baptiste y Michelet Cadet.

Tras la premiación, Marie Mika Fidel se dirigió a los presentes en representación de sus compañeros y compañeras. "Nuestros agradecimientos, en primera lugar, son para la Universidad de Santiago de Chile por esta iniciativa en beneficio de la comunidad migrante, que para nosotros como haitianos representa la integración a la sociedad chilena", indicó.

Por último, los estudiantes licenciados reconocieron, a través de un presente, el apoyo, cariño y entrega de las y los profesionales de la educación que trabajaron en el Programa.