El proyecto original del proyecto Autopista Américo Vespucio Oriente (AVO) II consideraba la construcción de dos pistas de buses segregadas en la superficie, que pasarían por el centro de la circunvalación entre Príncipe de Gales y Los Presidentes.

Sin embargo, investigadores del Smart City Lab de la Universidad de Santiago en conjunto con el equipo de la Ilustre Municipalidad de la Reina, lograron modificar la iniciativa para que el diseño considere un parque con árboles y ciclovías que priorice la calidad de vida de los habitantes de las comunas de La Reina, Ñuñoa, Peñalolén y Macul.

“Lo que se está buscando es que esas dos pistas se vayan hacia los lados y se unifique el bandejón en un solo parque central”, explica Rodrigo Martin, subdirector del centro de investigación de la Casa de Estudios.

“La idea es producir un parque que le dé continuidad a lo que viene desde Las Condes, a fin de mantener una superficie suficiente para ciclovías, áreas verdes y árboles, pensando que en ese tramo se pueden instalar árboles, dado que la autopista va mucho más profunda”, explica. De hecho, esta debiera pasar bajo las líneas del Metro, a unos 35 metros de profundidad, aproximadamente.

El académico indica que el parque tendría hasta doce metros de ancho. “Vamos a tener un espacio público urbano como el que está entre Vitacura y Las Condes, llegando desde La Pirámide hasta Rotonda Grecia, algo que no ocurría. Hasta ahora, si uno salía a trotar o andar bicicleta, solo se podía llegar hasta Príncipe de Gales. Lo que se producirá es un espacio público peatonal de calidad”, asegura.

Cómo se gestó la modificación

A pesar de que el proyecto ya había sido licitado y adjudicado, el académico de la Escuela de Arquitectura del Plantel cuenta que el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios “estaba intentando rescatar algún espacio verde en este sector, sobre la autopista”.

Como la iniciativa recién comenzaría a construirse en 2025, y dado que solo se habían iniciado los estudios de mecánica de suelos, el Smart City Lab tomó contacto con el edil y le presentó una propuesta, que luego se le dio a conocer a la concesionaria.

Esta última aceptó hacer los cambios, ya que tampoco generaba un costo adicional. Así, el Municipio de La Reina firmó un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para confirmar la modificación.

La Cámara Chilena de la Construcción presentó el pasado martes 7 de mayo el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) del presente año, estudio que evaluó a 99 comunas de Chile –casi 14 millones de habitantes- de acuerdo a seis factores como Vivienda y Entorno, Conectividad y Movilidad, Ambiente de Negocios, entre otros. ¿El resultado? Vitacura y Las Condes encabezan el listado, mientras que La Pintana, Lo Espejo y San Ramón se encuentran entre las cinco con peor puntuación.

Al respecto, Carlos Muñoz, especialista en urbanismo y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, plantea que ambos polos esconden el verdadero problema de la “segregación territorial de la sociedad en las ciudades chilenas, particularmente en Santiago”. Una realidad que, a su juicio, se explica por la mala distribución de ingresos entre las municipalidades y la población en general.

Lo anterior, según explica el Arquitecto, “se refleja territorialmente”, ejemplificado con la situación de Vitacura y La Pintana, comunas ubicadas en los extremos del ICVU. Además, añade que el estudio plantea una “voz de alerta” que en una misma ciudad “tenemos estas realidades tan antagónicas”. 

“Circulo vicioso”

Muñoz acusa que existe una “falta de voluntad política” transversal a todos los gobiernos  para resolver esta problemática, agregando que medidas como el Proyecto de Integración Social del Gobierno de Sebastián Piñera no son suficientes para solucionar la segregación geográfica en las ciudades.  “Detrás de todo esto, lo que hay es una diferencia abismante en la capacidad de ingresos de las personas”, advierte.

