El Gobierno anunció a fines del mes pasado el proyecto de Ley Anti-amedrentamientos para evitar los llamados “funerales narcos”. El proyecto busca tipificar como delito la posesión, uso, tenencia o porte de artículos pirotécnicos (actualmente, solo es una infracción), aplicando una sanción que iría desde los 61 días hasta los cinco años de prisión, en caso que hayan agravantes, como que turben la tranquilidad pública, pongan en peligro de la seguridad de terceros o infundan temor en la población.

Para la experta en seguridad ciudadana y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Lucía Dammert, esta iniciativa “atiende más bien a una necesidad comunicacional conocida como populismo punitivo, donde ante la presencia de ciertos hechos que provocan conmoción ciudadana, los Gobiernos responden con propuestas de ley que endurecen las penas, aumentan niveles de castigo, proponen prisión efectiva, pero no resuelven necesariamente el problema de fondo”.

A juicio de la especialista, que se desempeñó como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y miembro del Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme, el verdadero problema no es este hecho puntual, sino el narcotráfico en general, el cual se resuelve con una efectiva persecución penal del Ministerio Público y un mejoramiento en los mecanismos de capacitación e inteligencia de las policías, para que puedan adelantarse a la realización de estos hechos.

“La mayoría de las iniciativas de política de seguridad que se concentran en mecanismos más bien jurídicos, de aumento de penas de cárcel, tienen una vocación comunicacional efectista, de cambiar la percepción política para hacer ver fuerte a un Gobierno”, explica. “El Gobierno ha visto la necesidad y se ha encontrado además con una coyuntura política donde esta discusión puede sacar del centro otras discusiones”, considera la socióloga, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden (Holanda).

Según la Dra. Dammert, ya existen herramientas de gestión y política pública para regular el porte, registro e ingreso de armas, por lo que una propuesta de ley en este sentido resulta innecesaria. “En los narco entierros pareciera no haber la inteligencia para reconocer la información que a nivel territorial es muy conocida. Cuando hay un evento de este tipo, los vecinos ya saben que va a ocurrir. Lo llamativo es que estos sepan y la policía no. Lo que se requiere es más presencia policial en las calles y alertas tempranas desde el Ministerio Público y las policías”, insiste.

Finalmente, “en el caso chileno, donde los niveles de esto son bajos y el fenómeno es acotado, uno esperaría no necesitar de un protocolo especial para hacer la labor que las policías tienen que hacer. Si tanto ellos como la Fiscalía lo hacen, este no debiera ser un problema mayor", concluye.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró haberle ordenado al general director de Carabineros, Mario Rozas, a que intervenga más directamente en los llamados funerales narcos, por el uso ilegal de armas y fuegos artificiales. En conversación con diario La Tercera, el secretario de Estado indicó que las instrucciones que le dio son “actuar de forma directa y oportuna, siempre que haya una infracción de ley, y en estos casos sí existen infracciones de ley y delitos flagrantes”.

Para el experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, la intervención directa de Carabineros puede terminar siendo contraproducente ya que, potencialmente, podría aumentar aún más los niveles de violencia que afectan a la población en este tipo de situaciones, al poner en tensión a las fuerzas policiales con grupos organizados con armas de fuego. Para el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la mejor solución es establecer un protocolo que defina acciones preventivas.

“Si Carabineros interviene en una población, es muy probable que se provoque una balacera, lo que podría terminar con la vida de un inocente. Es un criterio de prudencia, porque hay una situación crítica donde hay mucha emocionalidad de por medio, lo que puede redundar en un daño mayor”, explica Araya. El especialista reconoce que ello provoca una sensación de inseguridad, pero insiste en que para reducirla “me parece prudente que exista un protocolo definido para que las policías sepan cómo actuar en pos de proteger a la población”.

