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Opinión de académica Paula Walker: La manía del exitismo en el Gobierno

Opinión de académica Paula Walker: La manía del exitismo en el Gobierno

¿Por qué razón son importantes las y los presidentes o líderes? Porque les hemos transferido la capacidad de tomar decisiones a nombre de todas y cuando alguien nos dirige debe pensar en el bien común por sobre cualquier otra cosa, incluso más allá de creencias religiosas o políticas.

La pandemia ha transparentado las acciones y sus consecuencias de los líderes mundiales, y hemos visto de qué manera algunos sufren el impacto negativo y fatal de sus decisiones, basta mirar a EE.UU, - o más positivo -dentro de la inestabilidad de la pandemia como Alemania o Nueva Zelanda.

La estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia ha sido desde un inicio mostrar control, con mensajes del tipo somos los que más muestras tomamos en América Latina, acuñando frases peligrosas como la “nueva normalidad”, o “retorno seguro”.

¿Cuál es el objetivo de hacer esas declaraciones teniendo el ejemplo de la enorme dificultad que han tenido grandes potencias para enfrentar la pandemia? La manía del exitismo del Gobierno, de mostrarse mejores que otros, jugar a las individualidades (el mejor ejemplo es usar mascarillas con los nombres de los ministros en vez de la austeridad de no gastar plata imprimiendo nombres; y si la van a gastar, mejor poner frases para el bien común: “quédate en casa”.. ), les está pasando la cuenta.

Ese exitismo delirante afectó la confianza de las personan en sus autoridades, pues sus mensajes simplemente no son creíbles. Cuando el 30 de abril se iniciaba el show de la apertura del Apumanque, los datos ya mostraban el alza pronunciada de contagios.

Esta semana en un solo día aumentó en un 60% los contagios y toda la Región Metropolitana entrará en cuarentena hoy viernes.

En vez de mostrar la fragilidad de la situación y trabajar colaborativamente, dicen tener “todo bajo control”: se pelean con el Colegio Médico, con los alcaldes, con expertos médicos; en vez de sumar a especialistas y transparentar las cifras desde el principio para conocer proyecciones (como el esfuerzo de la Mesa de Datos COVID-19 que entrega las curvas por comuna), dificultan el acceso a los datos y su entrega sigue siendo una pesadilla; la porfía por tomar el Simce en un escenario incierto y tan complejo para las familias de los estudiantes y de los profesores, no tiene explicación.
 
La desconfianza se agrava cuando investigaciones periodísticas denuncian casos de personas fallecidas donde los certificados médicos hablan de COVID-19, pero luego el Registro Civil no incluye ese dato en el certificado oficial del fallecimiento; ¿ por qué las autoridades no salen a desmentir y transparentan cuál es el criterio que se está utilizando? Para ganar la confianza, la verdad es esencial, por dura que sea. ¿Confiamos en nuestros líderes? ¿Pueden ellos hacer acciones que nos permitan confiar? Claro que pueden, más aún cuando en la experiencia diaria de las personas las cosas no están siendo como dice el Gobierno, y esa constatación dañará seriamente la credibilidad en las autoridades y el manejo de la crisis se volverá muy difícil.

“Estados Unidos está diciendo a Irán ‘yo sigo teniendo el poder’”

“Estados Unidos está diciendo a Irán ‘yo sigo teniendo el poder’”

¿Qué busca Estados Unidos con el ataque que dio muerte al poderoso comandante de la fuerza de elite Quds de Irán, Qassem Soleimani? Esta es la pregunta que se le formuló al académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Estenssoro.
 
A juicio del experto, a través de esta arremetida, el Gobierno de Donald Trump hace una demostración de fuerza ante los demás países de la región. “Estados Unidos está diciendo ‘mire, aquí yo sigo teniendo el poder. En cualquier minuto, si me siguen molestando, puedo desatar un ataque mayor’. En el fondo, está respondiendo de esta forma al ataque previo a su embajada”, explicó el analista. 
 
Sin embargo, Estenssoro agregó que “lo que ocultan las centrales de información que provienen de los propios Estados Unidos, que es donde se maneja la noticia, es que ellos (los estadounidenses) antes habían bombardeado campamentos civiles diciendo que eran campamentos terroristas. Porque para Estados Unidos son terroristas todos los musulmanes que están en contra de Estados Unidos”, precisó.
 
Otro de los factores que explicarían la agresión norteamericana, a juicio del investigador, es la proximidad de las elecciones presidenciales. “Trump no podía mostrar que atacaban a Estados Unidos y quedarse de brazos cruzados”, aseguró.
 
Con el asesinato de Soleimani en territorio iraquí, añadió el académico, el gobierno norteamericano busca “mejorar la imagen de que ellos siguen siendo la fuerza predominante militarmente, que siguen teniendo el control y que pueden atacar a quien sea, donde sea, porque siguen siendo los amos del mundo. En el fondo lo que está haciendo Trump es decir que sigue siendo el jefe. Es un mensaje de poder”. 
 
Se agudiza la tensión en Medio Oriente
 
La zona del Golfo Pérsico, donde confluyen países como Irán, Irak y Arabia Saudita, es una de las zonas más conflictivas del mundo. “No obstante, había logrado mantener cierta estabilidad, muy relativa, hasta los ataques recientes”, recordó Estenssoro. 
 
El académico relató que “las movilizaciones y las protestas en Irak, muchas de ellas estimuladas por Arabia Saudita, desestabilizaron al gobierno. El primer ministro iraquí renunció y ahora hay que formar un nuevo Gobierno. Entonces, lo que estamos viendo, en ese país, es una pugna interna entre grupos chiitas y grupos sunitas por conformar ese nuevo Gobierno”, añadió. Los primeros son apoyados por Irán y los segundos por Arabia Saudita con el respaldo de Israel y Estados Unidos.
 
“En este proceso, Estados Unidos bombardeó (en Irak) a sectores proiraníes; a iraquíes chiitas, que cuentan con el apoyo de Irán. Los bombardeó. Mató civiles, mató gente. Eso no salió en la televisión”, declaró el investigador de IDEA.
 
