Hace dos días se conocieron detalles de un presunto fraude al interior de Carabineros que, hasta el momento, ha provocado la remoción de nueve oficiales. Los hechos se produjeron entre 2010 y 2015, periodo en el que un capitán recibía depósitos desde una cuenta institucional para luego repartir el dinero entre otros funcionarios policiales. La fiscalía ya investiga los antecedentes.

Al respecto, el sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Cristián Parker, advierte que “esto puede encaminarse hacia el derrumbe de las instituciones, como sucedió en Argentina (en 2001), donde llegó un punto en que hicieron renunciar a varios Presidentes bajo el lema ‘que se vayan todos’. Es decir, una crisis generalizada”, sostiene.

Aunque reconoce que es pronto para asegurar que la situación detonará con tal magnitud en el corto plazo, enfatiza que la situación es “grave”, ya que involucra “a una de las pocas instituciones que no había padecido, hasta el momento, de una situación de pérdida de confianza de parte de la ciudadanía”.

“Lo peor sería que esto genere un descontento generalizado respecto a la totalidad de las instituciones, y se piense que todos son lo mismo: todos son corruptos, todos hacen lo que quieren, todos violan la ley, todo da lo mismo y, por lo tanto, todos pueden hacer lo mismo también”, estima.

“Creo que esto aún no llegará hasta allá, pero hay que evaluar el hecho en su justa medida”, agrega. “Este no es un asunto menor. Desde el punto de vista de lo que piensa la ciudadanía, ya es el colmo. Hay fraude por todos lados y, ahora, también de Carabineros”, subraya.

Con todo, el académico señala que este hecho repercutirá en los índices de confianza de la institución policial en próximas encuestas, “pero no llegaremos a una situación en que la mayoría desconfía”.

Sin embargo, hace hincapié en la importancia de que este tipo de conductas no sean amparadas por la institucionalidad política, porque podría provocar un efecto adverso. “Esto debe ser investigado por la Justicia y cuestionado por el resto de las instituciones políticas y sociales. Tiene que haber una condena moral, así como la ha recibido el Ejército en su momento”, indica.

Por otra parte, sostiene que “estas situaciones de corrupción, en un año electoral, sin duda deben ser abordadas en la agenda de todas las campañas presidenciales”.

Finalmente, concluye que se debe prestar atención al problema estructural del que deriva este y otros hechos vinculados a la política, el Ejército y la Iglesia. “Hay un sistema que está incitando a la corrupción, que favorece motivaciones orientadas a cómo obtener dinero fácil sin importar la ética, y eso está afectando a todas las instituciones”, concluye.

Polémica ha causado la cifra mínima de militantes para que un partido pueda constituirse como tal (18.512 afiliados), lo que ha traído problemas para casi todas las colectividades. Sin embargo, una nueva dificultad se sumó a esta meta.

En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santa María, explicó que “esto es más complejo de lo que parece. No es una suma general, sino que tienen que estar distribuidos por regiones. Si en una región no se alcanza el 0,25% (de los votantes de la última elección de diputados en dicha zona) o 500 personas, estamos obligados a cancelar la inscripción de ese partido en esa región”.

En ese sentido, advirtió que “si no se alcanza el mínimo en a lo menos tres regiones contiguas u ocho discontinuas, ya no tenemos que cancelar (las candidaturas), sino que disolver a ese partido”, advirtió.

Plazos

El 14 de abril, los partidos deben presentar su nuevo padrón. Sin embargo, el Presidente del Servel solicitó que las colectividades hagan llegar antes de esa fecha la información sobre sus militantes, para no generar inconvenientes en la inscripción de sus candidaturas.

“Como no hay plazo para revisar desde el 15 de abril si los partidos han cumplido la meta (más de 18 mil militantes a nivel nacional), nosotros pedimos que nos empiecen a enviar desde ya las fichas de reinscripción o de afiliados nuevos. No esperemos las últimas 24 horas del plazo, porque nosotros lo vamos a cumplir de todas maneras”, aseguró.

