“Una persona que esté condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza que se esté muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle un beneficio de que se muera en su casa”. Esas fueron las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, al referirse al proyecto de indulto conmutativo de penas que se reactivó tras la pandemia de coronavirus.
Para el historiador experto en historia de la violencia política en Chile y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, una eventual determinación como esta sería “inédita”. “Sería la primera ocasión en la cual un Presidente democráticamente electo opta por una decisión tan aberrante como esta”, afirmó.
“Lo que se hizo con la dictadura fue amnistiar a personas que se presumía que habían cometido delitos de lesa humanidad, pero en la etapa previa al juicio”, explicó. A su juicio, lo que el Mandatario lograría con una decisión de este tipo sería “revertir la decisión de tribunales independientes”.
Para el cientista político y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach, Raúl Elgueta, esta decisión haría “volver al Gobierno de Sebastián Piñera a la crisis producida antes del 18 de octubre”. “Sería un guiño a la base del pinochetismo encarnado en la UDI y sectores descolgados más hacia la derecha .Lo que buscaría sería una base de apoyo en el 20% que le permitiría subsistir en el mediano y largo plazo”, consideró.
Finalmente, el experto en derecho internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, reconoció que una decisión de este tipo causaría “escozor” desde el punto de vista comunicacional, pero que está contemplada en el derecho humanitario. Aunque descartó que el Estado chileno enfrentara conflictos internacionales por una eventual determinación de este tipo, advirtió que “más que la edad, es la enfermedad la que autoriza a revisar el cumplimiento de ciertas penas”.
Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la inversión en construcción caería 7,7% y el desempleo en el sector aumentaría a 12% durante el primer trimestre de este 2020. El documento ‘Balances 2019 y Proyecciones 2020’, detalla que las cifras estarían influidas por el estallido social.
El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Dr. Francisco Castañeda, consideró que, a pesar de ello, esto no provocará que los precios de las viviendas se reduzcan. Aunque la demanda experimente una contracción –las cotizaciones por proyectos inmobiliarios durante el último trimestre del año disminuyeron un 37,8% en comparación al mismo período de 2018, según Mercado Libre-, el dato de la CChC advierte que la oferta también caerá.
“La caída en la construcción, la menor inversión proyectada y el desistimiento en las compras se traducirá en una estabilización del precio de las viviendas”, afirmó.
A juicio del Dr. Castañeda, ya antes del 18 octubre venía desacelerándose la comercialización de viviendas. Sin embargo, señaló que el Banco Central, en sus Cuentas Nacionales por Sector institucional, reveló recientemente que el endeudamiento en las familias chilenas, en particular en el segmento hipotecario, se mantenía alto; probablemente debido al efecto de inversionistas concentrados en el valor de viviendas inferiores a 4.000 UF.
“En 10 años, el precio de las viviendas ha subido 75%, más del doble que la inflación, que lo ha hecho en un 35%”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el mercado se ha mantenido activo “dada la tasa de interés baja de los últimos años por parte del BC, que se ha traducido en créditos más accesibles”.
“La caída de 7,7% anunciada para la construcción para 2020 es consistente con la proyección de la inversión que hace el Informe de Política Monetaria, que anuncia una contracción de 5% en la formación bruta de capital fijo, dada la alta perspectiva de incertidumbre luego del 18-O", aclaró el académico de la Usach.
El día de ayer se cumplieron dos meses desde que la evasión de los torniquetes del Metro de Santiago por parte de estudiantes secundarios, diera inicio al estallido social más importante de los últimos 40 años en nuestro país y en razón de este hito consultamos a destacados académicos de la U. de Santiago para realizar un balance de estos 60 días de movilización social.
Para la académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago y experta en comunicación estratégica, Paula Walker, los errores comunicacionales del Gobierno desde el inicio del estallido social, como las declaraciones del Presidente (“estamos en guerra contra un enemigo poderoso”) han terminado exacerbando los ánimos en la población y provocando antagonismos.
Las respuestas tardías frente a demandas como suspender el alza de $30 pesos en el transporte público, además han demostrado la baja comprensión de La Moneda frente a los hechos, los que, a su juicio, “siempre quiere enmarcar en violencia”. Walker agregó que “el Gobierno tiene un tono confrontacional, pero no tiene ninguna posibilidad de seguir enfrentando una demanda por derechos sociales desde la lógica de la confrontación y la violencia verbal”, explica.
