Se realizó la segunda edición del Ciclo de Conversaciones en Línea: Nueva Constitución y Futuro del Litio en la Minería. La actividad moderada por Flavia Leiva, académica del Departamento de Ingeniería en Minas contó con las exposiciones de Marcela Angulo, directora de la Unidad Santiago de la Universidad de Concepción; Eduardo Bitrán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Raúl Cordero, investigador de Antarctic Research Group, de la Usach.

Los invitados expusieron en torno a los desafíos del momento constituyente que vive el país con el objetivo de tener una industria minera sustentable y de valor público, en este caso del Litio, concordando que la explotación del metal es fundamental para el desarrollo del país, pero debe ir acompañada con medidas que mitiguen los impactos ambientales.

Estos encuentros se enmarcan en la proyección sobre la nueva Constitución, donde el país y la sociedad discutirán el modelo de desarrollo y donde surge el debate si acaso la minería, en sus procesos productivos, podría mejorar sus tecnologías para ser una actividad económica más sostenible.

Eduardo Bitrán, director de Espacio Público y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, mostró en su presentación la situación del litio en Chile al año 2016 y las conclusiones de la Comisión Presidencial del Litio.

Aseguró que “el Litio está de moda por dos fenómenos. En primer lugar, por el desarrollo de la electromovilidad. Sabemos que las baterías de Ion de Litio son la opción que tenemos en este momento y no hay sustitutos cercanos que estén en el horizonte. Pero, además, la penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos para descarbonización y depender cada vez menos del carbón, tiene implicancias en el requerimiento de almacenamiento”.

En ese sentido, este incremento en el uso del metal “es una buena noticia para enfrentar el cambio climático, porque un auto o una batería de litio requiere entre 40 o 80 kilos, pero, además, cuatro veces más cobre que lo que requiere un auto de combustión interna y también requiere tierras raras, cobalto, aunque no somos productores de cobalto, si tenemos reservas de cobalto importantes”, comentó.

En este escenario es que la Comisión Nacional del Litio planteó en 2015 “la necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios y de control por parte del Estado, hacer una definición más clara de políticas públicas, mayor presencia del Estado con énfasis en la gestión sustentable, y hacer una transición de ser un país exportador de materias primas a promotor de un desarrollo con mayor nivel de valor agregado e incorporación de innovación”, explicó.

Al finalizar su presentación el ex ministro de Obras Públicas realizó proyecciones para fortalecer esta industria. Tomar medidas que aseguren la sustentabilidad hídrica de la cuenca del Salar de Atacama pensando en la interacción de agua cruda con salmuera y resolver la explotación de los otros salares, fueron algunas de sus propuestas.

I+D+I fundamental en la Constitución

Marcela Angulo, directora de la Unidad Santiago de la U. de Concepción y directora Espacio Público, basó su charla en cuatro puntos: sustentabilidad de la extracción y procesamiento; valor agregado y encadenamientos productivo; investigación+ desarrollo+ innovación y capital humano avanzado; y finalmente tributación regional.

Para la ingeniera civil resulta fundamental que en la nueva Constitución se estipulen las áreas de investigación y desarrollo de capital humano avanzado, ya que es imposible que nuestro país siga siendo indiferente a estos temas.

Agregó que “hay experiencias de otros países que han hecho una mirada de más largo plazo compatibilizando el desarrollo de industrias muy competitivas con el medio ambiente, con las comunidades, con la participación de los pueblos originarios y que han sido capaces de construir una visión de futuro. Por ejemplo, Canadá que se propone ser un país minero líder en la provisión de minerales sustentables para el mundo y la descarbonización”.  

Para Angulo uno de los principales temas a resolver en la explotación del metal, tiene que ver con la mitigación que se haga del manejo de los recursos hídricos del Salar de Atacama. “También hay temas asociados a la conservación de la biodiversidad en el propio salar y por lo tanto la explotación de este recurso, que es un recurso no renovable, tiene que resguardar todos estos aspectos de sustentabilidad”, puntualizó.

En esa línea aseguró que esta situación se conecta al proceso constituyente, porque Chile “debe asegurar los recursos humanos y materiales para ejercer su rol regulador y fiscalizador”.

Baterías de Litio

El Dr. Raúl Cordero, investigador de Antarctic Research Group, de la Universidad de Santiago se refirió a la relación entre Litio y el cambio climático, donde relevó la importancia del metal como herramienta para mitigar las consecuencias del efecto invernadero.