De acuerdo a Araya, un protocolo de estas características debe considerar un control de identidad a quienes participan en estas convocatorias, revisión de sus autos para cerciorarse de que no tengan encargo por robo, controlar el uso de armas y fuegos artificiales, y limitar y definir el trayecto que contemplan para ir hacia cementerios, a fin de que no se tomen las calles. “El control a quienes asistan debe hacerse en un entorno o cuadrante exterior, tratando de evitar una confrontación directa”, afirma.

Finalmente, considera que las policías deben recibir una capacitación especial para abordar este tipo de situaciones conflictivas. “Carabineros tendrá que preparar a su personal, ya que un protocolo dará indicaciones, pero el personal tendrá que tener un criterio claro con apoyo de la Fiscalía al momento de realizar controles de detención y operativos, lo que ciertamente provocará tensión”, concluye.

Una exitosa jornada de diálogo y encuentro ciudadano se vivió en nuestro campus los días 25 y 26 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio Cultural en Chile.

La jornada, que contó con la presencia de niños, jóvenes y heterogéneos grupos familiares, desarrolló interesantes panoramas de memoria y rescate de nuestro patrimonio, destacando la importancia de mantener latente la memoria como un elemento constitutivo de nuestra propia identidad institucional.

Cabe señalar que el día del Patrimonio, iniciativa de alcance nacional y donde colaboran diversas organizaciones e instituciones, fue instaurada en 1999, con la finalidad de promover el disfrute, conocimiento y reflexión ciudadana sobre nuestro patrimonio.

Desde el año 2000, se celebra el último domingo de mayo y, a partir de 2018, se extiende a dos días, para así responder al amplio interés ciudadano por el patrimonio cultural y así facilitar su participación.

Rescate de la memoria institucional

Nuestra Universidad, en específico, realizó diversas iniciativas de alto valor cultural y patrimonial, lideradas por el Archivo Patrimonial de la Casa de Estudios.

Una de ellas, la proyección -el 25 de mayo- de películas y descartes fílmicos inéditos, producidos por el Departamento de Cine y TV de la Universidad Técnica del Estado (UTE).

Entre ellos, "Propaganda PC para elecciones municipales", "El Sueldo de Chile" y "Vamos Viendo", exhibidos en la Sala Estación de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, espacio que se ha constituido como una cita obligada para las y los amantes del séptimo arte.

Junto a ello, se desarrolló un conversatorio sobre la reutilización de archivos fílmicos, liderado por Miguel Ángel Vidaurre, director de Licenciatura en Cine Documental de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)

En tanto, el 26 de mayo se realizó un recorrido patrimonial en nuestra Escuela de Artes y Oficios (EAO), edificio emblemático del país, inaugurado en 1883 y declarado Monumento Nacional en 1986.

Por él, no solo han transitado cientos de generaciones a lo largo de sus más de 100 años de existencia, sino que también ha sido escenario de momentos transcendentales de nuestra historia nacional. Desde históricas visitas de personajes de relevancia mundial, hasta tristes episodios asociados a nuestro quiebre institucional, con el Golpe de Estado de 1973.

Adicionalmente, se proyectó un documental del Departamento de Cine y TV de la UTE en el Aula Magna de la Corporación.

La Historia sí importa

“Como es tradición, nuestra Universidad, enmarcada en su sello de excelencia, nuevamente dialoga con la comunidad a través de esta verdadera fiesta ciudadana, donde nuestra Casa de Estudios se pone a disposición de la ciudadanía, permitiéndole conocer nuestra historia y, a la vez, reflexionar juntos sobre cómo la memoria y el patrimonio son primordiales para la construcción de una mejor sociedad”, afirma la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Karina Arias Yurisch.

En la misma línea, la autoridad señala que este aspecto “es esencial. Sobre todo, en un contexto social y político adverso, donde la enseñanza de la Historia se ha puesto en tela de juicio. Por lo mismo, vale la pena enfatizarlo: la historia sí importa para nuestro presente y nuestro futuro”.

