El Dr. Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, expuso su visión durante una audiencia constituyente, resaltando la importancia de establecer bases sólidas para el desarrollo económico y social del país. En su discurso, Pinto Perry destacó el compromiso de la FAE con la participación ciudadana y su convicción de que la universidad pública tiene un rol social fundamental en la promoción del debate cívico.

El objetivo principal que propone es garantizar un sistema tributario eficaz y eficiente. “Lo importante es que haya una disposición, una orientación hacia también el incentivo del crecimiento y la protección del ahorro, porque son herramientas que empíricamente se han demostrado que ayudan a una mayor recaudación”, afirmó el director del Magíster.

Pinto Perry analizó el anteproyecto de Constitución y señaló que en el número 30 del artículo 16, se mantiene una similitud con el actual número 20 del artículo 19 de la Constitución vigente. "El anteproyecto no innova con lo que hay hasta el momento", mencionó. Sin embargo, enfatizó que existen oportunidades de mejora.

"La doctrina nos dice que es importante que haya una recaudación adecuada, una distribución de la carga en forma equitativa de la carga tributaria, la incidencia tributaria entendida quién tiene que financiar los impuestos dentro de una cadena productiva, tiene que considerar al verdadero contribuyente", destacó Pinto Perry.

Para fortalecer el anteproyecto de Constitución, el director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, propuso mejorar el requisito de recaudación tributaria adecuada y equitativa, considerando la incidencia tributaria real. "Consideramos que sería adecuado agregar un párrafo estableciendo qué se entiende por desproporcionado. Sería una ley de quórum calificado la que determinará el nivel de carga tributaria máxima", explicó.

Además, el académico de la FAE propuso crear dos letras nuevas en el artículo mencionado, asegurando que la ley no interfiera en el emprendimiento privado y considere la incidencia final de sus disposiciones. "El sistema tributario no puede ahogar negocios, no puede afectar a la neutralidad positiva", enfatizó.

“Es necesario fortalecer, proteger y promover algunos aspectos importantes que generan una recaudación adecuada, una equitatividad en la aplicación la libertad económica, la neutralidad tributaria, la no discriminación en materia de resolución de controversia” señaló Pinto Perry. El objetivo es que la Nueva Constitución siente las bases para un sistema tributario que tenga como foco la estabilidad y crecimiento del país. 

Con esta postura, la Facultad de Administración y Economía de la Usach, busca contribuir al debate constituyente y promover la construcción de un sistema tributario que beneficie a todas y todos los estudiantes y a la sociedad en su conjunto.

La Universidad de Santiago de Chile fue uno de los planteles acreditados a lo largo del país para desarrollar en sus dependencias las Audiencias Públicas correspondientes al Proceso Constituyente.

Fueron 29 las propuestas presentadas y una de ellas estuvo a cargo del académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido (FAAC), Dr. Carlos Muñoz Parra, en conjunto con el exprofesor de la misma Unidad Mayor -y acogido a retiro-, Mg. Arquitecto Matías Dziekonski.

El profesor Dziekonski profundizó en la importancia de la planificación y diseño del territorio, trabajo desarrollado en la Escuela de Arquitectura desde 2015 mediante un proyecto Dicyt.

Su propósito es mejorar las condiciones de descentralización del país a través de la optimización de aspectos claves en materia de planificación territorial: la división político-administrativa, el manejo integrado de cuencas hidrográficas y la configuración de los distritos electorales integrados coherentemente. “De este modo, la organización administrativo-territorial, la geografía y la participación política de la comunidad podrán incidir en mejorar sus condiciones de vida”, sostuvo el Mg. Dziekonski.

Actualmente, el país está dividido en 16 regiones y estas, a su vez, en provincias que alojan a sus respectivas comunas. Administrativamente, se constata una institucionalidad más regionalizada al contar con elecciones directas de autoridades, como gobernadora o gobernador, y consejeras y consejeros regionales (Cores), quienes son responsables de las decisiones de inversión en obras a nivel local.

El Dr. Carlos Muñoz precisó que la propuesta denominada Crisis hídrica, ordenamiento territorial y división político administrativa,“busca relevar esa zona gris relativa a las gobernaciones provinciales, cuyo rol no implica una función o gestión específica y que, en términos de planificación, lo que se suma al hecho de que las cuencas hidrográficas no concuerdan con la división provincial, hace aún más complejo el abordaje de la administración de los recursos hídricos del país”.