En Chile el 78%, de nuestras emisiones corresponden a combustibles fósiles, explicó el académico Usach. El 32% corresponde a las termoeléctricas a nivel nacional. A su juicio “independientemente de la realidad local, para detener el calentamiento global, se debe  lograr la descarbonización y eso básicamente significa dejar de quemar combustibles fósiles”.
Chile está suscrito al Acuerdo de París, el cual tiene como objetivo combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, con la finalidad de llevar las emisiones globales a cero antes de mediados de este siglo.

Sin embargo, esta situación es un enorme desafío, puesto que se debe compensar la energía que se dejará de producir quemando fósiles. Para eso se debe electrificar estos procesos. En este escenario nuestro planeta se enfrenta a una doble transición energética. “Electrificar todos nuestros procesos industriales y en paralelo, asegurarnos que la energía eléctrica que vamos a consumir en esos proceso domésticos e industriales sea producida mediante energías renovables. La ventaja es que chile es extremadamente rico en esas energías”, señalo el Dr. Cordero.

El problema es que estas energías son intermitentes, esto quiere decir que están sujetas a la variabilidad del tiempo y otras variantes relacionadas al clima. A esto se debe sumar que el cambio climático aumenta esta situación.

“Necesitamos mitigar el cambio climático y el Litio es una herramienta fundamental, pero esto no saldrá gratis; y no me refiero al costo de producción, sino que la minería metálica y no metálica tiene impactos negativos que vamos a tener que compensar, no hay manera de evitar estos impactos. Y esos mecanismos de compensación probablemente sean temas de discusión si no es en la asamblea, se tiene que dar en los próximos años”, concluyó.

Revisa el ciclo de conversaciones en línea: Nueva Constitución y Futuro del Litio en la Minería aquí:

Con la participación de las y los constituyentes integrantes de la comunidad de nuestra Casa de Estudios, se realizó el webinar "Proceso Constituyente y rol de las universidades", instancia donde se expusieron los roles que deben jugar en una Nueva Constitución, y en el actual Proceso Constituyente, el Estado, las universidades, la ciudadanía y los pueblos originarios

La actividad fue moderada por la politóloga y académica de la Facultad de Humanidades, Dra. Pamela Figueroa Rubio, y con la participación de nuestro rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

Los invitados a este conversatorio fueron la académica de la FAHU y representante constituyente de los pueblos originarios, Dra. Elisa Loncon; el director de la Escuela de Psicología y egresado de nuestra Universidad, constituyente electo por el distrito 13, Marcos Barraza; la médica titulada de nuestra Casa de Estudios y electa por el distrito 9, Natalia Henríquez; y el conductor de la “Voz de los que Sobran” de Radio Usach, abogado Daniel Stingo, electo por el distrito 8.

El espacio de diálogo y participación ciudadana se enmarca en “Usach Constituyente”, instancia que busca aportar conocimientos e incidir en la discusión de contenidos, llevando los saberes de la Universidad de Santiago a las y los integrantes de la Convención Constitucional y la ciudadanía en general.

“Nuestro propósito es socializar este conocimiento (que emerge en la Usach) para enriquecer el debate. Este material podría aportar al importante rol que están próximos a desempeñar”, señaló en su alocución el rector Zolezzi refiriéndose a los representantes de nuestra Casa de Estudios en la Convención.

Tras su intervención se realizaron dos preguntas generales, que las y los constituyentes respondieron.

¿Cuál es el rol de las universidades en el proceso Constituyente?

Las primeras respuestas de los expositores giraron en torno al rol que deben tener las universidades en el proceso Constituyente.

La Dra. Elisa Loncon, constituyente electa en representación de los pueblos originarios, destacó que la Usach debe tomar un rol “no de espectadora, sino activa del proceso. La Universidad tiene una herencia de compromiso con el medio, también con la democracia y la verdad”.

Agregó que existe “la necesidad de ampliar el pluralismo epistémico de las universidades. Estamos las naciones originarias participando por primera vez en igualdad de condiciones con el resto de los constituyentes y tenemos propuestas de transformación profundas, tales como instalar la plurinacionalidad dentro de la Constitución y eso implica el reconocimiento de las naciones preexistentes al Estado, en ese sentido la Universidad puede hacer un gran aporte difundiendo la cultura, los valores y la lengua”.

Por su parte, el director de la Escuela de Psicología, Marcos Barraza, afirmó que el rol de las universidades en esta etapa política es fundamental, tanto desde las ideas como desde su quehacer. En esa dirección se refirió a que las universidades -en particular la nuestra- tienen “una posibilidad privilegiada de aportar al debate, en materia de contenidos, a propósito de redactar una nueva Constitución que va a requerir un debate de profundidad de perspectiva política, ideológica, técnica y evidentemente las dimensiones que ahí se van abordar son complejas y diversas”.