El académico del Departamento de Historia y experto en historia de la violencia, Dr. Igor Goicovic, señaló que los recursos utilizados por las manifestaciones actuales son los mismos de los motines de fines del siglo XIX, principios del XX y las movilizaciones populares de mediados del siglo pasado. “No hay cambios significativos en los recursos usados por los manifestantes”, afirmó. “En términos instrumentales, no hay un incremento significativo de la violencia”, consideró.
Por otra parte, afirmó que los saqueos son fenómenos que también tienen una larga tradición en el siglo pasado y el antepasado, donde las manifestaciones terminaban afectando establecimientos comerciales, ya que eran formas de manifestar el descontento popular. “Lo que sí es novedoso es la extensión temporal del fenómeno. Los motines populares tanto en el siglo XIX como en el XX quedaban acotados a un máximo de cinco días y afectaban a una ciudad en particular, pero hoy vemos un incremento en términos territoriales”, subrayó.
Por su parte, el académico de la Escuela de Psicología, Dr. Sergio González, se refirió desde la perspectiva de la psicología social a las características del estallido social. Indicó que la expresión activa de la ciudadanía producto de la diversidad de sujetos y corrientes que participan en las protestas, genera una gran inseguridad sobre las diferentes réplicas que puedan tener estas manifestaciones.
“Lo que sorprende es la intensidad más que la duración del estallido social. A esto hay que sumar la gran cantidad de actores que ocupan el espacio público y entre los que podemos encontrar a grupos del lumpen, de la delincuencia, del narcotráfico y de los grupos antisistémicos, y que a pesar de la enorme base de apoyo ciudadano a la movilización social, de igual forma genera mucha incertidumbre”.
El Dr. Cristián Parker, Vicerrector de Postgrado Usach, indicó que hoy no tenemos acceso a una sociedad mucho más democrática y que estamos siendo y seremos espectadores de procesos que serán muy dificultosos. “No creo que la paz social se reestablezca tan fácilmente. Vamos a seguir asistiendo a situaciones de conflicto, observando episodios de violencia, dado que la forma cómo el pueblo despertó, la violencia ocupó un rol esencial y donde parece ser que fue un mecanismo que finalmente presionó a la elite política para poner en marcha un movimiento de transformación”.
Dos días después de la jornada de Consulta Ciudadana 2019, donde de modo presencial y digital, votaron más de 2 millones de personas, el proceso no ha concluido del todo. En la región del Biobío, por ejemplo, terminarán la votación mañana miércoles, mientras que otras 25 comunas de Chile se sumarán a la iniciativa durante la próxima semana, atendiendo al interés de la ciudadanía por participar.
Con todo, se espera que la consulta organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades con la colaboración de la Universidad de Santiago en la recopilación de los sufragios, se acerque a los dos millones y medio de votos, cifra que deja más que conformes a las autoridades convocantes.
Otra muestra de la masividad del proceso es que, en diversas comunas, se superó, incluso, la votación alcanzada en las respectivas elecciones municipales más recientes. Entre ellas, se encuentran comunas como Puente Alto, San Joaquín, La Granja, Quilicura, La Pintana, Peñalolén, La Cisterna, San Miguel, El Bosque, Maipú y Santiago.
Hasta el momento, las cifras preliminares muestran un amplio respaldo a la idea de cambiar la Constitución, con 846.110 votos a favor (91,3%) y 80.378 en contra (8,7%), mientras que el mecanismo más votado para generar la nueva Carta Magna fue la convención constitucional conformada en su totalidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto, con 345.393 preferencias versus 138.647 que se inclinan por la convención mixta.
Otras ideas respaldadas por la mayoría de los consultados fueron las propuestas de volver al voto obligatorio, aplicar un IVA rebajado a productos de primera necesidad y prohibir de por vida a condenados por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico postular a cargos de representación popular y a empleos públicos
Además, ante la pregunta de prioridades sociales, los tres primeros resultados fueron mejorar las pensiones, la calidad de la salud pública, además del acceso y calidad de la educación pública.