“Antes del 3 de mayo, que es la fecha de declaración de candidaturas para elecciones primarias, nosotros tenemos que saber qué partidos pueden inscribir o declarar candidaturas”, subrayó.

Polémica por condiciones para fichar militantes

En una discutida decisión, el Servicio Electoral autorizó a los partidos tradicionales a reafiliar militantes solo con el envío de una solicitud por mail, adjuntando fotocopia de la cédula de identidad. La medida despertó críticas en las tiendas emergentes, que vieron esto como un acto discriminatorio hacia sus colectividades al otorgarles facilidades con las que ellos no cuentan. En ese contexto, el Servel decidió permitirles la firma electrónica simple para la inscripción de sus militantes. Sin embargo, las agrupaciones quedaron disconformes con la medida, aduciendo que esto ya había sido comprometido y que resulta igualmente engorroso conseguir una rúbrica digital.

Al respecto, Santa María reconoció que la firma electrónica implica un trámite “complejo, caro y engorroso” y que, por eso, “estamos considerando la clave única del Registro Civil como una firma electrónica simple, de manera que nos estamos ajustando absolutamente a lo que está determinado por la ley. No podemos avanzar más allá”, enfatizó.

“Se ha generado un debate que nosotros hemos planteado como artificial. Es la ley la que ha señalado diferentes mecanismos para el caso de los partidos en formación”, insistió Santa María.

Según la autoridad, la normativa sobre partidos políticos establece que las colectividades emergentes solo pueden captar nuevos militantes “de manera presencial, ante un ministro de fe que puede ser un notario público, o un funcionario del Servicio Electoral o un oficial del Registro Civil -en estos últimos dos casos, designados por el respectivo director- y, también, de acuerdo a las disposiciones de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios certificadores de dicha firma”.

A su vez, descartó que existiese alguna anomalía en la decisión de permitir a los partidos ya constituidos que refichen militantes vía correo electrónico adjuntando el carnet.

“En el caso de la reinscripción a partidos que estaban constituidos antes del 5 de mayo de 2015, se estableció que para las personas que ya estaban en los duplicados del registro de afiliados en poder del Servicio Electoral, debe hacerse por medio de un ministro de fe igual que las nuevas afiliaciones de partidos en formación, pero, además, se estableció que el Servel tenía por mandato establecer no solo la firma electrónica, sino que otros mecanismos electrónicos”, explicó.

Además, aseguró que esta medida no estará exenta de mecanismos para chequear la veracidad de la información que reciben. “Nosotros vamos a recibir esa información, vamos a procesarla y a enviar una respuesta: una información a una dirección electrónica que nos envié la persona más una carta certificada al domicilio que tenemos registrado”, indicó.

Esto, “dando un plazo de tres días hábiles desde la recepción de la carta en la oficina de correo respectivo, para que las personas puedan reclamar o solicitar al Servel que se deje sin efecto esa solicitud de ratificación de militancia en el evento de que estuviera siendo mal utilizada”, enfatizó.

La seguridad en el sistema judicial y particularmente en los tribunales de Justicia vuelve a instalarse en el debate, a propósito de la fuga de un reo en el tribunal de la comuna de San Bernardo, quien junto con robar el arma del gendarme que lo custodiaba utilizó a un juez como escudo humano para escapar.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, aseguró en el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago que “esto es una demostración más de lo que venimos diciendo hace varios años, en el sentido de que existen serios problemas de seguridad dentro de los tribunales y en general en el manejo de todo el sistema procesal penal”.

Asimismo, aseveró que “lamentablemente no ha habido voluntad política para implementar soluciones”, añadiendo que “hemos hecho presentaciones al Ministerio de Justicia haciendo presente que no existen condiciones de seguridad y que en cualquier momento podía ocurrir algo como lo que pasó en el tribunal de San Bernardo”.

El representante de los fiscales advirtió sobre la necesidad de aumentar el personal de Gendarmería y la ausencia de condiciones de seguridad mínima en el manejo de los recintos. “O no hay protocolos de seguridad o los que existen no están funcionando. Hoy la mayoría de las salas de audiencia del país no tienen separación entre la zona de imputados y la zona del público. Muchos fiscales litigan a un metro de los familiares de los imputados. También compartimos los mismos ascensores”, criticó.

