A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunció que a partir de esta semana, comenzará a hacerse efectivo el aumento en las pensiones del Pilar Solidario, aprobado por el Congreso.
"Esto quiere decir que 330 mil pensionados, mayores de 80 años, verán aumentadas sus pensiones en $55.101; otros 270 mil con edades entre 75 y 79 años, en $33.060 y los menores de 75 años, incluyendo a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, con un alza de $27.550", publicó la ministra.
Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, la medida constituye un avance: “más vale 160 mil que 110 mil pesos”, admitió. “Pero la pregunta –agrega– es si esto responde a las necesidades que tienen las personas de mayor edad que reciben menos ingresos y, a su vez, si da cuenta de las posibilidades que la economía del país tiene para ir en ayuda solidaria de esas personas”.
A juicio del experto, si bien la economía en Chile no está pasando, coyunturalmente, por un buen momento, “está en perfectas condiciones de hacer un esfuerzo extra para aumentar esa pensión básica solidaria”.
“Yo creo que el Gobierno debe plantearse una meta a la cual llegar lo antes posible, del orden de los 220 mil pesos por lo menos para la pensión básica solidaria que, a su vez, poco a poco vaya avanzando hacia el 80 por ciento de los pensionados y, en su momento, hacia la universalidad. Si no nos planteamos esas metas, entonces siempre el sistema irá quedando relegado, salvo cuando hay grandes crisis”, sostuvo Martner.
El necesario cambio estructural
En opinión del académico de la FAE, en el actual sistema previsional, “nos encontramos con pensiones contributivas de un nivel, francamente, muy cercano a la indigencia”. Esto, justificaría la necesidad de cambios estructurales “en el segundo piso del sistema de pensiones; del sistema contributivo”.
Martner añadió que este cambio debiera combinar un conjunto de mecanismos donde lo que coticemos de manera obligatoria financie a las personas que trabajaron antes. Esto sería un sistema de reparto – dijo- que debiera permitir que, por ejemplo, el aumento del cinco por ciento que está previsto para las cotizaciones obligatorias, se dirija a aumentar las pensiones contributivas más bajas y, en general, del conjunto de pensiones. De esta manera tendríamos un sistema mixto”, precisó.
“Yo, personalmente, soy de la idea de que las AFP, es decir compañías administradoras privadas, nada tienen que hacer aquí y deberían salir del sistema, no recibir más cotizaciones obligatorias y ser entidades que tengan que competir con otros, ofreciéndonos condiciones que hoy no nos ofrecen. Esta sería una reforma estructural”, subrayó el académico de la Universidad de Santiago.