A raíz de esa agresión, concluyó, los iraquíes atacaron la embajada norteamericana en Bagdad, lo que sirvió de justificación al gobierno de Trump para dar muerte a Soleimani y volver a encender el conflicto en la región.
 
¿Y ahora?
 
“Para ser franco, yo creo que ni Irán ni Estados Unidos quieren una confrontación directa”, manifestó Estenssoro; si bien “hay halcones que están más a la derecha de Donald Trump y, en Arabia Saudita e Israel, halcones que quieren un ataque directo a Irán”. 
 
Con todo, el analista estimó improbable que el mandatario norteamericano busque desatar una guerra directa con Irán. “Ya lo hubiese hecho”, insistió. 
 
“Lo que hace Donald Trump son bravuconadas pero, si te fijas, él no ha involucrado a Estados Unidos en nuevas guerras, como lo hizo Bush, por ejemplo. El solo quiere aparecer como el ‘gran jefe’ castigando a quienes los atacan”, puntualizó el investigador del IDEA de la Universidad de Santiago de Chile.

Las aventuras (y desventuras) del voto electrónico

Las aventuras (y desventuras) del voto electrónico

Tal como atribuimos a los gatos, el voto electrónico parece gozar de varias vidas las que hemos detallado en otros trabajos académicos y que aquí pasaremos revista rápidamente. La primera vida del voto electrónico en Chile corresponde a la etapa de lo que podríamos denominar el voto mecánico. Tenemos noticias ya en 1906 de la primera máquina de voto en nuestro país, en la figura del inventor italiano Eugenio Boggiano. La primera imagen del voto electrónico fue entonces
mecánica, teniendo como fin la estandarización del acto y la disminución al mínimo de la manipulación e intervención humana. Sin pena ni gloria este episodio fue corto, no tuvo el éxito esperado, quedó solo en el estadio del deseo.

Un segundo momento sucede en los años 60 y 70. Época de utopías, pero también de revoluciones, que en el caso chileno han sido muy descritas por Eden Medina en su libro “Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile”. Mientras en Estados Unidos ya se vota con máquinas, el triunfo de Allende inaugura una etapa de reflexión y experimentación del vínculo entre tecnología y política, la cual no estuvo desprovista de suspicacias. El quiebre democrático significó por supuesto una suspensión de las elecciones libres, decretando de paso una interrupción del debate entre tecnología y voto.

El año 1996 marca la reintroducción del tema en el ámbito legislativo. Ese mismo año se experimentó una disminución dramática de las tasas de participación electoral de principios de los noventa. Mediante una moción parlamentaria, se intentó introducir el voto electrónico y se produce un pequeño debate, el cual no fructifica por no contar con el apoyo del Ejecutivo. Casi una década después se vive un nuevo hito, cuando el antiguo director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, se declara a favor de avanzar en el voto electrónico. Esto suponía un cambio en la actitud del Organismo respecto a esta modalidad de voto, puesto que no estaba “dentro de sus prioridades”, como declarará en 2009 el propio García.

Durante la campaña del 2017, el actual Presidente, Sebastián Piñera, propuso dentro de su programa implementar el voto electrónico. A decir verdad, esto ya había sido planteado años antes, pero en el contexto de campaña fue visto como una promesa de su candidatura. Una vez asumido su mandato, el propio Servel encargó a una consultora externa estudiar la factibilidad de implementar un sistema de máquinas de votación. La baja en las tasas de participación abrió un debate profundo sobre los efectos de las reformas electorales del 2015, particularmente de la introducción de la inscripción obligatoria y el voto voluntario. Y al interior de este debate, surgió nuevamente la idea del voto electrónico. Una serie de actores, no sin razón, levantaron voces de alerta en contra de la medida. Habría que aclarar que, a esas alturas, la cuestión concernía sólo a la implementación de un sistema de máquinas de votación, sin que se mencionara siquiera la posibilidad del voto a distancia por internet.

Sin embargo, la consulta ciudadana organizada por la Asociación de Municipalidades el 15 de diciembre cambió nuevamente la suerte del voto electrónico, abriendo nuevamente la pregunta sobre su conveniencia y factibilidad. En ese sentido, esta votación marca un precedente histórico, pues introduce dos nuevos actores a la escena electoral: a los municipios y a la Universidad de Santiago de Chile. Para los primeros, se trata de un retorno pues, si bien por ley no poseen el poder de organizar elecciones, demostraron que en la práctica sí lo pueden hacer y con un gran poder de movilización. Para los segundos, se trata justamente de estrechar los lazos entre el Estado y sus universidades, acompañando los procesos de innovación y diseño de políticas públicas.

En un contexto de alta movilización social resulta nuevamente curioso, por decir lo menos, cómo el voto electrónico tuvo una oportunidad de oro para demostrar sus virtudes. Con una votación compleja, que incluía tres papeletas, demostró su capacidad para reducir el tiempo del tradicional conteo de votos. Asimismo, facilitó, casi en todos los casos, el acceso al voto, cuestión especialmente sensible dado los graves problemas de movilización que subsisten en la sociedad.

Todo esto no deja de ser relevante, pues significa que los límites se desplazaron sustantivamente. La demanda ya no será solo por máquinas en los recintos de votación, sino que ahora la solicitud será por implementar un sistema de votación confiable, a distancia y asistido por tecnología. ¿Cuánto durará este último momento de gracia del voto electrónico? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que el estallido social y la necesidad de una Asamblea Constituyente establecen un contexto ideal para la reposición de este (antiguo) debate.

Siete motivos por los cuales la Consulta Municipal sienta un precedente de nueva democracia para chile

Siete motivos por los cuales la Consulta Municipal sienta un precedente de nueva democracia para chile

La Consulta Ciudadana Municipal organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades el domingo 15 de diciembre ha sido un hito histórico para la democracia chilena.

En el contexto de una sociedad en crisis, tensionada por las movilizaciones y la protesta social, este evento marca una pista de acción que posibilita encauzar las demandas sociales y políticas, pero es mucho más que eso.