Lo anterior, deja en evidencia la importancia de contar con una institucionalidad regional, como las gobernadoras y los gobernadores, para que sean quienes se transformen en administradoras(es) y gestoras(es) de las respectivas cuencas hídricas. “Esto permitiría tener una mejor gestión de los instrumentos de planificación, con un mayor conocimiento de los recursos de agua disponibles, que facilitaría la planificación del territorio y podrían hacerlos más equitativos en relación a su acceso”, explicó el académico.

Las presentaciones expuestas en estas Audiencias Públicas fueron registradas y sistematizadas para ser entregadas al Consejo, cuyos integrantes tendrán la labor de discutir y aprobarlas para su posterior incorporación en la propuesta de texto para una nueva Constitución, documento que deberá ser aprobado en el Plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023.

La Universidad de Santiago de Chile fue uno de los planteles acreditados a lo largo del país para desarrollar en sus dependencias las Audiencias Públicas correspondientes al Proceso Constituyente.

Fueron 29 las propuestas presentadas y una de ellas estuvo a cargo del académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido (FAAC), Dr. Carlos Muñoz Parra, en conjunto con el exprofesor de la misma Unidad Mayor -y acogido a retiro-, Mg. Arquitecto Matías Dziekonski.

El profesor Dziekonski profundizó en la importancia de la planificación y diseño del territorio, trabajo desarrollado en la Escuela de Arquitectura desde 2015 mediante un proyecto Dicyt.

Su propósito es mejorar las condiciones de descentralización del país a través de la optimización de aspectos claves en materia de planificación territorial: la división político-administrativa, el manejo integrado de cuencas hidrográficas y la configuración de los distritos electorales integrados coherentemente. “De este modo, la organización administrativo-territorial, la geografía y la participación política de la comunidad podrán incidir en mejorar sus condiciones de vida”, sostuvo el Mg. Dziekonski.

Actualmente, el país está dividido en 16 regiones y estas, a su vez, en provincias que alojan a sus respectivas comunas. Administrativamente, se constata una institucionalidad más regionalizada al contar con elecciones directas de autoridades, como gobernadora o gobernador, y consejeras y consejeros regionales (Cores), quienes son responsables de las decisiones de inversión en obras a nivel local.

El Dr. Carlos Muñoz precisó que la propuesta “busca relevar esa zona gris relativa a las gobernaciones provinciales, cuyo rol no implica una función o gestión específica y que, en términos de planificación, lo que se suma al hecho de que las cuencas hidrográficas no concuerdan con la división provincial, hace aún más complejo el abordaje de la administración de los recursos hídricos del país”.

Lo anterior, deja en evidencia la importancia de contar con una institucionalidad regional, como las gobernadoras y los gobernadores, para que sean quienes se transformen en administradoras(es) y gestoras(es) de las respectivas cuencas hídricas. “Esto permitiría tener una mejor gestión de los instrumentos de planificación, con un mayor conocimiento de los recursos de agua disponibles, que facilitaría la planificación del territorio y podrían hacerlos más equitativos en relación a su acceso”, explicó el académico.

Las presentaciones expuestas en estas Audiencias Públicas fueron registradas y sistematizadas para ser entregadas al Consejo, cuyos integrantes tendrán la labor de discutir y aprobarlas para su posterior incorporación en la propuesta de texto para una nueva Constitución, documento que deberá ser aprobado en el Plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023.

sistematización correcta de los datos recogidos; tener resultados verídicos; que la participación sea trazable; y que la retroalimentación de las propuestas resulten reales y debatibles, se realizó la Primera Jornada Ciudadana de Formación: Fórmate y Promueve la Participación”, evento organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana. 

Dicha entidad interinstitucional, es coordinada por la Universidad de Chile y Universidad Católica, y tiene por mandato lograr que las diversidades del país sean escuchadas por el Consejo Constitucional, aunque sus argumentos se contrapongan al anteproyecto ya entregado por la Comisión de Expertos.