Así, el académico aclara que, al estar inmersos en una sociedad de mercado, los lugares mejor ubicados dentro de la ciudad en cuanto a conectividad, inversión y ambiente sociocultural solo pueden ser adquiridos por las personas más ricas. Mientras que al contrario, quienes tengan menos poder adquisitivo sólo pueden acceder a viviendas a menor precio, pero a la vez más carentes y vulnerables, “segregando más la ciudad a nivel local, regional y nacional”. “Esto es un círculo vicioso”, califica.

Factor económico

Por consiguiente, el experto apunta a que se tomen medidas que busquen lograr mayor equidad en cuanto a los ingresos. Una forma de lograrlo, manifiesta, es mediante impuestos por medio de una Reforma Tributaria que recaude dineros congruentemente con el nivel adquisitivo de las personas –es decir, a menores ingresos, menores impuestos y viceversa-. “Esto va a redundar, inevitablemente, en un mejoramiento de las condiciones laborales, del ambiente de negocios y, por supuesto, en una mejor conectividad y movilidad”, complementa.

Incluso, de acuerdo con Muñoz, una medida como ésta podría tener impactos a lo largo de todo Chile, mejorando la conectividad entre las ciudades y descentralizando el país, al tener el Estado mayor cantidad de recursos, y por ende, mejor capacidad para invertir.

Por lo mismo, el académico hace un llamado a que el Estado pueda recuperar ese gasto y que el sector privado no sea el principal beneficiado, ya que éste no distribuye la inversión en todas las comunas, sino que la focaliza en las que aparecen en el primer lugar del ICVU. De esta manera, no solo se pueden mejorar aspectos relacionados con la planificación urbana, sino que otras áreas como la educación, la salud y el medio ambiente, que también repercuten en la calidad de vida de las personas, concluye el experto.

De acuerdo a un estudio que busca evaluar la calidad de vida de los chilenos a través de 269 indicadores generados por el INE, en conjunto con el Minvu y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, solo seis comunas de la Región Metropolitana cumple la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante. La lista es liderada por Vitacura, seguida de Recoleta, Providencia, La Reina, Cerrillos y Lo Barnechea.

Para el arquitecto y académico de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, los datos entregados son equívocos a causa de la utilización de parques de escala metropolitana en los indicadores comunales.

En ese sentido, Figueroa sostiene que en el estudio “se considera la superficie del Cerro San Cristóbal en las áreas verdes de Recoleta, Vitacura y Las Condes. Sin embargo, la visión de estas comunas es la de una dramática explanada de asfalto y cemento, con áreas verdes situadas lejos del uso vecinal de gran parte de la población”.

De acuerdo al académico, este mal uso de la información repercute en las políticas, planes, proyectos y programas comunales en la materia de sectores que ni siquiera cuentan con una plaza de armas o plaza mayor, como gran parte de las comunas creadas después de los años ochenta.

Pérdida de árboles

Según Figueroa, fotografías satelitales recogidas a través de Google Earth confirman la pérdida de aproximadamente el 20% de la masa arbórea de los principales parques urbanos de Santiago durante el periodo 2000-2019.

En otros casos, agrega el arquitecto, los parques “son desiertos de pastos y pavimentos, sin tener presente a los árboles, que son los que importan para nuestra salud mental y corporal”.

En esa línea detalla que, “por lo general, constatamos la presencia de instalaciones deportivas, educativas y militares, ocupando terrenos que debiesen ser de uso arbóreo exclusivo, con el fin de cumplir con su destino”.

Junto con ello, asegura que falta una política de forestación de los grandes parques urbanos de la ciudad que defina especies y número de árboles. “Algunos parques apenas registran el 10% de la cantidad que requieren para constituirse en los pulmones verdes que la ciudad, por sus conflictos ambientales y climáticos, necesita con urgencia”, argumenta.

Modelo Central Park

Con lo anteriormente expuesto, el académico desliza que es necesario aplicar el modelo Central Park de Nueva York, para que los parques del país cumplan con su papel de pulmones verdes, es decir, con una media de 1.000 árboles por hectárea. “Esto es algo que ninguno de nuestros parques urbanos cumple”, manifiesta.