Como segundo punto, el constituyente planteó que “las Casas de Estudios jueguen un papel protagónico en la redacción de una Carta Magna donde la educación sea diametralmente opuesta al parámetro que fijó la Constitución pinochetista”. Agregó que estas “tienen una responsabilidad en contribuir a la redacción (en el escrito final) de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, laica, inclusiva e intercultural”.

La médica titulada de nuestra Casa de Estudios,  Natalia Henríquez, señaló que “lo mínimo que podrían hacer las entidades universitarias es facilitar la formación de todas las personas – ciudadanos respecto de todo lo que está pasando en el proceso constituyente, porque no todos manejamos la misma formación cívica. Existe una brecha educativa en el ámbito cívico, entonces podría parecer que todos estamos hablando en el mismo lenguaje, pero no es así y lo mismo pasa por áreas, por ejemplo, en la salud”.

Para llevar esta nivelación, la constituyente por el distrito 9 propuso utilizar todos los canales y herramientas de comunicación posibles: canales de televisión y radios universitarias, redes sociales, cápsulas audiovisuales inclusivas explicando el proceso, etc. 

Mientras que el abogado y conductor del programa de Radio Usach la “Voz de los que Sobran”, Daniel Stingo, planteó que las instituciones educacionales, aparte de contribuir directamente con académicas y académicos en la instancia legislativa, deberían formar no solo “profesionales con una buena visión de su área, sino que además, tengan una mirada general del país; que abarque la formación de ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que es muy importante que las universidades tomen esas ideas y las desarrollen en todas las facultades”.

¿Cuáles son los principales temas que se deben abordar en la Convención Constitucional?

La segunda pregunta estuvo dirigida a los temas que se deberían ser abordados por los 155 constituyentes cuando se reúnan en el Palacio Pereira.

Para la Dra. Elisa Loncon deben estar presentes los derechos colectivos de las naciones originarias y el diálogo intercultural. “El aporte que me corresponde hacer es esta temática es instalar los derechos colectivos de los pueblos originarios. Necesitamos nuestros territorios, autonomía, poder determinar el futuro de las lenguas; no puede ser que a un grupo social como el nuestro no se le dé la posibilidad de proyectar sus idiomas (…) es el momento de reconocer ese derecho”, remarcó.   

Sobre el diálogo intercultural, aseguró que debe ser en un contexto en el cual “el otro sea respetado como es y no ser excluido por pensar distinto. Creo que construir una Constitución plural va a depender de esa capacidad de diálogo, de escucha que entre todos demostremos para resolver problemas históricos que han hecho mucho daño a la sociedad”, aseguró.

Para Marcos Barraza todas las temáticas que se van abordar tienen una importancia superior. Sin embargo, distinguió puntos que pueden aportar a desamarrar “nudos” de las discusiones. Estos son: igualdad sustantiva, el rol del Estado y el sistema político. 

La primera debe ser “entendida como un principio generalizado que reconoce que hay universos sociales a partir de una matriz altamente diversa que obliga la intervención por parte del Estado. Luego caracterizar al Estado chileno como democrático y social de derechos. Eso obliga a discutir desde una noción de máximos democráticos, cuál es el tipo de bienestar que el país requiere y sobre qué estructuras se soporta eso”, sostuvo.

El tercer tema clave, es la discusión del sistema político. Para sostener grandes cambios, se requiere que se encuentre fundado en una democracia participativa, donde una cuota importante sea traspasada desde el Legislativo y Ejecutivo al pueblo, sea un sistema semi presidencial, iniciativas de voto popular, etc., porque si el sistema político no experimenta cambios sustantivos y estructurales, lo que se pueda implementar, en términos institucionales y estructurales, tiene limitantes. La Constitución no es el punto de llegada para las transformaciones, es la partida.”, recalcó.

En esa línea, Natalia Henríquez argumentó que para que la nueva Carta Magna tenga una extensión de tiempo importante en la historia, se deben implementar mecanismos de democracia participativa. Si las personas, la sociedad, nuestra comunidad, pueblos originarios, grupos de interés, etc., no son capaces de ir expresando sus necesidades en lo que pueden ser leyes o modificaciones de la Constitución, la verdad es que será una Carta Fundamental más, que será algo rígida, poco maleable para los desafíos que probablemente se van a venir con los cambios que va a sufrir nuestra sociedad”, afirmó.

Revive el webinar "Proceso Constituyente y rol de las universidades" completo 

Generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos, en relación a los temas complejos que deberá abordar la Convención Constitucional, es el objetivo del ciclo de debates "Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente".

La instancia es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Chile, a través del Programa EUROsociAL+, junto con LEXEN, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile; el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago de Chile, y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en colaboración con El Mostrador.