Para conocer los resultados más recientes de la Consulta Ciudadana 2019, ingresa a www.consultaciudadana2019.cl/
Más de dos millones de personas participaron en una Consulta Ciudadana Municipal que preguntaba a sus vecinos si una Nueva Constitución era necesaria para Chile, cuáles eran los problemas sociales que debían resolverse más urgentemente y otras
temáticas locales. ¿Cómo deberíamos interpretar esta participación en unos comicios que no fueron convocados por todas las alcaldías del país?
El sociólogo y vicedecano académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Usach, Dr. Alberto Mayol, consideró que la alta participación en el plebiscito comunal puede ser leída como una oportunidad frente a la crisis de
confianza en las instituciones. “Podría haber ocurrido que a nadie le interesara participar de una consulta no vinculante porque toda la institucionalidad está en cuestión, pero la gente sí fue, lo que visualiza que la gente está dispuesta a escuchar a la institucionalidad y a responderle. Es una oportunidad para la política”, sostuvo.
Para la Directora del Departamento de Historia de la U. de Santiago, Dra. Cristina Moyano, el proceso fue excepcional e inédito, porque vino a contrarrestar la baja participación electoral e introdujo por primera vez en una consulta municipal una
pregunta por el cambio constitucional, los mecanismos de reforma y por derechos sociales.
“Lo anterior viene a demostrar que el ‘despertar’ de Chile tiene como principales características: una revalorización de la política, de la participación y del ejercicio de la soberanía, en procesos de democracia representativa”, consideró la experta en
historia política contemporánea del país.
Sin embargo, para el doctor en sociología, magíster en gestión y políticas públicas, y académico de la FAE de la Usach, Dr. Luis Garrido-Vergara, aunque el nivel de participación fue relevante, aún hay una deuda en esta materia ya que el padrón
electoral en Chile es de 14 millones de personas. “Hay que pensar que el desarrollo del Proceso Constituyente debe tener mayor participación, lo que no obsta que haya sido un éxito que tal cantidad de votantes haya participado en una consulta ciudadana organizada por los municipios”, evaluó.
Alcaldes
El analista político y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Bernardo Navarrete, también destacó la alta convocatoria de la consulta, lo que a su juicio plantea la necesidad de que tanto los municipios como los plebiscitos sean más relevantes al momento de hacer política. Además, advirtió que tras la consulta, los alcaldes terminan bien posicionados de cara a las elecciones del próximo año. “Para algunos ediles, este era un plebiscito sobre su gestión y convocatoria. Un pulso a las capacidades de los municipios de movilizar”, explicó el doctor en gobierno y administración pública.
Voto electrónico
Respecto a la modalidad del voto, el Director de la Escuela de Periodismo de la Usach, Dr. René Jara, doctor en ciencia política y autor de la investigación ‘La Introducción del Voto Electrónico en Chile’, consideró que la utilización de este tipo de voto marcó un precedente y deja instalada la sensación de que este tipo de votación es posible. “Cuando se dice ‘voto electrónico’ se están diciendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ‘máquinas de votación’ y, por otro, ‘voto a distancia’ por Internet. De este último hay muy pocas experiencias de que en otros países funcionen con ese sistema. Es una experiencia internacional interesante”, afirmó.
Nueva Constitución
Para la académica de la Usach e integrante de la comisión técnica para una nueva Constitución, Dra. Pamela Figueroa, la gran adhesión a la alternativa por una nueva Carta Magna es relevante para las decisiones que se están tomando actualmente en el
Congreso Nacional. “La Comisión Técnica del Proceso Constituyente entregó al Congreso, a través de los presidentes de partidos políticos, una propuesta que va a reformar el capítulo 15 de la Constitución Política de la República para permitir iniciar el Proceso Constituyente a través de un plebiscito”, aseguró.
Agenda social
Finalmente, para el académico de la Escuela de Psicología de la Usach, Dr. Sergio González, las prioridades de la agenda social, que se extraen de la consulta ciudadana, se relacionan con las demandas expresadas desde el principio del estallido social y
apuntan a corregir las desigualdades. “La educación pública y la salud se perciben como temas que se han debilitado en extremo y donde el Estado debiera recuperar su rol para entregar cobertura y servicio de calidad”, concluyó el psicólogo social y antropólogo.