Cabe señalar que las iniciativas desarrolladas por nuestra Casa de Estudios se enmarcaron en el trabajo impulsado por Unidad de vinculación con el mundo público y social de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, bajo el alero de la "Mesa para un Territorio Inteligente y Sostenible", grupo de organizaciones públicas y privadas, asociadas a un territorio común, que tienen como visión constituir el primer territorio sostenible de Chile y lograr una fuerte identidad reconocida a nivel nacional.

A través de este espacio, se han desarrollado diversas acciones y actividades de vinculación con el medio, como capacitaciones, talleres y charlas en temáticas de reciclaje, reutilización, entre otras.

La Mesa es integrada por la Universidad de Santiago de Chile, Museo Artequín, Centro Cultural Social y Deportivo América Latina, Dirección Meteorológica de Chile, Municipalidad de Estación Central, Jardín Infantil y Sala Cuna Villa Portales, entre otras organizaciones.

“Hicimos un análisis de la circulación de vehículos (…) e hicimos una comparación con todos los miércoles del mes de abril, y lo que detectamos es que hay un 11% menos de circulación de vehículos”. Esta fue la cifra con que la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, se refirió a la baja provocada por la restricción vehicular de vehículos catalíticos que se puso en marcha este miércoles, en el marco del Plan de Descontaminación de la capital.

Para el especialista en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, la disminución de contaminantes que se produce por la no circulación de esta cantidad de automóviles es poco significativa.

“Suponiendo que, efectivamente, fuera del orden del 10% la cantidad de autos que dejaron de circular, eso implicaría que, idealmente, bajaría un 10% la contaminación por vehículos”, sostiene. “Considerando que las emisiones generadas por vehículos en Santiago representan un 20% de la contaminación total de la capital, el 10% de ese 20%  sería igual a un 2%. Es decir, bajarían en un 2% los niveles de contaminación”, explica.

Por otra parte, el especialista critica que la medida se haya acotado a solo restringir un dígito -no dos como se planteó en primera instancia- y que se terminara aplicando solo en el interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, ya que no lograría transmitir a la población que debe preferirse el transporte público en vez del automóvil particular para tener una ciudad más limpia y descongestionada. “No queda tan claro el mensaje con esto. En realidad, lo que se está transmitiendo es que se debe renovar el auto para no tener restricción”, considera.

Finalmente, reconoce que para que esto último suceda también se debe mejorar la calidad del transporte público que existe actualmente a la capital, ya que para desincentivar el uso del automóvil particular es necesario proporcionar buenas alternativas para que las personas no   perciban la restricción como un castigo.

“Es bastante poco lo que se logra descontaminar con la restricción. Si relacionamos ésta a otras medidas, podría funcionar, pero no nos va a cambiar la vida solo con esta iniciativa en particular”, concluye.

En el marco del plan de descontaminación para Santiago que dejó el Gobierno anterior, el Ministerio de Transportes informó que la restricción a catalíticos, que comenzará a regir desde el 2 de mayo para vehículos inscritos antes de septiembre de 2011, será de solo un dígito y no de dos, como había anunciado la administración anterior. Además, la cartera señaló que la medida solo regirá para quienes circulen al interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, con lo que las comunas con más habitantes de la RM –parte de Maipú y todo Puente Alto- quedarán exentos de la norma. Similar será el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Para el experto en contaminación atmosférica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, acotar la restricción de catalíticos solo al interior del anillo que  forma la circunvalación es insuficiente y no logrará una disminución significativa de material particulado fino (MP 2,5) en el corto plazo en la capital. Esto, porque la cantidad de vehículos que se restringirá será menor en comparación con el total que circula por la Región Metropolitana.

“Restringir un solo dígito en vez de dos estaría bien; es decir, que la medida se implemente de forma gradual y que este año se prohíba la circulación de solo un dígito, para luego ir avanzando. Sin embargo, que además se aplique solo dentro del anillo de Américo Vespucio es diluir la señal completamente”, afirma. “Lo importante era dar una señal fuerte, de que se está comenzando a implementar la restricción”, lamenta. “Acotar la restricción a esta zona es casi como decir: ‘vamos a jugar este año’”, critica.