Del mismo modo, plantea la urgencia de contar con un plan de reforestación urbana que reponga los árboles enfermos, secos o envejecidos de las calles e incorpore otras zonas al plantel de áreas verdes de la ciudad, en un número no inferior a 100 mil árboles anuales, siguiendo el modelo neoyorkino.

“Requerimos disponer de 2 árboles por habitante para alcanzar mejores y mayores estándares medioambientales, climáticos y paisajísticos al nivel como se estila en la ciudad de Porto Alegre, Brasil”, añade el académico.

Para este cumplimiento, Figueroa señala que es necesario redactar una normativa que proteja los árboles de talas y cortes indiscriminados y que las nuevas urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios planten un árbol por cada vivienda construida, tal como se aplica en España.

Por otro lado, el arquitecto puntualiza que es fundamental “elaborar un plan de recuperación de terrenos de uso militar situados en el interior de nuestras ciudades para dedicarlos a parques e instalaciones deportivas y culturales, tales como regimientos emplazados en antiguas áreas verdes”.

Finalmente Jonás Figueroa reitera que “hoy en día las áreas verdes son espacios de salud, requeridas por una sociedad altamente sedentaria y afectada por problemas de contaminación, superando las antiguas acepciones de índole paisajística y de ornato”.

Seguridad en los edificios y en los espacios urbanos; establecer condiciones de higiene en dichos espacios y fijar sus límites de densidad poblacional. Estos son algunos de los aspectos que norma un plan regulador. De acuerdo a un sondeo realizado por El Mercurio, veinte municipios del Gran Santiago se encuentran efectuando modificaciones a estos instrumentos, ya que algunos tienen más de 30 años sin actualizarse o abarcan solo una parte de su territorio. Según comentaron al diario de circulación nacional, los cambios debieran estar vigentes en 2021.

Para el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Carlos Muñoz, la actualización de los planes reguladores proporciona una mayor equidad en la distribución de los espacios de la capital que, en la actualidad, se encuentran caracterizados por una gran segregación socioeconómica. “Hay zonas donde, efectivamente, los valores de los inmuebles se han disparado, porque hay lugares que no permiten una densidad media suficientemente atractiva para construir. Por ende, estos espacios se ofertan a precios que no son razonables para toda la población, sino solo para algunos sectores privilegiados”, explica.

De acuerdo al especialista, esto se observa en comunas como Ñuñoa, donde hay zonas que no permiten una mayor densidad de construcción. Si se ampliara dicha densidad de manera “razonable”, estima, los precios disminuirían y permitirían un acceso más heterogéneo a estos espacios. “Si estos lugares permitieran 400 o 600 habitantes por hectárea, y cinco o seis pisos de construcción, no se afectaría el equilibrio entre equipamiento e infraestructura. Además, permitiría generar vida de barrio, donde la gente puede reconocerse entre sí, lo que influye en una mayor seguridad”, sostiene.

El académico de la Escuela de Arquitectura del plantel estatal también grafica con Peñalolén el problema que provoca que no se actualicen los planes reguladores. “La comunidad ecológica de esa comuna se niega a permitir la modificación de este instrumento, para impedir que una persona con menores recursos que ellos pueda optar a un subsidio del Estado para instalarse en esa zona”, explica.

Finalmente, el Dr. Muñoz reconoce que un plan regulador no puede eliminar los llamados “guetos urbanos” que ya fueron construidos, ya que no tiene efecto retroactivo. Sin embargo, enfatiza que el rediseño del instrumento puede permitir que no vuelvan a repetirse, si se definen alturas y densidades máximas adecuadas por manzana o hectárea, fijando normas que ninguna inmobiliaria podría evadir. Por eso, considera que una vez definidos en esta veintena de comunas de Santiago, debieran actualizarse cada cinco años.

“Contar con instrumentos de planificación permite ordenar el diseño urbano de las ciudades, para poder establecer parámetros de búsqueda tanto del bien común como de la equidad social y territorial. La única manera de lograr esto es con un instrumento que defina la trama diaria, la instalación del equipamiento, la residencia y el espacio público, para avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas”, concluye.