Hace algunos días, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, afirmó que no estaba al tanto de que los contactos que el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, mantenía con Giorgio Martelli, en el marco del financiamiento de su pre candidatura. Asimismo, respecto a que se llegara a comprobar que dineros de SQM la financiaron, aquello “sería doloroso”, declaró.

Para el decano de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Dr. Marcelo Mella Polanco, los actos personales, como el de Bachelet, son valiosos pero no atacan el fondo del problema. “La autocrítica moral es buena pero no construye un país distinto”, sentencia.

“Me parece que es insostenible que la Presidenta diga que no sabía o que no estaba al tanto. Lo que corresponde, es asumir el conjunto de prácticas  irregulares, que fueron parte de los modos de hacer tradicional de la política chilena durante las dos primeras décadas de nuestra democracia pos dictadura”, reflexiona.

Enfatiza el decano que “vale la pena enfrentar el problema de fondo, cuando ya nos hemos dado cuenta que el tema de las precampañas y el financiamiento irregular del quehacer político, es un asunto que afecta a todos los partidos”.

Precisa que, hasta el momento, no se ha realizado un debate que se enfoque en los puntos relevantes del tema, sino más bien lo que ha existido son actos de contrición o arrepentimiento, que no van hacia el fondo del asunto;  esto es, la probidad en la actividad política.

Oportunidad perdida

Marcelo Mella cree lamentable que, durante el discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet no haya propuesto a la nación medidas en la materia; que fijen una posición y políticas que ayuden al país a salir de la situación de incertidumbre en la que se encuentra.

En ese sentido, “el comportamiento del Gobierno ha sido excesivamente reactivo  frente a este tema. Ha pasado demasiado tiempo, y no ha tenido una política clara respecto de regulaciones, servicio electoral y del financiamiento público de la actividad política”.

“De lo que estamos hablando es, por una parte, de establecer un marco regulatorio que se corresponda con nuestra expectativa de lo que es el funcionamiento democrático con ciertos niveles mínimos de transparencia; y, por otra, de definir qué es lo que corresponde a buenas y malas prácticas”.

Fundamenta que pese a que realizar una pre campaña no es un delito, esto “no significa que debamos ser tolerantes a la mala forma de financiar campañas como ha ocurrido en los últimos 20 años en nuestro país”.

La solución

Cree el decano Mella, que el Ejecutivo debería establecer marcos regulatorios más estrictos, que “eliminen al máximo los niveles de informalidad en el financiamiento de las campañas”.

En ese sentido, el académico estima que se deberían fortalecer órganos como el Servicio Electoral, otorgándoles competencias tales como las que posee una contraloría, es decir en materia de investigación y regulación.

Agrega que es necesario definir “una matriz  de financiamiento público, que nos permita disminuir el peso que tiene el sector privado en la actividad política institucional en Chile”.

El decano cree que las medidas propuestas “son lo que el país espera y demanda”, porque determinaciones como cambios dentro del gabinete, no lograrán que la opinión pública obvie el asunto.

“No porque Jorge Burgos, en su calidad de ministro del Interior, no tenga los cuestionamientos que posee Rodrigo Peñailillo, el tema del financiamiento en la política va a dejar de ser parte de la discusión pública nacional”, concluye.

• Para el sociólogo y académico de nuestra Universidad, Alberto Mayol, poner fin a la falta de probidad en la política nacional requiere de cambios estructurales, partiendo por una nueva Constitución y un marco regulatorio que le otorgue más poder a la política, por sobre los intereses económicos. Para el experto la explicación de lo ocurrido en el último tiempo es clara: la legislación lo ha permitido.

Con la reciente renuncia de Jorge Insunza a la Secretaría General de la Presidencia, Segpres, la crisis por la que pasa la política en nuestro país se acrecentó, y la ciudadanía cada día desconfía más de las personas que nos representan y tienen el poder.

El sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, de la Facultad de Administración y Economía, de nuestra Universidad, Alberto Mayol, expresa que no hay duda que es complejo escenario que vive la política en Chile, esbozando que se debe cambiar toda la estructura política y económica del país para que ello se revierta.

 “Así funciona la política desde hace años. Y, la verdad, es que nadie tenía contemplado que se corriera la línea que delimitaba políticamente lo correcto y de lo incorrecto, y menos lo legal de lo ilegal. Así, cambiando esa línea, que deriva del gran cambio de la estructura de la dinámica de la sociedad chilena en términos culturales, no cabe duda que la elite se  ve obligada a adaptarse a este nuevo escenario y, obviamente, le cuesta mucho. Pero esto era lo normal”, expresa.

No había prohibición

Siguiendo la idea, indica que “estamos hablando que nuestra legislación no prohibía a los diputados y senadores hacer asesorías a cualquier empresa, sirviendo al interés particular y al general al mismo tiempo. Una cosa que era completamente absurda. Entonces, esto deviene del hecho que hay un error del Gobierno, de Jorge Insunza, pero eso es lo especifico del caso, pero no amerita un análisis casuístico, porque esto ya es un fenómeno”.

Explica que “el error original” fue haber entregado a Rodrigo Peñailillo (o sea, sacarlo del Gobierno), “por un caso que era completamente normal dentro del sistema” y abriendo una grieta “de destrucción interna para la estructura del Ejecutivo”.

“Esto es una variante de los años 90 con las irregularidades de Codelco, de lo que pasó en los inicio de la década del 2000 con los casos MOP GATE, Inverlink, CORFO, entre otros, y hoy estamos viendo cómo se construyó un mercado de la política donde las empresas compraban servicios políticos”, recalcó.