“Las universidades son como nodos donde van convergiendo diferentes grupos sociales y tienen legitimidad. Las personas sienten que son entidades serias; es por eso que forman parte de esta instancia, ya que generan seguridad al Proceso Constituyente”, así lo aseguró Cecilia Domínguez Valverde, responsable de formación ciudadana de la Secretaría.

Agregó que “nos acercamos a las casas de estudios acreditadas porque ellas cuentan con la extensión o la vinculación con el medio, que es el caso de la Usach porque ya trabaja con organizaciones sociales y cuenta con vínculos territoriales. En un proceso de tan corta duración, que era mejor invitar a todas las universidades a que nos ayudaran a llegar a esas relaciones que han creado con el tiempo”, explicó la también académica de la Facultad de Derecho de la Universidad  de Chile.

Mecanismos de participación

En esta Primera Jornada Ciudadana de Formación desarrollada en nuestro Plantel se difundieron los cuatro mecanismos de incidencia sobre el anteproyecto constitucional y sus plazos, los que a continuación explicamos:

Desde el 7 de junio y hasta el 7 de julio se desarrollará la Consulta Ciudadana, proceso en que se pueden compartir opiniones sobre el anteproyecto a través de una encuesta. Aquí las personas podrán contestar si están en acuerdo o en desacuerdo con el tratamiento de los temas, artículos y subtemáticas, inclusive.

Las Audiencias Públicas, son espacios para manifestar puntos de vista sobre un tema, con el fin de que sea escuchado por el Consejo Constitucional, alguno directamente y otros por intermedio de las universidades acreditadas. En el caso de la Usach, estarán a cargo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y se efectuarán los días 30 de junio y 1 de julio. El plazo para inscribirse y participar de esta instancia vence hoy miércoles . Tendrán como plazo de organización el último día del mes en curso.

Iniciativa popular de norma,  o reconocible con la sigla IPN, comenzó a recibir propuestas el pasado 7 de junio y lo hará hasta el próximo domingo 18. Estas deben contar con el apoyo de 10 mil firmas de cuatro regiones distintas con clave única para corregir, eliminar, reemplazar, modificar o sumar artículos. Las fechas de recolección de firmas van entre el 21 de junio y el 5 del próximo mes. Al día siguiente se ingresarán todas las iniciativas que hayan cumplido los requisitos para ser discutidas por el Consejo Constitucional.

Los Diálogos ciudadanos se dividen en convocados y autoconvocados. Los primeros, son conversaciones de 4 a 6 personas sobre 12 temas que se ponen en discusión y se debaten a través de una metodología sencilla, sobre cómo les gustaría que esos contenidos se vieran reflejados en la Constitución y qué opinan de algunos que ya el anteproyecto aborda. En esta misma línea, también existen los diálogos autoconvocados, que organizan las propias comunidades para conversar sobre el anteproyecto de nueva Constitución.  La metodología está disponible en la web secretariadeparticipacion.cl y sus conclusiones se registran entre el 7 de junio y el 7 del siguiente mes.

A casi tres meses del plebiscito constitucional que selló el triunfo del rechazo a una nueva Constitución, el Departamento de Historia de la Usach y su Cátedra de Derechos Humanos convocaron al seminario “Chile en el laberinto constitucional… ¿qué hacer?”, que contó con la participación de académicas/os nacionales.

En la apertura, el director de la Escuela de Historia, Dr. Rolando Álvarez, entregó algunas claves de la vinculación que ha sostenido el departamento, en particular la solidaridad demostrada “con las víctimas de la violencia estatal” a partir del estallido social de 2019, entre las que se cuentan integrantes de la comunidad universitaria.

Recordó el trabajo encabezado por la entonces directora del área y hoy decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Cristina Moyano, donde “dada la preocupación por estas temáticas se concretó la idea de crear una cátedra centrada en los derechos humanos”, junto con la organización de un claustro pluriestamental.

Para la Dra. Moyano, los intentos de explicación a lo ocurrido tanto para lo del 18 de octubre de 2019, como también el 4 de septiembre de 2022 “han redundado en interpretaciones bastante simplificadoras, reduccionistas”. dijo.

Citó como ejemplo, “el concepto de ‘pueblo’, o aquellas columnas de quienes han hablado sobre la aspiracionalidad de quienes votaron Rechazo como una falta de conciencia de clase, o que el pueblo no estaba preparado para aprobar una Constitución tan progresista [...], ergo, pareciera que el pueblo chileno es más conservador de lo que parece, nos dicen columnistas e ‘iluminados’”, apelando también a la desinformación en medios de comunicación.