Como sabemos la consulta se ha realizado en más de 225 municipios del país en las más diversas regiones y localidades convocando a electores mayores de 18 años y también por primera vez a electores entre 14 y 17 años. La Universidad de Santiago contribuyó con el sistema de cómputos y prestó su Centro de Postgrado y Educación Continua como sede nacional de la consulta. El resultado ha sido que una inmensa mayoría de chilenos apruebe la idea de que se redacte una nueva Constitución; que aprueba el voto obligatorio y que el mejor mecanismo para la labor constituyente es una convención con delegados elegidos al efecto. Así mismo, en cuanto a las demandas sociales plantean mayoritariamente las siguientes prioridades: pensiones dignas, salud pública y educación pública.

1. Esta Consulta Municipal llama a reflexionar dado que es, en primer lugar, una instancia profundamente democrática que pone en práctica uno de los principios fundamentales de la democracia republicana: la soberanía popular. En efecto, la teoría política republicana moderna entiende que el soberano es el pueblo y no los electores censitarios o el monarca. En el marco de una sociedad donde el orden político está siendo cuestionado, donde la clase política ha perdido legitimidad y las instituciones son objeto de la desconfianza ciudadana, este tipo de actos políticos posibilita la recuperación de esa necesaria confianza.

2. En segundo lugar, es un evento de participación que posibilita recoger el sentir y las demandas de forma pacífica. El pueblo soberano tiene muchas formas de expresión de su voluntad, que va desde la marcha, la concentración, los cabildos, las cacerolas y en varios casos, aunque cuestionables, la violencia. Esta consulta, aunque no es vinculante, representa una instancia en la cual la persona expresa su preferencia por el orden institucional y por las prioridades sociales de forma personal y privada, sin presiones ni coerciones, libremente.

3. En tercer lugar, la forma bajo la cual se ha implementado esta consulta, esto es, ya sea electrónica on-line, mixta, o presencial, introduce un elemento innovador que significa experimentar en un evento electoral real, el voto electrónico que jamás se ha empleado en votaciones oficiales en el país. Muchas naciones en el mundo ya cuentan con sistemas de voto electrónico lo cual, hasta ahora, no ha sido la tradición en Chile y ha llegado el momento de comenzar a implementarlo: esta consulta entrega un claro precedente en esa dirección.

4. En cuarto lugar, se trata de una consulta ciudadana que por ser iniciativa de los gobiernos municipales se centra en una participación ciudadana local, reivindicando que la democracia de la base, en los territorios locales, es y debiera ser uno de los pilares de una sana democracia, sólida, fuerte y participativa. Con esto la Asociación de Municipalidades nos está recordando que la gran brecha que existe entre representantes y representados, en la crisis política que se vive en Chile, puede ser remediada desde las instancias que convocan a los vecinos que tienen una proximidad mayor con sus autoridades locales. La reconstrucción democrática se hará desde la base y en territorios locales o quedará nuevamente coja. Al respecto una gran mayoría de ciudadanos afirma que deben entregarse más atribuciones y recursos a los municipios.

5. En quinto lugar, se trata de una instancia inédita por cuanto convoca el voto, no sólo de los ciudadanos reconocidos por la ley, sino que amplía el padrón incluyendo a los jóvenes que tienen 14 años hasta 18 años, lo cual no se había hecho en ningún proceso electoral oficial anterior. Con esto genera un recedente innovador que incorpora e incluye a las nuevas generaciones precisamente aquellas que más reclaman por la falta de representatividad de nuestro sistema político actual.

6. En sexto lugar, se ha producido una confluencia de instituciones de la sociedad civil entre las cuales es digno mencionar a la Mesa Social y a representantes de diversas organizaciones que han trabajado para que esta consulta se haga posible, a los Alcaldes, consejos y órganos municipales y vecinales de las 225 comunas del país que se han organizado desplegando un esfuerzo inédito, sin mayores recursos, y con la simple convicción democrática. Y, por último, a organizaciones académicas entre las cuales sobresale la Universidad de Santiago de Chile, que han colaborado para el éxito de esta consulta.

7. En séptimo lugar, y por todas las razones expuestas, se trata de una experiencia social inédita, que puede ser prefigurativa de la nueva democracia que se debe reconstruir en el país. Este evento democrático por medio de cual ha hablado la ciudadanía marca un antes y un después. Una vez experimentado un proceso como el que se vivió este domingo 15 en Chile ya no se podrá volver a desconocer la importancia de las votaciones municipales, de la relevancia de los órganos del estado descentralizados como son los municipios, de la importancia de los ciudadanos de a pie que votan en sus comunas, de la trascendencia de los tejidos sociales que articulan municipios, organizaciones civiles y órganos académicos, en fin, de la necesidad de que a futuro las elecciones se modernicen y se pongan al servicio de sistemas más accesibles y directos de votación. La democracia que es necesario reconstruir en Chile tiene mucho que aprender de esta experiencia señera.

La extrañeza de la elite ante el cambio: El esperanzador camino de la incompetencia

La extrañeza de la elite ante el cambio: El esperanzador camino de la incompetencia

Resulta inimaginable pensar que hace menos de tres semanas la derecha se encontraba celebrando la posibilidad de un segundo gobierno, buscando la o el candidato entre varias alternativas. O que la Democracia Cristiana había sido parte de un acuerdo con el Gobierno para producir una medida que aumentaba la desigualdad, como era la reintegración tributaria. Los medios de comunicación seguían discutiendo banalidades, a pesar de que, en más de una ocasión, habían recibido críticas de las personas que se encontraban en paraderos de micro, plazas, en la calle, por hablar estupideces. Veíamos el surgimiento de una nueva generación de filósofos políticos de derecha que defendían las virtudes consagradas en la Constitución, la forma de propiedad y el patrimonio institucional chileno.

