Seguridad en los edificios y en los espacios urbanos; establecer condiciones de higiene en dichos espacios y fijar sus límites de densidad poblacional. Estos son algunos de los aspectos que norma un plan regulador. De acuerdo a un sondeo realizado por El Mercurio, veinte municipios del Gran Santiago se encuentran efectuando modificaciones a estos instrumentos, ya que algunos tienen más de 30 años sin actualizarse o abarcan solo una parte de su territorio. Según comentaron al diario de circulación nacional, los cambios debieran estar vigentes en 2021.
Para el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Carlos Muñoz, la actualización de los planes reguladores proporciona una mayor equidad en la distribución de los espacios de la capital que, en la actualidad, se encuentran caracterizados por una gran segregación socioeconómica. “Hay zonas donde, efectivamente, los valores de los inmuebles se han disparado, porque hay lugares que no permiten una densidad media suficientemente atractiva para construir. Por ende, estos espacios se ofertan a precios que no son razonables para toda la población, sino solo para algunos sectores privilegiados”, explica.
De acuerdo al especialista, esto se observa en comunas como Ñuñoa, donde hay zonas que no permiten una mayor densidad de construcción. Si se ampliara dicha densidad de manera “razonable”, estima, los precios disminuirían y permitirían un acceso más heterogéneo a estos espacios. “Si estos lugares permitieran 400 o 600 habitantes por hectárea, y cinco o seis pisos de construcción, no se afectaría el equilibrio entre equipamiento e infraestructura. Además, permitiría generar vida de barrio, donde la gente puede reconocerse entre sí, lo que influye en una mayor seguridad”, sostiene.
El académico de la Escuela de Arquitectura del plantel estatal también grafica con Peñalolén el problema que provoca que no se actualicen los planes reguladores. “La comunidad ecológica de esa comuna se niega a permitir la modificación de este instrumento, para impedir que una persona con menores recursos que ellos pueda optar a un subsidio del Estado para instalarse en esa zona”, explica.
Finalmente, el Dr. Muñoz reconoce que un plan regulador no puede eliminar los llamados “guetos urbanos” que ya fueron construidos, ya que no tiene efecto retroactivo. Sin embargo, enfatiza que el rediseño del instrumento puede permitir que no vuelvan a repetirse, si se definen alturas y densidades máximas adecuadas por manzana o hectárea, fijando normas que ninguna inmobiliaria podría evadir. Por eso, considera que una vez definidos en esta veintena de comunas de Santiago, debieran actualizarse cada cinco años.
“Contar con instrumentos de planificación permite ordenar el diseño urbano de las ciudades, para poder establecer parámetros de búsqueda tanto del bien común como de la equidad social y territorial. La única manera de lograr esto es con un instrumento que defina la trama diaria, la instalación del equipamiento, la residencia y el espacio público, para avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas”, concluye.