El ciclo de 12 conversatorios fue inaugurado este martes con la actividad "Participación ciudadana en procesos de cambio", encabezada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Democracia y Demografía y de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Dubravka Šuica, junto con los rectores de las universidades de Santiago, Juan Manuel Zolezzi Cid; de Chile, Ennio Vivaldi Véjar; y de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar.

La discusión, moderada por el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, se centró en la reflexión respecto de cómo preparar un proceso -como el constitucional chileno y el relativo a la Conferencia de Europa- que incorpore efectivamente la voz de la ciudadanía.
Contacto con la gente

Para el rector de nuestra Universidad, la participación ciudadana "es fundamental y quedó claramente demostrado que son ellos los actores que eligió el pueblo de Chile para llevar este proceso adelante".
Por lo anterior, el Dr. Juan Manuel Zolezzi indicó que es necesario que los constituyentes "no se aíslen en un edificio, sino que estén en contacto con la ciudadanía y que la gente tenga la oportunidad de enviar sus inquietudes a la Convención, en algo parecido a lo que se está haciendo en Europa".

Sin embargo, la autoridad de la Usach llamó “a tener ojo con las soluciones eficientes, que normalmente tratan de gastar los menos recursos para lograr un objetivo y al final este no se alcanza. Yo diría que hay que pensar más en situaciones que sean eficaces y capaces de resolver los problemas que tiene Chile", remarcó.

Procesos que generen impacto

Respecto a las condiciones que se necesitan para que las transformaciones de este tipo tengan impacto, el rector Zolezzi sostuvo que como todo proceso social, la participación, el diálogo y la empatía serán fundamentales para alcanzar un mayor impacto en términos políticos  como también en la calidad de vida de las personas.

"Un país no puede estar bien si sus habitantes no están bien, por lo tanto resulta fundamental que las instituciones del Estado, la industria, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, la Academia y la ciudadanía, participen de espacios deliberativos para ampliar ese conocimiento del otro", puntualizó.

En ese sentido, agregó que hoy la participación ciudadana implica involucrar a todas y todos en la formulación de políticas públicas para que estas sean más representativas de sus necesidades. "La búsqueda de nuevos métodos que faciliten esos diálogos es clave disminuyendo brechas, como por ejemplo, el acceso a Internet", subrayó.

"Conocer la realidad de los diversos grupos y comunidades que componen Chile se hace una obligación no sólo para los tomadores de decisiones, sino que para cualquier ciudadano", destacó el rector de la Universidad de Santiago. 

Paridad

La ganadora del Euromodelo Joven 2020, Constanza Vásquez, fue la encargada de realizar la última pregunta a los participantes. La también estudiante de nuestra Universidad, alcanzó el primer lugar de esta iniciativa de formación sobre la Unión Europea y sus instituciones.

La joven planteó su preocupación sobre la participación de las mujeres en este tipo de procesos, considerando las brechas tecnológicas debido a factores socioeconómicos, educacionales y sociales.
"Si bien hay avances significativos y han quedado graficados en la Convención Constitucional paritaria, como sociedad chilena nos falta mucho por avanzar", detalló el rector Zolezzi, poniendo énfasis en la desigualdad en las cargas por género que quedaron expuestas durante el último tiempo.

No obstante, la máxima autoridad de nuestra Universidad destacó el activo rol de las mujeres chilenas en el marco de este proceso, lo que "muestra que existe un interés genuino de estar presentes".
Cabe destacar que el evento fue transmitido en los canales YouTube y Facebook Live de El Mostrador, dando inicio a un ciclo de 12 sesiones que se llevarán a cabo entre junio y noviembre.

Puedes ver este lanzamiento en: 

A partir de enero del presente año, el movimiento rupturista a la Autodeterminación intensificó sus acciones de violencia política contra empresarios forestales y agrícolas. También existieron otras formas de transgresión al orden, lo que la Historia Social denominaría el bandidaje social, expresado en una treintena de cabezas de ganado sustraídos de un fundo en Tirúa, los que posteriormente fueron muertos en el camino.

Para comprender el surgimiento de un nuevo ciclo del movimiento rupturista a la Autodeterminación, debemos poner el reloj en los hechos posteriores al asesinato de Matías Catrileo y la huelga de hambre de 2010. Es a partir de esos años que van surgiendo nuevas organizaciones autonomistas en el escenario político, como Aukan Weichan Mapu y la Resistencia Mapuche Lafkenche.