No hay legislación

Añade que “la transformación que la política requería era muy significativa. No hay ninguna legislación que se esté haciendo para mejorar las dinámicas corporativas de las empresas. Allí fue donde comenzaron estas malas prácticas y predominaron por medio de sus directorios como asesorías. Y, finalmente, los que pagan todo esto están en la política, la que cada vez está más restrictiva, más complicada, mientras la economía vive tranquilamente al medio de la crisis”.

“Por lo mismo, en este escenario la política no ha sabido reaccionar y ha tenido que absorber completa la crisis, cuando esta es responsabilidad de ambas partes incluyendo a la elite económica”, enfatiza.

“Nosotros asumimos un modelo de sociedad donde esto era lo normal; entonces, hoy lo que me parece absurdo es que discutamos sobre personas”, subraya el académico de nuestra Universidad.

Soluciones

Expresa el experto que, para mejorar esta situación, se debe cambiar toda la estructura política y económica del país. Para eso se debe ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución y un marco regulatorio que le entregue más poder a la política, por sobre los intereses económicos.

“Hay que cambiar toda la estructura política y económica del país, la legislación permitía que un diputado fuera a la vez el presidente de la comisión de minería que investigaba el caso de Codelco y a al mismo tiempo pudiera hacer informes políticos a otra minera”, señala.

Mayol, enfatiza que “necesitamos una transformación muy radical, refundacional. Hay que ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución hasta un marco regulatorio completamente nuevo, donde se le entregue más poder a la política. Hacerlo es complicado, porque la política vive una crisis de confianza. El problema es que los que tienen más poder son los que tienen el dinero por sobre la política; entonces, hay que compensar el poder de la política frente al dinero. Para eso hay que establecer las regulaciones en el dinero, para que la gente que lo quiere se vaya ahí y no a la política”.

Imagen

Explica que “Chile es más sano hoy que hace 10 años, porque está tratando estos temas, y cualquier persona que no tenga una mirada caricaturesca de los otros países entenderá que es mucho más razonable que se procesen los casos de corrupción a que no se haga. Por lo tanto, lo relevante es construir, de aquí a un periodo de corto o mediano plazo, una sociedad que funcione sanamente. Y estamos más cerca que lejos de eso”.

Sobre cómo mejorar la imagen de los políticos, el sociólogo dijo que “en la medida que abran las puertas a la participación ciudadana, y se hagan un trabajo territorial fuerte, generará una gran impacto, pero eso requiere mucho tiempo”.

Con la reciente renuncia de Jorge Insunza a la Secretaría General de la Presidencia, Segpres, la crisis por la que pasa la política en nuestro país se acrecentó, y la ciudadanía cada día desconfía más de las personas que nos representan y tienen el poder.

El sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, de la Facultad de Administración y Economía, de nuestra Universidad, Alberto Mayol, expresa que no hay duda que es complejo escenario que vive la política en Chile, esbozando que se debe cambiar toda la estructura política y económica del país para que ello se revierta.

“Así funciona la política desde hace años. Y, la verdad, es que nadie tenía contemplado que se corriera la línea que delimitaba políticamente lo correcto y de lo incorrecto, y menos lo legal de lo ilegal. Así, cambiando esa línea, que deriva del gran cambio de la estructura de la dinámica de la sociedad chilena en términos culturales, no cabe duda que la elite se  ve obligada a adaptarse a este nuevo escenario y, obviamente, le cuesta mucho. Pero esto era lo normal”, expresa.

No había prohibición

Siguiendo la idea, indica que “estamos hablando que nuestra legislación no prohibía a los diputados y senadores hacer asesorías a cualquier empresa, sirviendo al interés particular y al general al mismo tiempo. Una cosa que era completamente absurda. Entonces, esto deviene del hecho que hay un error del Gobierno, de Jorge Insunza, pero eso es lo especifico del caso, pero no amerita un análisis casuístico, porque esto ya es un fenómeno”.

Explica que “el error original” fue haber entregado a Rodrigo Peñailillo (o sea, sacarlo del Gobierno), “por un caso que era completamente normal dentro del sistema” y abriendo una grieta “de destrucción interna para la estructura del Ejecutivo”.

“Esto es una variante de los años 90 con las irregularidades de Codelco, de lo que pasó en los inicio de la década del 2000 con los casos MOP GATE, Inverlink, CORFO, entre otros, y hoy estamos viendo cómo se construyó un mercado de la política donde las empresas compraban servicios políticos”, recalcó.

No hay legislación

Añade que “la transformación que la política requería era muy significativa. No hay ninguna legislación que se esté haciendo para mejorar las dinámicas corporativas de las empresas. Allí fue donde comenzaron estas malas prácticas y predominaron por medio de sus directorios como asesorías. Y, finalmente, los que pagan todo esto están en la política, la que cada vez está más restrictiva, más complicada, mientras la economía vive tranquilamente al medio de la crisis”.

“Por lo mismo, en este escenario la política no ha sabido reaccionar y ha tenido que absorber completa la crisis, cuando esta es responsabilidad de ambas partes incluyendo a la elite económica”, enfatiza.

“Nosotros asumimos un modelo de sociedad donde esto era lo normal; entonces, hoy lo que me parece absurdo es que discutamos sobre personas”, subraya el académico de nuestra Universidad.

Soluciones

Expresa el experto que, para mejorar esta situación, se debe cambiar toda la estructura política y económica del país. Para eso se debe ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución y un marco regulatorio que le entregue más poder a la política, por sobre los intereses económicos.

“Hay que cambiar toda la estructura política y económica del país, la legislación permitía que un diputado fuera a la vez el presidente de la comisión de minería que investigaba el caso de Codelco y a al mismo tiempo pudiera hacer informes políticos a otra minera”, señala.