Para el especialista, lo correcto habría sido expandir la restricción a toda la Región Metropolitana o, por lo menos, al Gran Santiago, para que la población completa comprendiera que el sentido de la restricción es disminuir la cantidad de automóviles que circulan por toda la capital, lo que a su juicio no se logra con esta determinación. 

Con todo, el Dr. Gramsh reconoce que la restricción vehicular es la medida correcta para descontaminar la capital. Según el académico, alrededor del 40% del material particulado es generado por los vehículos, por lo que se debe seguir atacando la fuente de emisiones más importante de la capital.

“En estos momentos, tenemos que avanzar en restricción vehicular porque se ha estancado el proceso de descontaminación que había avanzado desde 1980 hasta 2010. Ese año, la disminución de la contaminación comenzó a detenerse por el aumento del parque automotriz”, concluye.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, había designado a su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina. “Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo”, sostuvo el Mandatario con el objetivo de defender su nombramiento y enfrentar las críticas surgidas desde la oposición. “Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos”, insistió. Pese a ello, el Jefe de Estado decidió retrasar su nombramiento oficial, a la espera de que Contraloría se pronuncie respecto a los requerimientos presentados por el PC y el PS.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho administrativo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, cuestiona el eventual nombramiento del Mandatario, ya que si bien la ley no prohíbe expresamente que los Jefes de Estado nombren familiares en cargos públicos -solo se lo impediría a los Jefes de Servicio-, tampoco entrega facultades para que los Mandatarios incurran en conductas que la ley impide. Según el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, no pueden ingresar a cargos en la administración del Estado parientes hasta el tercer grado de consanguinidad respecto de autoridades y funcionarios directivos.

En ese sentido, Zambrano insiste en que mientras más alta la autoridad, mayor debe ser su exigencia ética y su conducta “modélica” –es decir, imitable para el resto de los miembros de su administración-, dando cumplimiento al artículo 8° de la Constitución, que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio definido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como consistente “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Por lo tanto, a su juicio, el eventual nombramiento de Piñera estaría reñido con la Constitución.

“Su acción es contra intuitiva con el concepto de probidad. El Presidente no puede escudarse en que la ley no lo prohíbe sino, por el contrario, debe actuar en función del principio de probidad, de actuar intachable y ético”, subraya.  De acuerdo a Zambrano, “el mensaje que está entregando el Presidente de la República a los Jefes de Servicio o demás integrantes de la administración es muy equívoco, porque un Jefe de servicio no puede designar, por muy experto o profesional que sea, a un familiar en un cargo de confianza, no obstante el Presidente de la República sí lo hace”. En otras palabras, “si la conducta del Presidente de la República la practicara un Jefe de Servicio, dicha actuación sería contraria a la Constitución y la ley”, enfatiza.

Finalmente, aunque el especialista reconoce que el nombramiento puede apuntar a generar una relación más cercana con el país trasandino, señala que “a la Presidencia de la República no se va a hacer amigos”.  “La ley no lo prohíbe, pero el principio apunta mucho más allá que a cumplir una ley. Requiere una conducta más proactiva respecto de la exigencia ética y moral del caso, ya que la norma no puede ponerse en todos los casos de perversidad de la acción humana. En ese sentido se promulgó el principio de probidad como principio y no como norma estricta, porque la idea es cumplir más de lo que la ley literalmente dice”, concluye.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, denunció esta semana que el ente fiscalizador ha recibido “cientos” de denuncias porque “alguien le exige el pago de una comisión” a una determinada persona para que estas accedan a una prestación en los servicios de salud públicos, saltándose así las listas de espera de pacientes No Ges al interior de los hospitales. “Es un caldo de cultivo de la corrupción cuando no existen criterios para priorizar en las listas de espera o para la asignación de los pabellones”, afirmó.