El emblema de la primera organización es un kultrün cruzado por una lanza y una escopeta. Reúne los símbolos de la cosmovisión y la política del pueblo mapuche en lo que podría ser considerado, en una perspectiva de Eric Hobsbawm, como una “invención de la tradición” que dota al nacionalismo de nuevos conceptos políticos. En el seno del movimiento mapuche rupturista, las forestales y los agricultores son declarados adversarios. A los primeros, la CAM los denominó en un documento de 2001 como “nuestros grandes enemigos”; y a los segundos “nuestros enemigos históricos”. Pero a la fecha jamás se había manifestado un acto hacia “chilenos corrientes”.

El mismo libro ¡Escucha, winka! enfatizó en esa dimensión al publicarlo respecto a las relaciones interculturales que era “un grito de colonizados hacia otros colonizados, y al mismo tiempo, al colonizador”. Para el movimiento mapuche, el año cero de la historia mapuche es la Ocupación de La Araucanía, por ende, el conflicto se relaciona con la formación de la república chilena y cualquier aspecto que permita su consolidación, como relato histórico, es visto por este sector de manera crítica.

La Plurinacionalidad reafirmaría al Estado chileno por sobre el pueblo mapuche, impidiendo el desarrollo de la Autodeterminación. Esto ha llevado que miembros del movimiento sean críticos al proceso constitucional y a sus candidatos. Otros como el dirigente Galvarino Reiman, de la Asociación Ñancucheo de Lumaco, si bien no comparte el concepto Plurinacional afirma que el proceso constitucional es un buen momento para insertar el debate sobre Autodeterminación. “

Sin embargo, existe otra corriente del movimiento que no ve en este proceso el camino a seguir. A fines de febrero, en el fundo Los Pastales, la Coordinadora Arauco-Malleco ejerciendo el Control Territorial contra “la inversión capitalista que arremeten contra nuestro territorio ancestral”, hizo un llamado a distintas comunidades en conflicto para reafirmar el camino a Liberación Nacional. También expresaron al resto de las organizaciones formar un frente político para resistir a la militarización en un escenario de mayor beligerancia por parte del Estado¹.

Los hechos sucedidos en la ruta Cañete-Tirúa dan cuenta de la pérdida de influencia de esta organización, pero que a su vez da cuenta del surgimiento nuevas organizaciones rupturista del escenario. Acontecemos a lo que Alejandra Gaitán-Barrera y Ghovan Khalid denominan “autonomismo reivindicativo”, que toma distancia del autonomismo que se suscribe al lenguaje de los derechos internacionales.

El weichafe ha sido incorporado como parte de las autoridades tradicionales en el pueblo mapuche. Una innovación en la trayectoria del movimiento mapuche autonomista, que si bien no es un consenso colectivo, muestra los divergentes caminos, fruto del crecimiento ideológico. Ese llamado que hizo la CAM en febrero a “continuar por el verdadero camino de lucha, con las recuperaciones de tierras, con el Control Territorial, con los sabotajes a las forestales y grandes latifundistas” se expresa hoy en el escenario político del pueblo mapuche ante los últimos acontecimientos que demuestran, lo que el sociólogo mexicano César Pineda cataloga como “el drama de una lucha radical”. “.

Estamos ante una posible antesala de una tragedia que no es exclusivamente por las consecuencias punitivas que atraerán sobre quienes resulten responsables, sino porque tampoco considera la tendencia que se va surgiendo en el seno del mismo pueblo mapuche que es importante a considerar. A principios de enero, la CONADI registró 26 mil solicitudes de calidad indígena motivada por el proceso constituyente.

Los últimos datos dados a conocer por el Estudio de Opinión Pública: Pueblos Originarios y Nueva Constitución del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, vuelven a reafirmar una tendencia vertida en las mediciones anteriores, donde la reconfiguración del actual Estado por uno de otra índole, que inserte como sujeto de derechos a los pueblos originarios, es una tarea compartida.

Esto último asociado a la devolución territorial, en que un 71% de los no indígenas encuestados se muestra a favor dentro de una tendencia a participar en las elecciones a favor de los escaños reservados de un 57% de los encuestados. De ellos, un 75% de los indígenas comparte la Autodeterminación como una reivindicación en la nueva Constitución, que es complementada por el 68% de los no indígenas que también ven en la reivindicación mapuche un anhelo compartido.

Asimismo, un 45% de los no indígenas y un 48% de los indígenas consultados comparte la restitución territorial como un mecanismo de superación de las problemáticas generadas en los últimos años. Bajo todos estos antecedentes, creo importante sugerir lo que sostiene el historiador Eduardo González Callejas en sus estudios sobre el uso de la violencia en los escenarios políticos. Primero que surgen dentro de un contexto cultural, político e histórico que le da origen. Segundo que no cesan de renovarse y cada generación intenta marcar una ruptura a menudo profunda y radical con los ciclos que la antecedieron. En ese marco de interpretación, si estamos ante el fin de un ciclo de hegemonía de la CAM, ¿cuál es el camino que se avecina para el movimiento rupturista a la Autodeterminación? Tal vez uno cada vez más complejo que lo puede encerrar en sí mismo.