Hoy esa realidad resulta lejana. Pero, lo que a mí me sorprende es la extrañeza que siente la élite ante este cambio: desde el rostro televisivo que descubre lo molesta que estaba la sociedad chilena con la desigualdad, hasta Sebastián Piñera, quien salió a comer pizza el 19 de octubre. Toda una élite, con centros de opinión, financiados con millones de dólares por el empresariado, Universidades construidas al amparo de un sistema institucional levantado por las autoridades de esas mismas universidades.

Extraño, pues los indicios estaban ahí desde el año 2001, cuando miles de estudiantes secundarios lograron expropiarle la tarjeta estudiantil a la mafia del transporte. Sí, ese año el problema era con el transporte. Tampoco lo oyeron el año 2007, cuando durante dos semanas, el Transantiago tuvo a Santiago colapsada.

Ni el año 2006, cuando la virtual totalidad del sistema escolar chileno se tomó sus liceos. En todo Chile, no sólo en Santiago.

No lo entendieron cuando el año 2010 explotó el terremoto social, al amparo del terremoto que afectó a la zona central. En ese momento, el aparato institucional que nos vendían como modelo de eficiencia, no dio el ancho.

No tuvieron sensibilidad con Aysén, ni con el Chiloé está privao’… ni con nada que saliera de Santiago.

No lo vieron el año 2012, cuando gracias al voto voluntario quedó por primera vez en evidencia la base de representatividad del sistema político. En la elección de alcaldes se expresó de forma tajante la separación existente entre tres Chiles y su relación al voto: el de los “winner” (o güiner, que se parece mucho a güiña), el del miedo a la transformación y el de la creatividad social enhebrada en la lucha de clases. 
 
Despreciaron la rearticulación del tejido social que se fue construyendo en miles de experiencias colectivas de nuevo tipo: experiencias de autoeducación, formas de autogestión y todas ellas con autonomía del corrupto sistema institucional que la dictadura y su constitución fueron construyendo y cooptando. Citaban a Marx con soberbia intelectual diciendo que las clases sociales se habían terminado y habían sido reemplazadas por segmentos de consumo que expresaban distintas formas de molestia con la modernización capitalista.

No lo vieron venir. Cuando sucedió no lo quisieron creer. Cuando se dieron cuenta de lo grave que era, lo atribuyeron a invasiones alienígenas o guerras. Cuando el 80% de la gente (incluso en la encuesta CADEM), señala que desea cambios profundos, que incluyen la Constitución. Cuando sólo un mínimo porcentaje (insisto, en la encuesta que dirige Izkinson) apoya al gobierno, durante dos semanas seguidas, y aún no hay capacidad de proponer cambios políticos más profundos para recuperar algo de apoyo. Así se entiende por qué los errores se sucedieron uno detrás de otro.

En sólo tres semanas cometieron las siguientes idioteces políticas, si fueron forzados o voluntarios, permite discusión.

En primer lugar, nunca dimensionaron lo que implicaba cerrar las puertas de las estaciones de Metro y llenarlas con fuerzas especiales. Si había sido necesario llegar a esos niveles de uso de fuerza represiva, el problema no era policial, había pasado a ser político.

Luego, se escucharon a sí mismos y a quienes les palmoteaban la espalda. La estrategia de enfrentarse directamente con la movilización social mediante la represión quedó zanjada fatalmente el viernes 19 de octubre. De ahí en más, la incompetencia se iría agudizando.

Entonces comenzó la batalla mediática. El Gobierno pensó que bastaba con tener a los dueños de los medios de su parte para lograr controlar las líneas editoriales de noticieros, matinales, programas de opinión, etc. y volcar a la mayoría en su favor. Sin embargo, no leyeron a Gramsci o lo menospreciaron, sino sabrían que el control mediático es exitoso en tiempos de hegemonía ideológica. Pero, en momentos cuando se está usando la violencia represiva desnuda, la contradicción entre el enunciado mediático y la realidad es tan flagrante, que es imposible obtener un control total de lo que está sucediendo y encauzar la opinión dominante. Es el camino directo a la derrota ideológica.

La estrategia contra el paro docente y la ley (j) Aula Segura, como ejemplo de política. Es posible que debido a la dimensión y extensión que está viviendo el conflicto social en este momento, hayamos tendido a olvidar que durante este mismo año el sistema escolar municipal estuvo parado casi en su totalidad y el Congreso de la República permitió que funcionara una ley que quedará en la historia de la infamia legislativa chilena, al lado de la ley Maldita de González Videla. El Colegio de Profesores, instancia que promovió el paro docente, intentó obtener algún nivel de resarcimiento respecto de la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con las y los profesores jubilados, lo que ha sido reconocido innumerables veces, sin que se pague hasta hoy ni un peso de dicha deuda. La estrategia en aquella ocasión fue desgastar el paro, cansando a sus dirigentes y vinculándolos a aceptar propuestas que no tenían que ver con una respuesta a lo solicitado. 
 
En el caso de los secundarios, con menos que perder que los docentes, la estrategia represiva fracasó estrepitosamente, aumentando el uso de la violencia en extensión e intensidad. Esta estrategia, semejante a la negociación con un “gremio”, puede ser efectiva si se relaciona con un ámbito económico o social, pero si la crisis se extiende a la totalidad de la sociedad, entonces se hace obligatorio hacer uso sistemático y no esporádico de la violencia represiva. Esto, pues la movilización social, lejos de disminuir, va aprendiendo a combatir en la calle para defenderse de la represión. Ninguna fuerza policial, por militarizada que esté, puede usarse para contener a millones de personas dispuestas a movilizarse hasta el final. Menos aún, cuando esa misma fuerza represiva viene cuestionada por la infinita cantidad de casos aislados de vinculación con narcotráfico, corrupción, tortura, violencia sexual, entre otras prácticas. Todas con meras responsabilidades individuales, por supuesto.

Y, así llegamos, al que creo es el último error político de antología. En los Discursos, Maquiavelo, señala que, si es necesario hacer un cambio, es bueno que él, aunque este dictado por la necesidad, aparezca como un gesto de gratitud del sistema institucional. Porque cuando algo lo dicta la necesidad, si el gobernante y el sistema institucional no son capaces de responder a tiempo, cada segundo que desperdician combatiéndola, representa un desgaste tan amplio de fuerzas, que puede terminar en la caída de todo el sistema institucional. La Unión Soviética tenía millones de soldados y, aun así, cayó por sus contradicciones que no supieron ser resueltas a tiempo. Para cuando Gorbachov aceptó lo que dictaba la necesidad, ya era tarde.