Mayol, enfatiza que “necesitamos una transformación muy radical, refundacional. Hay que ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución hasta un marco regulatorio completamente nuevo, donde se le entregue más poder a la política. Hacerlo es complicado, porque la política vive una crisis de confianza. El problema es que los que tienen más poder son los que tienen el dinero por sobre la política; entonces, hay que compensar el poder de la política frente al dinero. Para eso hay que establecer las regulaciones en el dinero, para que la gente que lo quiere se vaya ahí y no a la política”.

Imagen

Explica que “Chile es más sano hoy que hace 10 años, porque está tratando estos temas, y cualquier persona que no tenga una mirada caricaturesca de los otros países entenderá que es mucho más razonable que se procesen los casos de corrupción a que no se haga. Por lo tanto, lo relevante es construir, de aquí a un periodo de corto o mediano plazo, una sociedad que funcione sanamente. Y estamos más cerca que lejos de eso”.

Sobre cómo mejorar la imagen de los políticos, el sociólogo dijo que “en la medida que abran las puertas a la participación ciudadana, y se hagan un trabajo territorial fuerte, generará una gran impacto, pero eso requiere mucho tiempo”.

• El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INE (trimestre móvil febrero-abril 2015), refleja que aumentaron las personas que no desean ingresar al mundo laboral. Para el Dr. en Sociología e investigador del IDEA de nuestra Universidad, Cristián Parker, tal  escenario se produce porque ahora la mujer busca autonomía, lo que la lleva a buscar un título a nivel de estudios superiores.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, arrojó que la tasa de desocupación del trimestre móvil febrero-abril alcanzó un 6,1 por ciento. De dicho porcentaje, unas 493 mil personas -sobre todo mujeres jóvenes- dieron como razón de su inactividad el hecho de que no tienen deseos de trabajar, lo que lleva a tratar de encontrar razones para esas respuestas del organismo oficial.

En este escenario, el Dr. en Sociología e  investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, Cristián Parker, analizó el fenómeno indicando que se debe entender que “se ha transformado la estructura familiar y el rol de la mujer ha ido variando sustancialmente”.

“Eso significa, por los estudios que se han hecho, que la mujer tiene una propensión mucho mayor en la actualidad de la búsqueda de autonomía, es decir, a la búsqueda de cuestiones que están vinculadas con su propio desarrollo personal, porque no quieren depender de otras personas, como por ejemplo de un marido”.

“En la estructura de relación entre hombre ymujer, está claro que actualmente los jóvenes se casan menos y las mujeres no quieren depender de su marido. Entonces, si la mujer no se está incorporando al mercado laboral no es a causa de que esté produciéndose mayores matrimonios tradicionales que podría ser una explicación”, subrayó el Dr. en Sociología.

“En términos de mercado laboral muchas veces esa búsqueda de autonomía la mujer quiere estudiar y desarrollarse más, por ende, la proporción de mujeres que están en educación superior ha crecido, entonces  hay mucho más estudiantes del sexo femenino que antes y eso aumenta la población inactiva”, agregó el Dr. Parker.

Otro de los factores que argumentó el experto, tiene que ver con la responsabilidad que asumen las mujeres tempranamente, porque “se quieren quedar en casa al ser madres solteras, y tienen ocupaciones al interior de la familia que ellas quieren dedicarse más, por lo tanto, retrasan su ingreso al mercado laboral”.

En cuanto a las condiciones laborales,  el  investigador del  IDEA  indicó que “estas influyen en menor medida, debido a que las situaciones inconvenientes para la mujer, como lo podría ser un transporte colapsado, en general influye tanto para el hombre como para la mujer, por lo que no explica el porqué la mujer incrementa la tasa de población que no tiene deseos de trabajar, sino que tiene que ver con su propia perspectiva de desarrollo personal”.

• Marcos Barraza Gómez, psicólogo social y clínico titulado por nuestra Universidad, se desempeñaba hasta ayer como subsecretario de Previsión Social. En 1998, ocupó el cargo de presidente de la Federación de Estudiantes (Feusach). El rector de la Universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, junto con mostrar su complacencia por tan alta designación al ex dirigente, puntualizó que “nuestros estudiantes y profesionales tienen, además de las competencias en los temas propios de la disciplina, una formación y responsabilidad social que yo diría es única comparada con cualquier otra institución”.

Hace dos semanas, el hoy ministro de Desarrollo Social visitó nuestro Campus para dictar una charla sobre la nueva Ley Laboral, organizada por la Fundación de Egresados y Amigos de la U. de Santiago de Chile (Fudea) con el Consejo de Desarrollo Social Empresarial (Cedes) de la Vicerrrectoría de Vinculación con el Medio.

Autoridades de nuestra corporación, no ocultaron su satisfacción por la designación, y solo tuvieron palabras de elogio para Marcos Barraza Gómez.

El rector de la Universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, junto con mostrar su complacencia por tan alta designación al ex dirigente, puntualizó que “nuestros estudiantes y profesionales tienen, además de las competencias en los temas propios de la disciplina, una formación y responsabilidad social que yo diría es única comparada con cualquier otra institución; por lo tanto, me parece lógico y meritorio el nombramiento de Marcos Barraza como Secretario de Estado. Creo que su Excelencia tiene una preocupación especial por el tema de Desarrollo Social y ha valorado  el trabajo desempeñado en la Subsecretaría de Previsión Social”.

A su vez, el Vicerrector de Vinculación con el Medio (ViME), y ex profesor del flamante ministro cuando era estudiante de psicología, Dr. Sergio González Rodríguez, coincide con el rector Zolezzi, calificando como fundamental la labor que Marcos Barraza cumplió como subsecretario de Previsión Social. “Tuvo un muy buen desempeño, donde se destacó por establecer nexos con todos los actores dentro de los sistemas de protección, ligados al trabajo”, expresó.