Los procesos constituyentes implican cambios profundos en una sociedad, y ponen a prueba las capacidades del sistema político de representar y canalizar las demandas ciudadanas. Cuando hablamos del sistema político, nos referimos a mirar la política desde una perspectiva integral, donde no puede entenderse el proceso de toma de decisiones políticas si no se considera, además de las instituciones (el Estado, el gobierno), a los actores políticos y ciudadanos, y los procesos resultantes de la interacción entre actores e instituciones. Los sistemas políticos son por tanto dinámicos, e interactúan con la sociedad constantemente.

Las constituciones políticas abordan los principios constitucionales, los derechos y deberes de los ciudadanos, y la forma en que cada sociedad acuerda distribuir el poder a través de las instituciones del Estado. Por tanto, las contenidos constitucionales son clave en la definición institucional del sistema político. En el caso de Chile, la actual Constitución, a pesar de los importantes cambios que ha tenido desde la transición a la democracia, se origina en un contexto de autoritarismo, y con una clara desconfianza hacia la política, los partidos políticos y la ciudadanía. Ese origen autoritario se ha reflejado en una constante dificultad para la democratización del sistema político, lo que con el tiempo ha redundado en una baja capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y en una baja legitimidad y confianza hacia las instituciones.

Uno de los temas que ha estado presente en el debate público en estos meses previos al plebiscito nacional por la nueva Constitución del próximo 25 de octubre, es el rol del Presidente de la República y del Congreso en la crisis política y social que vive nuestro país. Pareciera ser que las instituciones no tienen la capacidad de resolver la crisis. Si bien Chile ha sido considerado a nivel latinoamericano como una democracia estable y de altos índices de gobernabilidad, las características que en algún momento se pensaron como factor de estabilidad política, se han debilitado. Nuestro país se ha transformado en una sociedad diversa, con expresión en múltiples partidos y organizaciones sociales. Las movilizaciones sociales de octubre de 2019, han sido el momento cúspide de la disconformidad ciudadana con la forma en que las elites toman decisiones.

Junto a Nicolás Eyzaguirre y Tomás Jordán hemos planteado que el problema del régimen político chileno son los bajos incentivos de cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, y un sistema de partidos debilitado (1). El régimen político es el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder, y de los valores que animan la vida de tales instituciones (2). En el caso de Chile, se caracteriza por ser un régimen hiperpresidencial, con un Congreso bicameral debilitado, y un sistema de partidos multipartidista y tendiente a la fragmentación. La participación ciudadana se expresa en el proceso electoral periódico, pero no existen mecanismos de incidencia ciudadana que permitan canalizar demandas y propuestas en períodos entre elecciones.

Lejos de la ciudadanía

Para entender la complejidad del régimen político chileno, no podemos obviar que la Constitución Política de 1980 reforzó la figura presidencial y debilitó al Congreso. Éste último se configuró como el único espacio para la política partidista (lejos del gobierno y de la ciudadanía) y por ende debía tener escasas atribuciones en el funcionamiento del sistema político (3). La figura presidencial se estableció como el eje del sistema. El modelo fue diseñado para fun- cionar bajo la premisa de un Presidente(a) fuerte y un Con- greso en el cual las fuerzas oficialistas y de oposición sólo puedan operar conjunta e interdependientemente, lo que produce un efecto de simbiosis de las mismas, debilitándo- las. Esto deriva en que tales fuerzas no se logren distinguir claramente, salvo que la oposición sea obstruccionista con el gobierno.

La fortaleza del Presidente(a) radica en sus atribuciones y en la debilidad del Congreso, independientemente de si el gobierno es continuista o reformista. Si es reformista, el Presidente(a) sólo podrá ejercer su gobierno con el acuer- do de la minoría, considerando la fragmentación y los altos quórum. Si es continuista, el Congreso es inocuo. El gobierno se puede ejercer por medio de las facultades presidenciales administrativas (especialmente la potestad reglamentaria), sin necesidad de una relevancia política determinante del Congreso. En este juego institucional el único que es fortalecido es el Presidente(a), pero no necesariamente resulta beneficiado.