Sin embargo, para quienes nos encontramos de la otra vereda respecto del sistema institucional, para aquellos que nos sentimos secuestrados en las AFPs, sojuzgados por una Constitución ilegítima, desprotegidos frente a la impunidad de sus relaciones de todo tipo (incestuosas es lo único que las unifica), que este sistema estalle, no representa una razón para botar una lágrima y, más aún, abre un camino de esperanza, pues se sustenta en una lucha, una batalla, que se da en el día a día, en los territorios reales y simbólicos, en la coordinación incipiente y en la capacidad de recuperar la soberanía económica desde una perspectiva de clase.

Hay un programa, hay un sujeto histórico y años de aprendizaje y (re)conocimiento. Por eso la movilización no se desgasta y, al revés, crece más y más.

Hace dos semanas pedir nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente resultaba una política de ultra izquierda. La incompetencia del Gobierno y la indolencia de las elites de todo tipo han aumentado la rabia en ese lapso y subido la apuesta. Hoy, hasta quienes votaron por Piñera (el senador Manuel José Ossandón, por ejemplo), quieren una nueva Constitución. Pero, como la incompetencia sigue operando, la Constitución va pasando a ser suntuaria frente al desarrollo de un poder real y material.

Una huelga general en pleno siglo XXI puede alcanzar dimensiones transformadoras incuantificables en el desarrollo y consolidación de un nuevo poder popular. Tengo la esperanza de que esta tesis llegue a ponerse a prueba. Hasta aquí es sólo un deseo, como hablar de Asamblea Constituyente hace 2 semanas.

Los desafíos de Vizcarra tras la disolución del Congreso en Perú

Los desafíos de Vizcarra tras la disolución del Congreso en Perú

Lo que se vive hoy en Perú es como una serie de Netflix, que atrapa porque la trama va cambiando minuto a minuto. Sin embargo, en lo concreto, evidentemente configura una situación compleja e inquietante para el país. Aunque ya comienza a estabilizarse el escenario político, dado que poderes fácticos como las Fuerzas Armadas y la Policía entregaron su respaldo al Presidente Martín Vizcarra permitiendo así la consolidación de su Gobierno, todavía quedan capítulos a corto, mediano y largo plazo que resolver, a fin de que la ciudadanía pueda alcanzar algo de paz y tranquilidad.
 
Es cierto que el Mandatario ha optado por el camino correcto, leyendo certeramente el hartazgo de las personas por la corrupción enquistada en la política peruana y disolviendo el Congreso, que había terminado avanzando en todos los caminos para conseguir el repudio de la gente. A las declaraciones altisonantes de sus parlamentarios, de mayoría fujimorista, se sumó la decisión de nombrar miembros del Tribunal Constitucional desoyendo al Jefe de Estado, que pidió al Legislativo dar más transparencia al proceso para conformar este organismo. 
 
El Congreso intentó blindarse y nombrar personas afines en el TC, pero ahora solo podrá dar vueltas sobre sí mismo, ya que la posibilidad de evitar que sus integrantes sean sindicados públicamente por los escándalos de corrupción en los que se encuentran envueltos parece haber quedado en el pasado. Al menos, suspendida. Desde hace un buen tiempo que se había advertido en Perú una estrategia organizada por ciertos sectores políticos para enriquecerse, de modo personal e institucional, a costa del Estado. Detrás de toda esta polémica, hay una extendida práctica política escindida de la ciudadanía, lo que terminó provocando una crisis con resultados a la vista.
 
Hoy más que nunca, se necesita una refundación de la forma de hacer política en Perú, pero el Presidente Vizcarra debe ser cuidadoso en crear la expectativa de un cambio total. Salir del problema de fondo no será fácil, ya que en las elecciones para formar un nuevo Congreso difícilmente aparezcan nuevos líderes, dado que se efectuarán en apenas unos meses más. A enero de 2020, fecha establecida para los comicios, es muy probable que terminen participando los mismos partidos políticos que han ocupado el Congreso recientemente disuelto.
 
Lo que primero debe hacer el Mandatario en este periodo fluctuante es reiterar su llamado a elecciones, estableciendo más abiertamente cuál será, en general, el cronograma electoral. Por último, el Presidente Vizcarra debe empezar a gobernar urgentemente: uno de los principales problemas que desatan estas crisis políticas es que mientras más se extienden en el tiempo, la política pública para beneficiar a los sectores más vulnerables queda cada vez más postergada. En Perú, los niveles de pobreza siguen siendo muy importantes, pero la política en vez de ayudar, parece ser un ancla que hunde aún más a los necesitados.
 

“Years and Years”: y  la urgencia del pensar 

“Years and Years”: y  la urgencia del pensar 

Opinión de la Dra. Diana Aurenque, Vicedecana de Investigación y Postgrado, FAHU y Simón Pérez, Coordinación de Vinculación Estratégica VIME
 
Absortos en nuestras ocupaciones cotidianas, pareciera a veces que la historia e incluso nuestras propias vidas, pasaran por sobre nosotros. Implacables se suceden los días y las tareas, a la vez, con una inevitabilidad por momentos pasmosa. 
 
Sin prisa, pero también de manera irreversible.
 
Esa es una de las premisas de Years and Years (2019), la inquietante coproducción de la BBC con HBO, que con el correr de las semanas se ha transformado en una propuesta de culto y se encumbra como una de las grandes miniseries del año. A la altura del fenómeno Chernobyl y en la senda de propuestas distópicas ya consolidadas como Black Mirror.
 
La historia, que comienza a fines de 2019, es aparentemente sencilla. En ella, se narra la trayectoria de la familia Lyon asentada en Manchester, exponiendo las insospechadas travesías que enfrentarán a lo largo de quince años claves de la sociedad inglesa, atiborrados de significativos cambios políticos, económicos y tecnológicos. 
 