En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central recortó las expectativas de crecimiento del PIB para 2019 a 1%, como consecuencia de la caída de -2,5% en la actividad del cuarto trimestre del año. “La crisis social ha generado cambios importantes en el escenario macroeconómico, afectando negativamente la actividad de corto plazo”, señaló el organismo a través de un comunicado.
Sin embargo, el sociólogo y Vicerrector de Postgrado de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker, consideró que es al revés. Es decir, que es el modelo de crecimiento del país el que ha privilegiado indicadores económicos, descuidando los sociales, lo que ha terminado provocando la crisis. “Eventos como los que hemos vivido en el último tiempo indican que nunca debe descuidarse la dimensión social de nuestro desarrollo y de nuestros procesos de crecimiento”, sostuvo.
El especialista puntualizó que lo que ha preponderado en Chile es mantener la austeridad fiscal, las tasas de inflación bajas y los equilibrios macroeconómicos, subordinando las políticas sociales a esos indicadores, lo que incrementa la desigualdad. “Cualquier reforma tributaria, al sistema laboral o presupuestarias que prioricen lo social por sobre lo económico es rechazado bajo este modelo”, explicó.
“Cuando no se toman en cuenta las demandas de la población, la economía se resiente y puede generar un círculo vicioso donde los factores sociales perjudican los económicos y se van reforzando unos a otros en términos negativos”, comentó el Dr. Parker.
Incertidumbre en las personas
El psicólogo social, antropólogo y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, Dr. Sergio González, estimó que el bajo crecimiento revela que “las personas no ven que los cambios sean significativos en relación a las demandas sociales, y consideran que todas las medidas son paliativas, lo que genera incertidumbre y desconfianza. El paquete de US$5.500 millones para reactivar la economía, por ejemplo, ataca síntomas, pero no la causa del problema que las demandas sociales han visibilizado y que son estructurales”, afirmó.
Para el especialista, “hay una contracción fuerte en el consumo en un contexto de niveles máximos de incertidumbre, que no son solo por el estallido social, sino por las respuestas a este estallido, que no han apuntado a lo estructural. El Gobierno no ha tocado ningún aspecto estructural del modelo económico, como el sistema de pensiones”, recalcó.
Desafección frente al Gobierno
Para el sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Dr. Vicente Espinoza, “el recorte de las proyecciones empezó mucho antes del estallido social. Ahora está en 1% y lo único que ha hecho es sincerar que este Gobierno no ha sido capaz de darle dinamismo a la economía”.
Aunque reconoció que el estallido se explica como una “rebelión contra el modelo”, el Director del Magíster en Ciencias Sociales del IDEA consideró que el lento crecimiento viene desde hace años; es resultado del desinterés de los Gobiernos en aumentar la productividad de la economía y lo que puntualmente refleja ahora es la desafección del electorado de derecha respecto del Gobierno de Piñera. “Es decir, que un 20% de ese sector considera que lo está haciendo muy mal como Presidente”, afirmó. “Es el apoyo político, incluyendo los empresarios”, agregó.
Sin embargo, advirtió que, de acuerdo a la evidencia, la violencia social ocurre cuando las personas tienen un margen para enfrentar los costos de sus propias acciones. Es decir, que si se arriesgan a quedar sin trabajo o no tener abastecimiento, es porque “se las pueden arreglar”. “Si esto se transforma en permanente, empieza a bajar el crecimiento económico y sube la cesantía, por lo que las probabilidades de que siga la movilización bajan”, explicó.
En ese sentido, el académico concluyó que la apuesta política del Gobierno podría estar en que el movimiento se desgaste solo.
Luego del estallido social del 18 de octubre, diferentes estamentos de nuestra Universidad han realizado actividades tendientes a reflexionar y debatir sobre la situación actual del país y particularmente las implicancias del proceso constituyente. Esta vez fueron los integrantes del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) de la Vicerrectoría Académica del Plantel, quienes, tras dos actividades similares de forma interna, realizaron su primer conversatorio abierto a la Comunidad Universitaria.