Lo anterior tiene relación con la debilidad del sistema de partidos en nuestro sistema político. Luego del golpe de Estado de 1973, se prohibió toda organización y actividad partidaria. Los partidos políticos al reestructurarse en el proceso de transición democrática, lo hicieron de forma precaria y sin legislación que fortaleciera su desarrollo institucional. Los partidos se reordenaron como entidades con personalidad jurídica privada, sin financiamiento público relevante -sino empresarial-, sin mecanismos de control democrático externo ni interno, y tampoco de transparencia activa. A esto se sumó un escenario de un sistema electoral binominal, con primarias en la selección de candidatos, y con listas abiertas, lo que en conjunto debilitó el rol de los partidos en la selección de candidaturas con el consecuente efecto en términos de la disciplina partidaria y su actuación en el Congreso. La desinstitucionalización de los partidos responde a incentivos de campañas individuales y alejadas de la ciudadanía.

No da lo mismo

La reforma de 2005 destrabó la democracia tutelada. El acuerdo político entre el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y el Congreso logró eliminar los enclaves autoritarios, permitiendo el ejercicio de una democracia mínima, pero conservando su carácter consensual. Las reformas políticas llevadas a cabo entre 2014 y 2016, efectuaron cambios profundos al sistema electoral, el sistema de partidos, el financiamiento de la política, entre otras materias, pero no afectaron el régimen político.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, los ciudadanos perciben que el gobierno y el Estado, no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus problemas, lo que a su vez incide en la legitimidad y confianza en las institucio- nes políticas. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre de 2019, un 44% de los consultados consideraba que el funcionamiento de la democracia era regular, y un 47% consideraba que funcionaba muy mal. En el mismo estudio, los partidos políticos, el Congreso y el gobierno, son las instituciones con menor confianza ciudadana, con un 2%, 3% y 5% de confianza respectivamente (4). El déficit de sensibilidad política (responsiveness) frente a las demandas de la ciudadanía debilita a las instituciones públicas. En un sistema democrático, la opinión pública sirve como regulador del actuar de sus autoridades, por eso las democracias requieren, cada vez más, diseños institucionales que fortalezcan los mecanismos de representación, con mecanismos de deliberación y participación ciudadana.

El aspecto institucional consagrado en la Constitución es clave en el acuerdo que una sociedad requiere para lograr ciertos objetivos como son la estabilidad, el respeto y promoción de los derechos fundamentales, la representación y neutralidad en el proceso de toma de decisiones, la transparencia, la eficacia del gobierno, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, y lo más importante en los tiempos de incertidumbre que corren, una Constitución puede dotar de legitimidad a nuestras democracias. Entonces, no da lo mismo el tipo de régimen político que consagre la Constitución. La experiencia comparada nos muestra que cada comunidad política se da su propio arreglo constitucional, y para entender cuáles son las variaciones significativas en las constituciones democráticas, cuál es su importancia, destacan aquellos factores que determinan las instituciones del poder político (5).

Desafío inconcluso

Lograr conformar gobiernos de mayoría es el gran desafío inconcluso de la democracia chilena. Para que la democracia sea fuerte, el Presidente(a) de la República y la coalición gobernante, deben poder realizar el mandato popular a partir de la legitimidad que le da el acto electoral. La discusión pública sobre cuál es el proyecto político para el país se debe resolver en las elecciones periódicas y con base al sufragio popular, no a partir de las trabas institucionales.
Este es el gran dilema del debate constitucional en Chile en términos del régimen político: si la Constitución podrá habilitar para el juego democrático de mayorías y minorías o si, por el contrario, mantendrá su carácter de una Constitución que inhibe la práctica democrática por medio de un diseño que traba o impide el desenvolvimiento de proyectos de gobierno.

El proceso constituyente en curso, es una oportunidad histórica para replantearnos el régimen político. La actual Constitución ha quedado desfasada, no sólo por su origen autoritario, sino por los profundos cambios de la sociedad chilena. La democracia en Chile requiere de un régimen político que equilibre el poder ejecutivo del Presidente/a de la República, con un Congreso que exprese la pluralidad de la sociedad y con capacidad política de deliberación, y una ciudadanía activa que cuente con mecanismos de incidencia en el proceso político.

1. Eyzaguirre, N., Figueroa, P. & Jordán, T. (2020) El necesario cambio del régimen político: Hacia un presidencialismo parlamentarizado. Santiago: FLACSO.
2. Norberto Bobbio, Nicola Matteuci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política (Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 2007).
3. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000), 670. 
4. Centro de Estudios Públicos. Estudio Nacional de Opinión Pública Na 84. Diciembre de 2019.
5. Robert Dahl, La Democracia. Una guía para los ciudadanos (Buenos Aires: Taurus, 1999), 246.

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Una exitosa convocatoria alcanzó la conferencia virtual "Puntos esenciales para una Constitución democrática", organizada por la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Santiago.

La charla estuvo a cargo del destacado abogado y académico Eric Palma González, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Chile, quien abordó aspectos claves para comprender el Proceso Constituyente que enfrentará el país en octubre.