Rodrigo Karmy, Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile y profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades esa Casa de Estudios, consideró que “si decimos ‘estallido’ no nos hacemos cargo del acontecimiento que tiene la irrupción de octubre, y más bien reducimos la potencia del mismo a la circunnavegación fácil del hecho. 

“Quizás solo al renunciar a la denominación de estallido social, podemos entender cómo la cita histórica de 1973 parece desplazarse hacia el 18 de octubre de 2019, donde se abre otra grieta histórica”, remarcó.

Por otra parte, el Dr. Christian Retamal, director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Usach, enfatizó en la idea de “una navegación a ciegas”. Consideró que “existe una escasa demoscopia desarrollada en el país dada la falta de encuestas y metodologías más eficaces para medir la opinión pública”, y dejó como ejemplo la inexistencia de un centro similar al de Investigaciones Sociológicas español, que tiene sus bases de datos publicadas y es posible analizar y reconstruir sus resultados.

Danilo Billiard, periodista, Magíster en Comunicación Política y candidato a Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, consideró que “la revuelta no es más que una suspensión del tiempo revuelto, que logró convertir la arrogancia en rebeldía”, y por tanto, “para salir del laberinto, la imaginación política tiene que conjugarse con el pensamiento estratégico”, apuntó.

Otras opiniones

La Dra. Camila Jara, socióloga, Máster en Análisis Estadístico para las Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lovaina y Dra. en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden, comentó que posterior a la dictadura, “y producto de factores políticos, económicos y psicológicos” existió “una movilización latente, donde se produjo una reconfiguración de las ideas fuerza, de las demandas y las identidades que hicieron posible la ebullición social del año 2011”, donde, de acuerdo a la académica, “se produce el paso hacia una movilización”, lo  que marcó un hito en el proceso reciente actual, siendo un catalizador del 2019.

Para cerrar, el Dr. Igor Goicovic, profesor de Historia y Geografía, Magíster en Historia de la Universidad de Santiago y Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, consideró que “uno de los elementos que han recorrido los debates políticos y la discusión académica es la consideración de estallido”, que, a juicio del académico, “no alcanzó para rebelión, ni para estallido: fue revuelta”.

 Por tanto, “este proceso, que se fue gestando y que alarmó a la élite política en el poder y también a las clases dirigentes requería ser abordado con soluciones de carácter político que no pasaban por la represión. Requerían de otro tipo de abordajes”, concluyó.

Para revivir en detalle el seminario “Chile en el laberinto constitucional… ¿qué hacer? puedes visitar la página de YouTube del Departamento de Historia de la Usach en el siguiente link.

Enmarcado en la campaña Chile Vota Informado, que busca promover y dar a conocer las distintas aristas de la etapa final del proceso constituyente, este miércoles -31 de agosto- se realizó un taller en el Salón de Honor de la Corporación, cuyo objetivo fue analizar y leer extractos de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022, de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En este, se explicó que una Carta Fundamental contiene principios (valores que guían la organización y funcionamiento del Estado); deberes (votar, pagar impuestos, etc.);  garantías (normas que respaldan el acceso a los derechos establecidos en la Carta Magna)  constitucionales; la organización del Estado(estructura del Estado desde el punto de vista territorial: comunas, gobiernos regionales, entre otras instancias); derechos fundamentales (el Estado reconoce el derecho por pertenecer a Chile: a la salud, a la educación, a la vida, entre otros); además de los órganos del Estado (cómo se estructura administrativamente). 

El caso específico de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022, cuenta con un preámbulo, 11 capítulos, 388 artículos y 57 disposiciones transitorias (permiten pasar de la antigua a la nueva Constitución de manera paulatina).

En la ocasión, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Patricia Pallavicini Magnere, señaló, a nombre del rector Dr. Rodrigo Vidal, que, como Institución estatal y pública, la Universidad de Santiago ha realizado múltiples acciones -enmarcadas en la iniciativa “Usach Constituyente”- que permitieron entregar insumos a la Convención Constituyente, tributando a la redacción del proyecto de Carta Magna a sufragar.