Para la ocasión fue invitado el integrante de la Comisión Técnica por una nueva Constitución, abogado Sebastián Aylwin, quien abordó el rol del comité, proyecciones, atribuciones y restricciones de este y la relevancia que tiene construcción y posterior puesta en marcha de una nueva Carta Magna.
Para la Dra. Lorena López Fernández, directora de PAIEP, el conversatorio resultó muy interesante, porque ahora se debe entender “¿cuál es el rol que vamos a tener como ciudadanos en este camino?”. En ese sentido aseguró que se debe empezar a “tomar en serio el rol de la ciudadanía. Es algo que está en construcción y el camino que lleve depende de nuestra participación. Es un oportunidad para ser participantes y no observante”, precisó.
Con respecto a qué debiera tener la nueva normativa en temas ligados al acceso y derecho a la educación, la Doctora en Ciencias de la Educación, consideró que “debe garantizar este derecho, o sea que no sea subsidiario; que es lo que nosotros (PAIEP) promovemos. Estábamos trabajando, antes del estallido, desde un enfoque de derecho, entonces nos parece que tenemos que ser más activos/as para que eso se pueda lograr”, afirmó.
Por su parte Sebastián Aylwin expresó la valoración que le da a este tipo conversatorios, considerando que es “fundamental que las universidades estatales cumplan este rol, porque si vamos a tener una Constitución legítima, no requiere solamente una convención constitucional con delegados, sino a toda la ciudadanía participando de ella; y las universidades están llamadas a ser espacios públicos de debate… me parece muy importante lo que están haciendo”.
Conversatorio
“Este sería es el único proceso constituyente democrático en el mundo en donde la coalición de gobierno está contra. Este Presidente salió electo diciendo que no haría una nueva Constitución”, esta frase fue parte la exposición del abogado Sebastián Aylwin, integrante de la Comisión Técnica por una nueva Constitución.
Durante su alocución explicó los pasos que tiene este proceso: “un plebiscito de entrada, en donde se decidirá si “aprueba” o “rechaza” la creación de una nueva normativa y el organismo que redactará el documento. Convención mixta constitucional o convención constitucional, serán las opciones en la papeleta. Finalmente una votación ratificatoria sobre el escrito final de la nueva Carta Fundamental.
Sobre este último sufragio, Aylwin sostuvo que de rechazarse el texto propuesto “jurídicamente no hay una solución a ese problema. Yo creo que es un problema políticamente gigantesco. Sería una crisis política e institucional enorme. Pero legalmente yo no veo una solución a ese problema. Si se rechaza el texto no nos podemos quedar sin constitución, por lo tanto la única que queda es la actual”, afirmó.
Este viernes, la Comisión Técnica anunció un acuerdo y, por lo tanto, la culminación del proyecto que permitirá iniciar el proceso constituyente. Sin embargo, las cuotas de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes no se encuentran en el pacto, situación que tenía entrampado el trabajo del organismo. Dichos cambios se tramitarán por vía legislativa, a pesar de la petición de la oposición.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) informó que más de 200 comunas están trabajando en la difusión de la consulta ciudadana del 15 de diciembre, constituida por tres papeletas donde los votantes podrán contestar preguntas constitucionales, priorizar 3 de 11 opciones de la agenda social y abordar aspectos locales vinculados a cada comuna.
Este proceso será apoyado por la Universidad de Santiago de Chile. “La Usach es responsable del conteo nacional de los votos”, informó el director de Desarrollo Institucional de nuestra Casa de Estudios, Víctor Caro.
“La Universidad creó la plataforma que permitirá recolectar estas votaciones, que tendrá una desagregación a nivel de mesas. Por lo tanto, cada encargado de local será responsable de incorporar todas sus actas de votación en el sistema, para que podamos generar los cómputos”, explicó.
Caro asegura que los municipios plantearon que, al estar la Universidad de Santiago a cargo del sistema de recolección de votos se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso, que “estará técnicamente resguardado por la expertise que tiene nuestro Plantel en materia informática”.
“Dentro de su misión institucional y en su espíritu de colaboración con los procesos democráticos, la Usach estableció la necesidad de participar de este proceso constituyente y entendemos que esta consulta es parte de ese proceso”, sostuvo Caro.
Destacó que este es un hito político y democrático muy relevante para el país y “por eso quisimos estar presentes”, enfatizó.