El abogado repasó la historia del constitucionalismo hasta llegar al movimiento social, donde subrayó la necesidad de plantearse interrogantes como qué democracia queremos; y el tipo de participación y de constitucionalismo que buscamos.

El Dr. Palma señaló que el proceso parte de la base de una cultura binominal, según la cual la participación se mira con sospecha. "Esta cultura política ha significado un fenómeno premeditado y sistemático, es decir, el alejamiento de los sectores populares y medios de la política", explicó.

"De ahí viene un discurso sostenido de descrédito y desprestigio de los partidos y un divorcio claro entre partidos políticos y ciudadanía. Por lo mismo cabe preguntarse: si este proceso constituyente es un proceso de participación, ¿cómo es posible que esté siendo administrado y gestionado por los partidos?", afirmó.

En esa línea, el abogado fue enfático al indicar que "es el movimiento social el que ha mantenido la idea de la democracia real y material, la idea de la participación en el sentido amplio, no los partidos políticos".

Apertura de espacios de discusión

La actividad, que se desarrolló este miércoles reunió a cerca de 115 personas, en su mayoría integrantes de la comunidad universitaria de nuestra Casa de Estudios.

"Con estas instancias la Asociación busca promover y difundir aspectos que ayuden al Proceso Constituyente, porque desde nuestra perspectiva de Institución estatal tenemos que contribuir a la mayor participación y también a la información", señaló la académica del Departamento de Matemática y presidenta de la Asoacad, Dra. Gladys Bobadilla Abarca.

Por otra parte, la dirigenta destacó la exitosa convocatoria que tuvo esta conferencia con un centenar de personas conectadas. "La asistencia de hoy nos confirma el interés que tiene nuestra comunidad por los temas relevantes para el país. Además, gracias a las plataformas digitales, estamos ampliando nuestro tipo de público", puntualizó.

¿Qué les asusta de la paridad? Respuesta: repartir el poder, lo que ha sido siempre un proceso complejo, difícil, muchas veces violento. El poder ha estado históricamente en manos de los hombres desde los inicios y, claro, compartirlo es un problema.

Como por suerte la historia no es estática, se mueve y las cosas cambian, ahora tenemos que repartir el poder entre hombres y mujeres, aunque para evitarlo se hayan creado todo tipo de teorías. Desde la urgente necesidad de que nunca salgamos de nuestras casas a trabajar, pues si lo hacemos las familias se desarman y son disfuncionales, o los hijos e hijas se crían mal y son violentos, o adictos o una amenaza para la sociedad; hasta decir que las mujeres en política pueden estar, pero en los “temas blandos”, esos que no requieren de “experiencia política”: ojalá a cargo de la política de infancia, o de turismo, o de la salud de la tercera edad, y jamás de la seguridad interior, ni de las arcas fiscales y solo dos veces en nuestra historia, haber sido presidenta.

¿Recuerdan cómo trató la clase política, los medios, los analistas, los empresarios a la Presidenta Bachelet? Fuimos testigos de la manera brutal como fue criticada, con rabia, con desdén, con mirada machista y reprochadora: “las cosas que se le ocurren a Bachelet, cambiar la Constitución.” o hacer “reforma tributaria”. “no está capacitada”. No le dieron tregua.

Pero ahora que el país -hastiado de tanta violencia y abusos- se levantó en movilizaciones sociales, ahora que una pieza cultural lúcida, terrible y masiva como “un violador en tu camino” nos representa a la gran mayoría de mujeres (y ojalá más hombres la comprendieran), ahora por fin vamos a discutir sobre la paridad y el poder.

Antes lo pedimos, lo describimos, lo propusimos un millón de veces, durante miles de años. Porque esto no es una “espontaneidad” o una “moda” o una ocurrencia “histérica” típica de “minas” como piensan muchos. Ahora que las cosas no volverán a ser como antes, ahora que las respuestas tradicionales no dan abasto, ahora que las recetas y las fórmulas mágicas no tienen respuesta y no dan pie con bola, recién ahora habrá que buscar la mejor manera de conducir esta energía social en aguas turbulentas.

Y viene a ser el momento de navegar este barco entre todos y todas, escucharnos, cuidarnos, proteger la dignidad de todas las personas, donde hombres y mujeres somos iguales en derechos.

Así que la paridad habrá que instalarla, gestionarla, medirla, promoverla no solo en el proceso constituyente, sino al interior de las empresas, organizaciones, municipios, Universidades (que son los únicos que tienen una ley que así lo mandata), gremios, manifestaciones culturales, medios de comunicación, la familia, etc., etc. ¿Sabe usted a qué le teme cuando le hablan de paridad de género?