Al respecto, el especialista en salud pública y Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Dr. Mauricio Osorio, sostiene que esto podría evitarse si las listas de espera fueran transparentes para el paciente. “Cuando la persona se siente postergada y está en una lista sin claridad de cuándo será su turno para resolver el problema de salud que le aqueja, obviamente que puede verse tentada de participar en una situación absolutamente reñida con lo que la ley indica para resolver su situación, saltándose la lista de espera”, explica.

De acuerdo al Dr. Osorio, si el paciente supiera el lugar en que se encuentra y bajo qué criterios se avanza en la lista, el espacio para que se cometan arbitrariedades se reduciría significativamente, evitando así la corrupción en el sistema público. “Esta situación que da cuenta el Contralor es anómala y nadie puede estar de acuerdo con ella, por lo que hay que buscar los mecanismos por los cuales de una manera conocida y clara la gente pueda solucionar su problema de salud si entra a una lista de espera, sabiendo el orden para estimar mejor cuándo resolverá su problema de salud”, afirma.

A su juicio, esto también daría al paciente la señal de que el sistema de listas de espera funciona correctamente. “No solo hay que tener el registro, sino que eso debe ser transparentado. Tiene que haber alguna manera de que la persona vaya, pueda mirarse donde está y ver que, efectivamente, va corriendo la lista de espera”, señala.

Finalmente, respecto al anuncio del Ministerio de Salud de que los hospitales atenderán los sábados y domingos, para descongestionar el sistema, el especialista indica que es importante  conocer si esto se hará externalizando servicios, porque podría provocar una pérdida de recursos para el sistema público. “Hay elementos en el sistema que pueden generar estos actos de corrupción, por lo que deben transparentarse para evitar que esto se repita”, concluye.

Metro de Santiago presenta los horarios de funcionamiento más acotados si se compara con trenes subterráneos de Latinoamérica como Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México. En la ciudad brasileña, por ejemplo, el último tren circula a las 00.00 horas en días de semana y a la 01.00 h los fines de semana. En ciudades como Nueva York y Chicago, en tanto, el servicio funciona las 24 horas del día.

Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, sería positivo que el ferrocarril metropolitano extendiera su horario de funcionamiento, por la calidad del servicio que entrega y por la seguridad que ofrece a sus pasajeros, comparado con lo que sucedería con los buses del Transantiago. En ese sentido, señala que los principales beneficiados serían los trabajadores de jornadas nocturnas.

Sin embargo, reconoce que el flujo de pasajeros en las noches es menor en comparación a quienes utilizan el transporte público durante el día. Esto último haría que la rentabilidad económica de una medida de este tipo fuera muy poca. “En consecuencia, una decisión como esta requeriría al menos una coordinación con el Ministerio de Trabajo, para definir políticas de jornada laboral que la justifique”, sostiene.

De acuerdo a Martin, diariamente se mueven en transporte público 6 millones  de personas en la capital. Por lo tanto, para compensar las eventuales pérdidas que generaría extender el servicio, al no contar con una demanda similar a esta, habría que incrementar el valor del pasaje, evitando aumentar el subsidio estatal que, a la larga, terminaría por perjudicar las arcas fiscales.

“Una determinación como esta solo podría argumentarse en función de un impacto social significativo, pero es necesario analizar la realidad de jornadas de trabajo en Santiago con mayor detalle, para poder justificar esta medida”, puntualiza.

Finalmente, insiste en que la experiencia internacional indica que el subsidio del Estado para los ferrocarriles que funcionan de noche es demasiado alto como para ser costeado por nuestro país. “Procesos de consulta participativa son, probablemente, el mejor camino para dimensionar esta demanda nocturna, para no terminar equivocándonos  al tomar una acción solo desde la teoría o en función del posible impacto mediático”, concluye.