La iniciativa surgió tanto desde la Rectoría, como de la Prorrectoría y es la primera acción del Observatorio de la Realidad Nacional de la Universidad, creado por la Dirección de Desarrollo Institucional producto del estallido social y frente a la necesidad de tener una participación activa en el proceso constituyente. A cargo de las plataformas y el soporte técnico estará el Departamento de Tecnologías de la Información de la Usach.
Los resultados de esta consulta ciudadana, aplicada a mayores de 14 años y que hasta el momento se realizará en el 60,2% de las comunas de la Asociación Chilena de Municipalidades, (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Puerto Montt y Coyhaique), se darán a conocer en el Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Santiago.
“América Latina siempre ha sido un continente desigual en donde la mayoría de la población vive en la pobreza y Chile no es una excepción”, con esta frase el Dr. Julio Pinto, académico de nuestra Universidad y Premio Nacional de Historia 2016, inició su análisis sobre la crisis social que hoy enfrenta nuestro país.
El académico agregó que el principio del conflicto se basa en una máxima: “No es lo mismo pobreza que desigualdad. Un país puede ser uniformemente pobre sin ser necesariamente desigual, como el caso de Haití, en donde existen índices de pobreza altos, pero no hay tanta desigualdad como en Chile. Acá el ingreso está muy mal distribuido y eso no se ha corregido, todo por el contrario ha tendido a avanzar”, explicó.
Históricamente la desigualdad ha sido el problema
¿Cuáles son las decisiones políticas que generan esta desigualdad en términos de ingresos?
Un sistema económico entregado exclusivamente a las fuerzas del mercado, tiende a profundizar las desigualdades y eso está demostrado científicamente. Para evitar que una economía de mercado produzca ese efecto, tiene que haber una intervención que solo puede ser realizada por el Estado, que como representante de la comunidad tiene que hacer esa redistribución parcial de la riqueza para que no existan brechas tan grandes entre los que más tienen y los que menos.
¿Pueden compararse la Revolución de la Chaucha de 1949 y la Batalla de Santiago en 1957, con lo que en la actualidad ocurre en nuestro país?
Chile, contrariamente de lo que se piensa, ha tenido una historia vinculada a los estallidos sociales y casi todos motivados por malestares relacionados a la pobreza y la desigualdad. En 1888 hubo un motín urbano por alza del transporte público, donde la población se reveló con expresiones de violencia muy parecidas a las hoy. La revuelta de la Chaucha y el motín de Santiago, también tienen esa particularidad. Lo de hoy no es excepcional, pero si algo que nos muestra que no somos un país tan estable, armónico y satisfecho como lo creíamos.
La ciudadanía está pidiendo una nueva carta magna, en este contexto ¿se puede decir que es la Constitución del 80 la que sienta las bases de todo el conflicto actual?
No lo es en sí misma, pero sí lo es como expresión de un modelo de convivencia económica y social. La Constitución del 80 lo que hace es sacralizar en Chile un modo de organizarnos como sociedad, donde el “mercado” toma las grandes decisiones y el Estado solo tiene un papel secundario. Entonces, si estamos hablando de cambiar el modelo económico y social en forma significativa, tenemos que cambiar la Constitución. Es por esto que los partidarios del modelo y de la dictadura la defienden tanto; es la llave maestra que hace que todo funcione.
Fenómenos sociales y estrategias
En este sentido, ¿Qué fenómeno social ha podido observar en estos días de estallido social?
La sociedad se ha repolitizado, ha asumido el rol que le corresponde en el debate público y cualquier cambio para bien implica que eso se prolongue en el tiempo y no que acabe cuando terminen las marchas.
El Presidente Piñera está apostando a la estrategia que utilizó Macron en Francia con los chalecos amarillos, ¿Se corre el mismo peligro al dejar en manos de cabildos no vinculantes las demandas de la ciudadanía?
Hay que partir de la base que el Gobierno no quiere que se hagan cambios estructurales en el modelo económico y social. A pesar que el Gobierno se manifiesta como una derecha democrática, cuando se sienten amenazados su reflejo automático es sacar a los militares a la calle. En cuanto a los cabildos, nacen espontáneamente desde la sociedad y qué hace el Gobierno, tratar de apoderarse de la iniciativa. Hay que tener claro que ellos siempre harán lo imposible por defender las bases del modelo y solo van a ceder ante la presión social.