“Para un egresado de la Universidad de Santiago, ser ministro de Desarrollo Social está muy acorde con el perfil que tiene Marcos como ex estudiante nuestro”, complementó el Vicerrector.

Por su parte, el Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella, estima que el nombramiento responde a las capacidades de Barraza, pero también a su preparación adquirida en las aulas de la Universidad de Santiago.

“Interpretamos esta designación como un reconocimiento al sello de nuestros egresados. Nosotros no sólo trabajamos en la Universidad de Santiago para formar profesionales de excelencia, sino también para formar ciudadanos activos y comprometidos, y desde ese punto de vista, nos parece extraordinario que un egresado nuestro sea hoy ministro de Estado”, dijo Mella.

Finalmente, para el Dr. Sergio González, el sello de la gestión del nuevo titular de Desarrollo Social estará ligado ineludiblemente al de nuestra Casa de Estudios.

“En el ministerio de Desarrollo Social, en que Marcos Barraza va a tener que cumplir con toda una agenda, que tiene que ver con la promoción y la instalación de derechos de la población más vulnerable frente al Estado, ahí va a tener una mirada imbuida por el sello de nuestra universidad”, subrayó el Vicerrector de Vinculación con el Medio.

Los desafíos del ministro

El currículo de Marcos Barraza Gómez establece que es psicólogo social y clínico titulado en nuestra Universidad; Bachiller en Ciencias y Humanidades, egresado de Tecnología en Administración de personal de esta misma Casa de Estudios, y ex presidente de la Feusach, en 1998. Asimismo, es diplomado en Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales, por la Universidad de Chile. Fue director del Instituto de Ciencias Alejandro Lischutz (ICAL), donde dirigió investigaciones en torno al derecho laboral y la precariedad del trabajo en el ámbito del retail, y los sectores de servicios y forestal.

El ministerio de Desarrollo Social, cuenta con un presupuesto de 900 millones de dólares. El Ingreso Ético Familiar, el bono marzo y diversos fondos asignables a microemprendedores, adultos mayores y personas discapacitadas, son algunos de sus programas más relevantes.

A un día de haber asumido, el ministro Barraza ya deslinda objetivos.

“Tenemos una agenda en materia de desarrollo social muy intensa, por ejemplo la Casen, los pueblos originarios, los adultos mayores. Es un ministerio donde la protección social es el centro. En los próximos días vamos a hacer anuncios sobre cómo seguir este itinerario, que lideraba muy bien la ministra Villegas”, declaró ayer al diario La Tercera.

Apuesta por un gran cometido

“El trabajo que va a tener que enfrentar el señor Barraza, como Ministro de Desarrollo Social, tiene plena concordancia con las tareas prioritarias que la Universidad de Santiago, y que nuestra Facultad de Humanidad, ha asumido”, dice el decano Marcelo Mella.

La construcción de una sociedad democrática con mayores niveles de justicias e igualdad, y con una ciudadanía activa y mucho más responsable frente a los grandes temas de política pública, son preocupaciones que, a juicio de Mella, están dentro del horizonte del nuevo ministro de Desarrollo Social.

“Creo que el desafío de construir un país con una ciudadanía más involucrada, es un área prioritaria para la Universidad de Santiago, y en ese punto vemos que hay una tremenda continuidad entre la designación del señor Barraza, como ministros de Desarrollo Social, y los temas que a nosotros nos preocupan como Universidad y Facultad”, sentencia el Dr. Mella.
 

• Según el cientista político, Dr. Marcelo Mella Polanco, el nuevo gabinete inyecta nuevos aires y derriba la idea de que la ‘vieja guardia de la Concertación’ se apoderaría de los espacios ministeriales, retrasando e impidiendo el avance de las reformas que la Presidenta comprometió en su programa. A su juicio, esta renovación claramente responde a la necesidad de la Presidenta por superar la crisis de credibilidad que la afecta y las condiciones para la gestión parlamentaria de los proyectos de ley que están pendientes.

Gran expectación generó, el anuncio que la Presidenta Michelle Bachelet realizó  hace unos días, en un programa de televisión, donde  aseguró haber pedido la renuncia a todo su gabinete y fijarse un período de 72 horas para definir a las nuevas autoridades ministeriales. Entonces, tras especulaciones y teorizaciones que marcaron la agenda mediática, durante la mañana de ayer -en el salón Montt Varas del palacio de La Moneda-  se efectuó la ceremonia oficial que dio paso a los esperados cambios.

Enroques y rostros nuevos, tal vez es la frase que mejor describa lo sucedido. 

Salieron definitivamente del gabinete, Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas, Álvaro Elizalde, Fernanda Villegas y Claudia Barattini. Entraron, Rodrigo Valdés, Jorge Insunza, Marcelo Díaz y Ernesto Ottone. Se mantuvieron, pero cambiado de cartera, Jorge Burgos, Ximena Rincón, Javiera Blanco y José Antonio Gómez.

En definitiva, los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Trabajo, Justicia, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Social y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, vivieron modificaciones.

Superar la crisis

Para el magíster en ciencia política y doctor en Estudios Americanos por el Instituto de Estudios Avanzados(IDEA), Marcelo Mella Polanco, “la señal del cambio de gabinete, responde a la necesidad de la Presidenta por superar la crisis de credibilidad que la afecta y las condiciones para la gestión parlamentaria de los proyectos de ley que están pendientes”.

Respecto a los nombres elegidos por la Mandataria -entre ellos el del ex subsecretario de Previsión Social y psicólogo titulado en nuestro Plantel, Marcos Barraza-"derribaron el mito, que había aparecido en las últimas semanas, de que la vieja guardia de la Concertación se iba a apoderar de los espacios ministeriales, retrasando e impidiendo el avance de las reformas que la Presidenta comprometió en el programa”, subraya el especialista.