Quizás, lo más perturbador, es que su trama se inicia en un periodo de tiempo excesivamente cercano a nuestra realidad. Y, en ella, los cambios expuestos comienzan a resquebrajar la cotidianeidad de cada uno de los protagonistas.
 
Lo problemático, en este escenario, pareciera ser no solo la avasalladora consolidación de los grandes cambios sociales; sino cómo estos se fueron tejiendo con cautela, pero con una implacabilidad inquebrantable. Pero también fulgura luces de lo que podríamos ser o, más grave aún, de lo que estamos siendo y haciendo, sin que tomemos un segundo para reflexionar sobre nuestro rol en la construcción de los diversos recovecos que componen nuestro estar en el mundo.
 
El relato, en paralelo, lo compone la trayectoria política de Vivienne Rook, una carismática empresaria y aspirante a parlamentaria con tintes neofascistas -con un meteórico ascenso-, interpretada por la ganadora del Óscar, Emma Thompson.
 
La invitación es a observar la serie con cautela. Ello se debe a que, en términos generales, nos plantea la inquietud legítima de lo que podría ocurrir cuando solo vivimos, desapegados y desinteresados. Cuando la reflexión, la duda, la curiosidad, dejan de formar parte de las acciones que realizamos cotidianamente. 
 
Y, vale la pena enfatizarlo nuevamente, en un futuro inquietantemente cercano.
 
Hannah Arendt, la célebre filósofa alemana, planteó hace más de cincuenta años su polémica reflexión sobre la “banalidad del mal” en su ensayo Eichmann en Jerusalén, donde analizó el rol que jugó el criminal de guerra alemán como teniente coronel de las infames Schutzstaffel (SS).
 
Quizás lo más inquietante de dicho ensayo, y que ha generado innumerables debates e interpretaciones durante décadas, consiste en la tesis de que cada uno de nosotros, en contextos extremos, podría formar parte de una maquinaria de exterminio.
 
Lo interesante de la tesis de Arendt, es que dicha capacidad de obrar radicalmente mal, no radica en que tengamos una tendencia natural a la crueldad o que poseamos una esencia maligna. Se trata más bien de que cualquiera de nosotros, en contextos donde se actúa y obra sin discernimiento autónomo, podría ser parte de un engranaje malévolo, sin siquiera notarlo. De ahí que la filósofa nos habla precisamente de la “banalidad del mal”. 
 
Ser sujetos autónomos implica y exige siempre de nuestra reflexión; y ello requiere, de vez en vez, detenernos un segundo, retirarnos de las actividades cotidianas, y poner entre paréntesis el hacer para dar cabida a un pensar más sereno o meditativo –como lo llamará Heidegger, maestro de Arendt. Solo mediante la reflexión autotransparentadora acerca de lo que somos, atenta al mundo que habitamos, logramos ser cautelosos ante lo que nos rodea y gobierna, y así más responsables incluso en la más implacable de las burocracias o maquinarias impersonales que habitemos. 
 
Por lo mismo, en un escenario como el actual, con cambios avasalladores en ámbitos diversos, con la digitalización de las relaciones sociales, crisis migratorias, colapso de la legitimidad de las instituciones tradicionales, automatización del trabajo e, incluso, de un progresivo cuestionamiento sobre la democracia como la mejor forma de gobierno, merece la pena preguntarnos por nuestro rol como ciudadanos, el tuyo, el mío y el nuestro, y evaluar un instante la dirección que estas transformaciones están tomando.
 
Desde luego, la clave está en dar espacio al pensar autónomo y libre. Sin duda alguna, la filosofía representa precisamente aquella disciplina que de forma ejemplar permite y busca desarrollar este tipo de pensar. Aquel ámbito del conocimiento que sirve precisamente sin servir a nada más que a dar cabida a la libertad que somos –pensando(nos). En tiempos de penurias políticas globales como las actuales, del dominio aparente de la técnica por sobre lo social y/o humano, ella se reactualiza en una nueva voz exigida por el espacio público –por la misma plaza pública –ágora- que amaba Sócrates. 
 
Y no cabe duda de que hay muchas iniciativas a nivel universitario y propio de organizaciones sociales, comunitarias, que avanzan en esa dirección. Mas una de ellas inspira y emociona: La 5ta Versión de Debates Interescolares de Filosofía impulsado por la Universidad de Santiago de Chile.  Estos debates buscan actualizar la relación fecunda entre filosofía y sociedad, estimulando la reflexión en jóvenes secundarios y secundarias, aplicando planteamientos y teorías aparentemente abstractas y lejanas, a problemas concretos de nuestro mundo. 
 
Definitivamente ahí está la clave. 
 
Como estos jóvenes que desde distintas regiones del país debaten asuntos de filosofía política, atrevámonos también los mayores a aprender a debatir con razones, a argumentar con fundamentos y a asumir que nuestra gracia radica precisamente en ser mucho más que un mero eslabón en una cadena infranqueable que llamamos sociedad.
 
No se trata pues, de demonizar los cambios, sino en que seamos más conscientes de la dirección que toma nuestro mundo; evitando así la inacción, la desidia y una cierta resignación hacia lo supuestamente inevitable, como de manera magistral nos advierte “Years and Years”.

Arquitectura plástica: del reciclaje a la revalorización

Arquitectura plástica: del reciclaje a la revalorización

El 3 de agosto del 2018, la mayoría de los ciudadanos nos despertamos, como cualquier otro día, sin saber que se publicaría en el diario oficial la LEY 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional. A casi un año de esa fecha pareciera que estamos viviendo un sueño. Si en el 2015, según datos de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico ASIPLA, el consumo de plástico alcanzaba los 51 Kg/hab/año, al día de hoy las bolsas plásticas prácticamente han desaparecido del comercio formal. En poco menos de un año nos convertimos en ciudadanos sustentables y responsables con el medio ambiente.