¿Usted tiene confianza en lo que pueda conseguir este movimiento social?
Tenemos que tener claro que no se va a conseguir todo. El Estado de Bienestar europeo surge a raíz de protestas sociales que finalmente desembocan en un Pacto Social, en donde los sindicatos, las organizaciones sociales dicen vamos aceptar seguir viviendo en el capitalismo, pero a cambio de concesiones reales en salarios, previsión, educación y más. Insisto en que este sería el escenario más favorable en donde la sociedad organizada obligue al Gobierno a hacer cambios un poco más profundos.
Durante la semana se ha escuchado la posibilidad de realizar paros nacionales, ¿Qué rol podrían jugar en este proceso político que estamos viviendo?
Los paros son una forma de presión social cuando realmente los sindicatos tienen mucha fuerza. El problema en Chile es que estamos hablando de una fuerza laboral atomizada y precarizada. Ahora, si sectores económicos estratégicos (cobre, petróleo, portuarios) se sumaran al paro su efecto sería mayor, pero estamos hablando de trabajadores que provienen de sectores que presentan mayores ingresos, entonces ahí se requeriría un mayor compromiso político de parte de esos actores y que no siempre lo tienen.
Escenarios posibles
¿Se podría diluir el movimiento social al no tener un interlocutor específico?
Dependerá de las decisiones que se tomen y de las movidas que cada actor social realice. El escenario más duro sería que el Gobierno vuelva a decretar un estado de emergencia y desate una ola represiva mayor de la que ya vimos y eso aún es latente. Un segundo escenario, que creo es a lo que está apuntando el Gobierno, es el del desgaste. La idea sería realizar concesiones menores, a medida que el movimiento se debilita, el resto queda aislado y finalmente se disipan solos.
Y ¿cómo concebiría los otros escenarios?
Otro del que no soy muy optimista, es que la oposición aproveche este contexto para recuperar su condición de legítimo portavoz de los sectores que están descontentos con el sistema y que fuercen al Gobierno a realizar concesiones más de fondo. Finalmente, el escenario que sea la Mesa de Unidad Social, la que asuma el papel de interlocución y conducción de este proceso y que llegue a cambios más de fondo, creo que sería el escenario más favorable.
La visión del pueblo mapuche sobre el estallido social que vive el país, fue el eje central de la conversación que sostuvo el Doctor en Historia, Fernando Pairican, en el programa Punto de Conexión, que se transmite por Radio Usach y STGO.TV.
En su participación, el historiador aseguró estar viviendo este escenario de manera intensa y participando en actividades de discusión y movilización. “Me siento en un momento muy interesante de interpelación desde la sociedad a la política y viceversa; y como país”, afirmó.
Para el académico del Departamento de Historia la utilización de la bandera Mapuche en las distintas concentraciones muestra que “desde abajo hay un análisis pluricultural” que aclara que la ciudadanía es más democrática que la elite. "El gesto político de la ciudadanía de utilizar la Wenufoye (bandera mapuche) como símbolo, demuestra que otro país se quiere construir", aseguró.
Con respecto al rol que deben jugar las Casas de Estudios en momentos de sensibilidad social, Pairican consideró que los Planteles deben ser políticamente proactivos frente a los movimientos sociales. En esa dirección sostuvo que “la Usach por su historia tiene las capacidades de ir a la vanguardia de los derechos sociales y políticos (…) una Universidad plurinacional podría ser un interesante laboratorio de cómo imaginamos un país”, aseveró.
En tanto, sobre las críticas al actuar que ha tenido la policía y las Fuerzas Armadas en la Región de La Araucanía y en el escenario actual, el miembro de la Comunidad de Historia Mapuche opinó que hay una continuidad histórica en el actuar de estos cuerpos de orden en contra de la sociedad.
Ese accionar se traspasó desde el laboratorio de práctica de las fuerzas especiales en el que se convirtió el “Wallmapu” a Valparaíso y Concepción, entre otras ciudades”. Además, agregó que "el Estado no entiende que la manifestación, la crítica y la protesta social es un derecho para mejorar la sociedad en la que uno vive".