Mesa de trabajo

En cuanto a la posibilidad de integrar alguna instancia multilateral, donde participen distintos sectores involucrados en el sistema judicial para analizar dichos problemas, Claudio Uribe cuestionó que como Asociación no hayan sido convocados. “Hace algunos años participamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, a propósito del tema de inseguridad, donde generamos varias propuestas. Finalmente no pasó nada”, recordó.

“Lo primero es que tenemos la voluntad para dialogar”, aseguró, cuestionando la lentitud para abordar el problema, así como la posibilidad de convocar a una mesa de trabajo integrada solo por personas que no participan en los tribunales.

“Esperamos ser convocados de manera formal. Si no vamos los fiscales, quienes somos los más dispuestos a participar, llegaríamos a la conclusión que se trata de una mesa cosmética y que no tiene ninguna intención seria de solucionar el tema”, puntualizó.

Junto con recordar las fallidas solicitudes de reuniones con el Ministerio de Justicia, destacó que este miércoles 15 de febrero ingresaron una solicitud de audiencia para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet y poder analizar las propuestas de los fiscales sobre la materia. “El Poder Judicial debe otorgar facilidades a los intervinientes para evitar el contacto con familiares de los imputados y otras personas que puedan estar circulando en las zonas de público”, planteó como parte de los requerimientos de la Asociación que preside.

Una propuesta de Transantiago gratuito se dio a conocer esta semana como una alternativa para solucionar los altos índices de evasión que alcanza el transporte público en la capital (28 por ciento). Sin embargo, no es el único problema que ha evidenciado el sistema desde su puesta en marcha. A juicio de expertos, los tiempos de viaje y la calidad del servicio también son materias al debe.

El experto en transporte urbano de la Universidad, Rodrigo Martin, descarta la viabilidad de implementar la gratuidad total en el transporte, subrayando los altos costos que implicaría una medida de este tipo.

“No estoy de acuerdo con que el Metro y todo el Transantiago sea gratuito, pero creo que el Estado debiera asumir un rol en al menos un par de ejes importantes de transporte”, afirma.

Explica que para solucionar el problema de la evasión, una medida más viable sería ofrecer un solo servicio gratuito que genere un impacto social.

“Debe haber un compromiso estatal de financiar el transporte para los estratos más complicados con pagar el precio del pasaje”, señala el master en ingeniería del Smart City Lab – Santiago, centro de investigación del plantel que busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía gracias a la comprensión de los fenómenos urbanos.

Expresa que es prioritario modificar el modelo de mercado que se impone en el área del transporte, ya que solo se licitan recorridos de buses a empresas privadas y estas operan en base a criterios que no siempre se condicen con su función social. “Ellos van bajando la calidad del servicio en la medida que lo necesitan, por un tema de funcionamiento económico propio”, indica.

Enfatiza el especialista que “en Santiago, tenemos una falta de políticas claras con respecto al transporte en general y un modelo que está basado principalmente en lo económico, sin visión en temas de equidad o acceso. El transporte no es solo moverse, son oportunidades para acceder a cosas. La movilidad permite el acceso al trabajo, a oportunidades y al esparcimiento. Genera una mejor calidad de vida y no puede ser considerado como una necesidad secundaria”.

“El Estado se ha liberado de esa responsabilidad licitando, entregando vías y autopistas, todo al control de privados”, critica.

Funcionamiento de la propuesta

“El Estado debiera asumir un cierto rol en los gestores de transporte público, tener uno o dos corredores propios”, esboza el experto, haciendo hincapié en que la autoridad metropolitana en materia de transporte “debiera diferenciar cuáles son los recorridos que se licitan de aquellos donde el Estado debiera asumir una responsabilidad”.

“No es que vayamos a tener por la Alameda buses públicos y privados compitiendo entre sí, sino que el Estado debiera detectar cuáles son los puntos más complejos del transporte, dónde tenemos más carga y más necesidades económicas, y asumir ese eje”, sintetiza.