El impacto provocado por la publicación en redes sociales de imágenes de mares contaminados con islas de plásticos, y  peces y tortugas atrapadas en mallas de polietileno de alta densidad PEAD, fue tan irrefutable  que hasta las grandes multi-tiendas nacionales se sumaron a la campaña. Las mismas que inundan el comercio con vestimentas importadas desde el otro lado del planeta con altas huellas ecológicas, a causa del gasto energético de su producción y el transporte de sus productos a lo largo de los miles de kilómetros que separan el punto de manufactura y el de venta. 

Los termoplásticos como el polietileno de alta densidad PEAD o el de baja densidad PEBD parecían ser el gran culpable de los problemas ambientales del planeta; una vez fuera de la vista del consumidor, gracias a la Ley 21.100, pareciera que después de todo no estamos tan mal en esta sociedad de consumo. Es curioso que una de las primeras acepciones del verbo consumir sea destruir, extinguir, es decir, vivimos en una sociedad de extinción donde nuestra satisfacción de necesidades y deseos se sostiene en una cultura de lo desechable; donde la triada marketing, créditos y obsolescencia programada mantiene un flujo constante de productos con vidas útiles limitadas, como por ejemplo los smartphone, a los cuales podemos acceder mediante créditos de consumo estimulados por una publicidad que alimenta el deseo. El problema de mantener un flujo ininterrumpido de nuevos productos desechables es el flujo constante de desechos.

A puertas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25, a realizarse en Santiago en noviembre del 2019, más que nunca tenemos la oportunidad de preguntarnos si nos interesa seguir viviendo una realidad material definida por el marketing verde o, en el peor de los casos, por el greenwashing o si realmente nos interesa entender la sustentabilidad desde su origen vinculado a la manera de producir, distribuir y consumir bienes, servicios y productos.

El impacto ambiental, cuantificado con índices como la huella ecológica o la huella de carbono, es en resumidas cuentas el resultado del tipo de energía que usamos (energías fósiles, renovables o no convencionales), el cómo y cuánta de esta energía usamos (eficiencia energética) y qué materias primas procesamos para transformarlas finalmente en un producto, bien o servicio.

Esa pregunta es la que nos viene quitando el sueño desde hace algún tiempo en el Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales LEMAA de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 2018, la industria de la construcción aporta un 7,8% del PIB nacional, siendo al mismo tiempo la responsable de un 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 34% de los residuos sólidos, y del 90% de la contaminación por material particulado fino: el famoso MP2,5 que escuchamos en las noticias cuando aparecen las preemergencias ambientales por contaminación atmosférica en las diferentes ciudades del país.

Conscientes de que la industria de la construcción es una fuente de contaminación importante, como arquitectos debemos preguntarnos si entendemos que nuestras decisiones, al momento de elegir materiales, están directamente relacionadas al impacto ambiental final de nuestro diseño. Solo para poner un ejemplo: el consumo energético promedio de una vivienda en chile, según diferentes estudios, puede alcanzar los 105 kWh/m2/año. En contrapartida, construir un metro cuadrado de muro con ladrillos de 12x24x9 cm tiene un costo energético de 225 kWh, es decir, se necesita más del doble de la energía por metro cuadrado para hacer un muro de ladrillo que para mantener una vivienda por un año.

Este escenario nos hace cuestionarnos, desde el LEMAA, sobre la responsabilidad como arquitectos en cuanto al impacto ambiental de los materiales que usamos para diseñar. Nos interesa entender qué tipo de componentes arquitectónicos (revestimiento de fachadas, baldosas, paneles, etc.) podemos generar a partir de nuevos materiales reciclados, como por ejemplo el polietileno PEAD y PEBD de las bolsas de plástico o las botellas de polietileno de tereftalato PET. La discusión, a nuestro juicio, no es que desaparezcan las bolsas plásticas - hecho que no solucionará nuestros problemas ambientales- sino entender cómo se producen las bolsas plásticas y si una vez ya convertidas en desechos, pueden ser reciclados para ser transformadas en algo más, en otro producto o material.

A nivel nacional, la revalorización del plástico es baja alcanzando entre el 10 al 15%. Dentro de la industria del plástico en Chile, cerca del 45% está destinado a envases y embalajes, el segundo nicho es la minería con un 19% y la construcción con un 18%. El potencial de revalorizar este material, a partir de componentes arquitectónicos, se vislumbra como una oportunidad de diseño. Con un poco de imaginación podemos visualizar los residuos y desechos como una nueva materia prima. Si antiguamente la tierra se transformaba en el adobe de los muros de las casas de campo, pueblos y ciudades como Santiago, hoy podríamos perfectamente imaginar materiales de construcción 3.0 de plástico recuperado, centros de acopio y reciclaje convertidos en nuevas canteras de materiales que, de paso, disminuirían los problemas relacionados a los vertederos y rellenos sanitarios. Debemos abrirnos a entender la urgencia de crear nuevos materiales a partir de desechos, traspasando la frontera del reciclar hacia la revalorización.

Un polímero de una bolsa de plástico o una botella puede convertirse en otra cosa. De hecho, la ventaja de los termoplásticos es que son baratos y pueden moldearse a casi cualquier forma a través de procesos de termo-conformado, prensado e inyección. ¿Se imaginan un ladrillo de polietileno que incorpore nanopartículas para controlar la temperatura entre el interior y el exterior de una casa? ¿o un revestimiento para fachadas de edificio de plástico que con nanotecnología pueda absorber contaminación atmosférica?. Estos ejemplos son líneas de investigación en desarrollo en el laboratorio LEMAA de la Escuela de Arquitectura, desde una mirada interdisciplinaria, en colaboración con el laboratorio de polímeros POLILAB y académicos de tecnología en diseño industrial de la Universidad de Santiago, buscamos abordar los problemas relacionados a los residuos, la contaminación atmosférica, el confort térmico de las viviendas y el diseño de componentes entre otros, desde nuevos enfoques, aunando visiones distintas pero complementarias.