Añade que “la composición del nuevo gabinete, al menos, permite superar esa tensión que existía en algunos sectores políticos del eje más bien progresista de la Nueva Mayoría”.

Los elegidos

En la oposición tuvo buena acogida el nombramiento de Jorge Burgos (DC), como nuevo ministro del Interior. Por ejemplo, el senador Andrés Allamand celebró la designación, mientras que la diputada de Amplitud, Karla Rubilar, lo calificó como un hombre de Estado “siempre dispuesto al dialogo”.

Al respecto, Marcelo Mella aclara que el espíritu del nombramiento responde, más bien, a la conformación de un gabinete balanceado respecto a la distribución de los partidos que componen la Nueva Mayoría.

“Hay algunos nombramientos que podrían ser más bien representativos de sectores un poco más tradicionales dentro de la coalición, pero creo que la Presidenta requería designar un gabinete que tuviera ciertos equilibrios y que estos reflejen la diversidad que existe dentro de la coalición, de lo contrario la gestión política de la presidencia se vuelve muy compleja”, explica el especialista.

Tres razones

Agrega que no tiene sentido hacer un análisis nombre a nombre; ministerio a ministerio, porque lo que corresponde es mirarlo el fenómeno en su totalidad. Enfatiza que para entender el cambio de gabinete se deben asociar tres razones de fondo.

Primero, que  la Presidenta “responde a un contexto de crisis por credibilidad, relacionado con todos los temas de probidad, conflictos de interés, y eventuales situaciones de corrupción”.

El segundo aspecto tiene relación con “los problemas crecientes que ha tenido el gobierno, en la gestión política de los proyectos de ley en el parlamento”.

Finalmente, es un auxilio para “resolver la división interna que existe dentro de la coalición de respaldo”.

Para Marcelo Mella el tema no es menor, pues hasta el momento Michelle Bachelet no ha logrado consolidar un programa que refleje acuerdos profundos sobre asuntos programáticos, teniendo que adoptar un tranco pausado debido a las discusiones generadas al interior de la Nueva Mayoría.

Por eso, estima el cientista político, “la designación de este nuevo gabinete debe poner por delante, la necesidad de construir un camino con una mayor moderación a lo que ocurrió en el primera etapa, para poder alcanzar los grandes objetivos que están trazados en su programa de reformas”.

De no ser así, cree Mella, no solo se compromete el programa de reformas de la Presidenta, sino que la gobernabilidad de la coalición. “Si son acertados los cambios dependerá de los tres puntos antes señalados”, sentencia.

Gran expectación generó, el anuncio que la Presidenta Michelle Bachelet realizó  hace unos días, en un programa de televisión, donde  aseguró haber pedido la renuncia a todo su gabinete y fijarse un período de 72 horas para definir a las nuevas autoridades ministeriales. Entonces, tras especulaciones y teorizaciones que marcaron la agenda mediática, durante la mañana de ayer -en el salón Montt Varas del palacio de La Moneda-  se efectuó la ceremonia oficial que dio paso a los esperados cambios.

Enroques y rostros nuevos, tal vez es la frase que mejor describa lo sucedido.

Salieron definitivamente del gabinete, Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas, Álvaro Elizalde, Fernanda Villegas y Claudia Barattini. Entraron, Rodrigo Valdés, Jorge Insunza, Marcelo Díaz y Ernesto Ottone. Se mantuvieron, pero cambiado de cartera, Jorge Burgos, Ximena Rincón, Javiera Blanco y José Antonio Gómez.

En definitiva, los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Trabajo, Justicia, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Social y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, vivieron modificaciones.

Superar la crisis

Para el magíster en ciencia política y doctor en Estudios Americanos por el Instituto de Estudios Avanzados(IDEA), Marcelo Mella Polanco, “la señal del cambio de gabinete, responde a la necesidad de la Presidenta por superar la crisis de credibilidad que la afecta y las condiciones para la gestión parlamentaria de los proyectos de ley que están pendientes”.

Respecto a los nombres elegidos por la Mandataria -entre ellos el del ex subsecretario de Previsión Social y psicólogo titulado en nuestro Plantel, Marcos Barraza-"derribaron el mito, que había aparecido en las últimas semanas, de que la vieja guardia de la Concertación se iba a apoderar de los espacios ministeriales, retrasando e impidiendo el avance de las reformas que la Presidenta comprometió en el programa”, subraya el especialista.

Añade que “la composición del nuevo gabinete, al menos, permite superar esa tensión que existía en algunos sectores políticos del eje más bien progresista de la Nueva Mayoría”.

Los elegidos

En la oposición tuvo buena acogida el nombramiento de Jorge Burgos (DC), como nuevo ministro del Interior. Por ejemplo, el senador Andrés Allamand celebró la designación, mientras que la diputada de Amplitud, Karla Rubilar, lo calificó como un hombre de Estado “siempre dispuesto al dialogo”.

Al respecto, Marcelo Mella aclara que el espíritu del nombramiento responde, más bien, a la conformación de un gabinete balanceado respecto a la distribución de los partidos que componen la Nueva Mayoría.

“Hay algunos nombramientos que podrían ser más bien representativos de sectores un poco más tradicionales dentro de la coalición, pero creo que la Presidenta requería designar un gabinete que tuviera ciertos equilibrios y que estos reflejen la diversidad que existe dentro de la coalición, de lo contrario la gestión política de la presidencia se vuelve muy compleja”, explica el especialista.

Tres razones

Agrega que no tiene sentido hacer un análisis nombre a nombre; ministerio a ministerio, porque lo que corresponde es mirarlo el fenómeno en su totalidad. Enfatiza que para entender el cambio de gabinete se deben asociar tres razones de fondo.