De acuerdo a los modelos de movilidad en Santiago, los mayores volúmenes de usuarios que utilizan el transporte público se registrarían de sur poniente a norponiente durante las mañanas y de manera inversa por las tardes, indica el especialista.

Respecto a los criterios para medir a una eventual línea de buses del Transantiago estatal, sostiene que estos debieran ser equivalentes a los de la empresa privada en términos de tiempos de recorrido y calidad del servicio, pero que también debiera considerar intangibles, como equidad y acceso al transporte.

Se requiere una acción coordinada

Especifica que “se extraña una política estructural en materia de transportes. Se requiere una autoridad metropolitana o superintendencia empoderada en esta materia”.

No obstante, descarta la posibilidad de cambiar el Transantiago por otro sistema distinto, ya que, a su juicio, el modelo “ya está instalado”.

El académico recalca que las tareas pendientes para mejorar el sistema -como aumentar la red del Metro, asegurar vías exclusivas y mejorar la calidad de los buses- debieran ser tratadas en conjunto a través de un plan “estratégico y secuencial que permita que las cosas no tengan rebotes o reacciones incómodas. Todo requiere una acción coordinada, bien planificada, a nivel urbano completo”.

Esta semana se conoció un informe del Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM) que arrojó que la evasión en el Transantiago subió a un 28 por ciento, razón por la cual -y para cubrir el déficit económico que provoca esta conducta en el sistema- un Panel de Expertos debe evaluar si deben aplicarse alzas en las tarifas cada tres meses manejando una serie de variables.

Esta medida, ¿ayuda a resolver el problema de la evasión? Para el especialista en transporte urbano de la Universidad, Rodrigo Martin, la respuesta es clara. “Subir el precio es absolutamente contradictorio con eso. Es fomentar más la evasión, porque es una respuesta agresiva al estado de situación que tiene la gente”, argumenta.

Desde la puesta en marcha del sistema, la tarifa en buses ha aumentado desde los 380 pesos a los 640 pasajes, y  el pasaje nunca ha disminuido su valor.

Se percibe que el sistema le debe algo al pasajero

Para el académico Martin, master en ingeniería del Smart City Lab-Santiago (centro de investigación del plantel que busca generar mecanismos de comprensión de los fenómenos urbanos para mejorar calidad de vida de la ciudadanía), existe un estado de ánimo instalado en la población en contra del servicio, lo cual es difícil de revertir.

“Se percibe que el sistema le debe algo al pasajero y, por lo tanto, esto es una especie de revancha”, explica, aludiendo a que muchos se desquitarían evadiendo el pago del que considerarían como un mal servicio.

Agrega que “hay mucha gente que asumió el no pago del Transantiago como un beneficio para el presupuesto de la familia”, ejemplifica, señalando que el ahorro rondaría en torno a los 50 mil pesos mensuales.

“Subirlo como medio de presión es responder con más agresividad”, afirma el académico. “La solución no va por subir el valor del pasaje porque el que paga, pagará más, y el que no paga, va a seguir no haciéndolo”, sostiene.

El experto enfatiza que esto no es suficientemente claro para el usuario del transporte público. “¿Qué le pasa a la gente cuando no paga? El Estado tiene que subsidiar con más plata a las empresas perjudicadas y ese es todo el perjuicio que tiene una persona. Es muy poco visible el perjuicio de no pagar. Al contrario, es un beneficio tremendo para las personas porque se ahorran un montón de plata”, recalca.

Alternativas para enfrentar la evasión

“Hay que combinar la calidad de servicio, porque hay que mejorar la percepción de la gente, y la fiscalización. Hay que reinstalar la percepción de responsabilidad respecto al pago de un servicio prestado”, indica Martin.

Para mejorar lo primero, indica que el servicio debe cumplir, por ejemplo, con horarios y con tiempos de recorrido. En tanto, para optimizar la fiscalización, apunta a aumentar la cantidad de inspectores.