La academia más que nunca tiene la obligación de comprometerse con la industria y los gobiernos en apuestas intersectoriales. Es fundamental que midamos nuestros impactos particularmente en el ámbito del diseño, la arquitectura y la construcción. Tenemos una oportunidad única para hacernos la pregunta inicial con seriedad: ¿nos interesa maquillar nuestros problemas ambientales o realmente queremos dar un salto hacia una industria de la construcción y una disciplina arquitectónica consiente de sus maneras de producir, distribuir y consumir materiales y componentes arquitectónicos? La brecha no es menor, si nos equivocamos y nos quedamos en el marketing verde y el sobreconsumo desinformado, será demasiado tarde para entrar en una cultura de la sustentabilidad basada en el diseño responsable.

Dr. Arq. Alexandre Carbonnel
Escuela de Arquitectura
Director LEMAA

La declinación de la economía chilena en 2019 ¿y 2020?

La declinación de la economía chilena en 2019 ¿y 2020?

Un primer factor común a todas las proyecciones es que, para Chile se esperan menores crecimientos del PIB. Sin querer aburrir, debo repasar las estimaciones recientes: el Banco Central en su informe de política monetaria, IPoM, de junio, (entregado a principios de julio) ajustó su estimación para el PIB de 2019 a un rango de 2,75% a 3,5%, haciendo caer el piso desde 3%, según su estimación anterior (marzo 2019). Los expertos consultados por el mismo Banco Central, en la Encuesta de Expectativas ajustan a la baja su proyección desde 3% a 2,8% (julio 2019). Concensus Forecast estima, en julio, una tasa de 2,8% para el PIB de 2019 y el FMI proyecta, 24 julio 2019, un ajuste desde 3,4% a 3,2% cifra coincidente con las últimas estimaciones de Hacienda que también ajusta su estimación a la baja, desde 3,5%; la CEPAL (31 julio) también reduce su estimación de 3,3% a 2,8%.

No todas las proyecciones son consistentes y es probable que tengan sesgos, sin embargo, todas ellas están indicando que la economía chilena tiene perspectivas de un bajo crecimiento para este año y el próximo.

En qué poner la atención en esta materia. Es sabido, que los resultados de la economía están determinados por la evolución de la Demanda Agregada, al menos en el corto plazo y, desde luego, de los factores que la determinan tanto al interior del país como a nivel internacional.

La economía mundial según las proyecciones está en declinación este año y, probablemente, también el próximo. Las economías que determinan principalmente si aumenta o no nuestra demanda externa son Estados Unidos y China. Se estima que el PIB de estos países se ajustará a la baja en 2019 (de 2,9% a 2,6% el primero y de 6,2% a 6,0% el segundo). Luego, es claro que tendremos una reducción de la demanda desde el exterior, lo que afectará nuestro crecimiento este año.

En el orden interno, las tendencias del consumo privado tienden a mantenerse con un lento ajuste a la baja por las expectativas. Lo mismo ocurre con la inversión privada, mientras que el gasto del gobierno no crecerá en términos efectivos, pese a los anuncios de un plan de inversión en infraestructura, que no se concretará en este año, sino a fines del próximo en el mejor de los casos. Todo hace prever un lento crecimiento en 2019. El índice de producción industrial cae en junio pasado en 2,9% porque la Industria Manufacturera disminuyó 5,4% en términos interanuales (son las industrias que están cerrando o produciendo lentamente), mientras que el sector minero no muestra crecimiento y tiene una tendencia a permanecer en ese nivel. A esta situación estática o negativa se agrega el sector de Electricidad, Gas y Agua que en junio cae 4,2% respecto del año anterior.

Es posible asumir que los descensos esperados en las tasas de crecimiento de Estados Unidos y China tendrán mayor impacto negativo que los efectos positivos que puedan lograr las medidas de expansión de la demanda interna que está adoptando el Gobierno. No compensan, luego lo más probable es que el PIB este año esté por debajo de 3%, más bien, cerca del 2,5%.

Si agregamos al análisis el impacto que puedan tener los aumentos recientes de aranceles de Estados Unidos a los productos que importa desde China, debemos reconocer primero que esa decisión afectará sus propias economías y también a la nuestra.  En estudio reciente  ese impacto se estimó en alrededor de un punto porcentual del PIB chileno. En este caso, los efectos serán más catastróficos para la economía nacional.

Primero la carreta, luego los bueyes

Primero la carreta, luego los bueyes

El segmento de distribución eléctrica era presa de una fuerte inercia hasta los cortes de suministro del invierno de 2017. Luego de esto, por primera vez se dictó una norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución, cuyos ejes principales fueron: disminución de los tiempos de reposición ante corte de suministro, mejoramiento en la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporación del Sistema de Medición, Monitoreo y Control ("sistema de medición inteligente"). Para lo anterior, es clara la obligación que tendrán las empresas de aumentar las inversiones en la red y sistemas de atención a usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y calidad del servicio.

Posterior al terremoto político causado por los “medidores inteligentes”, comenzó la discusión sobre el modelo monopólico que rige el segmento de distribución y las rentabilidades de las empresas del sector. Discusión que resulta paradójica, ya que se fundamenta en una interpretación errada de la relación que existe entre la tasa de descuento —que valoriza las inversiones en redes base del cálculo tarifario— y las supuestas “rentabilidades aseguradas” establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Tanto el Gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de rentabilidad de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer la red eléctrica. Han postergado también la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, que permitirá bajar las cuentas. Es más, el proyecto de ley corta apunta al sentido opuesto. Parece que el objetivo de la política pública se ha extraviado.

Por importantes que sean la redefinición de áreas típicas, el giro único por empresa y una rentabilidad ajustada, lo cierto es que no tienen un impacto significativo en disminuir las tarifas ni mejorar la calidad del servicio para las personas. He aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública es la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Por lo demás, si el argumento para un proyecto “corto” es disminuir la cuenta final, hay medios que son de mayor impacto pero que no están incluidos.

Entonces, ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas a un mejor precio? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después los bueyes. El proyecto de ley corta hace todo lo contrario.

Dr. Humberto Verdejo
Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Santiago de Chile

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