Primero, que  la Presidenta “responde a un contexto de crisis por credibilidad, relacionado con todos los temas de probidad, conflictos de interés, y eventuales situaciones de corrupción”.

El segundo aspecto tiene relación con “los problemas crecientes que ha tenido el gobierno, en la gestión política de los proyectos de ley en el parlamento”.

Finalmente, es un auxilio para “resolver la división interna que existe dentro de la coalición de respaldo”.

Para Marcelo Mella el tema no es menor, pues hasta el momento Michelle Bachelet no ha logrado consolidar un programa que refleje acuerdos profundos sobre asuntos programáticos, teniendo que adoptar un tranco pausado debido a las discusiones generadas al interior de la Nueva Mayoría.

Por eso, estima el cientista político, “la designación de este nuevo gabinete debe poner por delante, la necesidad de construir un camino con una mayor moderación a lo que ocurrió en el primera etapa, para poder alcanzar los grandes objetivos que están trazados en su programa de reformas”.

De no ser así, cree Mella, no solo se compromete el programa de reformas de la Presidenta, sino que la gobernabilidad de la coalición. “Si son acertados los cambios dependerá de los tres puntos antes señalados”, sentencia.

• Tras visitar las zonas afectadas por las lluvias y aluviones en la Región de Atacama, el académico de la Escuela de Arquitectura de nuestro Plantel, Jonás Figueroa Salas, elaboró un documento de diez puntos donde especifica las situaciones que llevaron a que las consecuencias fuesen tan dramáticas.

La madrugada del 24 de marzo pasado, un aluvión arrasó con gran parte de la Región de Atacama. El río Copiapó desbordó su cauce, abriéndose paso entre los poblados cercanos y arrastrando consigo todo lo que estuviese a su paso.

Tras las devastadoras consecuencias, el académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa Salas, es enfático en señalar, que es momento de adoptar cartas en el asunto. A juicio del experto en urbanismo, se deben tomar lecciones de lo sucedido en el norte del país, para encarar de mejor manera futuros desastres naturales.  “Cada evento dramático -meteorológico, telúrico, de tsunami- tiene que dejarnos lecciones para corregirlas”, dice enfático.

El estado de indefensión en que quedaron los damnificados del norte del país, tras el alud de barro y escombros que cubrió la zona -a juicio de Jonás Figueroa-  revela el actuar poco prolijo, que como sociedad, hemos tenido en asuntos territoriales.

Jonás Figueroa recorrió durante una semana, la zona de la catástrofe. “Estuve en Taltal, Chañaral, El Salado, Diego de Almagro, Copiapó, Paipote y Tierra Amarilla”, afirma mientras agrega que la principal batalla que enfrentan a diario los damnificados, son las secuelas psicológicas. “Tras ver como la corriente se  llevaba sus enceres, sus viviendas y hasta a  personas, los afectados quedaron muy impactados”, sentencia.

Mala planificación del espacio

“El estado en que se encuentran las orillas, las riberas, los márgenes de nuestros ríos, en algunos casos es deplorable”, denuncia el experto. “Indefinidos en su ancho, hemos dejado al mínimo estas trazas fluviales por lo cual -cuando han venido estos eventos meteorológicos violentos- se han llevado gran parte de esos rellenos que en algún momento, imprudentemente, realizamos sobre ellos”, sentencia.

“Es necesario que aunque haya flujos normales de agua, que los ríos sean ríos, y  no otras cosas como rellenos o usos urbanos como algunos parques o plazas, que se han remplazado a costa de quitarle ancho a las propias orillas”, explica Jonás Figueroa mientras agrega que pese a lo positivo que puedan ser la proliferación de áreas verdes, no es “conveniente”.

“Nuestros ríos están a la espera de que alguien se preocupe, que haya un organismo -un control, una normativa- que permita, en definitiva, mantenerlos como piezas paisajísticas en toda su extensión”, explica el académico Figueroa. Según el arquitecto, actualmente, nuestra sociedad no concibe la idea de que los ríos -y sus riberas- son estructuras que deban estar bien establecidas. “No tenemos presente que los ríos tienen que ser ríos y que las riberas tienen que estar bien constituidas, que los puentes deben tener la altura y el ancho necesario, para atrapar los volúmenes que trajeron el aluvión”.

Por qué hacer un decálogo

“No podemos esperar que, por el cambio climático, estos episodios meteorológicos violentos   se repitan con mayor frecuencia y tengamos que sufrir muchas veces la experiencia dramática de lo que hemos vivido”, explica el académico Jonás Figueroa. Según el arquitecto, se necesita un mayor gobierno del territorio, que evite la repetición de este tipo de situaciones, mediante planes de ordenamiento territorial que permitan anticiparse a la emergencia.

“Necesitamos que los planes e instrumentos que tenemos de ordenamiento urbano, productivo y energético, tengan la cultura de la prevención”, subraya Figueroa. A juicio del urbanista, en momento hay una carencia evidente en este aspecto porque “instalamos personas, casas, áreas urbanas en zonas inundables -de riesgo meteorológico, telúrico- y eso no puede ser”.

El documento

“A propósito de una visita a zonas siniestradas por fenómenos meteorológicos de las Regiones de Antofagasta y Atacama, Abril 2015.

Algunos datos a tener presente en las labores de reconstrucción y en las directrices de ordenamiento territorial:

1.- Trazas fluviales indefinidas, carentes de los perfiles requeridos para recibir flujos violentos, ocupadas por trazas ferroviarias, carreteras, calles urbanas y otras infraestructuras: caso de las localidades de Taltal, Chañaral, El Salado y Diego de Almagro.