A pesar de voces apuntan como solución el catalogar como hurto la no validación de la tarjeta Bip!, el experto sostiene que lo primero es reinstalar la confianza y que, para eso, se deben contemplar medidas paulatinas.

“Hay que ser escalado respecto a esto, porque muchas veces una medida exagerada no se aplica porque no tiene sentido”, explica en relación al volumen de personas que podrían ser castigadas con una norma de este tipo. Por eso, hace hincapié en que las medidas deben “ir generando un proceso de educación en la comunidad. A medida que la gente vaya reaccionando, ir subiendo los castigos, para que no se termine con una ley impracticable”.

“Subir el costo del pasaje o subsidiar más el Transantiago son dos medidas equivocadas que solo ocultan el problema en vez de enfrentarlo”, concluye.

Después de 18 días, el Gobierno alcanzó acuerdo con la última de las 15 comunas que se encontraban paralizadas como consecuencia de la marea roja en las costas de Chiloé.

Aunque se comprometieron bonos, una mesa de trabajo y una instancia de seguimiento para evaluar los avances, lo concreto es que las protestas y movilizaciones dejaron al descubierto problemas graves que padecen los habitantes de la zona.

Para el economista y académico de la FAE, Francisco Castañeda, “lo único bueno de la crisis es que reveló los problemas estructurales que tiene la sociedad en la zona en cuanto a las fuentes de ingreso para sus familias”.

Pese a que valora el alivio que significa un bono para los afectados enfatiza que este es solo un “paliativo” para descomprimir una situación puntual, porque “el conflicto social de larga data, no está solucionado”.

“Hay una razón anterior que desencadena estos problemas y eso tiene que ver con la ausencia de una estrategia de desarrollo más clara de parte del Estado respecto a las regiones. Aunque han existido avances, siempre estos esfuerzos están en una perspectiva aislada y casi siempre en relación al tejido empresarial más robusto. La región estaba y sigue dependiendo fuertemente de la industria salmonera, la cual entró en crisis hace algunos años y no ha logrado un repunte significativo por el tema de la sobreproducción y la falta de autorregulación”, explica el doctor en economía geográfica.

Puntualiza que “aunque no está totalmente claro cuál es la responsabilidad de la industria salmonera en esta crisis ocasionada por la marea roja, ciertamente que su comportamiento errático la agudiza. (…) Cuando un sector concentra tanta magnitud de influencia económica -ingresos, empleo- y entra en crisis, el descalabro es total”.

Falta de integración

Castañeda apunta como una de las causas más importantes del deterioro “la falta de integración de una matriz productiva más compleja y más densa, donde el Estado y sus agencias hagan un trabajo mucho más importante en una región que está alejada del Gobierno Central y que tiene problemas sociales graves”.

Afirma que el Ministerio de Economía, sus subsecretarías y agencias estatales deben “impulsar más decididamente los micropolos productivos”, como la pesca artesanal, el turismo o la actividad agrícola de la zona. Así, los efectos de un eventual desacoplamiento de las industrias concentradoras y extractivas serían compensados.

Señala que “se debe repensar Chiloé como un polo de actividades económicas que cuenten con claros incentivos del sector público hacia estas actividades en pequeña escala productiva.  Ahí, el papel de las salmoneras no ha sido el adecuado, porque se expanden y contraen de manera vertiginosa con todo el efecto adverso sobre el bienestar social; es decir, migraciones no sostenibles, daño al medio ambiente, falta de confianzas social, etcétera. Las alzas y caídas son muy sinuosas, y eso al final es más riesgo para las personas”.

Capital humano y técnico

El especialista sostuvo que el Estado debe instalar las capacidades de su capital humano y técnico para hacer una buena evaluación de proyectos en Chiloé.

“Lo importante es que los recursos se destinen pensando en que este es un tejido empresarial débil que requiere apoyo. No podemos seguir pensando en esta concepción de grandes empresas. El apoyo fundamental debe ser para las empresas pequeñas o medianas, abrir más espacios a la pesca artesanal a futuro en términos de las cuotas que asigna la autoridad y pensar que no solo es pesca, sino turismo, agricultura a mediana escala, comercio, educación superior, entre otros”, enfatiza.