En ese contexto, aseveró que es “fundamental que como institución del Estado de Chile contribuyamos -en base a nuestros principios- con la democratización del conocimiento y la información contenida en esta propuesta de Constitución Política de la República de Chile, siempre promoviendo el respeto a la diferencia y la integración de todas las ideas y saberes”.

Por su parte, José Manuel Donoso Trigo, coordinador del área de Participación Ciudadana del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (OPCND), del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG), y relator del taller, hizo un llamado a leer la propuesta y tomar una de las dos opciones que nos entrega este proceso histórico. “Los invito a participar, a debatir y no cuestionar al que no piense como nosotros, sino que abrir un debate en términos transparentes”, expresó.  

Para Aldo Zambrano Fuentes, funcionario de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría Académica y asistente al evento , la actividad cumplió la función de informar y responder las dudas que tenía sobre este proceso. “Yo no sabía cómo sería la transición de una Constitución a otra y nos informaron que se producirá una especie de fusión con artículos provisorios, que precisamente van a permitir este paso de manera más pertinente”, indicó.

Entrega de la propuesta de Constitución Política

Antes de la realización del taller, a la salida de la Casa Central del Plantel se instaló un kiosco “Chile vota informado”, donde funcionarios del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (OPCND), del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG), entregaron a miembros de nuestra comunidad universitaria la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022.

En ese contexto, el rector del Plantel, Dr. Rodrigo Vidal Rojal, indicó que siendo la Universidad de Santiago una Casa de Estudios pública y estatal, tiene “la obligación de colaborar con el Gobierno de Chile, no importando el color político que tenga, en todas las campañas de información para que, en este caso, la comunidad vote completamente informada este domingo, independientemente de la opción que las personas quieran tomar al momento de votar”, aseveró. 

En esa línea, la directora del OPCND, Karina Estay, dijo que “acercar el texto a las universidades ha tenido una muy buena recepción. Hay un alto interés por conocerla y leerla”, detalló.

Una de las personas que recibió el texto fue Soledad Bravo Briones, estudiante de cuarto año de Derecho, quien valoró la entrega de la publicación, puesto que “es una oportunidad para informarnos de este proceso histórico que vamos a vivir como país. Entonces, que la Universidad tenga un rol tan activo en la información y en la participación de sus estudiantes, comprendiendo la historia de nuestra Universidad y la chilena, es una oportunidad inigualable”.

Te invitamos a revisar el registro audiovisual de la jornada:

Este viernes 27 de mayo, a partir de las 15.30 horas, la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con el Consorcio de Universidades del Estado invitan a la “Jornada nacional de deliberación para conocer el borrador de la nueva Constitución”.

El evento cuenta con la participación de las cuatro universidades del Estado de la Región Metropolitana y es convocado por la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional.

La actividad se realizará por zoom y, para participar, los miembros de la comunidad universitaria de dichas casas de estudio deberán llenar el formulario disponible AQUÍ.

La coordinadora de Usach Constituyente, Pamela Figueroa, enfatizó que la jornada tiene por objetivo comentar y responder consultas de los integrantes de las comunidades universitarias de la Usach, la Universidad de Chile, la UTEM y la UMCE.

“El próximo 4 de septiembre, todas y todos tendremos que participar para aprobar o rechazar el texto que la Convención Constitucional le ofrecerá a la ciudadanía. El evento del viernes tiene por objetivo dar a conocer dicho texto, para que todas y todos podamos participar informados de este proceso”, sostuvo.

Participará como moderador en la jornada el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Ernesto Ravera. El profesor de derecho económico se referirá a artículos del borrador de la nueva Constitución.

Este miércoles se realizó una nueva sesión del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente”.

En esta ocasión los expositores fueron la Dra. en Derecho Constitucional Europeo y Jueza del Tribunal Constitucional de Portugal, Mariana Canotilho; y el catedrático y experto en bienes públicos de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, quienes debatieron y reflexionaron en torno al “Derecho a la propiedad”.

El evento fue moderado por el académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Claudio Herrera y contó con la participación en las preguntas de la estudiante de Relaciones Internacionales, Constanza  Vásquez.

A modo de introducción el profesor Herrera contextualizó el panorama chileno en esta materia. Una de las críticas que recibe la actual Constitución “tiene que ver con su carácter neoliberal, donde el Estado tiene un carácter subsidiario en la provisión de bienes y servicios. Esto se evidencia en la educación, salud, vivienda y pensiones”, puntualizó.