2.- Estrechamiento de los anchos de la caja fluvial sin la debida profundización del cauce respectivo, con el fin de instalar usos urbanos: caso de los ríos Copiapó y El Salado.

3.- Ausencia de soluciones de continuidad que canalicen los flujos de quebradas hacia las trazas fluviales: caso de la quebrada Paipote – Puquios hacia el río Copiapó.

4.- Áreas residenciales instaladas en zonas de baja aptitud urbana, sujetas  a altas probabilidades de recibir flujos meteorológicos violentos: quebradas, pendientes extremas, fondos de valles, etc.: casos de localidades de Paipote, Tierra Amarilla, Los Loros, Chañaral y El Salado.

5.- Cauces fluviales utilizados como depósitos de rellenos de escombros y basuras, ocupados por instalaciones urbanas, viviendas y centros comerciales: caso de los ríos Copiapó y El Salado.

6.- Ausencia de trazas que canalicen flujos de avenidas violentas, al modo de cañadas, desviando las aguas hacia zonas lejanas de los usos urbanos: caso de las localidades de Diego de Almagro y Chañaral.

7.- Obras de ornato del espacio público ajenas a situaciones climáticas extremas: caso de Taltal con aguas desviadas hacia zonas residenciales  a través de plazas y calles construidas sobre el nivel de las viviendas.

8.- Puentes fluviales sin los anchos y alturas requeridas para el paso de volúmenes arrastrados por los aluviones, transformándose en diques que desviaron las aguas hacia zonas urbanas: caso de localidades de Diego de Almagro, Chañaral y Paipote.

9.- Ciudades situadas en suelos de alta complejidad topográfica no preparadas para episodios meteorológicos violentos, que por el llamado cambio climático, se harán presentes con una mayor frecuencia que en el pasado.

10.- Carencia de disciplina y control municipal sobre los usos y el estado de las riberas, las orillas, las vegas y los márgenes de ríos y quebradas”.

 

La madrugada del 24 de marzo pasado, un aluvión arrasó con gran parte de la Región de Atacama. El río Copiapó desbordó su cauce, abriéndose paso entre los poblados cercanos y arrastrando consigo todo lo que estuviese a su paso.

Tras las devastadoras consecuencias, el académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa Salas, es enfático en señalar, que es momento de adoptar cartas en el asunto. A juicio del experto en urbanismo, se deben tomar lecciones de lo sucedido en el norte del país, para encarar de mejor manera futuros desastres naturales.  “Cada evento dramático -meteorológico, telúrico, de tsunami- tiene que dejarnos lecciones para corregirlas”, dice enfático.

El estado de indefensión en que quedaron los damnificados del norte del país, tras el alud de barro y escombros que cubrió la zona -a juicio de Jonás Figueroa-  revela el actuar poco prolijo, que como sociedad, hemos tenido en asuntos territoriales.

Jonás Figueroa recorrió durante una semana, la zona de la catástrofe. “Estuve en Taltal, Chañaral, El Salado, Diego de Almagro, Copiapó, Paipote y Tierra Amarilla”, afirma mientras agrega que la principal batalla que enfrentan a diario los damnificados, son las secuelas psicológicas. “Tras ver como la corriente se  llevaba sus enceres, sus viviendas y hasta a  personas, los afectados quedaron muy impactados”, sentencia.

Mala planificación del espacio

“El estado en que se encuentran las orillas, las riberas, los márgenes de nuestros ríos, en algunos casos es deplorable”, denuncia el experto. “Indefinidos en su ancho, hemos dejado al mínimo estas trazas fluviales por lo cual -cuando han venido estos eventos meteorológicos violentos- se han llevado gran parte de esos rellenos que en algún momento, imprudentemente, realizamos sobre ellos”, sentencia.

“Es necesario que aunque haya flujos normales de agua, que los ríos sean ríos, y  no otras cosas como rellenos o usos urbanos como algunos parques o plazas, que se han remplazado a costa de quitarle ancho a las propias orillas”, explica Jonás Figueroa mientras agrega que pese a lo positivo que puedan ser la proliferación de áreas verdes, no es “conveniente”.

“Nuestros ríos están a la espera de que alguien se preocupe, que haya un organismo -un control, una normativa- que permita, en definitiva, mantenerlos como piezas paisajísticas en toda su extensión”, explica el académico Figueroa. Según el arquitecto, actualmente, nuestra sociedad no concibe la idea de que los ríos -y sus riberas- son estructuras que deban estar bien establecidas. “No tenemos presente que los ríos tienen que ser ríos y que las riberas tienen que estar bien constituidas, que los puentes deben tener la altura y el ancho necesario, para atrapar los volúmenes que trajeron el aluvión”.

Por qué hacer un decálogo

“No podemos esperar que, por el cambio climático, estos episodios meteorológicos violentos   se repitan con mayor frecuencia y tengamos que sufrir muchas veces la experiencia dramática de lo que hemos vivido”, explica el académico Jonás Figueroa. Según el arquitecto, se necesita un mayor gobierno del territorio, que evite la repetición de este tipo de situaciones, mediante planes de ordenamiento territorial que permitan anticiparse a la emergencia.

“Necesitamos que los planes e instrumentos que tenemos de ordenamiento urbano, productivo y energético, tengan la cultura de la prevención”, subraya Figueroa. A juicio del urbanista, en momento hay una carencia evidente en este aspecto porque “instalamos personas, casas, áreas urbanas en zonas inundables -de riesgo meteorológico, telúrico- y eso no puede ser”.

El documento

“A propósito de una visita a zonas siniestradas por fenómenos meteorológicos de las Regiones de Antofagasta y Atacama, Abril 2015.