En ese esquema, también asigna una importante responsabilidad al desarrollo de pequeños clusters pero con un enfoque diferenciado respecto a la política que anteriormente existió en este ámbito, los que, a su juicio, “tienen que tener una visión mucho más enfática y afirmativa en apoyar los micro emprendimientos y pequeñas empresas en Chiloé”.

“No podemos esperar que en seis meses más o en un año más la gente salga de nuevo a bloquear calles o caminos porque exige más recursos. Hay todo un discurso del Ministerio de Economía que espero que se plasme en términos de desarrollar actividades regionales productivas, conectar los pequeños productores en el sector agrícola con las cadenas de producción de Puerto Montt, por ejemplo, y generar más incentivo para los micro emprendedores que autosubsisten”, especifica.

Concluye que, “finalmente, la dura lección que dejan las salmoneras, y que quedó al descubierto, es que a largo plazo, y en términos de sustentabilidad, el redireccionamiento hacia actividades en menor escala productiva, es el camino a seguir por las autoridades”.

“Uno es el problema del hacinamiento y otra cosa diferente es lo que está pasando en los últimos días de las libertades condicionales. Son dos cosas diferentes. Y hay que tener cuidado de vincularlos porque las libertades condicionales se dan porque la ley permite un procedimiento para aquellos que cumplen con ciertos mecanismos accedan a la libertad condicional”, puntualiza la académica.

Agrega que “no es que se acceda a la libertad condicional porque hay hacinamiento. Decir eso es como asegurar que los jueces no dan sentencias condenatorias con cárcel por preocupación de hacinamiento”.

“Las salidas mensuales de personas privadas de libertad que tienen acceso a libertad condicional son altas hace mucho tiempo”, complementa.

Enfatiza que no se trata de estar de acuerdo o no. “Dado que es lo que dice la ley, hay que cumplir con ella. Ahora, yo creo que hay que revisar el proceso legal; es decir, la ley hay que modernizarla, pero hay que tomar en cuenta que el gran pendiente es la carencia de programas de inserción pos penitenciaria. Ese es el punto”.

Precisa que no es relevante si los reos salen de la cárcel antes o después de cumplir su sentencia, sino que “lo importante es a dónde salen y cómo los reciben, porque que estén diez o cinco años para después salir y quedar en la calle, en ninguno de los dos casos es una medida muy eficiente”.

Sistema carcelario colapsado

“Lo que está claro es que el sistema carcelario está colapsado; está en números rojos en términos de las capacidades verdaderas de una habitabilidad digna”, recalca.

Enfatiza que “introducir más gente a la cárcel sin programas reales de reinserción o rehabilitación es una apuesta muy negativa. Y lo que hay que buscar entonces son los mecanismos para aumentar la disponibilidad de plazas, por un lado, y después modernizar aquellos programas de rehabilitación y reinserción penitenciaria y pos penitenciaria que puedan asegurar que la menor cantidad de gente reincida”.

“Hay que reconocer que la cárcel no es una solución sino que muchas veces, como lo estamos viendo ahora, es un agravamiento al problema”, señala.

Respecto a la ampliación del sistema carcelario, la académica recuerda que “desde el gobierno del Presidente Lagos se han desarrollado programas al respecto. Evidentemente el gobierno de Chile a través del Ministerio de Justicia tiene que seguir mejorando y construyendo en aquellos casos que sea necesario mayor habitabilidad para la cantidad de gente que tenemos hoy día en las cárceles, que es bastante”.

“Pero también esto requiere de un proceso de modernización de algunas salidas y de penas respecto a ciertos tipos delictuales. Por ejemplo, los grilletes electrónicos para ciertos hechos delictuales, que se utilizan pero se deberían usar más, así como la búsqueda de fortalecer los sistemas alternativos”, añade.

Concluye que “el gobierno tiene que buscar los mecanismos para hacer más rápida la construcción de los nuevos recintos carcelarios y tratar de fortalecer todas aquellas cosas que tienen que ver con los programas de reinserción”.