“Actualmente el artículo 19 nº 24 dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y luego agrega que solo la ley podrá establecer el modo de adquirir, de gozar y disponer de ella y las limitaciones que pueda conocer la propiedad en atención a su función social, la que incluye los intereses generales de la nación, seguridad nacional, la salubridad y la conservación del patrimonio ambiental”, explicó Herrera sobre la regulación que existe en la actual normativa con respecto al derecho a la  propiedad privada.

Constitución pactada y discutida

En su intervención la Dra. Mariana Canotilho, señaló que la actual Carta Magna que rige a Portugal es del año 1976 y se dice que ha sido muy lograda, “porque ha sido pactada y muy discutida entre personas con proyectos políticos muy distintos y esa riqueza de aportes, sea de la democracia cristiana, liberales pluralistas europeo occidental, gente de la social democracia, todo se mezcló y conseguimos una solución”.

Esta normativa divide los derechos fundamentales entre civiles y políticos, y derechos económicos sociales y culturales. La propiedad se encuentra en estos últimos En ese sentido “la intención declarada del constituyente fue disociar la idea de propiedad de individualismo posesivo del liberalismo clásico y hacer entender al legislador ordinario en los poderes públicos que la propiedad iba a tener una función social y que se debe leer en el marco de la Constitución”.

A juicio de la académica portuguesa, “independientemente del gobierno se debe imponer constitucionalmente la existencia de sistemas públicos en educación, sanidad y de seguridad social”.

Apropiación de bienes estipulados en la Constitución

El catedrático y experto en bienes públicos de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, comenzó su presentación señalando que “estaría muy bien que, en la futura Constitución chilena, el régimen general, las normas más básicas de apropiación de los bienes figuraran en el texto fundamental”.

En ese sentido, el académico español señaló que resulta más pertinente asumir las tradiciones heredadas de otras constituciones y que en el caso chileno se podría “empezar por el concepto Patrimonio Común de la Humanidad. Estaría muy bien que una Constitución moderna empezara por afirmar que reconoce la existencia de unos bienes de dominio común de la humanidad y que remite al derecho internacional general para su concreción y consecuencias. Hasta el momento hay una concepción muy vaga en el derecho internacional sobre la figura común de la humanidad”, precisó.

Igualmente- añadió-  “establecer el principio de dominio público de manera natural y artificial. El primero, se refiere a las aguas continentales, marítimas que dependen de los estados y las zonas costeras y el de baño minero. Mientras el segundo son todos aquellas referido a obras públicas –edificios públicos, carreteras, embalses, etc. Y la constitución debiese establecer que los usos de bienes de dominio público son esencialmente temporales. Me parece un elemento esencial es no considerar que la concesión permite una privatización absoluta de los bienes. Es temporal y está sujeta al cumplimiento de condiciones, el incumplimiento de ellas determina la declaración de caducidad”, remarcó. 

Finalmente, López Ramón aconsejó incluir en la nueva Carta Magna “los bienes colectivos de las comunidades indígenas, los cuales deben ser reconocidos con toda claridad y permitir la gestión autónoma de esos bienes, sin perjuicio del mantenimiento de esos patrimonios, pero no solo puede haber patrimonios colectivos de estos grupos, pueden haber de aprovechamiento del agua, por ejemplo”, agregó.       

Para el director del Centro de Estudios del Futuro Usach, académico Víctor Caro Castro, “enmarcado en el proceso que vive Chile, el discutir el derecho a la propiedad resulta fundamental, puesto que, como vimos en el webinar, un país democrático debe contar con leyes claras con respecto a este tema”.

Añadió que establecer sistemas públicos de servicios básicos de calidad; reconocer bienes de dominio común de la humanidad; enmarcar los usos de dominio público y el reconocimiento a las comunidades indígenas, es fundamental para transformar nuestro país. Y el ejemplo de la Dra. Canotilho, con la experiencia portuguesa, nos muestra que podemos tener una Carta Fundamental donde veamos reflejado el país que queremos “, remarcó.

El objetivo del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente” es generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos en relación a los temas que deberá abordar la instancia encargada de redactar una nueva Constitución Política.