Algunos datos a tener presente en las labores de reconstrucción y en las directrices de ordenamiento territorial:

1.- Trazas fluviales indefinidas, carentes de los perfiles requeridos para recibir flujos violentos, ocupadas por trazas ferroviarias, carreteras, calles urbanas y otras infraestructuras: caso de las localidades de Taltal, Chañaral, El Salado y Diego de Almagro.

2.- Estrechamiento de los anchos de la caja fluvial sin la debida profundización del cauce respectivo, con el fin de instalar usos urbanos: caso de los ríos Copiapó y El Salado.

3.- Ausencia de soluciones de continuidad que canalicen los flujos de quebradas hacia las trazas fluviales: caso de la quebrada Paipote – Puquios hacia el río Copiapó.

4.- Áreas residenciales instaladas en zonas de baja aptitud urbana, sujetas  a altas probabilidades de recibir flujos meteorológicos violentos: quebradas, pendientes extremas, fondos de valles, etc.: casos de localidades de Paipote, Tierra Amarilla, Los Loros, Chañaral y El Salado.

5.- Cauces fluviales utilizados como depósitos de rellenos de escombros y basuras, ocupados por instalaciones urbanas, viviendas y centros comerciales: caso de los ríos Copiapó y El Salado.

6.- Ausencia de trazas que canalicen flujos de avenidas violentas, al modo de cañadas, desviando las aguas hacia zonas lejanas de los usos urbanos: caso de las localidades de Diego de Almagro y Chañaral.

7.- Obras de ornato del espacio público ajenas a situaciones climáticas extremas: caso de Taltal con aguas desviadas hacia zonas residenciales  a través de plazas y calles construidas sobre el nivel de las viviendas.

8.- Puentes fluviales sin los anchos y alturas requeridas para el paso de volúmenes arrastrados por los aluviones, transformándose en diques que desviaron las aguas hacia zonas urbanas: caso de localidades de Diego de Almagro, Chañaral y Paipote.

9.- Ciudades situadas en suelos de alta complejidad topográfica no preparadas para episodios meteorológicos violentos, que por el llamado cambio climático, se harán presentes con una mayor frecuencia que en el pasado.

10.- Carencia de disciplina y control municipal sobre los usos y el estado de las riberas, las orillas, las vegas y los márgenes de ríos y quebradas”.
 

• Para el especialista en geofísica, geología y geotermia de la Universidad, Alonso Arellano, la erupción del Calbuco sólo dejó de manifiesto que en Chile el control del comportamiento de los volcanes “es bastante precaria”. Asegura el experto, que aplicaciones usadas en dispositivos móviles o incluso la avanzada tecnología de los drones, podría ayudar a tener registros que aportaran en el cálculo de algunos datos.

Chile se ve nuevamente enfrentado a una catástrofe natural, que a estas alturas, parecen pan de cada día por estas tierras. Fue a principios de marzo cuando el Volcán Villarrica hizo erupción y los ojos del mundo se posaron sobre nuestro país. Luego, a finales de ese mismo mes, varios aluviones y cerca de una treintena de víctimas fatales, centraron la atención y la ayuda en Copiapó y sus alrededores.

A menos de un mes de dicha tragedia, el volcán Calbuco, en la región de Los Lagos, sorprendió con una erupción tras 54 años de latencia y se ha determinado, por parte de las autoridades, del estado de excepción constitucional y se decretó alerta roja a 20 kilómetros a la redonda del volcán y la evacuación de más de 4 mil personas, mientras la ‘pluma’ de cenizas amenaza a varias zonas del país y también de Argentina.

Pero si hace apenas un mes la atención estaba centrada precisamente en los cordones volcánicos del sur, ¿qué explica que lo del Calbuco haya sido tan sorpresivo?

Para el ingeniero experto en geofísica, geología y geotermia de la Universidad, Alonso Arellano, la respuesta está ligada directamente con la cantidad de instrumentos que están monitorizando los distintos volcanes. Tarea nada fácil, dice el académico, ya que Chile posee el 10 por ciento de los volcanes activos de todo el planeta.

El experto comenta que en países como México o en Centro América, él ha trabajado con equipos donde se invierten millones de dólares en equipos y en especialistas, en el estudio de los volcanes. “Allá se envían, durante 2 semanas o más, equipos de científicos, entre los que está geofísicos, geoquímicos, geólogos, vulcanólogos. Además de toda la instrumentación. Entonces hay recursos y personas preocupadas del tema”.

Sin embargo, advierte Alonso Arellano, “la situación chilena es bastante precaria. La inversión en monitorización es muy poca. Primero, porque los volcanes son muchos. Pero además, como no ha pasado nada trágico, con riesgo para la vida humana, se ha dejado de lado la monitorización”.

Y al parecer, ahí está la clave, ya que, según Arellano, “un volcán siempre avisa”. Explica que lo tradicional es que haya, al menos un ‘enjambre sísmico’, “debido a la presión que se genera en la cámara magmática. Eso va rompiendo lo que está en estado sólido y crea fracturas que, a su vez, generan sismos”. Es decir, las erupciones volcánicas “no debieran ser tan sorpresivas, porque si los tuviéramos monitorizados como corresponde, se verían esos aumentos de sismos”, lamenta.

Nuevas tecnologías

Sin embargo y entendiendo que el costo de los instrumentos especializados es muy elevado, el experto de la Universidad de Santiago, plantea que hoy existen soluciones paralelas.

Aplicaciones usadas en dispositivos móviles o incluso la avanzada tecnología de los drones, podría ayudar a tener registros que aportaran en el cálculo de algunos datos.

Igualmente, finaliza Arellano, “Chile debería aprovechar el satélite FASat- Charlie, cuya información y resolución es muy buena para la monitorización de volcanes chilenos. Toda esa tecnología unida, nos permitiría tener antecedentes de más bajo costo”.